Por Daniel Mathews para resumen.cl

Amnistía Internacional ha presentado su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En base a ese informe presentaremos en Resumen una serie de artículos, uno por cada continente, revisando el tema. Como es bueno empezar por casa el primero está dedicado a América Latina.
La situación en nuestros pueblos es grave. Para AI los principales problemas de nuestro continente son "la desigualdad cada vez más profunda, la discriminación, la degradación medioambiental, la impunidad histórica, la creciente inseguridad y los conflictos", temas todos que continúan impidiendo a la población el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Pero, al mismo tiempo, es esperanzadora. Es cada vez mayor la movilización popular en torno al tema de los derechos humanos. Según el informe "durante 2014 se produjeron respuestas públicas masivas ante esas violaciones de los derechos humanos a lo largo y ancho del continente". Efectivamente, quien haya revisado nuestra página recordara que en un país tras otro, la gente tomó las calles para protestar contra las prácticas estatales represiva. Las manifestaciones constituyeron un auténtico desafío público a los altos niveles de impunidad y corrupción y a las políticas económicas que favorecían a unos pocos.

Quizá el ejemplo más claro para ambas cosas es México. Según datos oficiales, más de 22.000 personas permanecían secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido. La cifra total de homicidios en los nueve primeros meses del año fue de 24.746, frente a los 26.001 del mismo periodo de 2013. En muchos estados, el Ejército y la Marina continuaban desempeñando labores policiales, a menudo sin una rendición de cuentas efectiva, lo que se traducía en denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.
Pero esto se convirtió en un movimiento popular generalizado luego del secuestro policial de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. En ese momento quedo evidenciada la forma como la policía viola sistemáticamente los derechos humanos y se abrió una investigación sobre el tema de los desaparecidos. El resultado fue el hallazgo de varias fosas comunes y un vertedero que contenía restos humanos.
Sin embargo uno de los problemas de la protesta en América Latina es que muchas veces es criminalizada. Se abren procesos penales contra quienes reclaman sus derechos. En otros casos los dirigentes populares simplemente son asesinados como fue el caso de la destacada dirigente campesina Margarita Murillo murió por disparos en la comunidad de El Planón, en el noroeste de Honduras. En los días inmediatamente anteriores al ataque había denunciado que la estaban vigilando y que estaba recibiendo amenazas.
A cambio de esto los violadores de derechos humanos pocas veces son juzgados y cuando lo son usan argucias legales para salir libres. Hay casos excepcionales como Argentina donde los tribunales celebraron juicios públicos por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el régimen militar de 1976 a 1983. Incluso tienen el compromiso de juzgar a los torturadores que aun quedan vivos del régimen franquista español.
Pero, en contraste, en mayo de 2013, el general Efraín Ríos Montt, ex presidente de Guatemala, fue declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la condena fue anulada sólo 10 días después por un tecnicismo jurídico, lo que resultó devastador para las víctimas y sus familiares, que llevaban más de tres decenios esperando que se hiciera justicia. Ríos Montt fue presidente del país y comandante en jefe del ejército en 1982-1983, periodo del conflicto armado interno en el que 1.771 indígenas mayasixil murieron de forma violenta o fueron torturados, sometidos a violencia sexual o desplazados.
Tema aparte es el relacionado con los conflictos armados. Es el caso de Colombia, donde la población civil, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los derechos humanos, siguió siendo la más afectada por el conflicto armado. Felizmente se comienza a ver una luz al final del túnel. Continuaron los avances en las conversaciones de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pese a que a finales de año las negociaciones se suspendieron durante tres semanas. La población civil, sobre todo las organizaciones campesinas, han querido intervenir en estos diálogos pero sus pedidos no han sido escuchados a pesar de que ellos son quienes ponen las víctimas.
También son los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas los que se ven afectados por el modelo económico extractivista. Durante el año pasado los pueblos indígenas de la región continuaban haciendo frente a las amenazas sociales, políticas y económicas para su bienestar colectivo y su existencia misma. Su patrimonio cultural, sus tierras ancestrales y su derecho a la autodeterminación eran blanco de ataques constantes. Agentes estatales y no estatales, como empresas y poderosos terratenientes, continuaban expulsándolos de sus propias tierras en nombre del desarrollo social y económico.
El derecho de estos pueblos a oponerse y a exigir su consentimiento libre, previo e informado continuaba obteniendo como respuesta intimidaciones, ataques, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y la utilización discriminatoria de los sistemas judiciales. Por ejemplo, en julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que las condenas de ocho mapuches en Chile se fundamentaban en estereotipos y prejuicios discriminatorios. Un logro que hay que festejar es que tras pasar más de 20 años luchando por sus tierras ancestrales, en junio se aprobó una ley de expropiación para devolver tierras a la comunidad indígena sawhoyamaxa en Paraguay.

Sin embargo hay que dejar claro que estos procesos no sólo dependen de los argumentos jurídicos sino de la fuerza de las luchas. En caso contrario hasta pueden no ser tomados en cuenta por los gobernantes. En octubre, la República Dominicana desairó públicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que ésta condenara a las autoridades por el trato discriminatorio hacia las personas migrantes haitianas y las personas dominicanas de origen haitiano. En el Perú la empresa Yanacocha ha destruido en varias oportunidades la vivienda de Máxima Acuña por su interés en apropiarse de sus terrenos colindantes con una mina de oro que los campesinos de Cajamarca han pedido que no se explote. La mina en verdad se encuentra debajo de una laguna que la empresa quiere secar con gran daño a una zona eminentemente ganadera.