El “sueldo de Chile” y la reciente movilización de los trabajadores subcontratados de Codelco

Por Claudio Montoya y Sebastián Osorio / Centro de Investigación Político Social del Trabajo CIPSTRA

 

Ya han pasado más de tres meses desde que comenzó un nuevo proceso de movilizaciones protagonizadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que buscaba mantener y mejorar el Acuerdo Marco que tienen los trabajadores subcontratados con su verdadero patrón, la empresa mandante Codelco.

La importancia de este actor sindical, pero también el complejo momento por el que pasa el sector minero en general, imponen la necesidad de un análisis que se haga cargo de la legitimidad de aquella movilización y sus demandas, más aún cuando éstas tocan directa o indirectamente aspectos de la discusión sobre una dilatada Reforma Laboral que cada vez entusiasma a menos trabajadores.

Son bastante conocidas las irritantes desigualdades e injusticias a las que están expuestos/as los/as trabajadores subcontratados/as de la minería y también en otros sectores económicos, que se traducen en condiciones laborales muy por debajo delas de sus pares de planta, que muchas veces realizan las mismas funciones. Por ello, nadie debiera sorprenderse de que esta franja de trabajadores se plantee el elemental gesto de organizarse para mejorar su realidad laboral y luchar contra la cuestionable práctica de tercerización de funciones a la que ha recurrido Codelco.

A lo largo de las jornadas de protesta, los medios de comunicación hicieron eco de las declaraciones de una serie de actores involucrados en el conflicto. Así, por parte de los empresarios mineros, el presidente de la CPC, Alberto Salas, acusó que las movilizaciones "perjudican seriamente las operaciones de las compañías mineras, a sus trabajadores, y tienen consecuencias en los ingresos del fisco"; mientras, desde la vereda de los trabajadores, Raimundo Espinoza como Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa al personal de planta de la estatal, en una línea similar a la de Salas planteó que los trabajadores subcontratados con sus movilizaciones "no están destruyendo solamente la pala o la mina, están destruyendo los hospitales, las jubilaciones para los trabajadores, carreteras, salud", a propósito de los episodios de violencia que se habrían registrado. A partir de estas y otras afirmaciones durante las semanas de movilización, desde el Centro de Investigación Político Social del Trabajo (www.cipstra.cl) quisiéramos reivindicar dos argumentos que, en nuestra opinión, cuestionan seriamente la veracidad de estas palabras.

Lo primero es que esta curiosa coincidencia de opiniones entre dirigentes sindicales y empresariales a la hora de criticar la legítima lucha de la CTC, tiene como trasfondo una posición que va más allá del debate en torno a la violencia en las movilizaciones, y que refiere a la idea del cobre como el sueldo de Chile. Para Alberto Salas, cualquier tipo de interrupción en las faenas implica un perjuicio para el empresario, los trabajadores y los ingresos del fisco; para el "dirigente de los trabajadores", esta lectura se remitiría particularmente al Estado, que vería temporalmente anulada su principal fuente de ingresos si la minería de su propiedad no opera con normalidad.

Pero lo cierto es que, precisamente, uno de los aspectos más importantes que han estado poniendo sobre la mesa los trabajadores movilizados es que la empresa "de todos los chilenos", la estatal que se asegura que hay que defender a toda costa, está siendo rifada descarada y progresivamente a intereses privados, siendo la externalización de funciones de la que son protagonistas la forma más flagrante de esta privatización en la operación de las pocas minas que el Estado conserva. De este modo, sacrificando la dignidad laboral de miles de trabajadores, año tras año millones de dólares son transferidos directamente desde Codelco a empresas que se llevan al bolsillo sustanciosas ganancias, sin preocuparse del bienestar y la seguridad de sus empleados.

Esto no es solo una cuestión de principios, sino que también existen importantes fundamentos económicos. Sin ir más lejos, tanto el Presidente como el Presidente Ejecutivo de la minera estatal ("scar Landerretche y Nelson Pizarro, respectivamente) han reconocido que la subcontratación parecía útil en términos de abaratamiento en los costos de mano de obra --y podríamos agregar que en la desarticulación y debilitamiento de las organizaciones de los trabajadores--, pero que en la práctica las funciones que realizan los obreros externalizados terminan siendo más improductivas porque no se puede disponer con eficiencia de la fuerza de trabajo por parte de la empresa, generando importantes lagunas de tiempo muerto1, y esto sin considerar las constantes judicializaciones que llevan adelante las empresas contratistas, que les aseguran una sobreganancia por las leyes y contratos marcadamente inclinados al interés privado.

La conclusión lógica es que favorecer la integración de los trabajadores subcontratados a la empresa estatal no es otra cosa que fortalecer a Codelco, y en consecuencia al país. Esto no debe ser entendido como una simple metáfora: las demandas son un llamado claro a mejorar las condiciones de trabajo de un segmento importante de trabajadores, así como a mejorar a mediano y largo plazo la eficiencia en las faenas mineras y detener las gigantescas transferencias que la estatal hace a empresas privadas. Nada más lejos de las miradas catastrofistas que asocian sus protestas a una grave amenaza para todo el país.

Esto lleva directamente al segundo punto: en comparación al sistemático cuestionamiento que se ha hecho de los métodos que utilizan los trabajadores subcontratados para plantear sus demandas, parece altamente reprochable el tímido apoyo que han recibido desde la FTC. Ante sus insistentes críticas, simplemente cabe preguntarse lo siguiente: ¿Deberían los trabajadores subcontratados limitarse a esperar pacientemente la buena voluntad de su real empleador para mejorar su situación? ¿Deberían conformarse con las permanentes respuestas dilatorias de Codelco y mantenerse en un diálogo que sin movilizaciones no ha mostrado ningún avance concreto más allá de las buenas intenciones?

Porque es importante destacar que la CTC sí ha intentado avanzar por la vía del diálogo con anterioridad, y que ni esa vía ni las protestas pacíficas rindieron fruto alguno. Convengamos que la violencia jamás ha sido un escenario favorable para la clase trabajadora de este país, y esta movilización no ha sido la excepción, considerando por ejemplo el cobarde asesinato de Nelson Quichillao a manos de Carabineros, y una justicia militar que le asegura impunidad a los verdugos de los trabajadores movilizados. En definitiva, la violencia surge como producto de la desesperación e impotencia, más que como una cómoda elección. Para enfrentarla, por tanto, debemos atender a sus causas concretas y no simplemente a sus manifestaciones, menos aun con el desequilibrio represivo de armas de fuego de alto calibre contra piedras y barricadas.

No está demás señalar que el desarrollo y la reacción que generó esta movilización invitan a que los trabajadores del país se cuestionen hoy por cuáles son realmente los intereses que están defendiendo las dirigencias de la FTC. Atendiendo al hecho de que es probablemente la multisindical más poderosa de Chile, sobre todo por su posición estratégica en la economía, sin duda una movilización de sus bases sindicales hubiera puesto una presión extraordinaria, que ayudaría a resolver este y otros conflictos. ¿Por qué la FTC no se ha manifestado en solidaridad con los subcontratados para resolver su problema de fondo? ¿Les interesa realmente Codelco y todos sus trabajadores? ¿O fundamentalmente resguardan su posición como trabajadores de planta?

 

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