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Corrupción y catastróficos efectos evidencian la urgencia de anular Ley de Pesca

15 enero 2016

[resumen.cl] Recientemente se han conocido un conjunto de hechos vinculados con la aprobación de la Ley de Pesca en diciembre de 2012 y su posterior promulgación en enero de 2013. El último de éstos fue el desafuero del senador Jaime Orpis por la presunción fundada de participación en los delitos de cohecho, lavado de dinero, fraude al fisco y delitos tributarios. La Fiscalía especificó que, en cuanto al cohecho, “se habría cometido entre 2009 y 2013 en forma reiterada. Este se grafica en al menos dos visitas del senador a las dependencias de Corpesca para reunirse con su gerente general Francisco Mujica, a quien le solicitó un beneficio económico inicialmente a pretexto de financiar su campaña electoral y luego, una vez electo, para cancelar deudas personales. Estos pagos se efectúan mediante la presentación de boletas ideológicamente falsas, ya que dan cuenta de servicios que no se prestaron, por un total de 264 millones de pesos”.

Además, agregó que Orpis, “a cambio de los beneficios económicos ejecutó acciones que favorecieron a Corpesca y, como miembro de la comisión parlamentaria afín, participó activamente en la toma de decisiones, tanto en la votación de la actual Ley de Pesca, como en la discusión y tramitación de otras leyes que impactan directamente la actividad de su financista. Asimismo, recibió minutas que le indican qué acciones tomar, nunca se abstiene de participar o votar en leyes que afectan a su financista, y en forma recurrente está informando o dando cuenta de sus gestiones a la gerencia de la empresa.”

En cuanto a la ex diputada Marta Isasi, este martes 12 de enero, se conoció su liberación de las acusaciones de uso irregular de sus asignaciones parlamentarias, aunque persiste la investigación respecto a la recepción de 25 millones de pesos desde Corpesca, mientras se tramitaba la Ley de Pesca.

También, la maraña de corrupción ha tenido entre sus hilos al ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami (MEO), de quien se ha sabido su comunicación con el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica. El pasado 7 de enero éste fue interrogado por la Fiscal Ximena Chong y consultado, entre otras cosas, por los correos electrónicos entre él y MEO desde fines del 2011. Según ha publicado La Tercera, Mujica declaró que MEO “pidió que le fuera a explicar un poco sobre la realidad del sector pesquero”, agregando que “una vez le expliqué, él me dijo que sus críticas era[n] erróneas, y nunca más nos volvió a criticar por la prensa”.

Por otra parte, el senador Fulvio Rossi también ha sido involucrado en este nefando proceso legislativo, pues en algunos de los correos electrónicos sostenidos entre Francisco Mujica y sus asesores que calbildeaban en el Congreso lo mencionan. Específicamente, según divulgó La Tercera, el asesor Michel Campillay comunicó: “Don Francisco, los senadores Orpis y Rossi me solicitaron les pudiera hacer llegar una minuta con nuestros planteamientos a la ORP”. En otro correo, el asesor Miguel Ángel Escobar dice a Mujica: “Le informo que Jaime Orpis confirmó a Michel Campillay que realizaría las indicaciones al proyecto, tal como se las propuso usted, esto será el día lunes 25. Con el senador Rossi se conversó para que apoye”.

No obstante, estos hecho se suman a una lista ya conocida antes de la aprobación de la Ley de Pesca. Durante la tramitación de ésta, el CONDEPP (Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero) denunció a cuatro senadores que tenían intereses económicos en la pesca industrial y que se negaban a inhabilitarse para aprobar esta ley:

-Jovino Novoa en su declaración de patrimonio, señaló participar en la empresa Inversiones y Mandatos S.A, y en la Comercial Nahuelbuta Ltda., sociedad dedicada a la exportación de productos del mar. Votó a favor.

-Alejandro García Huidobro, senador reelecto, participa en la sociedad Navarino S.A. dedicada al desarrollo, ejecución, explotación y/o participación en actividades pesqueras. Según la Superintendencia de Valores y Seguros, García tiene relación con CORPESCA. Votó a favor.

-Andrés Zaldívar tenía, durante el periodo de tramitación de la ley, a su hermano Manuel Zaldívar Larraín como director de CORPESCA. Votó a favor.

-Carlos Larraín declaró contar con 48.653 acciones en la empresa COPEC, principal empresa del grupo Angelini, una de las 7 familias beneficiadas con la nueva Ley de Pesca a través de CORPESCA. A su vez, el senador Larraín declaró tener 13.813 acciones en la pesquera Coloso. Finalmente, Larraín no votó, para no complacer a la jauría, dijo.

En cuanto a las acciones de organizaciones de pescadores y sociales en general para anular la Ley de Pesca, comienzan a tener una progresiva repercusión. Han reunido 300.000 firmas en favor de su anulación y el 20 de enero la Secretaría de la Cámara Baja se pronunciará respecto a la adminisibilidad de ello, luego de ser postergada el pasado martes.

Por qué anularla

Junto a ser una ley promulgada a punta de sobornos pagados por la industria, es también un cuerpo legal que ampara la explotación pesquera en completo beneficio empresarial, dejando a la población en una condición de inseguridad laboral y alimentaria. Veamos por qué:

-Porque los métodos de pesca, como el arrastre y el cerco, no fueron prohibidos, priorizando las ganancias fáciles y rápidas de la pesca industrial, sin la más mínima preocupación por el impacto que provocan estos métodos de captura no selectiva.

-En la ley, el Estado reconoce la soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique propiedad sobre ellos. El argumento que justifica esto es que los peces no pueden pertenecer al Estado de Chile, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país, por lo que el pez adquiere un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso para ello. La propiedad recae entonces en quiénes se adjudicaron el permiso para pescar. La ley estableció cuotas de pesca a cada particular a partir del promedio de los últimos tres años de extracción, por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedaron con el derecho de pescar y en las proporciones de su captura. Para la pesca artesanal hay lo que ya hemos visto: canastas familiares, bonos y planes de reconversión laboral.

–Estos permisos de pesca son por 20 años renovables. Además, quienes se lo adjudicaron, pueden hacer cualquier tipo de negocio jurídico con el permiso de pesca, pudiendo dividirlo hasta en cien mil partes. O sea, listo para ponerle precio y subdividir el permiso [o licencia] en acciones a transar. Al comenzar a venderse en el mercado bursátil, los permisos de pesca adquieren un valor determinado por el propio juego especulativo de la bolsa, donde no es necesario que existan peces, pues lo comercializado es el permiso y la proporción de su cuota de captura.

-La Ley permitió a Corpesca capturar sardina española y anchoveta dentro la franja reservada a la pesca artesanal entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Este recurso es la base para la producción de harina de pescado y su posterior fabricación de alimentos para la industria cárnica de pollos, chanchos y salmones que genera alimentos nutricionalmente mucho más pobres que los propios peces que se ocupan en su engorda.

-Recientemente se ha hecho pública la práctica de la industria pesquera de fabricar harina de pescado con pesca de sardina y anchoveta no declarada, o sea, ilegal. Esta pesca, excede los límites de las cuotas de captura entregadas a los armadores, poniendo en severo riesgo la reproducción de estas pesquerías que han dado claras muestras de sufrir sobreexplotación. Pero esto, al parecer, no amerita para la Subsecretaría de Pesca un cambio en la administración pesquera. El actual Subsecretario, Raúl Súnico declaró en septiembre de 2015 que “la pesca ilegal, es una amenaza que debemos combatir pues es uno de los principales problemas que afecta la recuperación de las especies”. Esta constituye una afirmación que, si bien indica un problema, oculta uno sistémico, pues la no recuperación de las poblaciones de peces y su progresivo agotamiento ha ocurrido bajo el amparo institucional, a través de sucesivas leyes pesqueras (como la “Ley Corta” de 2001 y la actual) y de una institucionalidad funcional a los intereses extractivos. Un caso demostrativo es que la fiscalización pesquera la realizan empresas privadas como Intertek Caleb Brett, donde sus propios trabajadores han denunciado a Resumen que “los que no aceptamos los sobornos somos vistos como imbéciles por nuestros colegas y además, recibimos fuertes hostigamientos por parte del personal de la flota cerquera”.

Anular para qué

Es necesario tener propuestas para superar estas condiciones, bajo las cuales se ha pauperizado la vida de los trabajadores de la pesca y de la sociedad chilena en su conjunto. Para ello se requiere un Plan de Pesca Sustentable que recupere las poblaciones de peces y establezca regímenes y métodos de pesca garantes de sustentabilidad. Actualmente, la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca definen cuotas de captura a partir del cálculo del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), el cual ha mostrado su ineficacia.

El último informe del “Estado de las principales pesquerías chilenas”, publicado en marzo de 215, declaró que de las 38 pesquerías estudiadas, 8 califican en un “estado de plena explotación”, es decir, se encuentran en el falaz equilibrio del RMS. Muestra de ello es el caso de sardina común, que desde Valparaíso a Los Lagos, figura en esta categoría, mientras, en sucesivas ocasiones, su captura ha sido interrumpida por la evidente inexistencia de ejemplares con una talla adecuada para ser comercializada. Junto a éstas pesquerías, se le designa a otras 8 el estado de sobreexplotación y a otras 8 el de colapso o agotadas, entre ellas la merluza común o pescá’.

Un Plan de Pesca Sustentable entiende a los trabajadores de la pesca como imprescindibles para el aprovisionamiento de un alimento fundamental en nuestra dieta y por ello debe utilizarse un criterio precautorio, sin poner en riesgo la reproducción de las poblaciones de peces. Un Plan de Pesca Sustentable también debería propiciar la asociatividad, buscando integrar a diversos sectores de la comunidad costera en las labores de pesca, procesamiento y distribución de productos marinos, conformándose cooperativas que sustituyan al empresariado y su actual control todas estas fases productivas.

Estos proyectos que aspiran a pescar para vivir, no tienen cabida en la política pesquera actual, manejada desde la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) y de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA). La Ley de Pesca muestra su total ineficacia para cumplir los objetivos declarados por su impulsor Pablo Longueira, de instaurar una admisnitración pesquera sustentable. Es urgente replantearse la política de administración pesquera. Se han perdido muchas oportunidades y cada vez quedan menos.

Foto: Subsecretaría de Pesca

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