[resumen.cl] Con una marcha por el centro penquista, un conjunto de personas manifestó su completo rechazo a la posible adhesión de Chile al Acuerdo Transpacífico o TPP, por sus siglas en inglés.
Las razones que han alertado a diversas comunidades en Chile y el extranjero se pueden resumir en el inmenso poder a adquirir por empresas multinacionales que, hasta ahora, se han valido de Tratados de Libre Comercio para operar. Sin embargo, con este tipo de Acuerdos entrará en vigor un marco jurídico completamente favorable a sus intereses, pudiendo alcanzar un control omnímodo sobre la vida de las naciones, o sea, el uso de sus recursos y su jurisprudencia, surgiendo situaciones propias de la más brutal distopía.
Para fraguar este Acuerdo sus interesados se han valido del secretismo, privando a la población de conocer el contenido de éste, durante más de cinco años. De hecho, cuando los representantes de Australia, Brunei, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile, acabaron las conversaciones para fijar sus condiciones, aun los legisladores de Chile y del resto de países, desconocían sus resultados. Recién, a principios de noviembre de 2015 se pudo saber gran parte del contenido de este Acuerdo después de la publicación en castellano de sus capítulos, por la Secretaría de Economía del Estado mexicano.
El Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz y el economista Adam S. Hersh han explicado que el TPP impone el uso de "sistemas de arbitraje de diferencias estado-inversor", especies de tribunales que dirimen controversias entre empresas y los Estados de las naciones donde éstas operan. Los autores afirmaron que "bajo estos sistemas de arbitraje... los inversionistas extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales en arbitraje privado vinculante en casos de que se instituyan reglamentos que ellos consideran como un factor que disminuye la rentabilidad esperada de sus inversiones". De hecho, se han dado diversos casos en los cuales, Estados que han restringido las operaciones de alguna empresa en su país, han sido demandados para pagar cuantiosas cantidades de dinero como resarcimiento.
Otra de las implicancias de este Acuerdo es la restricción de los derechos digitales con que cuentan los usuarios de internet. El portal "TPP abierto" ha planteado que "el TPP busca convertir a los proveedores de acceso a Internet en los responsables de censurar contenidos unilateralmente, sin intervención de un organismo superior, como el poder judicial, que garantice nuestros derechos. Además, busca endurecer las sanciones a las infracciones del derecho de autor, penalizándola con multas, desconexión de Internet y hasta cárcel". Agregando que, "prácticas hoy comunes, como postearle un video a un amigo, podrían desaparecer, cambiando por completo el modo en que Internet se ha convertido en una herramienta vital para nuestras vidas."
Por otra parte, informa el mismo medio, que "el TPP busca expandir el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo que significa mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, medicinas cada vez más caras."
También el Convenio UPOV 91 está dentro de las obligaciones que deben suscribir las partes integrantes del TPP. Es decir, la participación del Estado de Chile en el TPP, lo obligaría a adherir a este Convenio, el cual persigue la privatización del uso de las semillas en favor de empresas multinacionales, de las cuales, sólo diez han llegado a concentrar el 75,3% del mercado mundial de las semillas, según cálculos de ETC Group.
La vocera de la plataforma ciudadana Chile Mejor sin TPP, Lucía Sepúlveda Ruiz, ha declarado a Resumen que «este tratado barre con la soberanía del país y su objetivo real no es el comercio sino poner un candado a las luchas sociales y constituyentes, instalando una suerte de gobierno de las transnacionales que defenderán sus ganancias y privilegios con nuevos mecanismos». Añadiendo que «sólo la movilización social extendida a lo largo del país podrá impedir que Bachelet consume la entrega de Chile a manos de las transnacionales. Y ya la gente está despertando: de norte a sur, de Arica a Chiloé, han comenzado las acciones de denuncia. ¡Creemos firmemente que todavía podemos parar el TTP!»
Por su parte, los convocantes en Concepción, agrupados en la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, Biobío se Levanta, hicieron un llamado a todas la comunidad a rechazar este Acuerdo que hará retroceder a Chile y todas las naciones a un estado de colonialismo extremo. «¡Qué haremos cuando el negocio minero acabe con el cobre! ¡Qué haremos cuando acaben con nuestras fuentes de agua! ¡Qué haremos cuando tengamos la fuerza para cambiar las leyes que nos perjudican y haya un conjunto de instituciones destinadas a condenarnos por querer vivir mejor!», exclamaron.
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