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Empresarios agrícolas y regantes protestan en ruta 5 sur para mantener la perpetuidad de sus derechos de agua

21 noviembre 2016

[resumen.cl] Esta semana se discute en el Congreso un proyecto de ley de reforma al Código de Aguas que pretende adecuar el marco legal del aprovechamiento hídrico a los nuevos escenarios climáticos de las próximas décadas. Los principales puntos de la reforma son: prioridad para consumo humano, cambio de derechos de agua perpetuos a concesiones de 30 años y mayores atribuciones a la fiscalización. Empresarios regantes y agroindustriales exportadores, entre otros, han protestado contra lo que consideran una pérdida de sus privilegios otorgados durante las oleadas de privatizaciones de la década de 1980.

Durante la jornada de hoy lunes, desde el mediodía, asociaciones de empresarios agroindustriales, otros agricultores, canalistas, regantes y las denominadas Juntas de Vigilancia, realizaron una movilización en la provincia de Bio-Bio. Según informó Radio Bio-Bio, cerca de 50 personas se manifestaron en la ruta 5-Sur con el enlace Nacimiento. En la región del Maule, los convocantes llamaron a reunirse en el puente Maule, y hasta este mediodía, se mantenía un contingente policial en el sector. En la movilización participó la organización denominada Multigremial de Chile, que reúne a empresarios de diversos sectores.

Los convocantes explicaron que esta protesta “responde a la nula respuesta del Gobierno para mejorar el proyecto de reforma al Código de Aguas que se discute en el Congreso, y que el próximo martes será votado en sala en la Cámara de Diputados”. Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional señaló a El Mercurio que “el proyecto de aguas, como está redactado, es una expropiación encubierta” afirmó.

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Protestan en la ruta 5 Sur a la altura de Nacimiento. Fuente: biobiochile.cl

 

Desde hace 5 años, con un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, se ha estado impulsando esta reforma al Código de Aguas. Esta reforma buscaría eliminar el legado del Código de Aguas de 1981, además de actualizarse ante las legislaciones internacionales y buscar un reacomodo de los circuitos productivos del país ante el cambio climático. En síntesis, en esta reforma se introduce por primera vez una “priorización de usos esenciales” donde el consumo humano y el abastecimiento primario tomarían un papel más relevante. La reforma cambiará además los nuevos derechos de aprovechamiento de agua de una categoría de “perpetuos” a limitados a un máximo de 30 años, prorrogables, es decir, los denominados “Derechos de Aprovechamiento” de agua pasarían a ser “Concesiones administrativas”, a no ser que la DGA acredite el no uso efectivo del recurso hídrico. Para los derechos consuntivos no habría duración mínima, y para los no consuntivos habría una duración de 20 años.

Los detractores de esta reforma señalan que se perdería la disposición de los propietarios a transferir o trasmitir el dominio de las aguas. Y además, que la Dirección General de Aguas (DGA) tendría mayores atribuciones para aplicar restricciones en función de los nuevos escenarios de escasez hídrica y cambio climático en el país. Además con la reforma se aseguraría un mayor control de cuanto y como se explotan las aguas.

Sin embargo, organizaciones sociales y ambientales, pese a que han valorado que los derechos de agua ya no sean otorgados a perpetuidad, han señalado que no representa ningún avance en la gestión comunitaria del recurso hídrico, e incluso han denunciado que el 90% de los derechos de agua ya están entregados y la reforma no contempla su modificación: “El problema está que no se toca la propiedad que ya existe. El 90 por ciento de los derechos de aguas que ya están otorgados no se van a modificar, lo dijo el ministro de Obras Púbicas, Alberto Undurraga, cuando inició este Gobierno y se ingresó la indicación sustitutiva en la Cámara Baja. Por lo tanto, no se van a expropiar las aguas” afirmó Rodrigo Faúndez, vocero del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, a Radio Universidad de Chile. Además, se ha denunciado que las modificaciones no serían efectivas y no favorecerían en nada a la población, ya que la mayor parte de los derechos de agua ya están otorgados, especialmente en el norte del país, donde gran parte de los ríos mantiene un escaso caudal subterráneo. Así lo indicó Jorge Godoy, presidente de la Coordinadora del Agua de Copiapó “La ley ya no tiene efecto sobre la vida real de las personas. Acá en Copiapó están sobre otorgados los derechos de agua,  tanto superficiales como subterráneos. En el sector de Piedra Colgada está bajando el agua un metro mensual, así que ya es una catástrofe a mediano o corto plazo”, explicó.

La propuesta del gobierno, incluye además la prohibición de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en áreas protegidas tales como: Reservas Nacionales, Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Naturales y Humedales de Importancia Internacional. Sin embargo, una situación particular constituye la conservación de los glaciares. Se ha denunciado que más de la mitad de estos se mantienen sin ningún tipo de protección en este nuevo escenario legal que comienza a configurarse.

Cabe recordar que cuando fue impuesto el Código de Aguas en 1981, se limitaron las capacidades del Estado para intervenir y regular el uso de los derechos de aprovechamiento de aguas, entregados de forma gratuita por el propio Estado a empresarios. De esta forma, estos derechos fueron incorporados al patrimonio privado de los titulares, los que se mantuvieron amparados por la garantía constitucional del derecho de la propiedad, por sobre el valor del agua para la vida humana y las prioridades en su utilización.

Este favorecimiento al empresariado contradice la condición de bienes nacionales de uso público de las aguas y genera impactos negativos para la población del país, los cuales en teoría, serían los verdaderos propietarios. Según explicó la abogada Laura Novoa Vásquez a CIPER: “aunque sea de interés del país mantener campos cultivados, quienes tienen derechos de agua constituidos para su regadío, con uso estacionario de los mismos, pueden desprenderse de ellos a cambio de las ingentes sumas de dinero que el mercado les ofrece y venderlos a proyectos que requieren uso intensivo permanente. Así se han depredado o vulnerado gravemente un sinnúmero de acuíferos en el país”.

Sin embargo, otros analistas han indicado que que gremio agrícola debería tener más privilegios que otros rubros extractivistas, como la minería o la industria, principalmente, debido a su prioridad para la población y la iniciativa de convertir a Chile en “Potencia alimentaria”, pero cabe preguntarse, ¿Puede definirse a Chile dentro de una categoría de potencia alimentaria exportadora, mientras su población no mantiene una soberanía sobre su propia alimentación?

El empresariado agrícola y regantes buscan mantener sus privilegios históricos.

Los grandes propietarios y empresarios del agro, hasta ahora se han aprovechado del mercado de los derechos de agua debido al Código de Aguas de 1981, donde el acceso y la utilización de los cursos de agua y acuíferos se entregaban a perpetuidad, permitiendo el desarrollo de un lucrativo negocio, el denominado “mercado de las aguas” en Chile, con ganancias tanto para el sector energético como agroindustrial exportador. El sector empresarial agrícola y regante, caracterizado también por explotar históricamente a la población campesina y peri-urbana de la zona centro y sur de Chile, ahora ante un eventual escenario desfavorable para sus inversiones, amenaza con una disminución mayor de puestos de trabajo

La organizaciones de empresarios regantes, tales como la Asociación de Canalistas del Maule (ACM) han señalado su preocupación por la aplicación de esta nueva reforma. Su director, explicó a Maulee.cl que “Los agricultores deberemos tomar serias medidas en nuestros campos. Como disminuirán las plantaciones, habrá menos empleo, más migración del campo a la ciudad y nuestro objetivo de ser una economía agroalimentaria perderá su rumbo. Lamentablemente, estos cambios no han sido pensados desde el punto de los regantes” (…) “Muy por el contrario de lo que nos han querido hacer creer de que esta reforma va a ayudar a solucionar el problema de la escasez hídrica, es necesario recordar que en Chile el 84% del agua dulce se vierte en el mar sin ser utilizada, lo que deja en claro que para dar una solución real y definitiva a este problema necesitamos que se construyan nuevos embalses. Hay que solucionar el problema desde la base de una vez por todas”.

Este discurso, omite la importancia de los flujos de agua dulce en las zonas costeras. El encuentro del agua dulce con el agua salada del mar genera procesos físicos que moldean la circulación costera, la estabilidad de la columna de agua, la temperatura, la salinidad, el oxígeno y la disponibilidad de nutrientes, contribuyendo a mantener la riqueza y productividad del ecosistema costero. Un río lleva al mar el conjunto de señales terrestres adquiridas a lo largo de su cuenca, material proveniente de un extenso territorio que pasará a ser parte del océano y seguirá su ciclo. Por lo tanto, la intervención en el caudal de un río tendrá consecuencias para el desplazamiento de organismos que viven en él, modificará las tasas de sedimentación y la dinámica costera.

El sector empresarial agrícola y regantes asociados, compuesto por las denominadas “Juntas de Vigilancia” se han opuesto directamente al establecimiento de un caudal ecológico, es decir, de una cantidad de agua mínima necesaria en el río para la continuación de los procesos ecológicos clave para la mantención de la biodiversidad.

[VIDEO] Caudal Ecológico mínimo para la supervivencia de los ecosistemas


La mantención de los privilegios para los dueños de la tierra y del aprovechamiento de las aguas, sirve también para mantener su influencia en los ecosistemas de la zona central de Chile, y la vez, la dependencia de la población al sistema alimentario industrial. Un sistema que solamente alimenta al 30% por ciento de la población del planeta, pero que genera graves impactos en la salud humana, emisiones invernadero, gasto de energía, agua y contaminación con alcances globales.

Fotografía principal: Gremios se manifiestan contra la reforma al código de aguas en la ruta 5 sur. Fuente:

 

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