Por: Espinoza, M.; Ramírez, C.; Ferrando, R. ; Álvarez, J. *
El extractivismo minero es reconocido mundialmente como una actividad económica que presenta grandes impactos ambientales en los ecosistemas. Sin embargo, pese a la gravedad de los problemas socioambientales que ha generado en Chile, éstos se nos presentan como "costos necesarios para el crecimiento". Ello implica la imposición de un concepto de desarrollo que precariza sistemáticamente el empleo, vulnera los territorios, los ecosistemas y la vida de quienes habitan las zonas donde se emplazan estas faenas. Se postula que el modelo extractivista minero es inviable en el mediano plazo ya que presenta un nivel de producción que no tiene sustento en la realidad material de la naturaleza. El fin último de esta producción no es otro que el beneficio económico de un grupo humano pequeño mientras que los graves conflictos socioambientales generados son externalizadas a las comunidades periféricas violando la Justicia Ambiental. Por otro lado, este modelo es incapaz de entregar un bienestar duradero a la sociedad en general, toda vez que tiende a reproducir la inequidad y relega a las generaciones futuras a enfrentar situaciones críticas a nivel ambiental.
Este trabajo intenta establecer un espacio de reflexión que permita preguntarnos acerca de las bases que fundamentan el modo extractivista minero.
Desde hace más de una década, América Latina se ha convertido en uno de los epicentros de la expansión minera a nivel global a través de la inversión transnacional. Esta expansión se desarrolla a través de un modo de producción conocido como extractivismo (OCMAL, 2015). Se considera extractivismo en sentido amplio, a las actividades productivas que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, los cuales no son procesados (o lo son limitadamente), y pasan rápidamente a ser exportados (Acosta, 2011). En Chile, la exportación de materias primas corresponden a un 86,1% de las exportaciones totales (CEPAL, 2014). Un 40% corresponden al sector minero a través de la producción de concentrado de cobre sin refinar. (COCHILCO, 2013; Consejo Minero, 2014).
Si bien en América Latina este modelo de producción ha sido desarrollado desde la conquista del continente, una intensificación de este proceso se desarrolló después de las reformas neoliberales de la década de los 80' y 90' (Veltmeyer, 2012). El caso pionero tuvo lugar en Chile, donde durante la dictadura militar se desarrollarían, por ejemplo, reformas claves para la progresiva privatización de la gran minería del cobre en Chile, la cual continuó y se agudizó con los sucesivos gobiernos de la Concertación por la Democracia (Machado, 2009).
El extractivismo minero es reconocido mundialmente como una actividad económica que presenta grandes impactos ambientales en los ecosistemas (Acosta, 2011). Algunos de ellos corresponden a la pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo y aguas, intervención de cursos de agua y glaciares y contaminación de zonas habitadas con desechos tóxicos asociados a relaves mineros. En Chile, esta actividad ha generado graves efectos al bienestar, autonomía y sustentabilidad de comunidades aledañas a proyectos mineros (Escalona et al., 2011). Estos conflictos se asocian a la contaminación ambiental, escasez de elementos básicos para la vida y desterritorialización (Urkidi, 2010; Vergara, 2011; OCMAL, 2015). Además, se han externalizado conflictos socioambientales a territorios lejanos en nombre de los requerimientos energéticos del modo de producción minero (OCMAL, 2015). Asimismo, se produce un desequilibrio de los ecosistemas intervenidos sin una comprensión de los efectos en la ecología de las especies. Por otro lado, a nivel macroeconómico, se tiende a desestructurar la economía, generando una pobreza asociada a la redistribución regresiva del ingreso y la concentración de la riqueza (Acosta, 2011).
Sin embargo, pese a la gravedad de los problemas socioambientales que ha generado la industria minera, éstos se nos presentan como "costos necesarios para el crecimiento", consecuencias ineludibles del tránsito hacia el "progreso". Esta mistificación, intenta asociar de forma incuestionable el concepto de un crecimiento económico exponencial con el de desarrollo. De esta manera, se concibe que éste se logra aumentando las exportaciones y maximizando las inversiones (Gudynas, 2009). Ello implica la imposición de un concepto de desarrollo que precariza sistemáticamente el empleo, vulnera las prácticas culturales ancestrales, los territorios, los ecosistemas y la vida de quienes habitan en las regiones del país donde se concentran estas faenas (OCMAL, 2015).
Lo anterior crea un "paradigma del crecimiento" donde se invisibilizan preguntas básicas acerca del modo extractivista de la producción minera. En términos del objetivo de la producción: ¿Qué necesidades son resueltas a través de la producción minera?, ¿Es viable este modo de producción con respecto a las fronteras de la biosfera?, ¿Dónde se acumulan los "beneficios" de esta actividad y quiénes concentran las "externalidades negativas"? A la luz de estas preguntas, este trabajo intenta establecer un espacio de reflexión que permita preguntarnos acerca de las bases que fundamentan el modo extractivista minero. Se analizan además los límites de este modo de producción en Chile en relación a la conflictividad que presenta con las comunidades aledañas y el entorno ambiental.
La llamada "economía del desarrollo" obtuvo su sustento teórico, a finales de la década del 50` (Gudynas, 2011). Se distinguieron así los países desarrollados y subdesarrollados y se estableció la idea de que los países del sur "subdesarrollados" debían seguir los pasos de las naciones industrializadas (Esteva, 2009). La idea de desarrollo quedó atada al crecimiento económico en desmedro del bienestar humano y se la presentó como la solución a la pobreza y la distribución de la riqueza (Gudynas, 2011). La concepción moderna del desarrollo consiste en un proceso lineal, esencialmente económico, mediado por la apropiación de recursos naturales orientado a emular el estilo de vida occidental (Bustelo, 1998). De esta manera, en la economía capitalista en general y en el modo extractivista minero en particular, se establece una búsqueda vertiginosa hacia una producción exponencial. Esta visión presupone la errónea idea de que los "recursos naturales" del planeta son infinitos y se encuentran a plena disposición para el desarrollo.
Por otro lado, el paradigma del crecimiento necesita un nivel de consumo altísimo. De esta forma, las relaciones sociales son atravesadas por un incentivo al consumo vertiginoso. Esto se realiza de manera indirecta a través de un aparato publicitario que mistifica lo nuevo (obsolescencia percibida) y de manera directa a través del diseño efímero de las mercancías (obsolescencia programada).
La industria minera en Chile se constituye por la extracción de metales (Cu, Mo, Ag, Au) y otros recursos minerales no convencionales (Re, nitratos, Li y I), siendo ampliamente encabezada por la producción de cobre. Esta industria ha registrado un aumento en la participación del mercado mundial del cobre desde un 18% en 1990 a un 32% en 2013, con una producción cercana a los 5,8 millones de toneladas métricas para 2013 y una tasa de crecimiento de 7,2% en este mismo año, la más alta en la última década (Consejo Minero, 2014). Estos cuantiosos niveles de producción constituyen a Chile como el principal exportador de cobre del planeta. Por otra parte, esta carrera ciega que emprende la industria minera en torno al crecimiento, es incapaz de observar una serie de problemas instalados al interior del modo de producción, los cuales determinan la inviabilidad de mantener este ritmo de producción irracional.
Límites propios del modelo: Las proyecciones de crecimiento de la industria del cobre esperan que se alcancen la cuantiosa cifra de 8.5 millones de toneladas métricas en 2025, constituyendo un crecimiento máximo de 47% en 11 años. Sin embargo, el pico de crecimiento para la producción de cobre se proyecta para el año 2030 (Kerr, 2014). En tal escenario, se proyecta que se intensificará la presión sobre el uso de energía y agua, junto con la emisión de gases de invernadero (Northey et al., 2014b). De esta manera, la percepción de que este modelo es capaz de generar un "desarrollo" sostenido, guarda poca relación con la abrupta caída de la producción en el futuro cercano y la intensificación del daño socioambiental.
Carácter suntuario de las necesidades a satisfacer: La producción minera en Chile, se considera necesaria para suplir el dramático aumento de la demanda de minerales asociada al crecimiento de los países industrializados del hemisferio norte (Northey et al., 2013). Los principales destinos de la exportación son China y Estados Unidos, los que en 2013 representaron un 46,8% y 8,8% de la demanda mundial de cobre respectivamente (Consejo Minero, 2014). El principal destino de la exportación de cobre manufacturado de China son los mercados asiáticos, los cuales típicamente lo incorporan a componentes eléctricos que son ensamblados nuevamente en China como productos finales (Hammer and Jones, 2012). Estas mercancías electrónicas, constituyen cerca del 50% de la exportación china (Observatory of Economic Complexity, 2015). Sin embargo, este tipo de productos trae aparejada una obsolescencia programada que rápidamente los convierte en basura electrónica, la cual es difícilmente reciclable y produce una alta contaminación en el tercer mundo (Lebel, 2015). Por otro lado, aunque con una producción menor en Chile, la extracción de oro es altamente superflua, toda vez que el porcentaje destinado únicamente a joyería supera el 50% y otro porcentaje cercano al 25% se utiliza como respaldo a las inversiones de quienes presentan los más altos ingresos del mundo (World Gold Council, 2014).
Fronteras de la biosfera frente al crecimiento: La explotación minera es indispensable para el desarrollo industrial y el bienestar del Norte global (Acosta, 2011). Esto se desarrolla sin importar la sustentabilidad de los proyectos extractivistas, ni el agotamiento de los recursos locales como lo indica la Huella Ecológica que generan los distintos países (Figura 2B). Este índice da cuenta del terreno necesario para mantener la producción, satisfacer las necesidades de consumo y manejar los residuos de un individuo o grupo humano (Galli et al., 2014). En términos generales, los países del hemisferio norte presentan un alto nivel de vida, sin embargo los recursos naturales necesarios para sostener ese nivel de consumo superan con creces la capacidad de regeneración del terreno que disponen. Por otro lado, la tendencia de "desarrollo" de Chile muestra que los modelos de producción y consumo cada vez se alejan más de la capacidad que el territorio puede albergar.
Indicadores específicos para la minería del cobre (huellas de agua, de emisiones de gases invernadero y energética) indican una enorme presión sobre el medio ambiente, la cual es particularmente alta en el uso y degradación del agua (Figura 2A) y el consumo energético (Northey et al., 2013). En Chile, para el período 2014-2025 se proyecta un aumento de un 66% en el consumo de agua total en la minería del cobre, pasando de 14,8 a 24,6 m3/seg. Para este mismo período se doblaría la energía eléctrica necesaria en esta industria. Si bien se argumenta, que se aumentará el consumo de agua de mar, esto no ataca la raíz del problema ni tampoco se consideran las eventuales repercusiones en la biodiversidad marina ni las consecuencias poco exploradas de producir tal desequilibrio hídrico. Por otro lado, la minería lidera el consumo eléctrico nacional con cerca de un tercio del consumo, más del doble del total del consumo residencial (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 2008). Por ende, cuando se establece la idea de una crisis energética, lo que se esconde es que lo que está en crisis es el modo de crecimiento del extractivismo minero.
Los efectos negativos directos generados por el intenso modo de extracción de la industria minera y la presión que desarrolla en elementos vitales para el ser humano y otras especies, genera conflictos concretos tanto con las comunidades aledañas como también con aquellas que se ubican en sectores de carácter estratégico para la generación de energía. Es importante destacar que esta relación es siempre asimétrica, generándose una opresión desde los centros acumuladores de la riqueza hacia las periferias pobres, hacia donde se "externalizan" los efectos negativos del desarrollo (contaminación, escasez de recursos vitales, pérdida del territorio, etc.). Además, se genera un empobrecimiento en la autonomía de las comunidades periféricas a las cuales se les impone la participación en un modelo de desarrollo que las vuelve en extremo dependientes y que les quita el control de territorios que históricamente manejaban.
En este contexto se acuña el término Justicia Ambiental, entendido como el aseguramiento de que ningún grupo social, étnico, racial, socioeconómico o de género, deba soportar una mayor carga de las consecuencias ambientales negativas que se generen en su territorio, derivadas de las operaciones económicas (privadas o estatales) y la ausencia u omisión de políticas relacionadas con estas temáticas (Escalona et al., 2011). De esta manera, se observa que el extractivismo minero chileno es altamente nocivo en su relación con la comunidad en general. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 97 conflictos socioambientales registrados en Chile, entre enero de 2011 y junio de 2012, un 34% guarda relación con minería y un 42% con energía (Escalona et al., 2011). Por otro lado, en el Mapa de Conflictos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, Chile encabeza la lista con 35 de 205 conflictos socioambientales (OCMAL, 2015).
El empresariado minero, lejos de entender las demandas de las comunidades, las observa como impedimentos o "desafíos" para el crecimiento de la industria. Así, se orientan las soluciones de los conflictos a compensaciones económicas de las comunidades afectadas (Gudynas, 2011). Además, la creación de los departamentos de responsabilidad social son insuficientes y corresponden a un mejoramiento superficial a la hora de comprender la justicia ambiental. Como indica el informe de OCMAL, (2015): "es falso que las empresas mineras desarrollen infraestructura para las comunidades, ya que hacen obras para que transiten los equipos y el personal de las empresas mineras; que atiendan el derecho a la salud o educación de las comunidades, cuando lo que hacen es mercadeo con la pobreza, deducible de impuestos, contaminando el ambiente y desmejorando a corto, mediano y largo plazo la salud y las condiciones de vida de la gente".
Por otro lado, la industria minera ha acuñado para sí el término de minería sustentable. Sin embargo, aquí el concepto se ha vaciado del contenido original referente al ambiente y, en cambio, se asocia a la mantención en el tiempo de los beneficios económicos y el alargamiento de la vida de los proyectos (Kirsch, 2010), o más simplemente, un "crecimiento sostenido". Por otro lado, un proceso es sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. De esta manera es impensable sostener, a menos que se intente distorsionar la realidad, que la minería es un proceso sustentable (Acosta, 2011).
Este trabajo intenta abordar las consecuencias que tiene en el bienestar social la producción extractivista de la minería, particularmente el caso chileno. El enfoque utilizado se centra en analizar las razones ideológicas que soportan este modelo de producción (ideología del crecimiento) y las consecuencias socioambientales que genera éste. Se postula que el modelo extractivista minero es inviable en el mediano plazo ya que presenta un nivel de producción que no tiene sustento en la realidad material de la naturaleza. El fin último de esta producción no es otro que el beneficio económico de un grupo humano pequeño mientras que los graves conflictos socioambientales generados son externalizados a los grupos periféricos violando la Justicia Ambiental. Por otro lado, este modelo es incapaz de entregar un bienestar duradero a la sociedad en general, toda vez que tiende a reproducir la inequidad y relega a las generaciones futuras a enfrentar situaciones críticas a nivel ambiental.
Se considera que una verdadera preocupación por el bienestar social comienza con rechazar la idea de un modelo de producción que se justifique a sí mismo y no atienda a problemas centrados en las necesidades básicas de la gente. La sustentabilidad no está asegurada a priori y es una tarea política el generar un modo de satisfacer nuestras necesidades de una forma radicalmente distinta, acorde a los límites de la biosfera, con equidad y justicia social.
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