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Chile: El imperio de la estafa y el cohecho

11 Enero 2017

[Por Paul Walder / Punto Final] El año 2016 es un año para olvidar desde los espacios políticos, económicos y sus nefastos efectos sociales. Es también un periodo de confirmación y consolidación de la crisis de las elites que controlan las decisiones y el curso de nuestras vidas. El modelo de mercado, cuyas luces comenzaron a apagarse ante una ciudadanía inicialmente encandilada en las décadas pasadas, hoy es un orden cristalizado y fracturado que ha instalado una atmósfera crepuscular. No sólo han sido condiciones para su deterioro y desprestigio las estadísticas y la visión de la desigualdad en el reparto de la riqueza, el poder y los placeres, sino, por si todavía quedaran dudas, la profusión de trampas y delitos de rufianes perfumados de cuello y corbata. Este proceso, que emergió desde finales de la década pasada, ha decantado hasta confundirse como parte estructural de un orden cuyo rechazo sólo es superado por el desprecio a la clase política. Las elites, que se cruzan en una trenza entre economía y política, marcaron durante el año pasado nuevos hitos históricos de repudio.

Tras el escándalo de colusión de los pañales para guaguas, que cerró el año tal como el papel tissue hizo lo suyo en 2015, la percepción hacia las empresas y sus gestores continúa marcando niveles mínimos. Un sondeo de Cadem publicado el 26 de diciembre reveló que el 84 por ciento de los consultados estima que las grandes empresas privadas abusan de los consumidores, proporción mucho mayor a la atribuida al sector público o a las pymes. A la pregunta de si el abuso es aislado o una práctica habitual, un 87 por ciento considera que es algo constante.

Una serie de otras preguntas nos confirma esa percepción de habitualidad que tiene la ciudadanía ante un abuso que cruza desde la economía a la política. Porque se trata de una continuidad que no da tregua. Pero hay, sin duda, algunos que han permanecido intactos en la memoria: de todos los casos que han afectado la confianza ciudadana en las empresas, el más grave para las personas es el cartel de las farmacias, con un 38 por ciento de las menciones, evento seguido por la serie de episodios de corrupción política y empresarial. Tras el cartel de los medicamentos, las personas espontáneamente mencionaron el caso Caval, SQM y Penta.

 

DE LOS POLLOS A LOS PAÑALES

El año 2016 se inició en la escena económica con el escándalo de la colusión entre las tres grandes cadenas de supermercados para acordar los precios de la carne de pollo. Durante los primeros días de enero pasado saltó a la luz pública un nuevo acuerdo ilegal en el mercado de la carne de ave, una continuidad al cartel de los productores detectado un par de años antes que confirma la percepción de la ciudadanía en cuanto a que estos abusos son una práctica habitual. En esta oportunidad, las tres principales cadenas de supermercados, que concentran el 90 por ciento de estas ventas, se concertaron para manipular los precios de la carne de pollo durante al menos cuatro años, delito por el que la Fiscalía Nacional Económica pidió una multa superior a los 22 millones de dólares. Un año atrás la autoridad del rubro había condenado a las tres principales empresas productoras de este alimento a pagar una multa superior a los 50 millones de dólares.

2015 terminó con la gran colusión del papel higiénico, un escándalo de proporciones en el núcleo oligárquico-empresarial que detonó la renuncia de un cabizbajo Eliodoro Matte a la presidencia del CEP y de la Papelera. Tras una gran pirotecnia comunicacional, porque el tiempo en Chile es capaz de esconder y conducir al olvido aberraciones y delitos de grandes proporciones, vestiduras rasgadas y toda gama de lamentaciones y condenas, todavía no se sanciona con cárcel efectiva los delitos contra los consumidores.

Así fue como en junio pasado un juzgado de Santiago rechazó admitir a tramitación la querella interpuesta en contra de las empresas papeleras CMPC y SCA Chile por colusión en el mercado del papel tissue , hecho que se extendió, según las investigaciones, por más de diez años con una grave lesión económica para toda la población. En la resolución, la magistrada rechazó admitir a tramitación la causa por considerar que los hechos denunciados por la Fiscalía Nacional Económica “no son constitutivos de delitos, al no existir en el ordenamiento penal chileno una sanción específica para conductas colusorias”.

La colusión no está penalizada en Chile. Sólo hay multas y otras sanciones menores. La Fiscalía había recurrido, tal como lo hizo en el caso farmacias, al artículo 285 del Código Penal para penalizar a los ejecutivos que urdieron esta nueva estafa masiva, obteniendo sin embargo los mismos y nulos resultados. Aquel texto, que sanciona a quienes por “medios fraudulentos” alteren el “precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación” no corresponde aplicarlo en este caso.

Tras este contundente dictamen, nuestra conclusión y la de los millones de consumidores es que en Chile las empresas pueden acordar las cuotas de mercado y precios impunemente. Las ganancias serán siempre mayores a las multas. Una gran noticia para las grandes corporaciones y una pésima señal para los consumidores. La colusión, y esto lo piensa todo el país como registra el sondeo de Cadem, no es un hecho aislado sino una práctica habitual estimulada por su impunidad.

 

PIRAMIDES, ESTAFAS Y OTRAS INNOVACIONES

2016 tuvo una innovación en los fraudes y estafas cometidos por el sector privado. No todo este espacio estuvo copado por grandes corporaciones, sino que se extendió a especuladores y truhanes de poca monta. Las estafas piramidales, un poco olvidadas, regresaron a la agenda noticiosa con intensidad y profusión. A la inicial de AC Inversions se le sumaron durante el año los fraudes de Alberto Chang y Rafael Garay, ambos casos en pleno desarrollo.

Estos tres lances reproducen un fenómeno en alza, que es propio de nuestros tiempos extremos. Los montos involucrados, la cantidad de personas afectadas, su perfil social, el mecanismo para captar ilusos y el destino de sus ahorros son factores que no pudieron haber ocurrido en otras épocas. El fuerte crecimiento de estas sociedades ilegales, que actúan ante una autoridad que hace la vista gorda, sólo pudo haber ocurrido en nuestra actual realidad. No sólo por la masificación de las tecnologías de la información y las redes sociales, sino por la financierización de la sociedad, el acceso a créditos fáciles y la fruición por el dinero rápido. La estructura piramidal de este negocio es también una metáfora del modelo neoliberal que aplasta y comprime a la sociedad chilena. Arriba la concertación del poder, la crema del negocio y timadores disfrazados de emprendedores. En la base, los productores, trabajadores, consumidores y otros exprimidos.

En esta línea, la estafa de Rafael Garay tuvo características especiales como fenómeno mediático y también como pieza de la educación privatizada. Pudo ser el crimen perfecto, si los números lo hubieran acompañado, apoyado en piezas clave de nuestra sociedad neoliberal: las finanzas, los medios y las universidades privadas, donde el estafador era un connotado profesor con tribuna abierta en la televisión.

 

CORPESCA EN EL CORAZON DE LA DC

La trenza política y económica está contaminada. Los fraudes y estafas no corren por carriles separados, sino se cruzan y fusionan. El caso SQM de boletas falsas ha seguido su curso, una pista hedionda en la que compite Corpesca, que desde el financiamiento ilegal de parlamentarios de regiones del norte del país, representados en la figura del senador formalizado Jaime Orpis, se expande al sur hasta la región de Aysén y al corazón de la Democracia Cristiana por la vinculación del senador Patricio Walker con pagos ilegales provenientes de la industria pesquera a la candidatura del diputado Iván Fuentes.

El fiscal que lleva esta causa ha buscado vínculos entre el ex gerente de Corpesca, el procesado Francisco Mujica, con el imputado en este mismo proceso, Luis Felipe Mondaca, de Asipes, a raíz de la tramitación de la Ley de Pesca. En las investigaciones los vínculos con la pesquera también han llegado al ex senador DC del Bío Bío, Hosain Sabag, imputado igual que el dirigente de Asipes.

Pero el caso sigue más al sur y hacia el fondo y núcleo oligárquico de la DC, con investigaciones contra Fipes (la agrupación de empresas de pesca austral) que indaga pagos solicitados a un empresario por el senador DC Patricio Walker en beneficio del ex dirigente pesquero y hoy diputado cooptado Iván Fuentes.

Walker quiere cerrar este capítulo a toda costa, un evento que de paso derribó las aspiraciones presidenciales de su hermano Ignacio. Junto con alegar que ha olvidado números, encuentros y perdido todos sus emails , a comienzos de diciembre a través de su abogado, el influyente Jorge Bofill, solicitó el sobreseimiento definitivo del proceso, el que fue rechazado el 22 del mismo mes por el Juzgado de Letras y Garantía de Coyhaique. La última semana del año, el mismo letrado solicitó a la Corte de Apelaciones de Coyhaique revocar el rechazo al sobreseimiento. Esta resolución mantiene la investigación sobre la responsabilidad del senador DC en la gestión de aportes irregulares de las empresas Friosur y Desarrollo Pesquero de Chile a la campaña de Iván Fuentes. Tal como SQM, que expande sus detritus a figuras fuera de la NM como Marco Enríquez-Ominami, o Caval, que aúna nuevos antecedentes a casi dos años de su estallido, Corpesca también llevará su putrefacción hacia 2017.

 

TAG, SALMONES Y EL INEFABLE EJERCITO DE CHILE

Hacia el tercer trimestre del año las cifras oficiales de rentabilidad de las empresas concesionarias de las autopistas lograron dar otro golpe a la credibilidad en el modelo de libre mercado. De paso, se conocieron contratos con seguros a todo riesgo firmados por las grandes corporaciones durante los gobiernos de la Concertación. En suma, las carreteras privadas inauguradas desde las administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en adelante han otorgado a sus felices dueños rentabilidades de hasta catorce veces sobre el capital invertido, todo a cargo de los usuarios, que pasan cual borregos diariamente por las plazas de peaje y los portales del TAG.

Estos contratos, firmados bajo gobiernos entregados a las grandes corporaciones son, además, indelebles. Nada puede cambiarlos. Ello fue ratificado durante noviembre por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, al admitir que pese a las exorbitantes ganancias de las autopistas concesionadas, el Estado de Chile, representado por los gobiernos de turno, no puede hacer nada por modificar las condiciones en las cuales los gobiernos pasados, en especial de Frei y Lagos, ataron unos convenios bien coimeados, ya se sabe, entre inversionistas internacionales y los millones de obligados usuarios.

La industria salmonera, regalona de los distintos gobiernos de la Concertación, cometió el año pasado uno de sus peores crímenes contra el medioambiente y las comunidades. Tras sufrir la mortandad de millones de peces, descargó los residuos al mar frente a las costas de Chiloé, provocando una crisis sanitaria y social de grandes proporciones desatendida por el gobierno. Es un simple botón de muestra de los desequilibrios del poder y de la magnitud ilimitada de los abusos.

La guinda de esta torta tóxica la puso Codelco, como víctima de la Ley Reservada del Cobre. Tras el Milicogate, revelado hace ya más de un año a través de los multimillonarios recortes a las ventas de cobre que han ido a parar a los bolsillos de oficiales y tropas y al casino Monticello y moteles en Miami, la factura la ha pagado Codelco, que reveló tener sus arcas vacías de tanto pasarle dinero a las Fuerzas Armadas. La cuenta final la hemos pagado todos. Durante diciembre se acordó un aporte fiscal a Codelco para equilibrar sus pérdidas por Ley Reservada.

Esta es una pequeña reseña de un país que se dirige de forma veloz, directa y muy dedicada a su destrucción. La clase política, absolutamente enredada en estos escándalos, nunca se enfrentará a sus propios amos.

 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 868, 6 de enero 2017.

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