Finalizan las dos jornadas de paro del sector público.

Según la Mesa Regional de Trabajadores Públicos de la octava región, la adhesión a esta jornada de paro fue de un 90%. Al igual que el martes, este miercoles se realizó una marcha masiva por el centro de Concepción, que el gobierno las cuantificó en tres mil personas.

La movilización de hoy estuvo marcada por la conmemoración de un año más de la imposición  de las AFP, que han ocasionado un severo deterioro en la calidad de vida de los trabajadores del país.

Según los reportes la marcha de este miercoles no perdió la fuerza que tuvo la gran concentración del dia martes 03 de noviembre, donde la marcha se desbordó por su masividad, inesperada incluso para sus convocantes. Se alteró su recorrido original y se trasladó hasta el principal nudo vial de concepción: la rotonda de paicavi y carrera.

La dirigencia gremial, sostendrá negociaciones con el gobierno durante estos días. Si no dan resultados favorables para los trabajadores, el martes convocarán a un paro indefinido, según el instructivo que la Mesa Regional ha hecho llegar a Resumen.

Los trabajadores demandan un alza de un 10% para los salarios menores de $800.000 y remuneraciones para el sector público desde los siguientes pisos:
Profesionales :  $586.922
Técnicos  :      $300.000
Adinistrativos : $275.000
Auxiliares  :    $250.000

Otra demanda que ha tomado preponderancia en las negociaciones, es el contrato indefinido de trabajadores públicos a contrata y a honorarios. Estos trabajadores carecen de las garantías de los que tienen contrato indefinido, no pueden hacer carrera funcionaria y menos tener una seguridad laboral, ya que su contrato se renueva continuamente.

La Dirección de Presupuesto (Dipres), plantea que la cantidad de funcionarios públicos ha ido en aumento. En 1998 había 48.156 y en 2007 había 88.479 trabajadores. Según Raúl de la Puente, presidente de la ANEF (asociación de empleados fiscales), el 60% de los trabajadores públicos están “a contrata” o “a honorarios”, lo que demuestra que el Estado reproduce la precariedad laboral del mundo empresarial.

El 2006, según De la Puente, el Gobierno se comprometió a que el 80 por ciento de los funcionarios fuera “de planta” y sólo el 20 por ciento “a contrata” o a honorarios. Eso, claramente no se ha cumplido.

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