Esa esquiva libertad

altTraiguén, Wallmapu/ La lluvia cae en Traiguén, la lluvia del sur. Abundante como el verde de sus tierras. La reja de la cárcel cerrada aunque es hora de visita. Pascual Pichún Collonao está adentro, esperando. Esperando a su familia y amigos. Esperando esa esquiva libertad, un futuro. Paso los absurdos controles, me registran y me hacen pasar a la sala de visitas, se cierra la reja. Lo veo, lo abrazo, converso con él y le digo algunas cosas que quienes hemos estado prisioneros sabemos y sentimos. Es duro volver a una cárcel, pienso, y él me lo dice. Para Pascual es mucho más duro, por mucha convicción que tenga o mucha compañía que le hagamos. Somos seres libres y el encierro es un poco de muerte, un disciplinamiento atroz. “Voy tarjando los días, desde que llegué acá, algunos pasan mucho más rápido que otros”, dice. “Ya me estoy acostumbrando a las rutinas, nos encierran a las cinco de la tarde. Tenemos comida y abrigo, compañía de otros presos. Vivo en un módulo tranquilo, donde están quienes hacen buena conducta para optar a beneficios intrapenitenciarios. En la celda en la que duermo hay unos veinte presos más”, agrega.

“Es fácil fugarse de aquí”, le digo, y le arranco la primera sonrisa. Qué dolor es ver un espíritu libre entre rejas de odio y muerte. Qué dolor inmenso es la impotencia, qué soledad es el encierro… Pero su decisión de regresar le brotó del corazón y, asumiendo cualquier riesgo, cruzó nuevamente la cordillera nevada, esta vez hacia Chile. Ida y regreso. Un ciclo que se cierra. “Quiero aportar a la lucha de mi pueblo, y aquí está mi familia, hermanos, sobrinos, mi comunidad. Es mi lugar…”, dice.

Pascual Pichún Collonao es un militante y comunicador del pueblo mapuche. Creó un grupo musical en la secundaria. Luchó por su comunidad. Y emigró forzadamente a Puelmapu, donde se labró una senda. Su travesía lo convirtió en comunicador. Quizá siempre lo fue. Y es que él y su familia han sido perseguidos, estigmatizados y criminalizados por el Estado desde hace más de una década. Pascual fue prácticamente obligado a vivir siete largos años de autoexilio, alejado de sus seres queridos, y su comunidad. Apenas tenía 19 años cuando debió detener su vida y huir para hacer otra. Se clandestinizó y autoexilió para evitar la cárcel, la condena injusta, las penas del infierno. Su caso -y el de su hermano Rafael-, es uno de los tantos episodios de criminalización de la lucha del pueblo mapuche por parte del Estado y los gobiernos de la Concertación, que hicieron de esa persecución judicial, política y mediática un deporte nacional. El 2002 se acusó sin pruebas concluyentes a los hermanos Pichún de incendiar un camión forestal en las cercanías de la comunidad Antonio Ñirripil, su comunidad, en Temulemu, comuna de Traiguén. Ambos negaron cualquier participación en los hechos y, a pesar de no existir indicios concretos, y sí muchos vicios, irregularidades judiciales y contradicciones de supuestos testigos, se les condenó a cinco años de cárcel y al pago de una millonaria multa: 12.000 dólares. Algo inalcanzable para cualquier mapuche. El proceso fue una burla a la justicia. Los hermanos Pichún fueron condenados como autores del incendio de un camión forestal en el Fundo Nancahue, de propiedad del abogado, ex ministro, latifundista y miembro del Tribunal Constitucional, Juan Agustín Figueroa, influyente “pro-hombre” de la llamada “democracia de los acuerdos”, la “democracia tutelada”, los gobiernos civiles que administran las leyes y el modelo económico fundado a sangre y fuego por la dictadura de Augusto Pinochet. El 2003, fueron declarados prófugos y las policías iniciaron la captura. Los medios de comunicación los mostraron como peligrosos “criminales y terroristas”. Rafael fue detenido y encarcelado, cumpliendo finalmente su condena. Pascual, en cambio, no quiso enfrentar la prisión y cruzó a Puelmapu, solicitando refugio político en Argentina… Y es que su familia ya había sido hostigada, perseguida y encarcelada. ¿Uno más para qué? Pascual Pichún Paillalao, el lonko de la comunidad, y padre de Pascual y Rafael, también fue “cazado” bajo el omnipresente ojo de los servicios de seguridad del Estado, y se le estigmatizó y criminalizó durante años, por su lucha por recuperar tierras que les pertenecían a la comunidad. Al padre de los Pichún, le condenaron y encarcelaron injustamente junto al también lonko Aniceto Norín. Hoy el caso de estos lonkos es visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

VERGÜENZA DE CHILE

La sala de visitas es pequeña. No hay más de diez presos con sus compañeras, niños pequeños y familiares. El lugar es frío, pero nos abrigamos con unas rondas de mate y unas galletas. “¿Qué te hace falta…?”, le pregunto. “Cosas materiales”, agrego, y le arranco otra sonrisa. “Tengo varios libros y estoy haciendo artesanía en plata para vender… Creo que no me falta nada, sí más apoyo para mi comunidad. Después del terremoto, ha sido difícil para la comunidad vender madera. Algunas empresas cerraron o dejaron de comprarla… En realidad, quisiera que mi situación sirviera para dar cuenta de lo que está pasando con todos los prisioneros políticos mapuches… Yo no soy el único, ni el que tiene las condenas mayores. Quisiera que a partir de mi caso se pudiera hablar de lo que está ocurriendo en las comunidades y con los familiares de los prisioneros políticos, con sus hijos… Hace falta visibilizar más la situación que vive el pueblo mapuche. Hay mapuches encarcelados, padres de familia, quienes son el sustento del hogar, y sus hijos están viviendo miseria y abandono”, dice.

En Chile continúa vigente la ley 18.314, ley antiterrorista de Pinochet aplicada hoy principalmente contra los mapuches, pero también contra todo aquél que cuestione el sistema vigente. Es una herramienta de persecución y represión en manos del Estado, ocupada a discreción contra quien alce la voz. El número de prisioneros políticos mapuche aumenta. Aunque no existen listados oficiales, diversas organizaciones señalan que existen 57 prisioneros. 106 mapuches se encuentran encarcelados, condenados o procesados por razones políticas -57 prisioneros (dos mujeres), 12 ex prisioneros cumpliendo condena en libertad vigilada, y 37 casos de procesados con medidas cautelares, como arresto domiciliario, firma periódica, reclusión nocturna o arraigo-. Una veintena de niñas y niños ha sido detenida y acusada por las policías, sacándolos esposados incluso de sus colegios. A más de 30 prisioneros se les ha aplicado la ley antiterrorista. En algunas comunidades prácticamente hay una ocupación militar, allanamientos y tiroteos terminan con más comuneros detenidos y acusados. El ordenamiento jurídico chileno permite que tribunales militares juzguen a civiles, que se presenten testigos sin rostro y protegidos, y que no haya traducción al idioma originario. Pocos países del mundo sienten orgullo del atropello, el abuso y la injusticia como Chile. “Este We Tripantu renovamos nuestro compromiso con nuestra gente, con nuestro pueblo. Muchos de nosotros nos encontramos encarcelados, aunque sin dolor ni sufrimiento como tal vez se pueda creer. Lo enfrentamos con dignidad porque justamente nuestra lucha, la lucha de nuestras comunidades es digna por donde se le mire”, dice Pascual.

La ley antiterrorista y la permanencia de tribunales militares viola la independencia e imparcialidad establecidas en tratados de derechos humanos ratificados por Chile, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. El propio relator especial de la Comisión de DDHH de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, solicitó al gobierno chileno no ocupar dicha ley contra los mapuches, y menos aún si se trataba de “hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. Pero el Estado de Chile incumple la Convención Americana de Derechos Humanos. La propia Corte Interamericana ha dicho que “los Estados no pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno”. Chile se vanagloria de su injusticia, de su vergüenza. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en una misiva dirigida al presidente Sebastián Piñera, dice: “Pascual Pichún pertenece a una familia mapuche, víctima de una persecución policial y política desde el 2001, por resistirse a la ocupación de sus tierras por multinacionales forestales. Este joven mapuche, acusado, junto a su hermano de incendiar un camión de dicha multinacional, pidió asilo político en Argentina, en donde se asentó y comenzó a estudiar Periodismo. Resulta inconcebible Sr. Presidente, que todavía hoy se juzgue a los hermanos mapuches, que defienden su territorio y recursos naturales, bajo la ley 18.314 sobre conductas terroristas, creada por la dictadura militar de Pinochet para perseguir a sus opositores”. Su carta ni siquiera fue publicada por la prensa oficial. El tema es silenciado como mucho de lo que ocurre en Chile.

HACIA LA LIBERTAD

“Quería ver y vivir lo que está sucediendo acá, en mi comunidad, con la lucha de mi pueblo… Aunque sé que las organizaciones que hay o había se han alejado de los mapuches, se han convertido en elites… por eso creo necesario construir desde abajo”, dice Pascual. “Manu” -como es conocido por sus amigos- estudiaba periodismo en la Universidad Nacional de La Plata y formaba parte del programa radial La Flecha, que trasmite Radio Estación Sur, del Encuentro de Comunicadores Indígenas de Argentina, del periódico mapuche Azkintuwe -donde firmaba como Manuel Lonkopan-, y de otras muchas iniciativas y sueños.

“Sabía los riesgos de volver, los asumo, no quería esconderme”, dice Pascual. Al tomar su decisión, lo hizo conciente de todo lo que ello significaba, como el ser detenido y encarcelado. Su amiga y compañera de La Flecha, Zulema Enríquez, le explica lo que la Comisión Pascual Libre Argentina ha realizado, y las últimas noticias en Facebook y el Blog que han abierto por su libertad en Argentina. Pascual se sorprende sin ocultar un poco de orgullo: “La solidaridad en Puelmapu ha sido importante, pero en Chile hay pocos gestos similares. Acá ha sido más difícil que mi situación, y la de todos los presos políticos, se visibilice, se difunda. Los medios oficiales no publican nada. Bachelet, cuando era presidenta, dijo que en Chile no había prisioneros políticos mapuches, y recientemente el presidente Piñera, volvió sobre lo mismo. Hay razón de Estado, la derecha y la que hoy es la oposición están básicamente de acuerdo en el tratamiento que le dan al pueblo mapuche”, dice. “Estoy muy agradecido -continúa- del apoyo que he recibido, pero quisiera que se hiciera más por todos los prisioneros políticos, que mi situación sirva para que se tome conciencia de lo que está ocurriendo en las comunidades. Aquí y allá, al otro lado de la cordillera. Más allá de mi caso en particular debiera generarse un compromiso de la sociedad chilena y del movimiento mapuche, para cambiar esta situación, que ya no da para más”, dice.

Pascual deberá cumplir una condena de cinco años, a la que se agregarán 40 y tantos días más por el delito de “usurpación de identidad”. Si le suman el tiempo en que firmó más los meses que lleva encarcelado, se acortará un poco la pena. Hay posibles salidas administrativas a las que pudiera acogerse, como la prescripción parcial y los beneficios intrapenitenciarios, incluso lo que ha publicitado la iglesia y el gobierno como “indulto bicentenario”. Pero nada es seguro. Todo dependerá de la presión que pueda ejercer el movimiento mapuche acá y allá, y quiénes le apoyan.

“¿Han venido a verte organizaciones de derechos humanos, la CECT, la Defensoría Popular, FASIC, CODEPU, Agrupaciones de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos, Ex Presos Políticos, algún parlamentario, el Colegio de Periodistas?”, le pregunto. “No”, responde Pascual. “Algunas organizaciones han firmado cartas de apoyo, que están conmigo y eso, denunciando mi situación, pero no han venido a verme ni a expresar acá qué van a hacer o qué están haciendo por mi causa”, dice.

En Argentina, la Comisión Pascual Libre, el programa radial La Flecha, Radio Estación Sur de La Plata, Indymedia Pueblos Originarios, comunicadores indígenas, organizaciones de derechos humanos y estudiantiles, la Secretaria de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y el Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios, entre otros, se han movilizado desde el día siguiente en que Pascual fue detenido, el 26 de febrero de 2010, exigiendo su libertad. La última acción de denuncia se realizó frente al Consulado chileno en Argentina. “Hicimos una radio abierta donde se pidió por tu liberación y la de todos los prisioneros políticos mapuches. La Comisión Pascual Libre fue recibida por el Cónsul Adjunto de Chile en Buenos Aires, que se comprometió a hacer llegar al presidente Piñera toda la documentación que le entregamos”, le informa Zulema Enríquez. “En Bélgica también se realizó una acción a tu favor ese mismo día”, agrega.

“Extraño algunas vivencias en Puelmapu, pero trato de no pensar mucho en eso, pienso más en lo que hoy hago acá”, dice. “Hay presos que llevan más años y lo sacan a uno de cavilaciones, no te dejan entristecer, te sacan rápidamente de esos pensamientos. Ellos se dan cuenta cuando alguien se angustia”, dice.

Las dos horas han pasado con prisa. Pareciera que el reloj se apura o el corazón late más apresurado, más rápido. “Que estés bien, cuídate mucho”, le digo cuando la visita acaba y suena el pito. La gente se empieza a ir. Los presos miran con angustia como sus amores se marchan. Un apretón de manos, un abrazo fuerte. Soy el último. Una tradición de otras prisiones, de otros años, de viejos hermanos que ya se fueron o nos dejaron. “Sí, estoy acá, pero ya estaré allá, afuera”, me dice. El dolor inunda todo como la lluvia que sigue cayendo. Una parte de mí se queda con él, en esos muros oscuros de sólidas rejas, prisionero. Pero los carceleros no saben, ni siquiera sospechan… que una parte de él, sale conmigo, en mis ojos, mi corazón, mi piel, traspasando rejas y muros hacia la libertad, sintiendo la lluvia en los pies.

ARNALDO PEREZ GUERRA
(*) Historiador y periodista, ex prisionero político.

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