El Poder Legislativo le hizo el quite a la transparencia y el 3 de julio aprobó una ley que prohíbe el ingreso del público a las comisiones de trabajo y al mismo tiempo, declara que las grabaciones o apuntes de estas sesiones, no serán públicas. Este último aspecto es muy relevante puesto que es en estas instancias donde se diseñan y negocian los aspectos clave de los proyectos de ley. Lobby incluido.

Las sesiones de las comisiones parlamentarias, donde se discuten los proyectos de ley a fondo, se reciben las opiniones de expertos y se ofrecen audiencias a organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas, son la instancia más relevante dentro de la discusión legislativa y hoy, tras la entrada en vigencia de la ley 20.447 -el pasado 3 de julio - le cierran las puertas al público. "Esta ley va en contra de todos los principios que hoy existen en materia de transparencia. Porque la tendencia es la apertura y la excepción es la reserva", afirma Ana Bascuñan, encargada del monitoreo legislativo de Vota Inteligente -organización que pretende transparentar la gestión política.

La ley 20.477 consiste en una serie de modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional (LOC) 18918, que rige al Congreso Nacional. Es una ley muy amplia y a pesar de que avanzó en temas de transparencia y acceso a la información del trabajo legislativo, al hacer públicas las discusiones en la sala, retrocedió fuertemente frente a las comisiones de trabajo, donde en el artículo 5 A se dictamina que: "Las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros" y por otro lado señala que: "Los materiales de registro de las secretarías de las comisiones y de los comités parlamentarios, tales como grabaciones, apuntes u otros instrumentos de apoyo a esa labor, no serán públicos".

Hoy las comisiones deben entregar un informe que resume la labor realizada en las sesiones, es decir, tienen que exponer los principales argumentos de la discusión y la votación de los proyectos. Pero esto no es suficiente para la transparencia, como afirma Ana Bascuñan -quien desde marzo sigue los movimientos legislativos - porque hoy para saber qué pasó en el debate de la comisión, se debe esperar a que finalicen todas las sesiones para que emitan un informe y por ende, no se puede hacer un seguimiento regular del trabajo. Por otro lado, Bascuñan alega que estos informes están muy "editados" y "muchas veces aparecen las votaciones de la comisión, pero no dice quién votó a favor y quién en contra...".

No es raro entonces que Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia, haya dicho que "el poder que más ha costado que se incorpore a la transparencia, ha sido el poder legislativo", como afirmó el viernes pasado en entrevista con El Mostrador TV.

El Congreso no se rige por la Ley de Transparencia, y según Moisés Sánchez, director ejecutivo de Fundación Pro Acceso, una de las razones de esto fue que se iba a regular al Congreso "en la Ley Orgánica Constitucional y se entendía que iba a respetar los mismos estándares (que la Ley de Transparencia)". Frente a esto, Sánchez agrega que "esta ley tiene que ser mejorada en el futuro... hacer un cambio legal que elimine las restricciones a la información en el ámbito de la discusión".
Partidarios y opositores

El artículo 5A de la LOC fue votado por una comisión mixta, donde los parlamentarios que votaron a favor de no permitir el acceso del público a las comisiones o registros fueron: Andrés Chadwick (UDI), Pedro Muñoz (PS), Hosaín Sabag (DC), Alberto Cardemil (RN), Guillermo Ceroni (PPD), Edmundo Eluchans (UDI), José A. Gómez (PRSD) y Soledad Alvear (DC). El único parlamentario que votó en contra fue el diputado Jorge Burgos (DC) y hubo sólo una abstención, por parte de Marcelo Díaz (PS).

El principal argumento que utilizaron los parlamentarios que votaron a favor de este artículo, queda reflejado en las palabras del diputado Ceroni: "De esta manera, el debate se puede dar en forma más tranquila y sin presión, para que el legislador emita sus opiniones. Además, el espacio físico de las comisiones, no permite el ingreso de mucha gente". Por otro lado, el diputado Ceroni asegura que esta ley no atenta contra la transparencia, "en la medida en que se tiene total claridad sobre los argumentos centrales de la discusión, que están presentes en los informes".

Pero para el diputado Burgos, quien votó en contra de la disposición contemplada en el artículo 5 A de la LOC, esto va en contra de la transparencia porque considera que "jamás la regla general puede ser el secreto. La regla general debe ser el carácter público de los actos y las resoluciones de los órganos del Estado, y el secreto debe ser la excepción a la regla, cuando concurran algunos de los supuestos del artículo 8 de la constitución Política de la República".

También hay parlamentarios que están en la mitad. El diputado Ramón Farías (PPD), se suma al argumento de Ceroni en lo relativo al problema de espacio físico para que las sesiones de las comisiones sean públicas y por otro lado, afirma que le gustaría que todas las sesiones "sean transmitidas por Internet, porque hoy contamos con las cámaras y micrófonos para hacerlo".

¿Revirtiendo la situación?

La ley que prohíbe el acceso del público a las comisiones y a las grabaciones de estas, no sólo ha causado molestia por pasar por alto los principios rectores de la transparencia, sino que ha afectado a los integrantes de las comisiones, en la medida en que por ley, sus asesores externos deben permanecer fuera de la sesión. Es por esto, que se presentó un proyecto de ley que pretende fortalecer el trabajo parlamentario y los principios de transparencia, por medio de tres ejes: Facilitar el acceso de público a las Comisiones -al poder acceder a ellas con el consentimiento de la mayoría de los parlamentarios presentes y no la mayoría absoluta; flexibiliza el acceso a los materiales de registro de las comisiones (grabaciones), al determinar que podrán ser públicos tras un acuerdo de los integrantes de la comisión; y regula la asistencia de los asesores legislativos de los parlamentarios.

Pero este proyecto de ley que fue presentado el 12 de agosto y está en primer trámite constitucional, no soluciona el problema de fondo, que es que la lógica que se está usando en el Congreso es contraria a la que rige la Ley de Transparencia, en la medida en que la regla es el secreto y la excepción la apertura, frente al trabajo de las comisiones. El diputado Burgos, considera que la regla general debería favorecer la publicidad en todo momento de las sesiones, a menos que por acuerdo de la mayoría estas fueran calificadas de secretas, por pertenecer a temas de interés o seguridad nacional.

Un tema pendiente en transparencia y probidad, de la ley 20.447, y que no está contemplado en el nuevo proyecto de ley, es el hecho de que los alegatos por incumplimiento de transparencia de las comisiones, no los ve el Consejo para la Transparencia como en otros casos, sino que es la misma comisión la que tendrá que establecer una comisión de ética y transparencia, la cual determinará si se cometió alguna falta. Para Moisés Sánchez, de la fundación Pro Acceso, esto plantea un problema de independencia: "La comisión de ética y transparencia está integrada por parlamentarios y tiene como fin evaluar a otros parlamentarios... Eso no garantiza la independencia de las decisiones".

Fuente: http://www.elmostrador.cl