El drama del minero sepultado hace dos años en un pique

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Hace casi dos meses que 33 mineros permanecen atrapados en la mina San José de Copiapó. Su rescate ha movilizado a todo el país y en él se han invertido millones de dólares. Manuel Martínez Vega no tuvo la misma suerte. Sólo cinco días después del derrumbe que lo dejó atrapado 300 metros bajo tierra en una mina de Antofagasta, las autoridades decretaron que estaba muerto, aunque su pareja confiaba en lo contrario. El cuerpo de Martínez cumplirá dos años sepultados bajo toneladas de roca. Trabajaba en una mina que tenía prohibido operar por falta de seguridad. El responsable de las faenas sólo fue multado, no hubo sanción penal, y menos de un año después fue autorizado para explotar otro yacimiento, el mismo que usaba de pantalla para vender el mineral del pique donde yace Martínez. Nada ni nadie obliga a sacarlo de ahí.

 El lugar está señalado en campo desértico, a 50 kilómetros al norte de Antofagasta, poco después de tomar el desvío de la ruta B-400 que conduce al sector conocido como Distrito Desesperado. A cuatro kilómetros de ese desvío se encuentra la entrada a la mina donde permanece sepultado Manuel Alfonso Martínez Vega, quien hoy tendría 61 años. Hace casi dos, en octubre de 2008, trabajaba en la mina Juanita cuando ocurrió un derrumbe que lo dejó aislado. Sus compañeros alcanzaron a salir de milagro, no así él, que quedó atrapado a 300 metros bajo tierra, sin que jamás se conociera la suerte que corrió tras el accidente.

 Desde entonces su cuerpo permanece sepultado y es muy seguro que siga así por siempre. Nadie se hace cargo de su rescate. Nadie ni nada obliga a sacarlo de ahí.

 Su caso no es muy distinto al de los 33 mineros de la mina San José de Copiapó. Martínez Vega quedó atrapado en una zona de muy difícil acceso. Su rescate era costoso y de alto riesgo para los brigadistas, más aún considerando que el yacimiento acarreaba una serie de incumplimientos en seguridad. Sin ir más lejos, en 2006 había sido clausurado pero dos años después igualmente seguía operando sin las autorizaciones correspondientes. Eso no siempre es un inconveniente insalvable en el rubro. En el caso de la mina Juanita había un empresario responsable de las faenas que incluso, por medio de otro yacimiento vecino a su cargo, vendía la producción a la estatal Empresa Nacional de Minería, Enami.

 Ese empresario es Alfredo González Gutiérrez y hoy, pese a haberse acreditado su responsabilidad en los hechos, continúa operando con todas las de la ley el mismo yacimiento a través de la cual vendía la producción de la mina donde permanece sepultado Martínez Vega.

 La gran diferencia con los 33 mineros de Copiapó es la atención que demandó el minero de Antofagasta. En su momento sólo los medios regionales se ocuparon con persistencia de la tragedia. El operativo de rescate fue seguido con interés. Pero cinco días después del accidente, una vez que las autoridades de la región decretaron la muerte al minero, fue quedando en el olvido.

 El mes próximo se cumplen dos años desde que Manuel Martínez Vega quedara atrapado en un pique de Antofagasta. Tiempo más que suficiente para tener certeza de su muerte. Qué apuro puede haber entonces para sacarlo de ahí.

MATERIAL ESTERIL

 El lunes 13 de octubre, dos días después de ocurrido el accidente, una funcionaria de la Secretaría Regional de Salud de Antofagasta se constituyó en el lugar del accidente y levantó un acta que parte por indicar que “el señor Manuel Martínez Vega se encontraba acuñado una labor del nivel 1050 del frente N° 2 de la mina Juanita”. Esto es, a una profundidad de 300 metros en un pique que al igual que la mina San José de Copiapó carecía de una entrada alternativa y menos de una escala de emergencia.

 El documento agrega luego lo siguiente:

 “El señor Martínez le solicita a su ayudante, Sr. Juan Pastenes Plaza, que le traiga agua, sale el trabajador y al volver se encuentra que en el lugar se produjo un deslizamiento de material estéril, quedando el trabajador Manuel Martínez atrapado, desconociéndose a la fecha su estado”.

 El acta de la Seremi de Salud de Antofagasta indica además que la mina Juanita, donde trabajaban otros 17 operarios, carecía de las medidas de higiene y seguridad más elementales. Por lo anterior, como primera medida, la autoridad sanitaria determinó mantener la “suspensión de la mina hasta (esperar) informe de levantamiento emitido por Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería)”.

 A esas alturas, el Sernageomin de la región estaba más preocupado de la emergencia que de levantar un informe. Como ocurre en estos casos, la alerta movilizó a las brigadas de rescate de mineras cercanas. Llegó maquinaria pesada para remover material, perros rastreadores y expertos en rescate que ingresaron varios metros al fondo del pique. El primer informe no fue nada auspicioso: el sector donde Martínez Vega se encontraba trabajando había sido inundado por cerca de 500 toneladas de rocas y tierra.


VIVO O MUERTO

 De acuerdo a un ex funcionario de gobierno que participó en las labores de rescate, y que pide reserva de su nombre, desde un comienzo quedó en claro que no sería fácil rescatar a Martínez Vega. Ya fuera vivo o muerto.

 –El cerro prácticamente se le vino encima cuando el minero golpeó algún planchón –dice la misma fuente.

 A lo anterior se sumó otro factor que complicó las cosas. Al día siguiente del accidente en la mina Juanita, dos trabajadores quedaron atrapados por un derrumbe producido en un yacimiento cercano. Se trataba de la mina San José de Tocopilla, que al igual que la otra no contaba con autorización para operar.

 –Aunque el caso de la mina San José de Tocopilla también era complejo, había bastantes más posibilidades de encontrarlos con vida; de hecho los salvamos tras arriesgarnos a poner cuatro tiros de dinamita para que la tierra corriera y nos permitiera entrar hasta donde estaban refugiados –dice el antiguo funcionario de gobierno.

 La situación en la mina Juanita se agravó con el correr de las horas. Hubo nuevos derrumbes y las faenas fueron interrumpidas para resguardar la seguridad de los brigadistas. A fines de esa semana, tras un consejo de seguridad minera en que participaron expertos de Codelco, Escondida y Ray Rock, se determinó que el minero accidentado no tuvo posibilidad alguna de salir con vida del derrumbe. Entonces el secretario regional de Minería, Gastón Novoa, comunicó públicamente que Manuel Martínez había muerto. Al tiempo anunció que un equipo de expertos de la División Salvador de Codelco llegaría en los días siguientes a rescatar su cuerpo.

 Ese equipo de expertos llegó a la zona. Pero el cuerpo, ya se sabe, aún sigue donde mismo.

COMO UN PADRE

 Manuel Martínez Vega y Rosala Thomson tenían una relación de trece años, pero nunca se casaron. Por eso ella no pudo hacerse parte de la investigación del Ministerio Público. Al teléfono desde Antofagasta, su hija Ingrid Alday se queja de que ni siquiera le han permitido revisar las diligencias seguidas por la fiscalía regional de Antofagasta. También se queja de un absurdo: como legalmente Martínez Vega sigue perteneciendo al mundo de los vivos, hay una serie de deudas contraídas en conjunto con su pareja que ésta se ha visto obligada a solventar.

 –Mi mamá no recibió finiquito, indemnización ni nada –dice la hija de la pareja del minero–. Pero a estas alturas lo que más nos interesa es que lo rescaten para tener paz y poder sepultarlo como se debe.

 Martínez Vega fue como un padre para Ingrid y sus hermanas. Ella lo define como una persona “buena y quitada de bulla, que siempre quiso el bien para nosotras”. De no haber sido así, agrega, lo habrían olvidado.

 Ingrid Alday dice que Martínez proviene de Illapel y trabajó desde su adolescencia en la minería. Como se aprecia en las fotos familiares que conserva, era un hombre de piel morena y rostro curtido por el sol. Había pasado por más de alguna emergencia al interior de las minas y había aprendido a sobrevivir a ellas. Días después del accidente, su pareja recordó que poco tiempo antes Martínez le comentó que al interior de la mina Juanita había surcos o mangas donde guarecerse.

 –Por eso tuvimos dudas cuando nos dijeron que había fallecido en el accidente, nosotros creemos que estaba vivo –dice Ingrid.

 Ni ella ni su madre tienen contacto alguno con la familia de Martínez Vega. Nunca la conocieron y hasta donde saben, tampoco se hicieron parte de la investigación del Ministerio Público. La causa fue llevada por la fiscal Ximena Torres, quien la archivó provisionalmente el 1 de febrero de 2009 sin establecer responsabilidades penales ni menos dictar condena alguna contra el empresario responsable de la tragedia. Algo muy distinto a lo que pretende el fiscal jefe de Atacama, Héctor Mella, con los dueños de la mina San José de Copiapó.

 Argumentando que la investigación aún se encuentra abierta, en la fiscalía regional de Antofagasta denegaron su acceso a CIPER. Su fiscal jefe, Cristian Aguilar, se limitó a decir por escrito que la causa fue archivada “luego de realizadas diversas diligencias, como órdenes de investigar, toma de declaraciones, informes periciales y comunicaciones con el Sernageomin regional, no lográndose hasta la fecha el rescate del cuerpo del sr. Martínez Vega, pese a la solicitud despachada en su momento por la fiscalía de efectuar el mismo a esta última institución, sin resultado favorable”.

EL RETORNO DE GONZÁLEZ

 Al teléfono desde Antofagasta, el director del Sernageomin de esa región sostiene que a ese organismo no le corresponde rescatar personas sino fiscalizar.

 –Esa es nuestra función, que es estrictamente técnica –señala Jorge Guerra, dando por descontado que el Ministerio Público tenga facultades para oficiar al servicio que dirige para hacerse cargo del rescate. No obstante ello, admite que el Sernageomin ha coordinado una comisión orientada a dar solución al drama de Martínez Vega. No es lo único que el Sernageomin de Antofagasta ha hecho al respecto.

 Guerra dice que tras la investigación de rigor el Sernageomin sancionó al propietario de la mina Juanita. Ésta figura a nombre de la Sociedad Legal Minera Juanita Uno del Mineral Desesperado y fue arrendada a la empresa Proyecta S.A. Esta última inició su explotación en 2004 y dos años después fue cerrada por problemas de seguridad.

 No es claro desde cuándo estaba siendo explotada de manera ilegal por el empresario Alfredo González Gutiérrez. En su declaración prestada en el sumario de la Seremi de Salud de Antofagasta dijo que dos meses antes del accidente comenzó a realizar labores por encargo del propietario de la mina, que de acuerdo con el registro de sociedades del Diario Oficial pertenece a Mario Carrizo Darlington.

 Este último también es dueño de la mina Paty, a través de la cual se vendía a la empresa estatal Enami el mineral que se extraía ilegalmente desde la mina Juanita. De acuerdo con Jorge Guerra, del Sernageomin de Antofagasta, por este hecho también habría sido multado Carrizo Darlington, además de sufrir el cierre de la mina Paty.

 Sin embargo, como queda demostrado en este caso, en la minería chilena las sanciones no tienen mayores consecuencias para seguir operando en el rubro.

 En junio de 2009, menos de un año después de que un minero quedara atrapado en una explotación que operaba ilegalmente, el mismo director del Sernageomin que cursó las sanciones autorizó a que la mina Paty volviera a funcionar. La resolución N° 245/2009 está firmada por Jorge Guerra y autoriza al empresario Alfredo González Gutiérrez a explotar un yacimiento con un potencial de 1.500 toneladas de cobre al mes que es vendido a la Enami.

 –La mina Paty fue paralizada al momento que se detectó que vendía ilegalmente mineral de otro yacimiento. Pero después esa mina presentó un proyecto nuevo y entró en un plan distinto al que tenía –argumenta el director regional del Sernageomin de Antofagasta.

CELO Y PROFESIONALISMO

 El empresario Alfredo González Gutiérrez no sólo volvió a operar un yacimiento minero después de ser sancionado por el Sernageomin. Fue multado con 50 UTM ($1.872.700 de hoy) por la Dirección Regional del Trabajo por incumplir cuatro aspectos de la normativa laboral, entre ellas una relacionada con la seguridad de los operarios. También fue multado con 100 UTM ($3.745.400) por la Seremi de Salud de Antofagasta, tras comprobarse que había trasgredido siete normas, entre ellas el hecho de que “no cuenta con procedimiento de trabajo seguro para la labor que se está ejecutando”.

 En su apelación a la sanción económica, González Gutiérrez argumentó lo siguiente:

 “Para iniciar las actividades de pequeño minero, y luego de una exhaustiva evaluación del terreno donde iba a trabajar, me decidí invertir en el levantamiento para ejecutar las obras de la mina de nombre de fantasía ‘Juanita’, lo que hice con mucho celo y profesionalismo, invirtiendo todo mi capital en esta nueva etapa de mi vida, objetivo que fui cumpliendo cuando fue tomando forma el campamento, lo que me tenía demasiado ilusionado. Pero todo se vino al suelo cuando ocurrió el lamentable accidente ya conocido por todos nosotros, lo que me llevó a una pérdida económica tremenda (…) Ante la multa que me fue impuesta no podría pagarla jamás, ya que hasta la fecha no he percibido dinero. Me tiene toda la situación actual que atravieso en la quiebra económica”.

 La apelación resultó rechazada y en abril de 2009 la Seremi regional de Salud ratificó la multa contra Alfredo González Gutiérrez. Precisamente en esos días, cuando el caso de Manuel Martínez Vega había quedado en el olvido, el empresario responsable de su tragedia iniciaba los trámites de rigor para un nuevo emprendimiento minero.

Foto: celebración de los familiares de los 33 mineros, luego de ser encontrados con vida

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