El show de las bombas: Mucha imaginación y pocas pruebas

El show de las bombas: Mucha imaginación y pocas pruebas

Aplicar la Ley Antiterrorista en causas mapuches o por la detonación de bombas “es un desacierto del gobierno chileno” sostiene Human Rights Watch (HRW), y agrega: “El Estado ha sido inconsecuente al aplicar la norma y afirmar ante la Organización de Naciones Unidas que en Chile el terrorismo no existe”. Se detiene y acusa a 14 jóvenes, se imputa a anarquistas, antiautoritarios y ex militantes del MAPU-Lautaro en un show con “pruebas” que arrancan carcajadas en el tribunal. Aunque Sabas Chahuán, fiscal nacional, descartó “irregularidades” en la investigación del fiscal Alejandro Peña, algo huele a podrido en el bullado “caso bombas”.

Cerca de 17 horas duró la audiencia de formalización de los acusados de colocar más de 125 bombas, la mayoría de ruido, en Santiago en los últimos años. El día de la audiencia de formalización el tribunal fue cercado por la policía y se detuvo a unas 50 personas. Según la Fiscalía habría un modus operandi, “la forma en que han sido confeccionados (los artefactos explosivos), especialmente lo que dice relación con la sustancia que se utilizó, principalmente la pólvora negra, y también la forma de colocar un temporizador”.

Sin embargo, para el abogado Alberto Espinoza Pino “todo es un show de la Fiscalía; no hay pruebas para calificarlos como terroristas”. Para el fiscal Alejandro Peña incluso existiría una red de protección de anarquistas integrada por ex funcionarios públicos. Parece completamente absurdo que siquiera lo piense. “Todo eso sólo existe en la imaginación del fiscal Peña”, dice Espinoza. Se presentó como prueba la composición química de un supuesto explosivo que una detenida, Andrea Urzúa, habría intentado ingresar a la cárcel de Neuquén, Argentina, al visitar a su cuñado, Marcelo Villarroel Sepúlveda, en ese entonces preso en esa ciudad. Pero fue la propia justicia argentina la que la dejó en libertad sin más trámite.

Las “pruebas” contra los “terroristas” que se presentaron en el tribunal son “llamadas telefónicas”: una que recibió Rodolfo Retamales Leiva de una ex novia -María Carolina Lizárraga- que trabajaba en la Intendencia de Santiago. Ella le hace una advertencia que no se sabe bien de qué se trata. Y esa conversación es el único antecedente que permite “construir” la “red de protección de ex funcionarios públicos”. Otra llamada telefónica interceptada es de Pablo Morales Fuhrimann a Andrea Urzúa Cid, familiar de Marcelo Villarroel, preso en Argentina, que va a visitarlo; en la conversación le pregunta si lleva “todas las cosas, los bolsos”. Ella contesta que está escasa de dinero y pregunta si le puede cargar el celular con $ 3.500 pesos. El fiscal Alejandro Peña deduce por lo tanto que hay “financiamiento” para un viaje que califica de “operación terrorista”. Un viaje de familiares que visitan a su pariente preso. Según el fiscal, Pablo Morales es el “financista” y controlador del viaje, lo cual revelaría su jerarquía dentro de la “asociación ilícita terrorista”.

¿Dónde están las bombas?

También como pruebas la Fiscalía presenta videos incautados en la casa de Rodolfo Retamales Leiva y que forman parte de su actividad profesional, pues confeccionaba un collage de imágenes de protestas y marchas emitidas por Chilevisión, Megavisión y Canal 13. La Fiscalía presentó también fotografías de personas que entran o salen de algunas casas okupa. Según el fiscal, esas casas son “centros de poder” y entrar o salir de ellas tiene una connotación “ilícita”, cuasi terrorista, y presenta apariencias de “organización” y “planificación clandestinas”. El abogado Alberto Espinoza subraya: “Ni Pablo Morales Fuhrimann ni Rodolfo Retamales Leiva están acusados de colocar bombas, ni tampoco se establecen nexos con quienes están formalizados por colocarlas. No se demuestra que existan planes ni jerarquías, ni estructura ni logística alguna. A nadie le encontraron bombas ni elementos para fabricarlas… A lo mejor las bombas existieron, pero de ahí a que estas personas tengan que ver con ellas hay un abismo… Que Pablo Morales Fuhrimann sea responsable de dirigir un grupo en una operación delictual, no resiste el menor análisis”, agrega.

¿Por qué están detenidos entonces? “En parte porque el fiscal pretende justificar su trabajo. Asumió esta investigación hace dos meses y quiere demostrar eficiencia, primero intentando sustraer el conocimiento del asunto a los tribunales de garantía de Santiago para trasladar la competencia judicial a San Miguel, donde el fiscal contaría con algún grado de simpatía. En la audiencia de formalización, un juez con bastante coraje -porque las presiones del Ministerio del Interior eran fuertes- dejó en libertad a 6. Dicha resolución dejó en evidencia que los cargos de la Fiscalía solo existen en la imaginación del fiscal. Es sorprendente la orquestación de los medios periodísticos. El Mercurio, La Tercera, TVN, etc., han efectuado una ofensiva comunicacional en estrecha alianza con la Fiscalía, pero han sido tan burdos, que esa operación les está resultando en contra”, agrega el abogado Alberto Espinoza.

La Fiscalía intentaba acumular en el 11º Juzgado de Garantía la investigación por más de 125 atentados explosivos -la mayoría bombas de ruido- ocurridos desde el año 2005. Sólo 8 de los 15 acusados quedaron en prisión preventiva. Buena parte de las acusaciones se basan en los dichos de un dudoso personaje: Gustavo Fuentes Aliaga -a quien el Servicio Médico Legal le habría diagnosticado esquizofrenia-, traficante de drogas y agresor de mujeres, quien cumple condena por el homicidio frustrado de su ex novia, Candelaria Cortés-Monroy, una de las jóvenes okupas investigada. Su testimonio sirvió para imputar la “colocación de bombas” a cuatro de los detenidos, entre ellos la mujer a la que casi asesinó.

“Terroristas” con domicilio conocido

Alberto Espinoza Pino es abogado de Pablo Morales Fuhrimann y de Rodolfo Retamales Leiva, ex lautarinos, calificados por la Fiscalía como “líderes” en la asociación ilícita. Morales y Retamales participaron en una acción militar del MAPU-Lautaro, en 1992, contra los escoltas del intendente de Santiago, Luis Pareto, y que costó la vida de tres detectives y un subversivo, Andrés Soto Pantoja. Ambos cumplieron largas condenas por ese crimen. Otro ex lautarino, Omar Hermosilla, es acusado de haber facilitado su cuenta corriente para recibir “financiamiento exterior”. Pero las sumas “descubiertas” en esa cuenta no superan los 700 mil pesos (1.300 dólares). No parece creíble que ese exiguo dinero sea el financiamiento de una organización como la que el fiscal y el ministro del Interior pretenden instalar en la opinión pública. “¿Qué terroristas son éstos que tienen domicilio conocido, teléfono celular, trabajo estable, familias y, que además, firman periódicamente por encontrarse en libertad condicional? Es realmente insólito. Para que Pablo obtuviese la libertad condicional, firmó una carta donde renuncia voluntariamente a la violencia. Se les trata de hacer aparecer por culpables de una manera descarada. No hay nada de lo que Pablo haya estado haciendo en los últimos años que indique que podría ser líder de un grupo terrorista”, dice Alejandra Morales Fuhrimann.

Su hermano Pablo fue detenido tras un violento allanamiento en Peñalolén. “Nos asiste como familia la tranquilidad de la verdad. No hay tiempo ni lugar en la vida cotidiana de Pablo para ser acusado de líder de un movimiento terrorista. Su vida en los últimos años está muy lejos de eso. Hay que aclarar que no fue indultado, como se ha publicado; él obtuvo el beneficio carcelario de salida dominical en noviembre de 2003, al cumplir más de la mitad de los 20 años a los que fue condenado”, dice su padre, Hernán Morales. “Mostrarlo como terrorista es un abuso y una mentira que violenta la vida de nuestra familia y de nuestros amigos. La indefensión es tremenda, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Pablo ha sido condenado por la prensa y por el gobierno”, agrega Hernán Morales. “Llegaron a las seis de la mañana a hacer el allanamiento, con violencia feroz. Rompieron la puerta, dieron vuelta la casa. A Pablo y su mujer los esposaron. Les mostraron la orden de allanamiento cuando estaban tirados en el suelo”, dice Alejandra Morales. También se conoció el testimonio de Viviana Uribe, presidenta de Codepu, quien denunció el brutal procedimiento policial y de la Fiscalía en su casa en Batuco. Para los defensores de los derechos humanos es inconcebible el que el fiscal Alejandro Peña haya hecho su práctica en los años 90 en el propio Codepu.

Carabineros informó que había arrestado a los ex lautarinos y a Andrea Urzúa Cid en casas okupas y que les habían efectuado “pruebas científicas” que determinaban la manipulación del explosivo TNT… Pero ellos estaban en sus propias casas y aún no eran detenidos cuando se les dio como tales. Curioso es que el jefe de Inteligencia de Carabineros, general Bruno Villalobos, se atribuyera el mérito de las investigaciones, y señalara que se había desplegado un aparatoso equipo técnico que incluía “pruebas genéticas y atómicas”. “Es un terrorismo bastante ingenuo con domicilio y teléfono conocido. ‘Terroristas’ que estaban cumpliendo una condena y bajo control penitenciario… Semanalmente concurrían a firmar al Patronato de Reos. Serían terroristas sui generis, con trabajo estable, vínculos familiares sólidos y burgueses, que cumplen con obligaciones que les impone el Estado”, observa el abogado Alberto Espinoza.

Una casa okupa arrasada

El Centro Social Ocupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti, de la calle Santo Domingo, nombre de una de las casas okupas allanadas y clausuradas, afirma en un comunicado que se trata de una cacería de brujas. Durante el brutal allanamiento había un menor de un año: “Fuimos trasladados a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, donde se nos informó que algunos teníamos órdenes de detención por los delitos de ‘asociación ilícita terrorista’ y ‘colocación de artefactos explosivos’. Pasadas las horas, quienes no teníamos orden de detención nos dirigimos a nuestra casa para cerciorarnos de las condiciones en que la dejaron… La sorpresa fue enorme cuando encontramos a efectivos de la PDI bloqueando el acceso. Gracias a un abogado logramos sacar algunas cosas personales. Dentro de la casa rompieron afiches, rayaron un mural y robaron dinero”. Agregan: “Gracias al apoyo de compañeros solidarios, pudimos rescatar parte de nuestra querida biblioteca. Lamentablemente hasta hoy no recuperamos todo lo nuestro. No es una sorpresa para nosotros que nos hayan quitado nuestro hogar. El poder quiere aniquilar a todo el que lucha contra los abusos de la autoridad”.

Por su parte, Alejandra Morales Fuhrimann dice: “Mi hermano Pablo está acusado de liderar una ‘asociación ilícita terrorista’. Sin embargo, no se le imputa siquiera haber puesto una bomba, o poseer explosivos o armas. Todo esto es una aberración… Las pruebas son inconsistentes, frágiles o dudosas. Todos sabemos que esta investigación se inició el 2005 con el fiscal Xavier Armendáriz. El fiscal Alejandro Peña en sólo dos meses armó todo este cuento, pero no tiene ninguna prueba distinta de las que conoció Armendáriz… excepto las que supuestamente obtuvo en los allanamientos. Hay dos con las cuales se imputa a Pablo ser un ‘planificador estratégico e ideólogo de terroristas’. Una la escribí yo misma, de mi puño y letra; la otra, fue escrita por su pareja. Son listados de los amigos más cercanos que hicimos cuando él fue detenido en 2008, por una acusación de 16 años antes en una Fiscalía Militar”, señala Alejandra Morales. En esa ocasión Pablo Morales fue encarcelado 53 días pues el gobierno desempolvó un supuesto proceso en su contra de 1992. La verdad es que fue detenido porque estaba alcanzando “notoriedad” al haber sido “vocero” de los familiares y amigos de los ex lautarinos acusados del asalto al Banco Security y el asesinato del cabo Moyano.

Más montajes, más criminalización

El 30 de agosto, la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones arrestó a otros dos ex lautarinos, acusándolos de asaltos a mano armada, y vinculándolos al bullado “caso bombas”. Se trata de Patricio Gallardo Trujillo -indultado en 2004- y Alejandro Rodríguez Escobar (en la foto) -en libertad condicional ese mismo año-. Alejandro Rodríguez y Patricio Gallardo tienen estudios de sociología en la Universidad ARCIS. Rodríguez trabajaba en el restobar KIMÜN, ubicado en Dardignac Nº 0195 Barrio Bellavista, y colaboraba con quien escribe entregando la revista Punto Final a los suscriptores de Santiago Centro. Su detención es un completo absurdo. “Doy fe que Alejandro Rodríguez Escobar es una persona comprometida con sus labores como trabajador y su pasado de compromiso político hoy le impide su reinserción social ya que, según mi parecer, esta implicancia en los hechos que se le imputan, un supuesto robo con intimidación, no tiene ningún peso judicial”, dice Gabriel Cheuquepán, dueño del restaurante.

Por su parte, su hermano, Álvaro Rodríguez, señala: “El 4 de septiembre, mi madre Elena Escobar Donaire y yo, intentamos visitar a Alejandro, detenido en la Centro Penitenciario de Santiago 1. Gendarmería nos informó que ‘no tiene derecho a ser visitado por sus familiares aún proviniendo desde la IV Región’, que es donde habitamos. La denegación de este derecho por parte de un servicio del gobierno policíaco y mentiroso es una muestra más de la represión de la cual somos objeto en esta maniobra de montaje criminalizador… Se nos ha informado que Alejandro debe vestir como ellos señalan. No puede usar determinados colores y tipos de ropa, exigiendo a sus familiares la compra de implementos de vestir ‘autorizados’. A ello se suma la prohibición de consumir ciertos alimentos, frutas y verduras y, como si fuera poco, debe ‘comprar’ al interior del recinto carcelario -una cárcel concesionada modelo- todos los enseres que necesita para su ‘estadía’ en dicho establecimiento… Estas medidas solo persiguen agotar nuestra poca paciencia. Es una manera de desincentivar a quienes tenemos la necesidad de contactarlo para establecer los mecanismos y formas de terminar cuanto antes con esta situación. Vamos a exigir cuanto antes su excarcelación. Recurriremos a todo para que la Fiscalía muestre los ‘argumentos y pruebas’ que dice tener en su contra”. El 6 de septiembre, Elena Escobar Donaire y la compañera de Alejandro, Bárbara Catalán, nuevamente fueron impedidas de ingresar al penal a visitarlo. Su defensa la asumirá la abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza Donoso.

El Ministerio de Interior presionó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que presentara la querella por Ley Antiterrorista en contra de los formalizados por el fiscal Alejandro Peña, que se suma a la ingresada por el propio ministerio. La criminalización y montajes que instaló el gobierno tienen sus ribetes manifiestos en la prensa. La Tercera editorializó pidiendo “sanciones” contra el juez de garantía Jorge Norambuena, que había dejado en libertad a Alejandro Rodríguez y Patricio Gallardo criticando las “pruebas” aportadas por la Fiscalía, señalando incluso que los reconocimientos fotográficos y la rueda de detenidos eran “completamente ilegales”. “Lo que parece inaceptable, sin embargo, es la otra argumentación esgrimida por el juez para otorgar la libertad a los ex lautaristas. El magistrado señaló que anteriores condenas sufridas por los imputados en 1999 y 2000 no serían consideradas como antecedentes de mala conducta por su juzgado, porque fueron dictadas por tribunales militares que ‘no respetaron las garantías de un estado democrático de derecho’”, decía La Tercera. Según el editorialista “es inusitado que el juez se arrogue el derecho de calificar fallos emitidos en conformidad a la legislación vigente”. El magistrado Jorge Norambuena estimó insuficientes e ilegales las pruebas que la Fiscalía presentó e invocó tratados internacionales y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las “pruebas” son tan absurdas que se acusa a Alejandro Rodríguez de “robar” y “manejar” un vehículo en septiembre de 2009, vehículo que, luego, manejado él, participó en un intento de asalto a un camión de Prosegur. “La verdad es que mi hijo Alejandro ni siquiera sabe manejar vehículos. Nunca ha tenido licencia de conducir. Y el día que lo acusan del asalto se encontraba trabajando en la empresa de fotocopiado Max Hüber, donde cumplía horario y marcaba tarjeta todos los días. De eso hay constancias y documentos. Mi hijo es completamente inocente y se lo está acusando por su pasado de preso político”, dice Elena Escobar. Fue el propio juez Jorge Norambuena quien señaló que “las condenas dictadas por tribunales militares fueron aplicadas sin respetar las garantías en un Estado democrático de derecho”. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en el “caso bombas” y en quienes son acusados de “asaltantes”. Pareciera que la Fiscalía, ante lo feble e inconsistente de sus argumentos, ha optado por inventar que existirían asaltantes que financian a los okupas que ponen bombas. Lo terrible es que personas inocentes seguirán detenidas, acusadas y criminalizadas durante meses o incluso años. Alejandro Rodríguez lanzó un gritó mientras era conducido al tribunal: “Esto es un montaje de la derecha. ¿Qué encontraron en la casa? ¿Pólvora?”.

(*) Historiador y Periodista. Ex preso político. www.liberacion.cl

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