Hablan los padres de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara:

En agosto, a 25 años del asesinato de los hermanos Vergara Toledo en Villa Francia, la Corte Suprema, en fallo dividido, anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones y del ministro en visita Carlos Gajardo, para aplicar la media prescripción pese a calificar los crímenes como de lesa humanidad. El ex cabo de carabineros Jorge Marín Jiménez, que asesinó a Rafael Vergara (18 años) con un tiro en la nuca cuando ya estaba gravemente herido, fue sentenciado a 10 años y un día de presidio por ese crimen y el asesinato de Eduardo Vergara (19 años). Alex Ambler Hinojosa, entonces teniente a cargo del grupo (ascendido luego a capitán CNI) y Nelson Toledo Puente (ex cabo de carabineros y chofer de la patrulla) fueron condenados a 7 años de presidio por el homicidio calificado de Rafael Vergara, también asesinado por la espalda. Los sentenciados no podrán acceder a libertad condicional. El fallo de primera instancia, revocado por la Suprema, contemplaba 15 años para Marín y 10 para Ambler y Toledo. Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 1985 en la Villa Francia y los criminales eran miembros de la dotación de la subcomisaría Alessandri, comuna de Estación Central.

Los padres de Eduardo (ex alumno del Pedagógico) y Rafael Vergara (ex alumno del Liceo de Aplicación), Manuel Vergara y Luisa Toledo, deambularon por décadas en tribunales exigiendo a los jueces cumplir con su deber. Para Luisa, la madre, el fallo es tardío e insuficiente.

¿Qué ha significado para usted el fallo de la justicia?

Este fallo a mí no me da alegría. La justicia sería distinta en Chile si, por ejemplo, estuvieran en prisión preventiva los dueños de la mina San José y la autoridad que autorizó la reapertura. A nosotros los jueces nos dicen que nos dieron la verdad comprobada. Para mí la sentencia fue un nuevo mazazo en la cabeza. La verdadera justicia está por hacerse y sólo será realidad cuando volvamos a ser un pueblo luchador y consciente, solidario y amoroso... sólo entonces sentiremos de nuevo alegría en nuestros corazones.

Nosotros siempre andamos con todos los muertos encima, reivindicamos todos los casos... Aquí había mucha gente detrás. El año 2003 fue la iglesia quien pidió a la Corte Suprema que tomara el caso. Hemos luchado muchos años por los hijos y no sólo con los abogados, también con mucha gente que nos quiere, estamos agradecidos por ese cariño...Para mí, la justicia está en los chiquillos que luchan. Eso me da alegría. Nosotros cumplimos con un ciclo y terminamos esa etapa. Hay tanta gente que sufrió tanto o más que nosotros, como los familiares de los detenidos desaparecidos. ¡Yo incluso pediría perdón a otros que aún esperan justicia!

Todos los dictámenes son políticos. Con muchos artículos y citas los jueces trataron aquí de justificar su demora, la rebaja de penas, y su indulgencia en estos casos de crímenes de lesa humanidad. El fallo llega con 25 años de retraso. La justicia tardía no sirve. Los criminales no están notificados, aun están libres! La sentencia no se compara con lo que ellos hicieron: ¡dispararle en la cabeza a mi hijo Rafael cuando ya lo tenían parapléjico y encadenado! A la corte sólo le interesa la verdad. Para los uniformados, la Corte Suprema tiene todo tipo de consideraciones y los criminales que mataron a mi hijo Rafael apenas tendrán siete años de castigo. ¿Y por qué a nuestros hijos, y a los jóvenes que luchan por una sociedad más justa y plena, son capaces de matarlos o de secarlos en las cárceles? A los chiquillos que tomaron presos ahora acusándolos por el caso bombas, ya los tienen virtualmente condenados; para uno de los presos políticos mapuche están pidiendo 103 años de prisión, los tienen hasta dos años en prisión preventiva.

Manuel, ¿qué ocurrió después del fallo?

"Yo caí muy enfermo, con una severa alza de presión. Un reportero me pidió la opinión, así me enteré y para mí fue algo muy fuerte. Durante tres días vino gente a la casa a saludarnos, hacían memoria de esos tiempos, era como un velorio... Ahora tenemos una sensación de inseguridad, porque el 15 de agosto, en el control de detención de los muchachos de las casas okupa, a mi hija Anita que fue a acompañarlos, pues es amiga de algunos, un gendarme la golpeó en la cabeza. Quedó con un TEC cerrado, estuvo varios días mareada, en cama, con licencia médica. Pensé que ella se podía morir, que podía quedar mal de la cabeza..."

Luisa acota:

"Cuando daban las listas de detenidos por el caso bombas (okupas), eso nos recordaba el tiempo de los bandos militares y nos sentíamos muy mal. Están tomando gente al tun tun. Somos amigos de ellos, nada más, pero igual da miedo. Pero nosotros nos metimos desde jóvenes en los derechos humanos, lo creemos a fondo y compartimos la lucha de nuestros hijos por una sociedad distinta. No le podemos decir a nuestra hija o a nuestra nieta que no se metan en nada. Es posible vivir de otra manera y no sólo sobrevivir en una sociedad donde unos pocos tienen tanto dinero y la mayoría no tiene nada. Aunque no puedo entender esto de la llegada de un gobierno de derecha. El pueblo chileno está disminuido, está pobre también de adentro. Las mujeres están muy enfermas, con depresión, con angustia por las deudas.

Es una locura, un desastre. Esto es una bomba de tiempo. Hay algo que está latente. Algunos chispazos alentadores, como las movilizaciones de los estudiantes por la educación pública, nos dicen que no todo está perdido. Y cuanto más amenazan, más gente aparece. Este año, para el 29 de marzo nos amenazó el Presidente Piñera, nos llenaron de policías pero hubo más de mil personas. Por todo eso yo sigo creyendo. Y entonces vienen los dueños de la riqueza y se enojan. A nosotros nos pegan muy fuerte, como nos pasó ahora con lo ocurrido a Anita y a nuestra nieta. Mis hijos no habrían podido vivir en este tiempo, estarían presos quizás. No sé qué es peor, estar en prisión o perder la vida. Yo a veces estoy mal, pero cada vez que caigo, he logrado ponerme en pie nuevamente.

¿Y cómo hacen para resistir?

Luisa: "Yo ayudo a otra gente, es increíble. Estudié para terapeuta en flores de Bach con una beca en la escuela Mont Vernon, después de haber trabajado mucho tiempo como voluntaria aquí en la Villa. Me acerco a la gente con las gotitas...Es muy estimulante sanar gente y parece que tengo un don para acertar con lo necesario. Hay una cantidad enorme de gente enferma; bueno, el país está enfermo. ..Los niños son hiperactivos y aquí en el consultorio les dan Ritalin y anfetaminas, que son drogas que más adelante generan una tendencia a la adicción. Los jóvenes no tienen oportunidades, tienen que trabajar sin protección alguna o en cualquier cosa. Mi nieta (21 años) trabajó un tiempo como cuidadora de bicicletas."

Manuel:

"Lo que nos mantiene es el amor de la gente. Eso es lo principal. Nosotros nos combinamos, yo voy cuando puedo a las movilizaciones, y Luisa está atendiendo gente aquí. Cada vez que salimos a la calle a protestar, eso a mí me da energía, aunque sea una cosa chica, ver cómo sale la gente. Hay que dejar el miedo de lado y luchar por recuperar la dignidad. Estamos llamados a seguir así, ahora preocupados por los mapuche que están en huelga de hambre y por las acusaciones a otros jóvenes. Yo me siento como tío de todos ellos. Confío en seguir teniendo amigos del alma, de toda la vida...confío en querernos, querernos entre nosotros dos, y a los demás... y acompañar a todos los presos políticos. A cualquiera que caiga preso por luchar yo lo voy a visitar. Así fuimos a ver a Juan Aliste cuando llegó expulsado de Argentina, lo trajeron a un juzgado cercano con un operativo policial inmenso. "

Con una sonrisa que ilumina su rostro, Luisa confirma:

"Estuve allí, le grité su nombre y golpeé el auto en que iba y él me oyó, y me dijo 'Mamita Luisa'. Unos periodistas que estaban ahí me preguntaron '¿por qué viene? ¿El es su amigo?' Y yo les respondí. 'Vengo por humanidad, no por amistad. No lo conozco. Por mis hijos yo sé lo que es la persecución y la lucha, por eso estoy aquí.' Gestos como ése me llenan el corazón, estamos pendientes de todos los que luchan y ellos los saben."

Luisa, ¿qué momentos especiales recuerda de esta lucha por justicia?

"Nosotros movimos cielo y tierra. A uno de los ministros le dije, llorando, que las condenas iban a salir después de mi muerte. Tuvimos que oír a los abogados de los criminales decir que nuestros hijos eran delincuentes y pobres diablos. En marzo pasado se suspendió todo por un tremendo temblor en el tribunal, con más de cien personas que nos acompañaban. Pero nunca nos quedamos callados. Una vez que increpé a los jueces me arrastraron por todo el tribunal, me tiraron como paquete afuera, y en otra oportunidad le pegué un puñetazo al abogado de los criminales. Todos nos conocían, hasta los guardias nos saludaban.

Recuerdo que el ministro Carlos Muñoz (ahora miembro de la Corte Suprema, Nota de PF), que fue quien hizo toda la investigación y nos dio a conocer cómo fueron los hechos, nos dijo el año 2005, después de los 60 testimonios de los habitantes del block 972 C, ubicado frente al lugar en que ocurrieron los hechos: 'La mentira nunca se mantiene, sólo la verdad permanece'. El juez concluyó que era un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible. La justicia militar hablaba de un asalto y de un enfrentamiento. Pero todos coincidían en el relato: fue una ratonera, pues los pacos estaban esperando a mis hijos y ellos mataron primero a uno de los niños; los peritos comprobaron entonces que fueron los propios uniformados quienes hirieron al paco Muñoz y se concluyó que en 1991 el fiscal militar Roberto Reveco había hecho una reconstitución falsa de los hechos. En dos oportunidades fuimos a funar a Ambler Espinoza, en su casa y luego en un recinto especial donde estaba en prisión preventiva".

La media prescripción

El fallo de la segunda Sala de la Corte Suprema fue redactado por el ministro Hugo Dolmetsch y compartido por los ministros Jaime Rodríguez y Carlos KünseMüller. Los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros estuvieron por la absolución y aplicación de la prescripción total por haber transcurrido más de 15 años desde ocurridos los hechos.

La sentencia de mayoría concuerda con la calificación de delito de lesa humanidad asignada por sus predecesores a estos homicidios, y recuerda que aquél era "un tiempo convulsionado en que la fuerza pública estaba presente constantemente en las calles provista de elementos idóneos para reprimir...Se vivían constantes cortes de energía eléctrica y de calles en que no podía haber circulación normal, precisamente por la represión que se hacía de los grupos que querían formular protestas contra el régimen."

Menciona la suspensión de las revistas Cauce, Análisis, Apsi, Fortín Mapocho, Bicicleta y Pluma y Pincel. En un intento de descargo de responsabilidad, sostienen que "no estaba permitido el recurso de amparo, que se declaró improcedente en estos casos, respecto de las medidas de la autoridad, como tampoco el de protección indicándose que (por el Decreto Supremo 138) los tribunales de justicia no podrán entrar a calificar los fundamentos de hecho de las medidas que haya adoptado la autoridad en el ejercicio de sus facultades". Cita el artículo 8 de la antigua Constitución por el cual el gobierno militar "llevó adelante una persecución sin tregua contra todos aquellos que eran militantes del Partido Comunista, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y varios otros más". Por todo ello, sostiene el fallo, se deben aplicar plenamente los tratados internacionales de carácter humanitario y calificar estos delitos como de lesa humanidad.

Crítica a Fernando Reveco

El fallo sostiene que el segundo juzgado militar que sobreseyó la causa en 1985 (encabezado por el juez Reveco) no investigó con rigor los hechos, por lo cual no debió sobreseer. Por ello descarta que haya habido "cosa juzgada" y cita el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Almonacid) respecto de los compromiso derivados de la Convención de Ginebra que impiden la aplicación de la prescripción de las penas.

Más adelante el fallo intenta explicar que esos compromisos derivados de la legislación internacional dejan de ser válidos cuando se recurre a la llamada media prescripción, considerándola de efectos distintos por tratarse de una rebaja de pena y estar "felizmente" incluida en nuestro código penal desde 1874, lo que permite a los jueces aplicarla "a su arbitrio" si se dan los supuestos legales de "tiempo transcurrido e irreprochable conducta".

El fallo considera que los tres enjuiciados tienen irreprochable conducta anterior (de acuerdo al Código Penal esto se refiere al tiempo previo al delito por el que se les acusa) La justicia ciega ignora que un año después del homicidio de los hermanos Vergara, el cabo segundo de carabineros Marín Jiménez, asesinó a su esposa, María Margarita Caballero Ulloa, y fue condenado por la justicia militar a una pena de cinco años y un día, cumpliendo menos de dos años de prisión efectiva. Claro, él pudo asesinar porque el fiscal Reveco lo liberó de inmediato después de sus primeros crímenes.

Criminales en libertad

La aplicación de la media prescripción por la Corte Suprema se inscribe en una tendencia severamente criticada por su incongruencia por los organismos y abogados de derechos humanos. A enero de 2010, según una investigación de la abogada Karinna Fernández publicada en la Revista de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca [1] , la Corte Suprema había declarado aplicable este mecanismo en 43 de los últimos 65 fallos por violaciones a los derechos humanos. 91 criminales recibieron beneficios que les permiten cumplir sus condenas en libertad. Entre ellos está el miembro del Comando Conjunto y ex general FACH Freddy Ruiz Bunger, condenado como autor de tres homicidios, entre ellos el de David Urrutia Galaz. En el episodio sobre detenidos desaparecidos denominado Parral, los secuestradores – que incluso desaparecieron a un menor – quedaron libres. También ha habido al menos tres casos de delitos de lesa humanidad en que se ha aplicado la prescripción total, absolviendo a los culpables. El fallo por el secuestro y desaparición de José San Martín Benavente libró de condenas de 8 años a los ex carabineros Gonzalo Arias, Eduardo Riquelme, Juan Fritz y Omar Burgos. Los secuestros de Jacqueline Binfa, una de los 119 desaparecidos en la Operación Colombo y de Carlos Contreras Maluje, también detenido desaparecido, también quedaron impunes. Se trata de una justicia a la medida de la composición de la sala que estudie el recurso. Así se tiene verdad, aunque tardía, y poco o nada de justicia.

[1] Breve análisis de la jurisprudencia chilena en relación a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Estudios Constitucionales, Año 8, Nº1, 2010, pp 467-488. Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca.