El viernes 28 de Mayo del 2010, en la entrada del COMPIN (Comisión Médica, Preventiva e Invalidez) en Avenida Pedro de Valdivia 702, Concepción y como durante toda la semana, un grupo de personas se manifestó por el mal funcionamiento de la entidad. Su motivación principal fue el no pago de licencias médicas.

Los últimos episodios registrados, ocurrieron cuando otra organización de desesperados usuarios, en similares condiciones que los arriba mencionados, sufrió los embates de la COMPIN. El jueves 9 de septiembre, un guardia golpeó a un trabajador, luego que éste discutiera con un psiquiatra, en reclamo por 5 meses de licencias impagas. El episodio terminó con el guardia y el trabajador detenidos. Al día siguiente Carolina Espinoza de 35 años se encadenó en el frontis de la COMPIN, luego de no recibir pago por 3 meses exigiendo la presencia de la Directora del organismo, María Elizabeth Salazar. El jueves 16 se reunió un grupo de afectados, los que realizaron una toma de las dependencias para juntar firmas, con el fin de conformar un comité de usuarios afectados, dar a luz una serie de irregularidades y trabajar en futuras acciones legales en contra del organismo.

Vale la pena aclarar, que la SEREMI de Salud deja que se transgreda su normativa, pues si la licencia médica demora más de 7 días en la COMPIN, la licencia debe, por ley, ser aprobada y cancelada.
Resumen en su número de Noviembre del año pasado denunció a la opinión pública que el escándalo de las licencias médicas era una inversión de los hechos reales; las licencias médicas cuestionadas representaron menos del 1% de las licencias médicas emitidas. Lo que equivale a señalar que casi la totalidad, el 99%, no fueron cuestionadas.

Los medios acallaron por aquellos días que la SEREMI de Salud del Bío Bío, contrató como médico COMPIN a Tito Forero Vernot: un médico de origen colombiano. Como nos señaló Jorge Retamal, asistente social y experto en el tema, solo en el año 2009  "es posible observar unos 31 fallos en que se señala que éste médico, mediante actos arbitrarios e ilegales, ha violentado  garantías constitucionales tales como la protección de la vida e integridad física de las personas y el derecho a la salud de un sinnúmero de chilenos enfermos. "

En los 31 fallos, el gobierno ha pagado a través de la SEREMI penquista, como señaló Jorge: "sin rubor alguno". Los fallos se encuentran el la Corte de Apelaciones de Concepción.(Consultar www.poderjudicial.cl, año 2009, rol 529, 528, 527, 483, 482, 462,461,460, sólo por mencionar 8)
Se silenció además, la posible corrupción de los médicos contralores, quienes evalúan si una licencia es válida o no, incluyendo las que emiten ellos mismos. Sus licencias se transformarían en seguras pues estos médicos no rechazan las licencias médicas que ellos mismos emiten.

El comité de usuarios de la COMPIN.

Luego de la serie de actividades que realizaron los usuarios afectados por el no pago de licencias de la COMPIN las últimas semanas, Carolina Espinoza, quien se encadenó frente a la entidad, nos señala que "Nos hemos establecido como comité de usuarios de la COMPIN, a pesar de que no cumplimos con los requerimientos para tener la personalidad jurídica para conformar un comité."
Continúa relatándonos que "Hemos recibido orientación de varios abogados, a los cuales les ha interesado mucho la demanda".

El comité, nos señala Carolina, "se ha preocupado por informar, sensibilizar y juntar a la gente, decirle que hay un problema y hacer legítimo el derecho a reclamo, derecho que se nos esta coartando, porque hay que recordar que esta plata sale de nuestros bolsillos, que nos descuentan todos los meses para salud, automáticamente, y cuando yo quiero hacer uso de ese dinero, no lo puedo hacer, desde este punto hemos ido avanzando, sensibilizando a la gente,  haciendo entender que esto no es un favor, es un derecho".

Un trabajador impone todos los meses a Fonasa o Isapre, un 7% de su sueldo, sin obstáculo alguno para ceder los dineros. Ese dinero debe tener absoluta disponibilidad para el pago de licencias médicas que ya han sido aprobadas.

Es de suponer que cuando un trabajador recurre a la COMPIN, es porque se encuentra enfermo, pero resulta que se termina peor a nivel psicológico, económico y físico. Carolina nos señala que "Es necesario que se trabaje e investigue sobre el tema de previsión social, de derecho administrativo, aquí son varias aristas que se tienen que ver, irregularidades sobre los sumarios administrativos y la situación interna de la COMPIN".

El problema de fondo.
El sistema de salud chileno es, por decirlo eufemísticamente, malo. Eufemísticamente, porque en realidad deberíamos decir, un descaro.

En primer lugar, el pago de licencias médicas no proviene del presupuesto de la nación, sino de la propia imposición mensual del trabajador, de su fondo de salud. No se saca del cobre, ni de los impuestos a las grandes empresas, ni del IVA, sino de la imposición del trabajador. No puede haber excusa para no cancelarlas.

En segundo lugar, hasta 1974, las cotizaciones de salud de los trabajadores se repartían entre el Estado (61%), el cotizante (19%) y el empleador (19%). En 1989, tras los geniales políticas neoliberales -las mismas que gobernaron con la Concertación y que hoy conducen las políticas de Piñera-, el aporte del Estado pasó de 61% a un 17%, el cotizante de un 19% a un 81% y el empleador de un 19% a 1,6%, por lo demás voluntario. La mayor parte del aporte a la salud, lo asume el propio trabajador, frente al escaso aporte del Estado, y al prácticamente nulo aporte del empleador. En el Chile actual, postconcertación, las variaciones son anecdóticas. Este fenómeno de desprotección social es mundialmente inédito. Solo se produce en países donde el ingreso per cápita es muchísimo mayor que el chileno, por ejemplo Finlandia.

Frente al desmantelamiento del sistema de seguridad pre-dictatorial, de carácter público, a través del constante recorte en el presupuesto de salud de la nación, y traspasar sus costos a los trabajadores, el Estado da lugar a las ISAPRE.

El Estado, año tras año se endeuda con el sector privado, al mismo que le dio cabida en los 80 porque no invierte en salud, sino que despilfarra, no mejora sus recintos ni su calidad; y prefiere comprar servicios a clínicas privadas. Como señala la Fenats Regional, en su declaración del 17 de Agosto, con respecto a medidas tomadas recientemente por el gobierno: "mil camas ya fueron licitadas y adjudicadas al sector privado por un valor de $350.000 diarios cada una de ellas, en circunstancias que dentro de nuestra red hospitalaria existen centenares de camas cerradas por faltas de recursos y personal"

Vale aclarar que estas políticas privatizadoras venían recomendadas desde la década del 50: Tom Davis, calificó al sistema de seguridad social chileno, como un fondo de acumulación de capitales que se estaban despilfarrando y que debía ser aprovechado para la inversión de nuevas faenas productivas que le darían dinamismo a la economía, que se traducirían en producción y empleos. Sus propuestas fueron mandatos, hoy el 7% de la cotización que se hace en ISAPRE pasa a circular a un fondo de inversión, que sirve de financiamiento para iniciativas privadas de los grandes grupos económicos chilenos y sobre todo transnacionales, que anecdóticamente, casi no generan empleo, el 80% de empleo lo generan las Pymes.

El problema es, por tanto, que la salud de los trabajadores sea utilizada como una mercancía y que el trabajador sea visto solo como mano de obra, hasta los niveles de la corrupción. El reposo es parte del tratamiento de una enfermedad y no puede ser suspendido por temor al no pago de una licencia médica. El nulo compromiso estatal con la salud de los trabajadores, se manifiesta en la desprotección a la que se ve expuesto cuando se enferma. Y ese nulo compromiso estatal también lo señalaron los trabajadores de la Salud en las últimas movilizaciones.

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