Reajuste ratón de los funcionarios públicos

Reajuste ratón de los funcionarios públicos

altLOS TRABAJADORES TRAICIONADOS

Tras la aprobación del reajuste del sector público para el año 2011, el único ganador ha sido el gobierno. Los gremios de servidores del Estado, a la cabeza de ellos la Anef, consiguieron un aumento de sólo 4,2 por ciento, que descontado el IPC equivale a un magro 1%. La Concertación exhibió otra vez sus divisiones internas y la CUT, dirigida por el socialista Arturo Martínez, fue objeto de duras acusaciones de los decepcionados trabajadores que sospechan negociaciones ocultas con el gobierno, en tanto emergieron a la luz pública discrepancias entre la CUT de Martínez y la Anef, que preside el también socialista Raúl de la Puente.

Pero nada de ello se compara con la rabia que ha generado la actitud del presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo del gobierno de Bachelet y líder de la Concertación en materias laborales. Durante la votación clave para definir el futuro del reajuste, Andrade abandonó la sala, no votó. Así permitió un estrecho triunfo de 43 contra 42 votos para el gobierno. Aunque Andrade ha insistido en que su “conducta obedeció a una solicitud de los trabajadores y de sus dirigentes”, su abstención levantó violentas críticas de sus socios de la Concertación. Desde la Democracia Cristiana un grupo de diputados, entre ellos Pablo Lorenzini, Ricardo Rincón y Gabriel Ascencio, pidió congelar la participación de la DC en las reuniones de la Concertación -de la que Andrade es vocero-, en tanto el ex PPD René Alinco lo calificó directamente de “traidor”. Su camarada socialista Marcelo Díaz pidió que la decisión del presidente del partido sea analizada en una reunión extraordinaria, porque ha puesto al PS “en medio de una grave crisis”.

Fue precisamente Arturo Martínez, acusado como una suerte de cómplice en la decisión de Andrade, el único que defendió la marginación de la votación del presidente del PS. Lo que aparentemente buscaba Martínez era apurar la aprobación del reajuste para empujar el pago de bonos y aguinaldos asociados al proyecto, lo que le habría comunicado a Andrade. Una negociación que no consideró las otras demandas de los miles de trabajadores -en aquel momento en las calles- que pedían un reajuste sobre el cinco por ciento y congelar los despidos en el sector público. Andrade defendió su actitud de la noche del miércoles 15 sobre la base de este acuerdo con Martínez y recordó a la prensa y a los trabajadores que la CUT es, finalmente, la entidad que coordina las negociaciones de la mesa con el sector público. “Los gremios, dijo, nunca me pidieron que votara favorablemente. Lo que he hecho es viabilizar la aprobación de un reajuste, tal cual como lo pidieron los trabajadores. Ibamos a rechazar cualquier reajuste inferior a cinco por ciento con una excepción: que los gremios nos pidieran una conducta distinta”, declaró.

Y también respondió a las críticas de sus socios de la Concertación. “Si algunos parlamentarios quieren poner en tela de juicio su participación en la coalición o la vocería (como pidió Gabriel Ascencio), me gustaría que el presidente de ese partido (la DC) me lo dijera. Pero quien coordina la mesa del sector público, por mandato de los propios gremios, es el presidente de la CUT. Me voy a quedar por ahora con la opinión de ese dirigente”. En aquellos momentos los mejores aliados de Andrade eran Martínez e Ignacio Walker, presidente de la DC. Para Walker, Andrade, que ha sido su aliado para acotar a la Concertación frente a los intentos de algunos parlamentarios por ampliar su base hacia el centro y la Izquierda, había actuado de “buena fe y en consecuencia; creo que es un tema que debe resolver el PS internamente”.

Cena en un restaurante del Barrio Alto

Las decisiones de las dirigencias políticas y sindicales quedaron en evidencia días más tarde, a través de la filtración a la prensa de las negociaciones entre Arturo Martínez, los dirigentes de la Concertación y el gobierno. Un pacto a espaldas de los trabajadores suscrito la noche del domingo 12 de diciembre, publicó El Mercurio sin ser desmentido, en un “restaurante en el sector oriente de Santiago” entre los ministros Felipe Larraín y Cristián Larroulet con Osvaldo Andrade y el senador Camilo Escalona. El plan buscaba destrabar las negociaciones, aprobar un reajuste del 4,2 por ciento más un bono de 215 mil pesos y marginar a los sectores gremiales “duros”, liderados por Raúl de la Puente, que pretendían revertir los despidos y un reajuste del cinco por ciento.

Para el gobierno, el reajuste del 4,2 por ciento era “intransable”, ya que se trataba de una señal política y económica para otras organizaciones de trabajadores. Para los dirigentes de la Concertación la fuerte postura del gobierno atada al 4,2 por ciento, y un eventual nuevo rechazo por la Cámara de Diputados a este incremento salarial, podrían generar una crisis política que terminaría pagando la oposición.

Con estas variables sobre la mesa, surgió el pacto que levantó a Arturo Martínez como el hombre clave entre el gobierno, la Concertación y los gremios. Martínez, único interlocutor válido para el gobierno de Sebastián Piñera, fue el encargado de convencer a varios dirigentes de los beneficios de esta propuesta, así como aislar a los sectores sindicales más duros.

Ha sido un pacto, una negociación y finalmente una decisión de cúpulas político-sindicales, prácticas que la Concertación ha utilizado durante décadas. Pero esta vez ha habido variables muy diferentes. Por primera vez en veinte años la Concertación no está en el gobierno y también por primera vez en dos décadas los dirigentes sindicales no pertenecen a partidos en el gobierno. Y hay también una tercera y no menor variable: las movilizaciones y la presión sindical han sido inusuales durante el periodo señalado. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), ha demostrado gran capacidad de convocatoria, con cerca de 40 mil personas marchando en Valparaíso, fuerza que no desaparecerá tras las negociaciones por el reajuste. Otras columnas impresionantes, de más de veinte mil funcionarios públicos, se desplazaron en Santiago y Concepción.

El gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, esta vez ha salido triunfante. Logró imponer un reajuste por debajo del cinco por ciento, mínimo exigido por los gremios, y las protestas por los despidos en el sector público quedaron en nada. De cierta manera, si se quiere buscar perdedores, han sido no sólo la dirigencia de la Anef, aparentemente opacada por la CUT y las cúpulas partidarias, sino los miles de trabajadores que, pese a las movilizaciones y sanciones, no lograron sus objetivos.

Tras la frustrada negociación, hay otros efectos que destacar. La fuerza de las movilizaciones no ha sido bien canalizada por las dirigencias. Lo que hemos visto en las calles y en los masivos paros en las distintas reparticiones públicas, no ha sido usado por la dirigencia política como un arma de negociación. Porque las condiciones existían para empujar el conflicto y generar una crisis política. Esa fue la postura de varios diputados opositores, liderados por el DC Gabriel Ascencio. Durante los días previos al miércoles 15, Ascencio pretendía que la oposición rechazara la propuesta de reajuste de 4,2 por ciento y generara una crisis política en el gobierno, que estaría amplificada por las movilizaciones y paros. Un clima de conflicto que obligaría a Hacienda a elevar la propuesta de reajuste.

Tras estas incidencias se ha transparentado la maquinaria política que trabaja a espaldas de sus representados, y la falta de representatividad, que no sólo es evidente en la relación de los legisladores y los electores sino también entre los trabajadores y sus dirigentes. Martínez actuó en la sombra y ha pasado a ser más valioso para el gobierno que para los sindicatos.

Frustración y rabia

En los gremios del Estado hay frustración. Porque las movilizaciones han sido abortadas por sus propios dirigentes, lo que ha colocado la representatividad sindical en el centro de la agenda. El presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, Egidio Barrera, expresó lo que una buena parte de los gremios sienten: “Arturo Martínez, a lo largo de las negociaciones que nos ha tocado vivir junto a la CUT, ha sido -en la práctica- un personaje que ha traicionado al mundo del trabajo. (…) actúa bajo líneas de intereses personales e intereses partidarios y no se preocupa de, efectivamente, fortalecer la situación de los trabajadores frente a las demandas a las autoridades”, dijo a El Clarín.cl. Barrera también apunta a la institucionalidad de la CUT, ya sea a su sistema de votación como a su estructura, que “favorece la permanencia en el poder de personajes corruptos, lo que pone en tela de juicio su credibilidad ante la sociedad. Esto perjudica a organizaciones prestigiosas como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales”, dijo.

Las críticas vinieron también desde la cabeza de la Anef. Aun cuando De la Puente optó por no atacar públicamente a Martínez, sí expresó su abierto repudio a la actitud de Andrade, que calificó de “repudiable”, a la vez que dejó claro que el acuerdo entre oposición y gobierno mereció el rechazo de la asamblea de funcionarios públicos.

Esta crisis debiera llevar a transformaciones democráticas de las dirigencias en momentos de auge y efervescencia laboral y social. Será necesario encauzar las actuales fuerzas sociales para obtener no simples demandas salariales, sino reformas a la legislación laboral, normativas sindicales y otra institucionalidad sindical. Aun cuando durante 2010 hubo importantes huelgas -como Collahuasi, Farmacias Ahumada, el Metro de Santiago y los trabajadores de Casino Monticello-, sus logros han sido muy discretos. La normativa laboral, que dificulta la sindicalización y los procesos de huelga, surge hoy como uno de los grandes obstáculos para la lucha de los trabajadores.

Pese a esta derrota, hay señales de una recomposición del movimiento sindical, por encima de todos los obstáculos normativos que impiden la sindicalización y el derecho a expresar las demandas de los trabajadores. Por ejemplo, un estudio realizado en 2008 por la Dirección del Trabajo reveló que casi el 20 por ciento de los dirigentes sindicales ha denunciado alguna vez las prácticas antisindicales, en tanto un 22 por ciento afirma que sus empresas presionan de diversas formas a los dirigentes sindicales. La represión del empleador se ejerce con todo el poder que le confiere su posición en la empresa, señala este informe. “Frente al conocimiento de la eventualidad de formación de sindicato, procede a despedir a quienes considera agitadores, en tanto que los trabajadores se ven agraviados por el solo hecho de ejercer los derechos que la Constitución y las leyes les garantizan”. Estas presiones se amparan en la aplicación de la conocida norma “necesidades de la empresa” (art. 161 del Código del Trabajo), dispuesta por los legisladores para flexibilizar los despidos y facilitar la adaptación de la empresa a nuevas condiciones de competencia y agilizar la gestión de la plantilla de personal. Ha sido utilizada sin embargo para reprimir el ejercicio de los derechos laborales en general y los sindicales en particular.

Condiciones contextuales tan poco acogedoras para la organización sindical llevarían a suponer una afiliación sindical a la baja. “Sin embargo, dados la tradición de asociatividad laboral en el país y el despliegue de los dirigentes sindicales, en el curso de los últimos cinco años (2004-2008) se ha incrementado en un 18 por ciento la afiliación sindical total y en un 33,6 por ciento la afiliación de los sindicatos de empresa, lo que de paso desmiente el bajo interés que se atribuye a los trabajadores por la acción colectiva, aun cuando pudieran cuestionarse los beneficios obtenidos como motivación para sindicalizarse”. Según ese informe, los trabajadores han perdido el miedo a sus empleadores y están dispuestos a sindicalizarse y movilizarse. El actual clima social y laboral parece corroborar estas cifras.

Algo similar se observa con las declaraciones de huelga, que han venido aumentando durante los últimos años. Durante la segunda mitad de la década pasada se inició un proceso de activación de las demandas salariales. A partir de 2005, el número de huelgas por año pasó de 101 a 171 en 2009, cifra que según los datos más recientes volverá a crecer en 2010.

Las movilizaciones masivas de los funcionarios públicos y el nuevo clima de movilización laboral conducen a un nuevo momento de organización de la clase trabajadora, a un escenario social cuya fuerza y presión debiera conducir a una mayor independencia de los partidos y sus cúpulas. Un nuevo movimiento, impulsado por la necesidad de verdaderas y legítimas demandas, se está gestando en Chile.

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