Contraloría investiga millonario sobrepago por mediaguas
En lo que se constituye como el primer cuestionamiento a la reconstrucción post terremoto del gobierno de Sebastián Piñera, la Contraloría ordenó instruir varios sumarios, uno de los cuales apunta al "Comité de Emergencia de la Presidencia" (Comep), que fue dirigido por el ex ejecutivo del retail, Cristóbal Lira Ibáñez, debido a los millonarios sobrepagos en la compra de mediaguas para los damnificados. El funcionario actualmente se desempeña como jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. La investigación también incluye a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), en otros aspectos como la falta de documentación que derivó en el pago de fondos fiscales.
La decisión del organismo fiscalizador quedó plasmada en un informe de 95 páginas que publica en exclusiva El Mostrador.
"En efecto, se advirtió que, en reiteradas oportunidades, se pagaron precios y cantidades de viviendas de emergencia distintos a los convenidos. A modo de ejemplo, se puede indicar que durante la última semana de abril correspondía pagar el valor neto de $ 480.000 por vivienda entregada, sin embargo, de acuerdo a lo indicado por el Jefe de Abastecimiento, debido a instrucciones recibidas del Comité de Emergencia de la Presidencia, se pagaron $ 505.000 por cada una", dice el documento. Si se considera que el gobierno instaló más de 10.000, la cifra alcanza a varios millones.
Pero no fue lo único. Por ejemplo, para el caso de la Forestal Tromen y Un Techo para Cristo (empresa asociada a la obra del Padre Hurtado), la Contraloría acreditó que las viviendas de emergencia sufrieron un aumento aún mayor, llegando incluso a los $ 820 mil, violando "el precio superior máximo establecido".
La funcionaria del Comep, Francisca Justiniano Silva, señaló en la declaración que prestó ante los auditores de la entidad de control "que se hizo una alianza estratégica con ambas empresas, ya que ofrecían una vivienda mejorada, de especificaciones técnicas superiores a las exigidas. Además, indicó que estos proveedores ofrecían una alta capacidad de producción".
De acuerdo al documento, se confirma que hubo una "intervención unilateral por parte de integrantes del Comité de Emergencia de la Presidencia, profesionales... que fueron contratados como servidores a honorarios, lo que significa que no poseen responsabilidad administrativa y no están facultados para adoptar decisiones resolutivas o de administración de recursos públicos, debiendo responder por sus actos los respectivos funcionarios públicos que ejerzan jefatura sobre aquéllos".
Este diario contactó a Cristóbal Lira Ibáñez, quien recordó que después del terremoto "había una situación de emergencia, donde había que privilegiar la velocidad por sobre cualquier otra cosa, aunque no puedo descartar que hubieran errores y de ser así, se investigará y se aplicarán las medidas que correspondan a los responsables". En el mismo sentido, indicó que, aunque desconocía los alcances del informe, se encontraba "tranquilo".
Lira llegó desde el mundo privado al gobierno de Piñera. Nieto del fundador de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue gerente general de DyS, donde trabajó por más de 22 años, hasta que Nicolás Ibáñez, su primo, le pidió la renuncia. Oficialmente no tiene militancia política. Su tío Pedro Ibáñez Ojeda fue fundador y financista de RN, partido en el cual milita su jefe, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el mismo que lo propuso para hacerse cargo del Comep.
Dos tercios en el aire
En la misma línea, la Contraloría asegura que el Comep y la Onemi asumieron riesgos al contratar "proveedores no acreditados" para la compra de casas de emergencia.
"Como ejemplo de esta situación se puede señalar el contrato celebrado con doña Carla A. Ferrari Galaz por la provisión de 8.000 mediaguas a un valor total de $5.152 millones. Al respecto, esta proveedora no se encontraba inscrita en el registro mencionado y, como se verificó, no contaba con la capacidad operativa para dar cumplimiento a lo solicitado, entregando sólo un tercio de los elementos requeridos en el período especificado", sigue el informe.
Hay que recordar que el pasado 8 de marzo, a días del terremoto y teniendo en cuenta el nivel de emergencia nacional, la Contraloría dictó la resolución exenta Nº 817. Esta última autorizó a que las entidades públicas compraran lo necesario para la reconstrucción y ayuda a los damnificados, sin someter los trámites a toma de razón, pero hasta el 30 de junio. Ello, por cierto, no implicaba que los organismos gubernamentales no se apegaran a la legalidad.
El incentivo económico
El jefe nacional de la Onemi, Vicente Núñez Pinochet -un ex empleado de Wal-Mart confirmado en su cargo el 27 de diciembre pasado- argumentó en su respuesta al organismo fiscalizador, que el sobreprecio pagado por las casas de emergencia, se debió al alza de los valores y la falta de stock. Asimismo, que las órdenes vinieron directamente desde el Comep y que la institución que dirige no tuvo injerencia alguna. Sin embargo, la entidad revisora no aceptó la versión y mantuvo la observación.
"En atención a que no se aportaron antecedentes ni argumentos válidos que justifiquen el pago del incentivo económico por pronta entrega a algunos proveedores que no cumplieron ese requisito, corresponde señalar que con esa conducta se vulneró el principio de igualdad de los oferentes, por cuanto se concedió un beneficio que no fue conocido por los demás interesados", resolvió la entidad.
El documento apunta además a la responsabilidad del Comep, creado el mismo 11 de marzo para enfrentar la destrucción.
El nuevo criterio de compra cuestionado por la Contraloría se inició mediante la circular Nº 13 del 19 de marzo pasado. El dictamen estableció que el procedimiento de adquisiciones sería liderado por la Onemi, pero "en forma conjunta con el Comité de Emergencia de la Presidencia y la Jefatura de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior, quienes en forma coordinada debían otorgar la aprobación final para dar curso a la gestión de compra". En todo caso, la presencia de la cartera para este caso era sólo formal, porque las decisiones operativas las tomaba Lira.
El órgano de control encontró que no existían las autorizaciones "que se requieren para respaldar las decisiones de compras con fondos fiscales", toda vez que algunas de las decisiones las tomó el personal que carecía de la calidad de funcionario público, a los que, de hallarse anomalías, no se les puede perseguir por investigaciones administrativas.
"Al respecto, debe indicarse que, si bien el liderazgo del proceso de adquisiciones fue asumido por el aludido comité, la ONEMI debió requerir la totalidad de la información generada en éste con la finalidad de respaldar adecuadamente las decisiones de inversión de recursos públicos dispuestos para el efecto", por lo que se hará un sumario por estos hechos.
A renglón seguido, cita la declaración prestada en mayo pasado del jefe de Stock Crítico, quien señaló que su "participación en dicho Comité de emergencia, fue sólo de apoyo a la coordinación logística".
En tanto, el jefe de Abastecimiento, el día 2 de junio del mismo año testimonió "que dicho Comité se encargó de gestionar el proceso de compra, selección del proveedor y determinación de la distribución de elementos, y que a la División de Abastecimiento de ONEMI sólo le correspondió la emisión de la orden de compra. Además, confirma que el encargado de stock crítico de esa Oficina, dio sugerencias al aludido Comité sobre los proveedores habituales de ONEMI". Estas "sugerencias" incluyeron a las empresas D&S (Líder), Cencosud (Jumbo) y la fábricas de carpas Gillibrand. Las dos primeras recibieron del fisco más de $ 5 mil millones.
"Sobre el particular, se debe señalar que si bien es cierto la conformación del Comité aludido no le compete a dicha oficina, sí le corresponde velar por un sistema de control que le permita planificar, coordinar y evitar situaciones de riesgo, como a las que se vio expuesta por el liderazgo en la dirección de las compras asumida por el Comité de Emergencia", enfatizó.
Veinte años no es nada
El informe apunta también a las anomalías en la recepción de bienes y proceder del pago. En algunos casos, las guías de despacho estaban con firmas ilegibles, "sin indicación del lugar de recepción, nombre y cargo de quién recibe, ni la fecha y timbre institucional, presentándose falta de uniformidad e imprecisiones en el procedimiento de pago". Incluso, a veces los respaldos eran meras fotocopias. Además, el funcionario a cargo del sistema computacional que controla el stock de bodega no pudo ser contactado por la Contraloría, ya que se encontraba con licencia médica. Su testimonio era importante, ya que es el único que maneja el software. De hecho, otro empleado, para hacer frente a la situación, tuvo que armar una fórmula alternativa con una planilla Excel.
"El control por planillas Excel, es un procedimiento que conlleva riesgos y debilidades de control asociados a su operatoria, puesto que no garantizan el debido resguardo de los datos y la oportunidad en el acceso a la información", apuntó.
En todo caso, la autoridad respondió que fue solucionada y ahora un segundo funcionario maneja al programa computacional.
La Contraloría también descubrió "elementos de antigua data" olvidados en la bodega de la Onemi, algunos desde hace 20 años. Destacan 12 sillas de ruedas donadas hace 5 años por la iglesia mormona; además, sacos de dormir, carpas y toldos con 15 años de antigüedad. Al respecto, la autoridad indicó que se solucionarían estas anomalías. Para el organismo de control, en todo caso, no fue suficiente y ordenó un sumario. Lo anterior, en todo caso, es de responsabilidad de los jefes anteriores que estuvieron bajo los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet -la última fue la renunciada Carmen Fernández– pero también del actual.
Alimentos en bodega
En cuanto a la compra de alimentos para los afectados por el terremoto, la situación acreditada por la Contraloría fue más grave. En una visita realizada por los auditores del organismo al Centro de Logística del Regimiento Bellavista -el 30 de junio pasado- "constató que en una dependencia habilitada para el armado de cajas de alimentos, se encontraba una considerable cantidad de víveres, adquiridos a la empresa Cencosud, sin distribuir a las familias damnificadas". Hay que aclarar que la autoridad militar no tiene relación alguna con esta irregularidad, ya que sólo colaboró con el acopio.
"Este hecho, denota la falta de planificación y coordinación en el proceso de compra y distribución de esos elementos de emergencia, lo cual ha ocasionado la inmovilización de tales recursos", acreditó.
La autoridad indicó que "una buena cantidad de los alimentos a granel fue comprada a la empresa Jumbo, agregando que tales productos fueron importados desde Argentina vía terrestre".
A continuación justificó que los alimentos no distribuidos corresponden al saldo no utilizado en la elaboración de 44.337 cajas de alimentos".
"Lamentablemente no se pudo hacer uso de ese saldo, porque la carga importada desde Argentina entró en un proceso aclaratorio con respecto a su ingreso al país, problema del cual esa Contraloría tiene todos los antecedentes al respecto", aclaró la autoridad.
La historia remite a los alimentos comprados a Jumbo y traídos del país vecino. El problema se suscitó al ser internados como "ayuda humanitaria", en circunstancias que habían sido pagados con fondos fiscales, "por lo cual no corresponde, que por la situación pendiente de aclarar por esa empresa, los bienes se mantengan en forma indefinida sin ser utilizados en el fin para el cual fueron adquiridos".
Junto a los sumarios anteriores, la Contraloría recordó que existe uno pendiente por los teléfonos satelitales que estaban en la Onemi y que para la crisis del terremoto no se encontraban operativos ni inventariados.
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"No es extraño pagar más cuando el precio del mercado ha subido"
Gobierno descarta corrupción en sobreprecio pagado por viviendas de emergencia
Fuente: El Mostrador
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