El negocio de las mediaguas

Era del todo previsible que el gobierno de los gerentes y pirañas iban a convertir la mentada reconstrucción nacional post terremoto en un gran negocio. Mejor dicho, en un gran negociado para el empresariado. Y ya en marzo pasado Resumen alertaba sobre esta situación.

Pero en realidad el negociado comenzó de inmediato usando la emergencia como fuente generadora de ganancias. Una de las primeras líneas de riqueza la constituyó  la provisión de mediaguas destinadas a los sectores costeros que lo habían perdido todo.

En junio del 2010, la Contraloría General de la república puso en evidencia las “irregularidades” que había cometido y estaba cometiendo el gobierno en la adquisición de mediaguas, alimentos y recursos básicos para responder a la emergencia. El término “irregularidades” es un rebusque técnico para no decir corrupción.

En un informe de 95 páginas el organismo contralor reveló que los órganos oficiales encargados de las adquisiciones de emergencia, léase Comep (Comité de Emergencia de la Presidencia) y la Onemi, pagaron elevadas sumas a los proveedores por el valor de las mediaguas, cuyo precio no debía superar los $ 480.000, y ese valor ya era exagerado.

Sin embargo, el valor de las viviendas varió desde los $ 480.000 a los $ 820.000, violando “el precio superior máximo establecido”, según declara la Contraloría. La entidad revisora señaló que hubo una “intervención unilateral por parte de integrantes del Comité de Emergencia de la Presidencia” que decidía cómo, cuándo y a quién adquirir las mediaguas.

El informe agrega: “En efecto, se advirtió que, en reiteradas oportunidades, se pagaron precios y cantidades de viviendas de emergencia distintos a los convenidos. A modo de ejemplo, se puede indicar que durante la última semana de abril correspondía pagar el valor neto de $ 480.000 por vivienda entregada, sin embargo, de acuerdo a lo indicado por el Jefe de Abastecimiento, debido a instrucciones recibidas del Comité de Emergencia de la presidencia se pagaron $ 505.000 por cada una”. Si se considera que este ejemplo se refiere a 10.000 viviendas de abril, la utilidad solo del sobreprecio alcanza los 250 millones de pesos.

Pero no fue lo único. Por ejemplo, para el caso de la Forestal Tromen y Un Techo para Cristo, la Contraloría acreditó que las viviendas de emergencia sufrieron un aumento aún mayor, llegando incluso a los $ 820.000.

Según el documento de Contraloría, se confirma que hubo una “intervención unilateral por parte de integrantes del Comité de Emergencia de la Presidencia, profesionales que fueron contratados como servidores a honorarios, lo que significa que no poseen responsabilidad administrativa y no están facultados para adoptar decisiones resolutivas o de administración de recursos públicos”. Y sin embargo, obraron a plena voluntad y destajo.

En la misma línea, la Contraloría asegura que el Comep y la Onemi asumieron riesgos al contratar “proveedores no acreditados” para la compra de casas de emergencia. “Como ejemplo de esta situación se puede señalar el contrato celebrado con Doña Carla Ferrari por la provisión de 8.000 mediaguas a un valor total de $ 5.152 millones. Al respecto, esta proveedora no se encontraba inscritas en el registro mencionado y, como se verificó, no contaba con la capacidad operativa para dar cumplimiento a lo solicitado”.

Ahora queda claro y en evidencia la “urgencia” que en el mes de abril, precisamente, tenía la Intendenta de esta Región, Jacqueline van Rysselberghe, por privatizar al máximo el negocio de provisión de mediaguas. Recordemos que su pelea era contra Un techo Para Chile, para quitarle un “mercado” que, obviamente, debía estar en provecho de empresarios eficientes. Es decir, la torta estaba muy buena y los más glotones la reclamaban solo para ellos.

Como hemos visto, a través  del informe de Contraloría y constatado en la realidad inmediata, el gobierno se aseguró que el negocio fuera redondo para sus amigos empresarios, ofreciendo incluso premios y bonificaciones por mediagua entregada.

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