Entrevista a Arnaldo Pérez Guerra: “Vivimos un Estado policial “

Uno de los íconos de la herencia legal de la dictadura es la Ley Antiterrorista, aprobada por el dictador Augusto Pinochet en 1984. Diseñada para sancionar “los delitos que busquen infundir temor en la población”, hoy continúa aplicándose a mapuche, anarquistas y ex prisioneros políticos. Se aplicó en 10 de 11 casos judiciales contra mapuche, durante la administración de Ricardo Lagos. En el mandato de Michelle Bachelet, 17 comuneros que enfrentaron el juicio en Cañete fueron acusados de “terroristas” y exhibidos como tales por los medios de comunicación. Y es que aún se impone la lógica militar de la dictadura. Los últimos casos judiciales de los mapuche en Cañete y los anarquistas y antiautoritarios del llamado “caso bombas” han estado llenos de semejanzas: escuchas telefónicas, presencia de testigos protegidos, extensa prisión preventiva, criminalización de ideas y movilizaciones. Todo amparado en el uso de la Ley Antiterrorista. Tanto en el juicio en Cañete -cuya sentencia significó la absolución de 14 comuneros mapuche y el retiro de cargos por Ley Antiterrorista ante la ausencia de pruebas contundentes para los restantes-, como en el “caso bombas” -que tiene en prisión preventiva a los imputados sin que se haya iniciado el juicio, a pesar de haber transcurrido casi 7 meses-, los medios de comunicación tradicionales han informado haciéndose eco de la Fiscalía y violando el derecho a la presunción de inocencia. Sobre estos temas conversamos con Arnaldo Pérez Guerra, historiador y periodista, quien fue prisionero político en la década de los ’90, ex militante del FPMR y el MAPU-Lautaro, hoy redactor de revista Punto Final, el periódico mapuche Azkintuwe y la web Liberación.
– Me gustaría saber su opinión acerca del proceso legal vivido por grupos disidentes al Estado chileno, tales como anarquistas y mapuche.
“Han instalado montajes -policiales, jurídicos, políticos y mediáticos- contra quienes no comulgan con el tipo de sociedad que defiende el Estado. El gobierno reprime cualquier atisbo de disidencia y de organización, cualquier intento de autonomía de los pueblos originarios. Han encarcelado a dirigentes mapuche, a jóvenes que se definen como anarquistas, okupas, antiautoritarios, y persiguen también a ex prisioneros políticos, sobre todo a ex lautarinos -militantes del MAPU Lautaro- de fines de los ’80 y principios de los ’90. En el gobierno, en las fiscalías, en las policías y los medios de comunicación hay demasiados hipócritas mal nacidos, mitómanos ambiciosos e inescrupulosos. Se imputa a inocentes en un show con ‘pruebas’ que arrancan carcajadas en el tribunal. ‘Todo eso solo existe en la imaginación del fiscal Peña’, me señaló el abogado Alberto Espinoza Pino en una entrevista que le hice, pero inocentes siguen en prisión y, pareciera que seguirán mucho más. Además, El Mercurio y el propio gobierno a través de su guardia privado -Hinzpeter- ya anunció que vienen más detenciones”.
– ¿De qué manera los medios de comunicación han apoyado las investigaciones de las que hoy son parte anarquistas y líderes mapuche?
“Los medios oficiales han actuado como siempre lo hacen, defendiendo sus intereses, que son los intereses del poder, la mano que les da de comer. Instalan mediáticamente montajes, ocupan todas sus plataformas -prensa escrita, radios, TV, Internet- para mentir y mentir, instalando lo que se les ocurra… Es patético leer análisis de El Mercurio, La Tercera, La Nación, El Mostrador, etc. -da lo mismo el medio que escojas-, sobre el llamado “caso bombas” o sobre los juicios contra líderes y militantes de la causa mapuche, o sobre las movilizaciones de los trabajadores o de pueblos originarios, si incluso tergiversan a los grupos ecologistas y las minorías sexuales…
El año pasado, Informe Especial de TVN, presentó en un programa sobre los detenidos el 14 de Agosto ‘imágenes exclusivas’, que fueron presentadas con estridencia como ‘pruebas del terrorismo anarquista’. En Chile no hay terroristas, salvo el terrorismo de Estado. ¿Qué mostró TVN? Jóvenes entrando y saliendo de casas okupas, que eran centros culturales donde se arreglaban bicicletas, había bibliotecas, se exhibían videos y se hacían foros-conversatorios. Pero los medios siguieron y siguen mintiendo, llenando páginas y páginas con todo lo absurdo que se les ocurre para apoyar los montajes y vender, desde que los okupas ponen bombas o que los mapuche tienen conexiones con ETA, las FARC, Al Qaeda, el EZLN, etc. ¡Si hasta acusaron a un ciudadano paquistaní que venía a trabajar en gastronomía y a vacacionar! A un militante del PC lo acusan de ser el ‘hombre clave’ de la conexión con las FARC, ¡cuando al PC lo único que le interesa es ser parte de la comparsa, tener sus diputaditos y cuotas de poder!”.
– ¿Cuál ha sido el rol de los medios en la construcción de la lucha social como una instancia de violencia y terror en la población?
“Obviamente, lo que hacen los medios, que son la cara más visible del poder, es criminalizar todo atisbo de protesta social, de organización, de disidencia. Modelan la opinión y a su vez la refuerzan y consolidan como la única opinión, la del poder. Hay un duopolio mediático que es en realidad un monopolio ideológico”.
– En el área simbólica, ¿qué es lo que se evidencia tras el gran aparataje policial contra grupos anarquistas y mapuche?
“Esto viene de mucho antes que el actual gobierno de Derecha o el de la Concertación. Instalaron en 1973, a sangre y fuego, el capitalismo más salvaje. El experimento se hizo en Chile… Desarticularon a los grupos revolucionarios que luchaban por derrocar a la dictadura, atomizaron a los sectores organizados de la sociedad. Luego, instalaron a gobiernos de eunucos y mentirosos -como fueron los de la Concertación-, que terminaron por destruir las organizaciones sociales y los grupos subversivos, etc. Y hoy el poder lo tienen completamente los grandes grupos económicos, que están haciendo sus negocios con los recursos naturales, con los dineros de todos los chilenos, explotando a trabajadores, destruyendo y contaminando localidades completas. Vivimos un Estado policial. Y eso es lo simbólico, los mapuche y anarquistas son exhibidos por el poder para decirnos que cualquiera puede ser acusado, encerrado, asesinado, y nadie dirá nada o hará nada… que hay una lucha de clases, y que el poder lo tienen ellos, y que van ganando la guerra”.
– ¿Cuáles cree que han sido las consecuencias del proceso judicial vivido por anarquistas y mapuche en la persistencia de la lucha social en Chile? ¿Disminuye la convocatoria y la participación el hecho de que la población vincule la protesta social con hechos de delincuencia?
“Algunas personas, movimientos, grupos y organizaciones se dan cuenta del peligro de lo que ocurre: que cualquiera pueda ser acusado de lo que se le ocurra al poder, que actúen con total impunidad sobre los recursos naturales, lo que comemos, nuestras conciencias e, incluso, nuestros cuerpos. Algunos se organizan, otros siguen luchando por sus reivindicaciones particulares, pero la inmensa mayoría está pasiva e ignorante de lo que ocurre; ‘alienada’, diría Marx. Pero la criminalización de la protesta social no acabará con lo que genera el descontento: La explotación, la injusticia, la infelicidad. Disminuye la convocatoria y participación el hecho de que la mayoría de la población sea machacada diariamente para que crean que la protesta social y la delincuencia son lo mismo. Pero no pueden mantener este tinglado eternamente, el circo se va a acabar cuando la gente tome conciencia de que diariamente se puede oponer al capitalismo”.
-¿Existen puntos comunes entre los procesos vividos por anarquistas y mapuche?
“Anarquistas, antiautoritarios y ex lautarinos están viviendo hoy lo que anteriormente vivieron los mapuche, y éstos lo que ocurrió con los grupos subversivos de fines de los ‘80 y principios del ’90; y éstos -guardando las proporciones- lo que padecieron los militantes de la Unidad Popular durante la dictadura: Persecución, criminalización, asesinatos, cárcel, estigmatización, montajes jurídico-políticos, etc., etc. Aplican la Ley Antiterrorista contra cualquiera, aumentan las penas y no tienes derecho a un ‘debido proceso’ como asegura la legislación burguesa. Te acusan con testigos ‘inducidos’, ‘protegidos’, ‘sin rostro’, amañados, amenazados y hasta pagados; los abogados defensores se hacen ricos cobrando por prácticamente no hacer nada; las cárceles se hacen más y más duras, segregación, sin horas de patio, sin comida sana. ¡Qué más patético que el caso de los lonko Aniceto Norín y Pascual Pichún, acusados y condenados, luego de haber sido absueltos! Condenados por un delito -‘amenaza terrorista’-, que no existe en la legislación. Y debieron cumplir la pena completamente, 5 años y un día en prisión. Hoy se acusa a Pablo Morales Fuhrimann de ser el ‘líder de una organización terrorista’; se acusa a Omar Hermosilla Marín de ser ‘financista’; se acusa a Alejandro Rodríguez Escobar de ser un ‘asaltante’. ¿Terroristas con domicilio conocido, teléfono celular, trabajo estable, familias y, que además, firman periódicamente en Gendarmería por encontrarse en libertad condicional? ¿Qué han cumplido con todas las exigencias que Gendarmería les impuso tras 10, 11, 12 años de prisión política? Es un chiste de mal gusto. Alejandro Rodríguez Escobar -encarcelado anteriormente en 1992 y en libertad condicional desde 2004- fue dejado dos veces en libertad -en agosto y septiembre del año pasado- por el juez Jorge Norambuena que señaló que anteriores condenas sufridas en 1999 y 2000 no serían consideradas como antecedentes de mala conducta por su juzgado, porque fueron dictadas por tribunales militares que ‘no respetaron las garantías de un estado democrático de derecho’. Para el juez Norambuena fueron insuficientes e ilegales las pruebas que la Fiscalía presentó en este caso, e invocó tratados internacionales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la Corte de Apelaciones revocó lo actuado por el juez Norambuena y mantiene la prisión de Alejandro Rodríguez y Patricio Gallardo -también ex prisionero político- desde el 30 de agosto de 2010, sólo porque serían un ‘peligro para la sociedad’ por haber sido condenados por la justicia militar por hechos ocurrido a fines de los 80 y principios de los 90, y por los cuales ya cumplieron largas sentencias en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Ante lo feble e inconsistente de los argumentos de la Fiscalía han optado por inventar que existirían ‘asaltantes que financian a los okupas que ponen bombas’. ¡Por favor!.. Lo terrible es que personas inocentes seguirán detenidas, acusadas y criminalizadas durante meses o incluso años. Quienes los conocemos, sabemos que son completamente inocentes. Su único delito es haber sido militantes del MAPU Lautaro, haber estado presos, acusados y condenados por Fiscalías Militares, con las leyes heredadas de la dictadura, las mismas que hoy se aplican”.
– ¿Es posible afirmar que el Estado chileno está liderando la persecución de las ideas a través de herramientas legales, como la Ley Antiterrorista?
“El Estado persigue las ideas y controla nuestras conciencias y nuestros cuerpos a través de todas sus herramientas. La Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad Interior del Estado, las fiscalías militares, el extrañamiento, el servicio militar, son sólo algunas de ellas. ‘Aplicar la Ley Antiterrorista en causas mapuche o por la detonación de bombas de ruido es un desacierto del gobierno chileno’ dijo Human Rights Watch (HRW), y agregó: ‘El Estado ha sido inconsecuente al aplicar la norma y afirmar ante la Organización de Naciones Unidas que en Chile el terrorismo no existe’. Las ‘pruebas’ contra los ‘terroristas’ son triviales llamadas telefónicas, videos, fotografías de personas, listas de nombres, botellitas de bebidas vacías, panfletos y pasquines. ¡Por favor! ¿Por qué están detenidos entonces? Porque el Estado los quiere, los necesita presos, y no tanto por lo que hayan o no hecho sino porque son un ‘ejemplo’ contra quienes sí hacen y contra quienes sí podrían hacer. Que el fiscal Alejandro Peña en dos meses de investigación haya encontrado ‘pruebas’ que otros en 5 años no encontraron, no se lo cree ni él ni nadie. Buena parte de las acusaciones se basan en los dichos de Gustavo Fuentes Aliaga, un esquizofrénico, traficante de drogas y agresor de mujeres, fiel reflejo de la sociedad chilena bipolar, esquizoide, violenta, pacata, donde importa más la propiedad y las apariencias que la vida y la felicidad”.

(*) Periodista. Publicado por Liberación www.liberacion.cl
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