El 23 de marzo recién pasado todo el país fue testigo del grave incidente ocurrido en Santiago en donde dos detectives de la PDI fueron asesinados por un delincuente; en el mismo hecho otros dos policías resultaron heridos. En los procedimientos posteriores, de búsqueda y captura del sujeto agresor, varios agentes terminaron heridos y el delincuente autor de los disparos también resultó muerto.

Pero el hecho policial tuvo características poco comunes. De partida surge un cuestionamiento doble a los procedimientos y al accionar de los policías. Por un lado, resulta cuestionable la eficiencia policial, los métodos de trabajo y los protocolos de ejercicio en terreno, pues es casi inaudito que un sujeto arremeta a balazos contra cuatro policías que están realizando una acción de control sobre ese mismo sujeto. La cuestión no es si los detectives andaban o no con chalecos antibalas porque la primera función policial es evitar que los procedimientos se enfrenten y se resuelvan a balazos; pero eso requiere una cierta eficacia, experticia y técnica en los procedimientos policiales. Es evidente que algo no se está haciendo bien en la PDI para proteger la integridad física de sus detectives y por ende para garantizar la seguridad de la población y eventualmente protegerla de sujetos (como el criminal en cuestión) que claramente son un peligro para la sociedad.

Por otro lado, resulta más cuestionable aun la reacción policial para emprender la búsqueda y persecución del criminal agresor. Santiago fue copado por un inusitado despliegue policial, civil y uniformado, que puso en jaque la libre circulación de vehículos y personas y la integridad física de transeúntes. Tanto así que tres de los policías heridos lo fueron producto de un accidente de tránsito, de un choque, que protagonizaron en los desenfrenados desplazamientos con que, sirenas ululantes, circulaban por las calles de la capital.

Es cierto que dos de sus agentes habían resultado muertos, y eso talvez explique la sobre reacción que se apreció en el actuar de las policías; aunque la ciudadanía tiene derecho a esperar un poco de mesura y cordura en la gente que se supone está para aportar esas cosas en el accionar contra la delincuencia. Es cierto que el cometido policial culmina en pocas horas en la localización del criminal, con el desenlace ya conocido, y la detención casi inmediata de varios cómplices de las actividades delictivas del sujeto. Pero también es cierto que uno esperaría un interés similar y una eficacia similar cuando el afectado por la acción criminal es un ciudadano común y corriente. Este hecho evidencia que hay un doble estándar en la lógica de funcionamiento de la PDI respecto de los hechos que afectan a la población y los que afectan a sus integrantes.

La respuesta a esta conducta doble estándar la dio al día siguiente de los hechos el Ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien en un programa matinal de un canal de televisión señaló con todo descaro y desparpajo: "la verdad es que asesinar a un policía, aunque suene duro, es más grave que asesinar a un ciudadano común y corriente en el orden de sociedad que nosotros nos hemos dado".

Esto es una aberración, un disparate, una vergüenza. Hinzpeter ha dejado al descubierto una verdad aberrante: para los gobernantes de este país hay ciudadanos de categorías distintas, con derechos distintos. Sería erróneo decir de primera y segunda categoría, pues está claro que aquí se trata de más de dos clasificaciones.

Alguien que le avise al señor ministro que la primera frase de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos"; aunque no creo que a los gobernantes les interese tal cosa.

Alguien tiene que avisarle a estos gerentes que dirigen al país que somos todos iguales ante la ley. Eso al menos dice el papel. Capítulo 1, artículo 1 de la Constitución Política de Chile: "Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos". ¡Ah! Señor Hinzpeter, esta igualdad ante la ley está reafirmada en el capítulo 3, artículo 19, número 2: "En Chile no hay persona ni grupos privilegiados", y agrega "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". Pero parece que estas definiciones a los poderosos tampoco les importan, aunque estén hechas en su propia constitución.

Los gobernantes se escudan en el supuesto que los policías exponen la vida en el cumplimiento de sus obligaciones; bueno alguien les tiene que avisar que en este país son muchos y variados los ciudadanos comunes y corrientes que exponen la vida en el cumplimiento de su deber: mineros, bomberos, choferes, pescadores, etc. así es que no vengan con argumentos tan estúpidos a tratar de explicar o justificar un disparate.

Resulta obvio que Hinzpeter es ministro de otro Chile. El Chile de ellos, no el de los ciudadanos comunes y corrientes, sino el Chile de los gobernantes y poderosos. Está claro entonces que en el orden de sociedad que ellos se han dado los hechos criminales están clasificados según sea a quien le afecten. ¿En que orden nos tienen clasificados a los ciudadanos comunes y corrientes? Es obvio que más abajo que los policías. Y no me cabe duda que en este escalafón de ellos, los policías están bastante más abajo que los propios gobernantes y los poderosos dueños de este país.

Esta es la manera de ver las cosas que tienen quienes manejan esta sociedad y dominan este sistema. Clasificar y segregar aplicando criterios de gallinero "en el orden de sociedad que nosotros nos hemos dado", según el Ministro de Interior. Eso explica la doble conducta que exterioriza el accionar de la PDI. Eso explica entonces que cuando ocurrió el terremoto y maremoto de febrero de 2010, los mandos de la Armada de la Base Naval de Talcahuano se hayan preocupado de evacuar solo a su personal y ponerlo a buen recaudo en fondeaderos de Valparaíso; total los porteños y civiles de Talcahuano encajan en la categoría de "ciudadanos comunes y corrientes". Eso explica que policías que han cometido asesinatos contra ciudadanos "comunes y corrientes" sean dejados en libertad o reciban condenas irrisorias; total a los policías tienen que protegerlos porque son los gendarmes del "orden de sociedad" que ellos se han dado. Eso explica que milicos y uniformados que han cometido crímenes aberrantes quieran ser indultados por este gobierno, o reciban condenas vacacionales, en tanto un grupo de mapuches que disparó perdigones contra un vehículo fiscal sean condenados a 20 y 25 años de cárcel (parece que para los poderosos de este paisito, los mapuche ni siquiera clasifican para la categoría de "ciudadanos comunes y corrientes").

Lo terrible y vergonzoso es constatar que este "orden social" de gallinero no solo existe y se expresa en relación con los hechos criminales, sino que en todo orden de cosas.

Fotos: Policias ante una movilización estudiantil en Santiago.