Caso Bombas: Estado de derecho o ¿estado de derecha?

Durante la semana recién pasada hemos sido testigos de una flagrante farsa. El ex fiscal, Alejandro Peña, se sacó la careta de servidor público y se calzó  la que mejor le queda: servidor del poder.

Pero esta singular mutación pone de relieve factores a los que hay que prestar atención. Por un lado está el peligroso antecedente de mezclar las funciones y atribuciones de los poderes públicos. La independencia del poder judicial respecto del poder gubernamental o político, en este caso, ha quedado en entredicho, está siendo cuestionada. Y eso es grave, es delicado, porque el equilibrio de este estado de derecho (que se supone tenemos) se sostiene en el ejercicio independiente de los poderes del estado, en la autonomía de funciones y en la integridad de sus ejecutantes. Si eso deja de tener el significado que se le asigna, entonces toda la faramalla administrativa y burocrática no pasa de ser más que una farsa. Tal vez se trate de eso, de una soberana farsa, y el acto de transmutación del señor Peña solo sea una evidencia, una obviedad, que los incautos ciudadanos nos resistíamos a ver.

El montaje del caso bombas.

En el llamado caso bombas el montaje resulta grosero. Se acusa al grupo afectado como autores de alrededor de 20 atentados explosivos que habrían ocurrido en Santiago desde el año 2006 en adelante. Sin embargo, eventualmente, a los acusados y detenidos solo se les ha podido vincular (ni siquiera acusar) a 6 de estos atentados. Es decir, no hay pruebas ni evidencias. Entonces ¿quiénes efectuaron estos bombazos? De haber bombazos los hubo, pero nada se sabe sobre quiénes y porqué los hicieron. Si, eventualmente, en solo 6 de ellos habría habido alguna vinculación de algunos de los 18 detenidos, entonces ¿quiénes y porqué hicieron los 14 bombazos restantes? ¿No tendría el actual Ministerio del Interior y el ex fiscal Alejandro Peña que estar más preocupados de esos 14 inexplicables bombazos que de los aparentes 6 vinculantes? Más que nada esto parece obra de manos negras destinadas a crear una situación de inseguridad por la supuesta existencia de grupos extremistas.

Este montaje no es un hecho aislado, es una práctica, un estilo de hacer política terrorista desde el estado, que los actuales gobernantes aprendieron al dedillo desde la época de la dictadura. El caso Olate, el caso de los mapuche, el caso del ciudadano español en Temuco, son algunos ejemplos que grafican algo más que una tendencia o un error. Es una constante en donde la técnica ha sido siempre mentir para crear hechos políticos que justificaran una determinada propaganda electoral y justifiquen una mayor represión, contra las movilizaciones sociales, o contra grupos contrarios al sistema.

El ahora también ex fiscal Xavier Armendáriz estuvo más de dos años investigando el caso de los bombazos. Investigó e interrogó a decenas de personas (incluidas las 18 que posteriormente fueron detenidas), pero como no tenía pruebas ni argumentos necesarios no detuvo a nadie ni menos estuvo dispuesto a aplicar la Ley Antiterrorista. Este hecho molestó sobremanera al gobierno de Piñera y al Ministro Hinzpeter, que presionaban a Armendáriz para que aplicara la manida ley. Armendáriz entonces renunció al caso y se nombró al fiscal Alejandro Peña para que se hiciera cargo.

Como construir un caso.

Peña siguió al pie de la letra los requerimientos de la Moneda y a los 15 días tenía una veintena de presos, una decena de allanamientos y unas 7000 pruebas contra los detenidos y acusados del caso bombas. Sorprendente. En 15 días Peña lograba lo que Armendáriz no había podido demostrar en más de dos años. Peña y su operación “Salamandra” se hicieron famosos y los bonos de Hinzpeter subieron como la espuma.

Montado a caballo de la ley Antiterrorista, el ex fiscal Peña descubrió que cualquier cosa que hubiera al interior de las casas de los detenidos podía ser adjuntada como prueba. Es así como afiches de grupos de rock, videos de películas de libre disposición en el mercado, libros de texto, prendas de ropa, utensilios domésticos, etc. etc. fueron adjuntados como evidencias en el caso, por eso no extraña la ridícula suma de 7000 elementos de prueba. Espectacular. Al fiscal le bastaron para construir un caso y hacer carrera; es razonable cuestionar la pretendida eficiencia que demostró Peña en otros casos de alta connotación pública, como el proceso por el incendio en la cárcel de San Miguel. ¿Qué parámetros determinan su accionar? ¿Los del debido proceso o los requerimientos de la Moneda? ¿Los del respeto a las personas o las aspiraciones políticas personales? Cuestionable lo del fiscal.

Cuando 10 de los inculpados por Peña cumplían 65 días de huelga de hambre, el montaje comienza a desmoronarse. La Corte de Apelaciones procedió a levantar el encarcelamiento de 3 de los imputados, lo que llevó al término de la huelga de hambre de los detenidos. Simultáneamente, el flamante ex fiscal Peña se convirtió en flamante funcionario político de gobierno, como brazo derecho del Ministro Hinzpeter para liderar las acciones represivas del estado.

Ley terrorista

De otro lado, la vigencia y absurda aplicación de la arbitraria Ley Antiterrorista es lo que permite que se desarrollen juicios abusivos. Los derechos de las personas son vulnerados y atropellados con absoluta liviandad; la mentada ley elimina la presunción de inocencia que es la piedra angular del debido proceso. Sin juicio previo, las personas son consideradas culpables y a partir de ello se montan pruebas ridículas, se utilizan testigos sin rostro (protegidos) que no se hacen responsables legalmente de sus dichos, se practican detenciones sin fundamentos legales, se determinan procesamientos y encarcelamientos por extensos períodos de tiempo, y los acusados se exponen a penas inquisitorias, entre otras aberraciones jurídicas.

La misma ley Antiterrorista es la que se ha estado aplicando contra los mapuche en el sur del país. Los compromisos adquiridos y los acuerdos logrados a mediados del año pasado, producto de la extensa huelga de hambre de los mapuche procesados, fueron ignorados por el gobierno y desconocidos por los fiscales y jueces que tramitan las causas contra los comuneros. Producto de ello cuatro comuneros condenados en el juicio de Cañete cumplen ya, nuevamente, 39 días en huelga de hambre como única medida posible para cuestionar las farsas de juicios a que fueron sometidos. Los comuneros exigen la anulación del juicio, que se realice un nuevo juicio, ante un tribunal imparcial y sin la aplicación de Ley Antiterrorista.

Los terroristas son los gobernantes.

Es tiempo de convertir a Chile en un país en donde impere el estado de derecho. Hasta ahora lo único que impera es un estado de derecha, donde se hace la voluntad y discreción de la derecha política y económica sin ningún contrapeso efectivo. La Ley Antiterrorista no sólo ha sido utilizada para reprimir grupos anti sistémicos, también ha sido utilizada como instrumento para criminalizar la protesta social y las demandas legítimas de sectores de la población; los gobiernos aterrorizan amenazando con la aplicación de la ley del terror.

La Ley Antiterrorista es una de las nefastas herencias de la dictadura que este estado, supuestamente democrático, ha sido incapaz de eliminar. La vigencia de la Ley Antiterrorista es la constatación de esta vergüenza nacional que atenta contra la justicia, contra la verdad y contra los derechos humanos. Durante los gobiernos concertacionistas se hicieron algunas modificaciones, pero no cambió en nada ni la esencia ni el espíritu de la ley, al contrario, en muchos aspectos solo fue perfeccionada, modernizada, para estar a tono con la fiebre antiterrorista norteamericana.

Recientemente, los diputados Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados) y Sergio Aguiló, presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley Antiterrorista. Pero a la luz de la experiencia no resulta ya suficiente. Es hora de poner término a esta norma anti democrática, derogarla de raíz y reemplazarla por una ordenamiento legal que se base en el respeto al debido proceso y en el respeto a los derechos de las personas. Ese será el único instrumento adecuado para frenar montajes, atropellos y abusos que se cometen a caballo de esta ley y para frenar ínfulas políticas de servidores públicos.

Darío Núñez

29-04-2011

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