Produciendo Riqueza Cosechando Desigualdad.
Las consecuencias del modelo económico imperante en Chile se manifiestan de modo latente en el aumento de la desigualdad social y en la persistencia de la pobreza. Hace rato que Chile tiene el status de ser uno de los países mas desiguales del mundo y particularmente de América Latina, que a su vez es el continente con más iniquidad del planeta.
Un reciente informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), reveló que Chile es el país con mayor desigualdad en la distribución de los ingresos en su población. Lo sitúa, además, como el tercero en lo que se refiere a la proporción de personas que viven en la pobreza. Un dato revelador de nuestra realidad nacional que pone en entredicho las cifras siempre alentadoras sobre el crecimiento económico y el desarrollo del país con que los gobernantes pretenden ocultar la inmoralidad e ineficacia del sistema.
Según el estudio de la OCDE, Chile posee un coeficiente Gini (tabla de factores que mide los índices de desigualdad) de 0,50 mientras que la media de los países miembros de la organización es de 0,31. Por otro lado, la pobreza alcanza a un 18,9 % de la población, muy lejos de la media del 10% que registran los demás integrantes del grupo. Chile, con la pretensión de pertenecer al club de países desarrollados seguidores del libre mercado, logró hacerse parte de la OCDE desde enero del 2010. Sin embargo, el estudio mencionado evidencia las flaquezas de una economía y de una realidad social que dista mucho de lo que se supone debe ser un país desarrollado.
El Ministro de Planificación (Mideplan), Felipe Kast, reaccionó al informe OCDE diciendo que: "es una vergüenza social que un país que crece tanto tenga estos niveles de pobreza y de desigualdad y, por lo mismo, estamos teniendo un gasto social muy fuerte e importante y no solamente eso, sino que un crecimiento económico que es la gran herramienta para destruir la pobreza."
Por su parte, el ex ministro de Hacienda de la dictadura, Hernán Büchi, no tuvo reparos en señalar: "estas cifras reflejan una historia de hace 40, 50 años atrás". Es decir, para el paladín del neoliberalismo no importa que exista el problema porque no es de ahora, como quien dice, siempre ha sido así. Y agregó: "la distribución del ingreso refleja otra cosa; refleja a personas que a lo mejor ni siquiera terminaron la educación básica, que obviamente tienen una capacidad muy baja de crear y de aportar en una empresa y por lo tanto no van a tener una mejor remuneración".
Completando el cuadro, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Andrés Concha, dijo que estos indicadores son solo efectos de la crisis económica y que con la recuperación del crecimiento el escenario volverá a ser favorable. "Este informe coincide con un período de desempleo y altos precios de los alimentos como ocurrió en el 2009. Eso juega en contra de la distribución del ingreso. Esperamos que esas cifras puedan mejorar con la expansión de la economía y el aumento del empleo", señaló el empresario.
En síntesis, gobernantes y empresarios coinciden en que este es un problema puntual, causado por la crisis, y que se solucionará o revertirá con el crecimiento económico del país. La porfiada realidad parece señalar algo muy distinto, y otros analistas parecen creer otra cosa.
Las causas de esta constante de desigualdad y pobreza son estructurales.
Los defensores del modelo ligan la solución de esta iniquidad solo al crecimiento económico y al necesario "chorreo" que este crecimiento provocaría hacia los sectores trabajadores y más desposeídos. Pero, a pesar de sus interesadas opiniones, los índices demuestran que este problema se prolonga ya por décadas. No sólo se prolonga, sino que se agudiza y profundiza. Sean épocas de bonanza o sean épocas de crisis, la desigualdad siempre aumenta, casi de modo similar a la cifra de crecimiento de que tanto se habla. La pobreza tiende a disminuir en épocas de bonanza, principalmente producto de un incremento del gasto social de los gobiernos; pero indefectiblemente vuelve a aumentar en épocas de crisis. Los trabajadores, la fuerza laboral en su conjunto, siendo los artífices de la producción y el desarrollo, no se benefician del crecimiento económico del país; los únicos beneficiados son la casta empresarial dominante y dueña del modelo, los ricos y poderosos, para ellos el escenario siempre ha sido "favorable", como lo señala el dirigente de los empresarios fabriles.
Los deciles más bajos en nivel de ingreso, precisamente donde se radica la fuerza laboral del país, llevan más de 30 años esperando el famoso chorreo y hasta ahora lo único que han visto es el enriquecimiento desmedido del empresariado y del decil más rico y el cierre sistemático de las posibilidades de mejorar sustancialmente la calidad de vida. Es ilustrativo el hecho de que el 49% de los indigentes y el 68,5% de los pobres formen parte de la fuerza laboral del país, según datos de la Encuesta Casen 2009. Eso no es casual ni consecuencia de la crisis, ni producto solo de una educación limitada, es reflejo de una estructura de explotación.
El gasto social como herramienta para reducir la brecha solo ha sido utilizado como factor electoral más que por una real voluntad de corregir una distorsión social permanente. En el mejor de los casos, el gasto social ha sido asumido solo como un paliativo (los famosos bonos) para camuflar las injusticias e iniquidades que produce el sistema, pero no se estructura gasto en políticas o soluciones permanentes; peor aún, al contrario de lo que señala Kast, este gobierno tiene como una de sus orientaciones básicas reducir el gasto social y mercantilizar aún más los caminos posibles de superación para los sectores más desposeídos.
Para el economista y director de FLACSO (Facultad Latino Americana de la Ciencias Sociales), Andrés Solimano, la desigualdad en la distribución de los ingresos es un problema estructural que se relaciona con el sistema económico imperante y que no ha podido ser resuelto por ningún gobierno en las últimas décadas.
Según señala Solimano, en declaraciones vertidas en radio.universidad.cl, "El índice de Gini está por sobre el 50% en Chile hace por lo menos un cuarto de siglo. Puede tener vaivenes, como bajar la desigualdad en años de crecimiento económico y subir en períodos de recesión porque se afecta más a la fuerza laboral que pierde empleos e ingresos. Eso es cierto, pero todo eso pasa en torno a una media de desigualdad en torno a un 50%. Eso ya es un problema estructural y no parte de un ciclo"
Es decir, el estudio e informe de la OCDE no aporta ningún elemento nuevo al conocimiento de la realidad. Lo único nuevo es que ahora lo dicen los socios del "club de los países ricos"; club al que los dueños y administradores del modelo chileno se esforzaron tanto por ingresar.
La concentración de la riqueza en muy pocas manos, las groseras diferencias salariales entre ejecutivos y mano de obra en las empresas, la disgregación y atomización del movimiento sindical (lo que disminuye las posibilidades de mejoras y negociaciones colectivas), la destrucción de la educación pública gratuita y la inoperancia o ineficacia de las medidas tendientes a convertir la educación en un elemento de movilidad social, son algunos de los factores estructurales que gravitan en la persistencia de la inequidad y la pobreza.
La elocuencia de las cifras
Las cifras de la OCDE no hacen sino confirmar los indicadores de la Encuesta Casen 2009, última que se conoce. Dicha encuesta de Mideplan ya había mostrado resultados que no hacían sino desnudar una realidad vergonzante que no es asumida por los gobernantes, menos aún por el empresariado.
Por su parte, la encuesta de Presupuestos Familiares del INE, año 2008, muestra otros datos que ratifican esta realidad. La entidad informó que a nivel nacional, los hogares del quintil más pobre representan el 5,38% del ingreso total del país. En tanto el quintil más rico concentra el 51,03%, con un ingreso promedio mensual por hogar de $1.681.182, cifra 9,5 veces superior al quintil más pobre, que percibe mensualmente $177.041. Un quintil corresponde al 20% de la población.
Sin embargo, los datos de la Encuesta Casen, expresados en deciles, son más ilustrativos y categóricos respecto de los niveles de desigualdad. El decil más pobre de la población registra un ingreso promedio de $ 114.005. Mientras que el decil más rico registra un ingreso promedio de $ 2.953.920, es decir, 25,9 veces más que el decil más pobre.
Si se revisan los ingresos totales del país, encontramos que el decil más pobre solo percibe el 1,5% del total de ingresos generados, en tanto el decil más rico se queda con el 39,2%.
Pero la desigualdad no solo se manifiesta en la injusta distribución del ingreso. También se expresa en factores claves para la calidad de vida de la población como son la vivienda (el m2 por habitante), la estructura de los barrios, la existencia o preservación de áreas verdes, la salud, la recreación, el transporte y, por supuesto, la educación.
A este antecedente general debemos agregar las desigualdades que se producen en cuanto a la repartición de la riqueza por regiones. El dato decidor, según la Encuesta Casen 2009, es el que ubica a la Región del Bío-Bío como la segunda región más pobre del país, solo superada por la Región de la Araucanía. Hay que considerar que esta medición es anterior al terremoto del 2010, por lo tanto el cuadro real debe ser hoy mucho más dramático por la pérdida de fuentes de trabajo, cesantía, destrucción de viviendas, alza del costo de la vida, etc.
El modelo genera la desigualdad y es incapaz de combatir la pobreza. Por el contrario, cualquier intento por atacar las deficiencias estructurales de este modelo de libre mercado, es bloqueado y neutralizado por la casta empresarial dominante y su cohorte de políticos, antes siquiera de ser enunciado. Cualquier intento serio por terminar con la pobreza y reducir la desigualdad pasa, inexorablemente, por una profunda y radical reforma tributaria, cuestión que su sola mención provoca alaridos de espanto en el empresariado y la derecha. Lo mismo ocurre si se piensa en una imprescindible reforma del código laboral que ponga término al abuso, a las condiciones leoninas a que son sometidos los trabajadores, y posibilite la sindicalización y negociación laboral en condiciones de trato algo más igualitario. De igual modo, el gasto social debiera tener un propósito de imponer soluciones permanentes para mejorar la calidad de vida de la población, y no seguir siendo utilizado como caballito de batalla electoral.
Se dice que la educación es el instrumento adecuado y perfecto para corregir la desigualdad; puede que eso sea válido, pero es un argumento hipócrita. Este discurso es también una forma de no asumir aquí y ahora el problema, puesto que sus eventuales resultados en la relación social solo se podrían medir a 15 o 20 años plazo. En buen chileno, se chutea el problema de la iniquidad del sistema y se adorna con el discurso de la educación. Educación que, por otro lado, tampoco se hace absolutamente nada estructural por corregir los factores que la han convertido en uno de los elementos que produce y provoca desigualdad. ¿Cómo se pretende que la educación resuelva la desigualdad si la han transformado en un negocio en donde campean los valores mercantilistas del modelo? Lo cierto es que la educación solo parece ser un instrumento adecuado para combatir la pobreza extrema y la indigencia, y para más no alcanza. Reflejo de ello es que ya hoy el país está plagado de técnicos y profesionales cesantes o sobreviviendo en empleos precarios, subvalorados y, como es el estilo del modelo, subcontratados.
Es indudable que con reconocer la existencia del problema no basta. Ya es tiempo, de una buena vez, que se tomen medidas y se adopten decisiones que corrija radicalmente esta injusticia social. Los ricos y poderosos de este país se han beneficiado de un modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura, y salvaguardado contra viento y marea por los gobiernos concertacionistas, en tanto los trabajadores solo han debido conformarse con lo mínimo indispensable para sobrevivir, y en muchos casos menos que eso. La opulencia, la arrogancia, la soberbia, el despilfarro, el abuso, el atropello, es decir, las características propias de un explotador, es lo único que "chorrea" el modelo. La explotación como estructura y la iniquidad como norma es el método que conoce y practica la casta dominante como forma de relación con el resto de la sociedad. Eso debe acabarse; del mismo modo que en su momento se acabó con la dictadura militar, debe acabarse con la dictadura de un modelo económico injusto y arbitrario.
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