No más lucro de privados: Una educación financiada por el Estado es posible

Solapadamente, el gobierno intentó  implementar una reforma a la educación superior que no era más que un paquete de medidas. Pero esto fue impedido por los estudiantes y la comunidad en general, que hoy a través de múltiples manifestaciones exigen primero conocer esta reforma y segundo, ser partícipe de la creación de una reforma a la educación superior que beneficie a la comunidad y no a los intereses de los empresarios de la educación.

El actual sistema de educación  viene construyéndose desde la dictadura, con la Constitución de 1980, que puso fin al Estado Docente, y que consagra la Libertad de enseñanza, incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales con total independencia económica, administrativa y académica, sean estas de propiedad del Estado o creadas por particulares privados. Así a partir de 1981, con la Reforma de descentralización del Estado, la Educación Superior pasaba a ser responsabilidad de las instituciones que las impartían.

El  modelo chileno es el único que permite que con fondos públicos se lucre, asimismo privilegia la libertad de empresa por sobre el derecho a la educación. Lo anterior obedece a una ideología funcional a un orden social y económico que perpetúa la situación de privilegio de unos pocos.

Las medidas que vienen a profundizar el negocio en la educación intentan igualar el sistema público con el privado, permitiendo que el sector privado compita por el financiamiento estatal que se da a través de: aporte fiscal directo (AFD), aporte fiscal indirecto (AFI), el programa MECESUP y las becas y crédito entregadas a los estudiantes. Esto se manifiesta en el cambio en la obtención del aporte fiscal indirecto (AFI) que se le entregará directamente al estudiante como unos vouchers (vales) portables, esto propiciará una descarnada disputa por captar a estos estudiantes con ofertones e incentivos materiales y económicos. Asimismo la ampliación de  las becas y créditos con aval del Estado a estudiantes de universidades privadas, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) y el fin del aporte fiscal directo.

Todas estas medidas favorecen que la educación sea un lucrativo negocio, donde la expansión del empresariado es evidente en desmedro de la educación pública que desaparece entre la competencia y el lucro. La OCDE en su informe “La educación superior en Chile” reconoce el rápido aumento del “mercado de la educación superior y la gran competencia entre los proveedores” existente en nuestro sistema educativo, donde atribuye este fenómeno al desarrollo de establecimientos privados y a la incorporación del financiamiento compartido en todo el sistema. Kremerman es categórico: “El 25, 8% de los matriculados en educación superior son de instituciones públicas, versus el 74, 2% que son de instituciones privadas”

Las universidades privadas han devenido en un gran negocio, los empresarios invierten en ella porque ahorran impuestos, lucran con el arriendo inmobiliario del campus universitario, embolsan la subvención estatal, traen alumnos, acrecientan su capital invertido allí y la regulación de lo que se está enseñando es casi nula.

Ante este panorama la comunidad no puede quedar impávida: debemos exigir que el Estado se haga cargo del financiamiento de la educación superior y no permita el lucro con ésta, es decir, abandonar la perspectiva mercantil y privada; por otro lado debemos exigir democracia en las instituciones educacionales, cada comuna y su comunidad educativa respectiva debe decidir sobre la educación que necesitan ¿Qué se debe enseñar? ¿Cómo se debe enseñar? Etc.

No a la regulación del lucro; educación financiada por el Estado y administrada por la comunidad

La educación superior en Chile se financia a través de un sistema mixto, donde existen gastos privados y públicos.

El gasto privado es mayoritariamente el que realizan los estudiantes y sus familias pagando los altos aranceles. Chile es el país del mundo, donde el gasto privado en educación recae mayoritariamente sobre la familia; el 84% es financiado por éstas, en la mayoría de los casos con créditos fiscales o bancarios. Asimismo, el gasto privado “aportado” por las empresas, las donaciones culturales, no son más que un eufemismo para ocultar el afán  de evasión tributaria de las empresas. Es más, muchas veces ocurre que los empresarios que realizan estos aportes son dueños de colegios o instituciones de educación superior, entregando recursos desde sus empresas a sus empresas educacionales.

El gasto público son los recursos que vienen desde el Estado que son entregados de manera directa e indirecta a las instituciones. Esto a través de el Aporte fiscal directo (AFD), el Aporte fiscal indirecto (AFI) y el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la educación Superior (Mecesup).

El Estado financia sólo en un 20 % a las universidades del Consejo de Rectores. El 80 % restante lo deben obtener en financiamientos concursables, -donde concurren universidades e instituciones privadas sin ninguna distinción-, puestos a disposición por instancias estatales en acuerdos con el Banco Mundial (Concursos MECESUP) o en endeudamientos a través de préstamos financieros o, desarrollando negocios e inversiones como cualquier empresa privada.

En el Boletín N°8, de Agosto 2008, del Sistema de Tendencias Educativas de América Latina (SITEAL), perteneciente al Instituto de Planificación de la UNESCO, Chile aparece como el único país del mundo que tiene una Educación Superior 100% privada, en tanto toda ella es pagada. Las universidades ‘públicas’, lo mismo que las ‘privadas’, deben autofinanciarse y las ‘privadas’, lo mismo que las ‘públicas’, reciben subvenciones estatales.

En definitiva, el gasto público que antes era un aporte basal, progresivamente está siendo reemplazado por un aporte condicionado a un acuerdo entre las casas de estudio y el Estado, volviendo totalmente técnicas y funcionales al orden impuesto las distintas carreras impartidas.

Este modelo de financiamiento evidentemente ha fracasado. Frente a este sistema está la propuesta de una educación financiada por el Estado con fondos provenientes de la recaudación tributaria y/o del royalty aplicado a la explotación de nuestros recursos naturales. Esto podría entenderse como un sistema gratuito, pero no es así, pues es la sociedad la que esta invirtiendo sus impuestos y sus recursos productivos en el financiamiento.

La buena noticia es que lo anterior es posible, pues está ajustada a la realidad económica y financiera del país. Según el economista Marcel Claude, Chile hoy podría ser calificado el país más rico de América Latina. El ingreso per cápita de nuestro país se empina en los 15 mil dólares anuales a diferencia de otros países como Argentina (13.500 dólares) y Brasil (10 mil dólares). Cabe destacar que desde 1949 en  Argentina los estudiantes pueden acceder al sistema de educación sin pagar aranceles y en Brasil el Estado debe financiar al menos una universidad pública en cada Estado en donde los estudiantes no pagan ni matrículas ni aranceles. Lo mismo ocurre en países como Perú, Uruguay y México, como ejemplos de la región.

Es más, si nos remontamos a los años 60 en Chile, cuando el ingreso per cápita en nuestro país era 7 veces menor al de hoy, es decir, éramos 7 veces más pobres, en el sistema público de educación se accedía sin pagar aranceles ni matrícula. Los argumentos en contra serían que hoy el universo de población estudiantil ha crecido, pero solo se ha duplicado mientras nuestro ingreso per cápita es 7 veces mayor al de los años 60 y con una explotación minera que se ha multiplicado 80 veces. Las empresas privadas de la gran minería del cobre este 2011 han ganado 34.632 millones de dólares equivalente a 3,3 veces el presupuesto del Ministerio de Educación, con su renacionalización podríamos volver a financiar nuestra educación.

Claramente, el problema no es una restricción de recursos, sino un problema político, pues la elite que nos gobierna privilegia el lucro privado de las empresas multinacionales, los intereses del capital y la concentración de la riqueza(Chile es el país con mayor desigualdad en la distribución de los ingresos en su población, dentro de los agrupados en la OCDE), antes que el derecho a la educación y en general, el bienestar de la población.

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