Hace unos días, en el marco de las movilizaciones y paro convocados para el 18 y 19 de octubre recién pasado, un grupo de manifestantes pertenecientes a organizaciones estudiantiles y medioambientales protagonizaron una simbólica toma de la sede del Congreso Nacional, en Santiago.

La toma pacífica de la antigua sede del Congreso puso de manifiesto la característica dominante en la actitud del actual gobierno. La única respuesta del ejecutivo fue pretender realizar un desalojo del edificio  por medio de la fuerza, por la violencia, mediante la utilización de las fuerzas especiales de carabineros. El método ya había sido utilizado el día anterior en el edificio del Congreso en Valparaíso, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, el UDI Patricio Merello, ordenó el desalojo de ciudadanos desde las tribunas del hemiciclo recurriendo a la fuerza policial; el público asistente a la sesión de la Cámara que trataba precisamente las políticas represivas del gobierno, particularmente del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, presente en la reunión, fue violentamente desalojado con el ya acostumbrado exceso de violencia policíaca.

En el caso de la sede capitalina, el presidente del Senado, Guido Girardi, se negó a pedir el concurso de las fuerzas represivas y optó por buscar una solución negociada con los ocupantes. Esta solución se logró luego de algunas horas de tensas negociaciones pero que trajeron como saldo la desocupación pacífica de las instalaciones, aunque ello significó también que los participantes fueran detenidos, trasladados a una unidad policial y más tarde liberados.

Esta situación mostró  la nula capacidad de diálogo de los gobernantes, gobierno y alianza, quienes desde sus tronos de ministros y parlamentarios clamaron las penas del infierno para los ocupantes y signaron duras críticas para la actitud dialogante del presidente del Senado. Tal cual ha sido la tónica de los últimos meses, las acciones pacíficas de los ocupantes fueron rotuladas y presentadas por los digitadores publicitarios del gobierno como flagrantes actos de violencia; en los hechos la única violencia fue la ejercida por carabineros en las afueras del edificio congresal contra cientos de personas que se manifestaban en apoyo a los ocupantes.

La acción de los estudiantes y organizaciones medio ambientalistas ciertamente que provoca una gran irritación en las esferas de la derecha, por tanto del gobierno en pleno, puesto que se trata precisamente de dos sectores sociales que han puesto el dedo en la llaga para denunciar los abusos y arbitrios del sistema dominante. Pero no es solo denuncia, sino que se trata de movilizaciones para exigir cambios y soluciones radicales a sus demandas. La toma del Congreso tenía como principal bandera la exigencia de un plebiscito vinculante para resolver los conflictos políticos que afectan al conjunto del país y la exigencia de una nueva constitución; es decir, reclamos de democracia y participación ciudadana. Razón tienen entonces los derechistas para estar asustados ya que la super apernada constitución dictatorial ya no hay quien la tolere ni la sostenga.

La derecha ha caído en un estado de histeria, de paroxismo, y se desboca atacando a todo aquel que piense o actúe distinto. Con mayor razón atacan a todo aquel, sea individuo u organización social, que pretenda luchar contra los intereses económicos y políticos que ellos representan y defienden. El frenesí derechista a llegado con singular rapidez al extremo de amenazar con un nuevo golpe de estado; cuando ciertos delirantes ministros pinochetistas, y ciertos parlamentarios enfermos de derechitis, tratan de exacerbar las características de las movilizaciones sociales en curso para compararlas con el período anterior al triunfo de Allende, o previo al golpe de estado del 73, lo que están diciendo es: tengan cuidado, que les podemos dar otro golpe.

Dichas amenazas solo pueden formar parte del show represivo de la derecha y del actual gobierno. Las actuales luchas sociales tienen sus propias causales, sus propias necesidades, sus propias dinámicas, y no tienen porqué hacerse cargo de cómo actuó la derecha en el pasado. De modo que esas amenazas difícilmente afectarán a los ciudadanos y organizaciones del presente y del futuro, movilizados o no; esta aseveración la derecha ha tenido ya más de cinco meses para comprobarla aquí en Chile. Pareciera ser que el destinatario real de las amenazas pinochetistas y dictatoriales son los antiguos y viejos miembros de la clase política, particularmente aquellos auto flagelantes y predicantes de "en la medida de lo posible", pero a éstos tampoco hay quién los soporte.

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