Al mediodía de hoy, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Santiago procedente de Finlandia, fue detenido el ex mirista Hugo Marchant Moya, ciudadano chileno, quién trataba de ejercer el derecho a vivir en su país. Esta detención se produce aunque Chile es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que en su artículo 22 n° 5 expresa: "Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo"

Marchant Moya permanecía cumpliendo una pena de 25 años de extrañamiento, en Finlandia, desde noviembre de 1992 cuando le fue conmutada la pena de cárcel por la de exilio. Le quedaban aún 6 años para cumplir la condena, pero decidió  emprender el regreso para exigir el término de un castigo exagerado y fuera de toda lógica. Como era de suponerse fue nuevamente apresado cuando trataba de ingresar a Chile.

El ex mirista había sido detenido el 7 de septiembre de 1983 acusado de participar en el atentado que le costó la vida al Intendente de Santiago, general Carol Urzúa, ocurrido el 30 de agosto de ese año. Para los miristas, el atentado al intendente representaba una acción de resistencia en la lucha por derribar la dictadura y restablecer la libertad y la democracia. Sin embargo, el grupo ejecutante fue rápidamente capturado. Marchant Moya fue procesado por ese hecho junto a Jorge Palma Donoso y Carlos Araneda Miranda. En plena dictadura, los detenidos fueron encausados por la justicia militar, por ley de seguridad interior del estado y ley antiterrorista, con toda suerte de vicios legales y arbitrios judiciales propios de la época en donde difícilmente podía lograrse un debido proceso. Todos fueron víctimas de torturas, juzgados en base a declaraciones extrajudiciales y con testigos forzados. En ese contexto, no fue extraño que inicialmente fueran condenados a la pena de muerte, pero luego ésta condena fue cambiada por la de presidio perpetuo.

Con el retorno de la democracia y la política de "Justica en la medida de lo posible" aplicada por el gobierno de Patricio Aylwin se dio curso a las "Leyes Cumplido", llamadas así por el nombre del Ministro de Justicia que encabezó  los ajustes legales para tratar de crear un soporte institucional a las aberraciones de la dictadura.

En el marco de las leyes Cumplido es que se promueve la conmutación de las penas de cárcel por la de extrañamiento, pero el gobierno de Aylwin partió por darle validez jurídica a los juicios y condenas que había aplicado la dictadura, lo que en sí se constituyó en otra aberración y otro vejamen. No quisieron ni se atrevieron a tocar nada que pudiera molestar a los poderes fácticos de la derecha y militares que seguían gobernando desde las sombras. Así las cosas, lo más cómodo y menos molesto, fue sacar de la cárcel y del país el problema que representaba para la concertación la existencia de decenas de presos políticos. Esos presos políticos eran los mismos que habían luchado por conquistar la democracia de la que ahora la concertación usufructuaba.

A Marchant Moya, junto a Palma Donoso y Araneda Miranda, les fueron conmutadas las penas por 25 años de extrañamiento, sin ponderar que ya llevaban 9 años 2 meses de prisión efectiva, y fueron expulsados del país el 17 de noviembre de 1992.

En esa condición fueron expulsados 28 presos políticos; a ellos hay que sumar otro que había sido condenado en 1982 a 40 años de extrañamiento. La mayoría de ellos ya ha cumplido las penas aflictivas en los años recientes y podrían volver al país. Pero queda un grupo de 9 que aún le restan muchos años de condena, uno de los cuales recién cumpliría el tiempo el año 2032.

Marchant Moya es uno de esos nueve. Cansado de esperar cambios democráticos en el país que trajeran consigo algunos aires de justica, hace unos años junto a Jorge Escobar Díaz y Héctor Maturana Urzúa, creó el "Comité Chile Vuelvo". Este Comité en mayo del 2009 presentó una solicitud de indulto al gobierno de Chile. Esta solicitud aún está sin ningún tipo de respuesta.

Cansado también de esta espera, y basándose en el hecho de que ya ha cumplido mucho más de la mitad de la pena (19, de 25 años), Marchant Moya inicia la campaña "Fin al Destierro", con el propósito de forzar una respuesta del gobierno y del estado de Chile. Y en esta apuesta tiene toda la razón. Si eso significa que habrá que hacer reformas legales, pues llegó la hora de hacerlas. Si hay que acatar los acuerdos y pactos internacionales de los que el estado de Chile es o se ha hecho parte, pues que se acaten y dejemos de vivir al arbitrio de los poderes fácticos de siempre.

Es evidente que la clase política en este asunto, como en tantos otros asuntos que este año han quedado al desnudo, ha estado jugando con aquellos chilenos que hicieron grandes esfuerzos en la lucha contra la dictadura. No sólo debieron pagar con prisión, tortura y cárcel la osadía de luchar y el compromiso con los valores democráticos y libertarios, sino que luego son confinados al castigo del destierro y el olvido. Y este flagelo no solo afecta a los ex presos con penas de extrañamiento, como el caso de Marchant Moya, sino también a unas decenas de presos políticos que escaparon de las cárceles pinochetistas y, absurdamente, siguen condenados a vivir fuera del país o en una absurda clandestinidad. Llegó la hora de poner fin a los destierros e injusticias heredadas y conservadas desde la dictadura.

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