Represión, la respuesta que los estudiantes no esperan

El largo proceso de movilización estudiantil de este año ha tenido diversas etapas, las más interesantes y aportativas han venido de parte de los jóvenes, prueba de ello son las propuestas construidas, el avance en la organización y el involucramiento de la sociedad en el debate por la educación pública.

Lamentablemente, desde el gobierno y los poderes locales en ciertas universidades, la respuesta frente a este movimiento es la represión, el autoritarismo y la defensa cerrada de los privilegios que el modelo entrega a las instituciones que lucran.

Aquí revisaremos dos ejemplos de cómo se ha dejado sentir la represión, en dos ámbitos diferentes, poco abordados si se quiere, pues no surge directamente de la lucha por la educación, pero que son igual de graves pensando en la criminalización del movimiento social que se anuncia.

Universidad Católica, el infierno en la tierra

En la Universidad Católica de Concepción la movilización ha sido relentizada por una federeación que  no ha querido implicarse en los procesos de debate y movilización de los estudiantes; por otra parte, las autoridades se han negado al diálogo de manera sistemática, buscando la desactivación de cualquier forma de protesta en su casa de estudios.

La católica penquista se ha visto cuestionada desde hace años por su falta de democracia interna, particularmente es señalada como una institución que ampararía en cargos importantes de su estructura a personas vinculadas a la dictadura y a violaciones a los derechos humanos, a través de su participación en consejos de guerra, los que finalmente provocaron la desaparición y ejecución de dirigentes sociales y políticos tras el golpe de estado de 1973.

Pese a todo ello, los estudiantes movilizados han protagonizado sucesivas tomas de las diversas facultades o de la Universidad en su totalidad, cada vez que esto ha ocurrido, las autoridades recurrieron a la violencia institucional, ordenando desalojos por parte de carabineros. Los estudiantes han denunciado que la policía se ha infiltrado en el campus y, últimamente, también sucede con efectivos de la PDI, que incluso han llegado a amedrentar en sus domicilios a algunos estudiantes.

La permanente sordera de las autoridades universitarias, ha llevado a que los estudiantes entiendan la crudeza de su determinación: “Nosotros no podemos decir que tendremos una toma indefinida, lo que decimos es que estaremos hasta que nos desalojen, pero con la convicción de que nuevamente nos volveremos a tomar el campus. No podemos permitir que nos dobleguen, la lucha será hasta el final”.

La movilización de los estudiantes ha debido radicalizar sus estrategias, ya que ha existido una respuesta ilegítima, en cuanto a la demanda por recalendarizar o revocar las medidas de sanción que hoy por hoy se están aplicando a través de sumarios. Uno de los más llamativos ha sido la funa al rector Juan Cancino, para exigir la detención de la represión al interior del campus de Barrio Norte.

Los estudiantes denuncian hechos atentatorios contra el derecho a la protesta, señalan el permanente hostigamiento a los estudiantes movilizados, hay un cuerpo de seguridad con perros que ha maltratado a estudiantes durante los procesos de toma, se relatan persecuciones con perros por parte de estos guardias pagados por la universidad, así como la vigilancia y delación permanente que muestran en el campus.

En este momento, la preocupación de los estudiantes guarda relación con los sumarios que la institución arzobispal está generando, estos sumarios serían 10, pero se teme que se vayan agregando nuevos procesos en función de las diversas retomas y acciones de visibilización que los estudiantes han venido realizando, como la ocupación del casino el martes 19 o la nueva funa al congreso de filosofía realizado en el Aula Magna.

La presión a la que se ven sometidos los alumnos pasa por el acoso de profesores y alumnos en algunos casos, hasta la amenaza de llevar los casos a la justicia civil si el sumario arroja elementos suficientes para ello; además de las expulsiones y otras sanciones que la institución quisiera aplicar.

En el caso de las tomas, los estudiantes, en algunos casos, se han visto compelidos a pagar todos los daños ocasionados por el desalojo, a pesar que los daños hayan sido provocados por la misma fuerza pública, que no ha mostrado ningún interés en proteger los bienes de las facultades tomadas y menos por proteger la integridad de los estudiantes, más bien han procedido en la dirección contraria, destruyendo material y golpeando a las personas.

Los antecedentes están siendo manejados por la Defensoría Popular para ejercer el legítimo derecho a la defensa, particularmente se han hecho dos declaraciones frente a los fiscales que llevan a cabo los sumarios, sin la presencia de una defensa, hecho que es impropio según el reglamento interno de la casa de estudios católica.

Los estudiantes señalan que ellos han puesto de su parte para dialogar con las autoridades, de hecho bajaron el paro, sentados en una mesa de negociación, pero la institución no cedió en ningún punto, exigiendo que los estudiantes detuvieran todo proceso de movilización, en medio de estas conversaciones, la universidad decidió proseguir con los sumarios y llevarlos hasta las últimas consecuencias.

Los movilizados ponen la atención sobre la actuación de la federación de estudiantes en medio de todo este proceso, advirtiendo su baja predisposición a defender a los estudiantes represaliados, hacen la excepción de vocalías específicas que si se han preocupado de socorrer, dentro de lo posible, a quienes se han visto vulnerados en sus derechos. También puntualizan la estrategia de dividir al movimiento, haciendo recalendarizaciones y pagos de asignaciones a la carrera de derecho, mientras el resto de la universidad no ha recibido el mismo trato.

Prensa popular, enemigo directo

Una de las más importantes ganancias que ha reportado esta etapa de movilizaciones en nuestra región, ha sido la aparición de proyectos de comunicación independientes y populares, alternativos si se quiere, todos buscamos informar desde el lado de los que luchan, cómo se desarrollan los diversos procesos de movilización.

Para el poder, los medios de comunicación son cruciales, el control de la opinión es casi tan vital como el control de los cuerpos y de los usos que le damos. En este sentido es que el trabajo que ejercemos está bajo permanente amenaza policial. Desde que se inició este proceso de protestas se han venido dando hechos de agresión policial a reporteros, y no hemos quedado al margen de ello.

Tal como la represión hacia los estudiantes, los reporteros han sufrido agresiones, en el caso de Resumen, en dos ocasiones ha sido detenido y golpeado Jorge Espinoza, gráfico de nuestro medio que, en medio de su labor, fue violentamente golpeado, incluyendo la destrucción de su material, la última vez, se le borró todo el registro que captó el miércoles 19 octubre durante el paro nacional.

Cabe destacar que Jorge enseñó su credencial que lo acredita como miembro de la prensa, cuestión que la policía omitió, procediendo a vulnerar, nuevamente, su derecho a estar en los eventos de interés público, como son las movilizaciones estudiantiles, que nuestro medio cubre habitualmente.

En la Universidad de Concepción, un compañero de Metiendo Ruido, Nicolás Salazar, que portaba credencial de Resumen, pues aporta material gráfico y escrito a nuestra página web, fue violentamente agredido y despojado de su material, nuevamente la policía ningunea su condición de reportero al no respetar la credencial que mostró mientras registraba la golpiza a un estudiante por parte de un piquete de carabineros.

Afortunadamente la memoria fue hallada posteriormente en el lugar de los hechos, video que pueden ver en www.resumen.cl o a través de youtube y que demuestra fehacientemente el actuar impune de carabineros y el irrespeto a un miembro de los medios de comunicación.

Nicolás ha señalado que: “Mientras explicaba que era prensa y al darse cuenta que se les había pasado la mano con los golpes, me llevaron hacia un individuo que estaba entre un grupo de fuerzas especiales. Era un sujeto joven con una cámara fotográfica de las cototas. Los pacos le mostraron mi credencial, pero el tipo dijo que yo “no era periodista”, como diciendo que por eso debían llevarme detenido. El sujeto es uno de los soldados de los medios masivos, un fotografo-sapo, amigo de la policía, de esos con su titulo de periodista bajo la manga, pero con ninguna ética periodística en la cabeza”.

Las implicaciones de esta y otras agresiones a los reporteros nos lleva a preguntarnos y cuestionarnos el estado actual de la libertad de expresión en nuestro país y de lo difícil que resulta hacer prensa independiente y popular bajo la amenaza permanente del actuar policial.

Nicolás ya presentó  una denuncia en fiscalía militar, apañado por la Defensoría Popular, buscando la sanción de los efectivos de fuerzas especiales que lo lesionaron gravemente en su pulgar derecho, además de los fuertes golpes que recibió en todo el cuerpo. A través de este procedimiento legal, se busca dejar precedentes para detener la ola de represión que hoy en día está sufriendo el movimiento estudiantil.

En el caso de Jorge, se está evaluando si es posible seguir acciones legales por sus detenciones y golpizas, considerando los medios de prueba que puedan ser presentados. De todas formas, el trabajo de nuestro reportero no se detendrá frente a los amedrentamientos de carabineros y sus ayudistas civiles, infiltrados en las movilizaciones y protestas.

Por último, como medio de comunicación, denunciamos y exigimos un comportamiento a la altura por parte de la fuerza pública y estaremos atentos para denunciar cualquier abuso en contra de la prensa popular de nuestra región.

La criminalización

Cuando analizamos hechos como los relatados, tal vez sean anexos a la centralidad de las demandas estudiantiles, aquellas que exigen educación pública, gratuita, laica y de calidad; sin embargo están arraigados en la ideología del estado chileno, ese que cree que con la fuerza se puede controlar y, finalmente, imponer la “paz social” como devenido en una nueva Roma imperial.

A través de instituciones semiestatales, como la Universidad Católica de la Santísima Concepción, útil a los deseos de mano dura del gobierno, se pone en el ojo del huracán los hechos provocados por el conflicto y nunca el fondo de éste, ello causa que sean criminalizados los protagonistas, demonizados por su ansia de cambios y transformaciones, haciéndoles sujetos de sanciones y castigos y desnaturalizándolos como actores del diálogo.

Con la prensa popular pasa algo similar, se nos agrede porque somos parte del problema, porque renunciamos a la objetividad, la medida de las cosas para esta democradura y por lo tanto, no estamos en el molde, no cabemos, igual que los subversivos que quieren estudiar gratis, entonces también deben ser criminalizados, vulgarizando nuestro trabajo primero, tratándonos como mera propaganda y luego violentando nuestra acción, a través de la fuerza si es necesario.

Criminalizar al oponente ha sido una política de nefastos resultados en países como Colombia, México y el Estado Español, en Chile está siendo propuesto por el ministro Hinzpeter un proyecto de ley que busca implementar políticas que apuntan en esa dirección, ayudado por la larga tradición represiva de las instituciones políticas y policiales chilenas.

Cuando hablamos de criminalización de los movimientos sociales, hablamos de estrategias y procedimientos múltiples y complejos, que quieren destruir para siempre la válida lucha social, el derecho a la protesta y a la construcción de alternativas políticas, económicas y sociales, más allá de los estrechos márgenes del modelo imperante.

Las cartas están en la mesa, ahora es la sociedad quien debe manifestarse.

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