Un genocida llamado Alberto Fujimori


Al parecer, la dignidad de la vida humana no
estaba prevista en el plan de globalización.
Ernesto Sábato

Cuando la campesina María Mamérita Mestanza de un remoto caserío en Cajamarca, Perú, tuvo que acudir al centro médico local, asustada por las amenazas de ser detenida si no se sometía a la “operación para controlar la natalidad”, jamás sospechó que sería una de las miles de víctimas de la campaña genocida de esterilización contra la mujer quechua, ordenada por el presidente Alberto Fujimori, financiada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) con 36 millones de dólares y con unos 10 millones por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Esta mujer creyó en los médicos que la operaron, en el gobierno, y en especial en Alberto Fujimori quien al asumir el poder en 1990 declaró que “desde ahora la mujer peruana debe ser dueña de su destino y las mujeres de bajos recursos económicos tendrán el mismo acceso a la planificación familiar que las de las familias pudientes”.
La idea de Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) de controlar el crecimiento de la población para evitar las explosiones sociales o revoluciones ha perseguido a la humanidad durante más de un siglo. La esterilización de la mujer ha sido considerada como uno de los métodos más efectivos y más utilizados en el mundo occidental. Estados Unidos fue el pionero en aplicarlo al promulgar en 1907 el Estado de Indiana legislación sobre esterilización, seguido por Washington y California en 1909. La mayoría eran programas eugenésicos “para impedir la reproducción de miembros de la población considerados como portadores de rasgos genéticos defectuosos”.
Los alemanes “perfeccionaron” este programa durante el régimen del Tercer Reich, obligando a los doctores a reportar a pacientes con retraso mental, enfermos mentales, alcohólicos, epilépticos, sordos, ciegos o físicamente deformes para que sean esterilizados. En total más de 400,000 personas fueron esterilizados más de 70,000 fueron asesinados bajo esta ley alemana. Los japoneses seguían el mismo camino con su Ley de Protección de la Raza Eugenésica.
Después de la Segunda Guerra Mundial cuando todos creían el fin de la barbarie, Estados Unidos decidió a aplicar su programa en el Puerto Rico, haciendo esterilizar a una de cada tres mujeres que en los años 60 y 70 constituía la mano de obra eficaz y barata en las fábricas norteamericanas en Puerto Rico. Lo quisieron hacer también en Cuba pero la revolución truncó sus planes. Precisamente en aquellos años el gobierno norteamericano financió el programa PIEGO bajo la dirección del Dr. Ravenholt de la Universidad John Hopkins para esterilizar unas 570 millones de mujeres en estado fértil en todo el mundo, es decir la cuarta parte de la población femenina mundial en el estado reproductivo, “para defender los intereses económicos de Norteamérica en el planeta y evitar la explosión de la población para que el mundo no se rebele contra el dominio comercial los Estados Unidos”.
Parece que Alberto Fujimori se sintió iluminado con estas ideas y decidió mostrar a su patrón del Norte su eficacia para convertirse en el pionero de esterilización en América Latina. Hizo cambiar las leyes peruanas y puso en funcionamiento en 1995 un programa de esterilización forzada contra mujeres indígenas, en su mayoría quechuas, bajo el nombre de Plan de Salud Pública. En cinco años fueron esterilizadas 331,600 mujeres y unos 30,000 hombres sufrieron una vasectomía. En aquella época había en Perú unas 6 millones de mujeres en la edad reproductiva (entre 19 a 49 años). Eso quiere decir que del total de las mujeres, el cinco por ciento fue esterilizado. Pero si tomamos en cuenta que más del 95 por ciento de las mujeres afectadas eran quechuas, el significado de las cifras cambiaría dramáticamente. En 1995, de acuerdo a la estadística oficial hubo 600,000 mujeres quechuas en edad reproductiva. Entonces Fujimori hizo esterilizar a la mitad de las mujeres quechuas en edad fértil y esto no tiene otro nombre que genocidio.
Su plan era tan siniestro que el personal de salud encargado de esta operación tenía cuotas obligatorias de 9 mujeres intervenidas quirúrgicamente al mes por cada enfermera. Las que alcanzaban este número fueron premiadas y las que no cumplían cuotas fueron castigadas o despedidas. Se elaboró todo un sistema para engañar a pobres mujeres muchas de las cuales ni hablaban español. Las amenazaban con el arresto, con no permitir a sus hijos ir al colegio, con negarles la atención médica o les prometieron una mísera ayuda económica. Lo cínico fue que la ligadura de trompas fue practicada sin consentimiento, diciéndoles que era el único y eficaz método anticonceptivo para ellas. Inclusive les aseguraban que después de un tiempo podrían tener hijos. Las mismas operaciones se realizaban en mínimas condiciones higiénicas, sin ningún previo análisis o sin tener en cuenta ninguna historia clínica. Y toda esta barbaridad fue ordenada por un hombre y aplicada bajo la consigna: “la mujer peruana – dueña de su destino”.

Ahora el estado peruano estudia la posibilidad de enjuiciar de nuevo a Fujimori por el genocidio contra las mujeres quechuas, Mientras tanto el tiempo y el espacio no cambia para los globalizadores que están camuflando la teoría malthusiana del control de la población bajo otras ideas, como el “desarrollo sostenible” (sustainable development) que requiere la deindustrialización en lo que antes se llamaba el Tercer Mundo. Jeffrey Sachs el mismo que aplicó la “terapia de choque” en América Latina y en Rusia reventando sus economías, ahora es director de The Earth Institute pregonando las ideas de reducir la población mundial porque “globalmente nuestra sociedad es insostenible”.

Foto. Imagen de la película Yawar Mallcu de Jorge Sanjinés que aborda el mismo proceso genocida implementado en las comunidades aymaras de Bolivia.

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