Destierro: una herencia infame

Destierro: una herencia infame

El reciente intento de ingresar al país protagonizado por Hugo Marchant Moya ha venido a demostrar que esta democracia carga con muchos lastres heredados de la dictadura y, lo que es peor, no existe la voluntad política de querer terminar con ellos. El ex mirista fue detenido en el Aeropuerto de Santiago y luego expulsado del territorio nacional, por dos veces, en dos días consecutivos, a pesar de que una resolución judicial autorizaba su ingreso por razones humanitarias por un lapso de 15 días.

Marchant Moya es uno de los nueve casos de compatriotas que están forzados a sufrir penas de extrañamiento, como consecuencia de las condenas que les impuso el régimen dictatorial y que luego el régimen democrático ha sido incapaz de suprimir. Se trata de chilenos que fueron parte activa de la Resistencia contra la dictadura, que lucharon por el derrocamiento de Pinochet y su régimen, y que asumieron el camino de la lucha armada, convencidos de la necesidad de derribar la tiranía.

Todos estos chilenos fueron hechos prisioneros y torturados de manera brutal por los organismos represivos de la dictadura, sometidos a juicio por burdos y parciales tribunales militares o por obsecuentes y serviles tribunales civiles; luego fueron condenados a penas absurdas, carentes de toda validez legal y sentido de justicia. El mismo Marchant Moya, junto a dos de sus compañeros con los que había sido detenido, fue condenado a la pena de muerte; más tarde esta condena fue rebajada a cadena perpetua.

Con el retorno a la democracia, se suponía que estos juicios arbitrarios serían revisados, pero solo se optó  por el camino pusilánime de la “justicia en la medida de lo posible”, y lo posible era determinado por la derecha dominante, por las huestes pinochetistas y los poderes fácticos. En lo que se refiere a los luchadores contra la dictadura que estaban en prisión, la actitud siguió  siendo represiva, castigadora. Para los miembros de la Resistencia, la aplicación de las Leyes Cumplido, surgidas como fórmula de solución política durante el gobierno de Patricio Aylwin, se tradujo en un nuevo castigo que tiene la forma de un extrañamiento excesivo.

No hubo revisión de procesos ni se tomó  en debida consideración el tiempo de prisión efectiva que muchos de ellos llevaban al momento del término de la dictadura. Inicialmente los afectados con las condenas de destierro eran 29 miembros de la Resistencia, en su mayoría  integrantes del MIR y del FPMR; de ellos, un gran número ya cumplió sus penas y pueden volver a Chile, pero quedan nueve personas cuyos plazos aún no llegan y el tiempo  y la vida pasa.

Hugo Marchant Moya, llevaba cumplidos nueve años y dos meses de prisión efectiva cuando en noviembre del 92 se le conmuta la pena por un extrañamiento de 25 años, que se cumplen el año 2017. Igual cosa ocurre con las situaciones de Carlos Araneda Miranda y Jorge Palma Donoso, los compañeros de prisión de Marchant.

Carlos García Herrera, llevaba diez años y diez meses de prisión efectiva y en noviembre del 92 se le aplican 40 años de extrañamiento, que se cumplen el año 2032, es decir, destierro perpetuo.

En tanto, a 20 años de extrañamiento fueron condenados:

Héctor Maturana Urzúa, con seis años de prisión efectiva, su condena se cumple el 2014.

Héctor Figueroa Gómez, con siete años de prisión, su condena se cumple también el 2014.

Hugo Gómez Peña, con siete años de prisión, su condena se cumple el 2013.

Jorge Escobar Díaz, con cuatro años de prisión, su condena se cumple el 2013.

A ellos se suma, Fernando Espinoza Espinoza, que en 1982 había sido condenado por la dictadura a 40 años de extrañamiento, que se cumplen el año 2022.

No resulta posible entender que chilenos que hicieron un gran esfuerzo por derribar el régimen dictatorial sigan siendo castigados por una justicia que ha estado y sigue estando en deuda, no solo con las víctimas de la dictadura, sino también con los luchadores por la libertad y la democracia. Democracia que sigue prolongando castigos e injusticias.

Pero no es solo con los desterrados por extrañamiento que esta democracia  ha sido castigadora e injusta. También están los casos de las decenas de compatriotas que se escaparon de las cárceles de la dictadura y que no han podido recuperar ni la debida legalidad ni la libertad de vivir en Chile. La mayoría de ellos ha debido permanecer exiliado para no volver a una situación de prisión impropia y arbitraria; algunos de ellos permanecen en el país, pero en una situación de ilegalidad lo que los obliga a vivir en una absurda clandestinidad.

Esta democracia a medias tiene todavía muchos lastres que le heredó la dictadura y el destierro de compatriotas es uno  de los más infames. Para los gobiernos concertacionistas resultó cómodo sacudirse del problema que representaban los prisioneros de la dictadura sacándolos del país, pero se aseguraron de que ello ocurriera como castigo, para no congraciar a la derecha y para aislarlos de la vida política del país. Algunos de ellos ya se hartaron de tanto encono y exigen soluciones; con justa razón, Marchant Moya se hartó de esperar respuestas e intenta ejercer su derecho a vivir en Chile.

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