Españoles expertos en la ETA capacitan a fiscales y policías chilenos en terrorismo

Juristas y organizaciones de Derechos Humanos reaccionaron con fuerza contra el “Curso de Formación para Fiscales y Policías en Investigaciones Complejas y Terrorismo”, inaugurado ayer por el ministro del Interior, e hicieron un llamado a la autoridad a repensar su estrategia, anteponiendo el respeto a las personas y sus libertades esenciales. “En Chile nunca ha existido terrorismo”, dicen.

Los fiscales y policías chilenos serán entrenados por personal español que estuvo a cargo de perseguir y desbaratar al grupo subversivo ETA, en una capacitación que pone acento en casos de alta complejidad y en la desarticulación de células radicales.

El  llamado “Curso de Formación para Fiscales y Policías en Investigaciones Complejas y Terrorismo”  comenzó este lunes en la Escuela de Carabineros y se extenderá hasta el jueves.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, afirmó que la idea es “recoger la experiencia española, las estrategias para enfrentar esta clase de ilícitos, analizar las pericias y su complejidad”, para lo que se contará con expositores internacionales, todos especialistas en la persecución del terrorismo.

Frente a esto, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, mostró su preocupación y subrayó que Chile tiene condiciones muy distintas a las de España.

“Es gravísimo, porque este Gobierno está actuando con la lógica de que en Chile existe el terrorismo y en Chile nunca ha existido el terrorismo, excepto por los 17 años de terrorismo de Estado. En los 22 años de semidemocracia no ha habido actos ni organizaciones terroristas, porque terrorismo significa cuando hay un ente político con fines de atemorizar a la población o derrocar un gobierno. En Chile no ha existido terrorismo de ninguna índole”, recalcó.

Alicia Lira añadió que se está creando un clima de tensión y desconfianza, comparando episodios de terrorismo con situaciones como el Caso Bombas o los incendios supuestamente intencionales en el sur del país.

“Todo el mundo sabe que el Caso Bombas es un montaje conducido por el ex fiscal (Alejandro) Peña y que es el Estado el que está judicializando las demandas de los mapuche y criminalizándolos”, sostuvo la dirigenta.

En la misma línea, la abogada de Derechos Humanos, Alejandra Arriaza, advirtió que pese a que la capacitación es legal, sus fines son completamente dudosos: “La realidad nos ha demostrado que cuando nuestros policías o militares van a capacitarse a otros países, lo que aprenden no es precisamente en contra del terrorismo o la violencia”, dijo.

La jurista indicó que “por el contrario, creemos que todo esto apunta a fortalecer un ordenamiento jurídico que tiene por objeto no mantener la paz y el orden, sino ir en contra de todas las manifestaciones y el derecho a la expresión que ha logrado nuestra sociedad”.

La integrante de los Observadores de la Escuela de las Américas añadió que en las movilizaciones sociales se ha podido observar un nivel de represión preocupante. “Tememos que el ministro del Interior esté invirtiendo el bien jurídico que protege, atentando contra derechos como la libertad de expresión y de información”, afirmó la abogada.

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