…que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha y viceversa… Despojo de nuestro mar y sus recursos alimentarios.

PARTE II: “INTERNACIONALIZACIÓN Y LA PESCA COMO MONEDA DE CAMBIO”

La relación de la creciente clase burócrata con nuestro mar y la fuente alimentos marinos que posee, se enmarca en el contexto globalizador capitalista neoliberal y un notorio razonamiento de “colonizado”. Si citamos un dicho popular para comprender mejor ésta sería; “que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha y viceversa”. Así, los gobiernos tanto de la Concertación, esencialmente, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y el actual Gobierno de la Coalición por el Cambio de Sebastian Piñera se han comportado muy fluctuantes respecto de la actividad pesquera dependiendo del patrón de fundo internacional de turno con quien se negocia y/o los intereses económicos de los capitalistas pesqueros nacionales.

En el contexto nacional, la administración de las pesquerías ha privilegiado al gran capital industrial, en desmedro de las comunidades costeras dedicadas a la pesca artesanal. Aquello, se visualiza en el sector pesquero industrial debido a que poseen; a) la prioridad en el derecho a pescar, b) la prioridad al acceso preferencial de la captura, c) el 75% de la repartición de las cuotas globales de captura y d) la benevolencia a utilizar artes y/o aparejos de pesca de menor costo económico, a sabiendas del daño ambiental que provoca.

Sin embargo, en un contexto internacional, la preferencia del gran capitalista nacional es dejada a un lado por la tentativa del enorme capital trasnacional. De hecho, han sido los empresarios industriales pesqueros nacionales, por medio de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA), los que han trabado las negociaciones de diferentes tratados de libre comercio, tanto con países desarrollados como con bloques internacionales.

Entonces, ¿A qué se debe esta situación?. ¿A qué se debe este vaivén de la burocracia chilena?. ¿Cuál es la vinculación productiva histórica con los capitalistas nacionales?. Las respuestas a estas preguntas se enmarcan en la simpleza de que “la actividad extractiva pesquera ha sido la moneda de cambio para ingresar en un acuerdo económico internacional otras actividades productivas” como la agricultura, forestal y parte de la manufactura industrial. Esto fue lo que sucedió con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el ingreso de Chile a la O.C.D.E.

Lo anterior, no solamente marca un grave asunto que perjudica a enormes comunidades costeras que viven de la Pesca Artesanal, sino que también a los habitantes de nuestro país en general, debido, que se crea un marco normativo que tanto directa como indirectamente nos ha despojado de nuestro mar y de los sanos alimentos que contiene. De hecho, en Chile entre los años 1995 y 2003 la disponibilidad de de carnes terrestres aumentó un 20,6%, sin embargo, la disponibilidad de pescados y/o mariscos disminuyo un 33%, asimismo, en el año 1995 se exportaba el 85% de la producción y el año 2003 el 90% de la producción pesquera nacional1. Así, se desarrolla una percepción cotidiana en las personas que tiende a no visualizar en el mar una fuente de alimentos necesaria de incorporar en la dieta de las personas. ¿Usted ha visto en la televisión un comercial que diga “coma pescado” así como se nos invita a comer cerdo, pollo, hamburguesas, tomar y comer leche?. La respuesta más probable es NO.

De este despojo y desconocimiento del mar como fuente de alimentación se ha aprovechado la industria de la carne terrestre y la de la comida rápida para crearnos hábitos alimenticios que tiene enormes consecuencias en la salud de la población, por ejemplo; el 21% de los niños que cursan el primer año básico de enseñanza poseen obesidad2, el 62% de la población posee sobre peso y/o obesidad y los problemas cardiovasculares son la principal causa de muerte por enfermedades no transmisibles3. Asimismo, se estima que el costo de vida de una persona obesa aumenta entre un 17% y 54% respecto de una persona con un índice de masa corporal normal, estos, se manifiestan esencialmente en; consultas médicas, farmacia, exámenes y ausentismo laboral4.

Los principales tratados comerciales internacionales que amenazan y ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria son el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Ingreso de Chile a la O.C.D.E. Leamos con atención un poco:

Acuerdo CHILE – Unión Europea

El 18 de noviembre del año 2002 se firmó el tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea. Durante el desarrollo de las negociaciones y según la prensa nacional las materias pesqueras fueron la principal traba, de hecho, la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA) fue la principal organización que puso obstáculos a la concreción del acuerdo económico, dado el interés de los capitalistas europeos de operar dentro de la Zona Económica Exclusiva nacional e ingresar a los puertos chilenos.

Es menester y necesario destacar la concordancia temporal y la relación vinculativa existente entre el tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea y las negociaciones y lobbies que permitieron la promulgación, el año 2002, de la ley corta de pesca y con ello la privatización de las doce principales pesquerías nacionales entregándoselas a un par de familias privilegiadas que impulso el gobierno de Ricardo Lagos, que según las palabras del Ex – Senador y Ex – Secretario General del Partido Socialista de Chile Sr: Carlos Altamirano “ha sido el mejor gobierno de Centro de Derecha del último siglo”.

Así, una vez firmado el acuerdo comercial con la Unión Europea se estableció un Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P). Éste, responde a una política de la Comunidad Europea que se inicia en los años 70’. De hecho, el 20 de diciembre de 1992 se estableció un Régimen Comunitario de Pesca y de Acuicultura, el que fue modificado por el Acta de Adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia y por el Reglamento (CE) Nº1181/98 del Consejo, de 4 de junio de 19985, es decir, cuatro años antes de la firma del tratado de libre comercio. Con ello se produjo una importante reducción y disponibilidad de recursos pesqueros en aguas comunitarias europeas, por lo que se trasladaron las flotas pesqueras hacia otras latitudes, esencialmente países en desarrollo. De hecho, actualmente el 80% de los productos pesqueros que abastecen el mercado europeo proviene de capturas realizadas en aguas no comunitarias, esencialmente, América Latina y África.

El país de la Comunidad Europea que posee mayores intereses en la actividad pesquera es España, que es uno de los principales destinos de las exportaciones pesqueras chilenas. El ingreso de España a la comunidad europea en el año 1986 supone un punto de inflexión en la relación de la Comunidad con América Latina ya que ésta ultima estuvo fuera de la agenda comunitaria, así, desde la integración de España, América Latina ha ido cobrando un mayor peso relativo en la política comercial convencional de la Unión Europea6. España abastece el 33% de los productos pesqueros que se destinan al mercado europeo, además, en la fecha de las negociaciones del tratado de libre comercio poseía una enorme flota inactiva, es decir, no tiene pesca debido al cierre de los principales caladeros de extracción pesquera. Por lo tanto, la firma de éste representa una excelente oportunidad de inversión y de hacer crecer el negocio para los capitalistas pesqueros europeos y principalmente españoles ya que la biomasa pesquera está agotada en Europa.

El Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P) permite que empresas de la Comunidad Europea, según lo definido en su artículo 131, posean una parte de la mayoría del capital de acciones ordinarias y con ello controlar la gerencia de las empresas pesqueras en Chile, a su vez los capitalistas chilenos podrán controlar la mayoría del capital y gerencia de las empresas pesqueras de la comunidad Europea siempre y cuando la legislación de ese estado miembro de la comunidad así lo permita. No obstante, en Europa ya no quedan recursos pesqueros disponibles.

Entonces, a través de este Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P) una empresa europea, por medio, del control de una pesquera que opera en Chile, podrá obtener tres derechos ligados a la actividad extractiva;

  1. Derecho a realizar faenas extractivas (derecho a pescar).
  2. Derecho a utilizar las embarcaciones de la empresa controlada.
  3. Derecho a extraer la fracción de la cuota para el recurso objetivo de dicha empresa.

Así, con tan solo un contrato de compra (que depende de la acumulación del capital de la empresa europea) se obtienen derechos de pesca que consolida a nuestro país como un recipiente de recursos naturales que pueden ser explotados a nivel internacional, independiente de nuestra soberanía alimentaria, por quien posea suficiente dinero para ello.

Sin embargo, el Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P), es solamente un engranaje de esta maquinaria que tiene por finalidad despojarnos del mar. Así, otro hecho trascendental derivado del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, tiene relación con entregar garantías de operatividad hacia los buques factorías europeos que realizan faenas extractivas frente a nuestras costas. Estas garantías buscan;

  1. Permitir y facilitar el abastecimiento de tripulantes, insumos y mercancías.
  2. Utilizar puertos nacionales para que recalen los buques y exporten desde allí.

El primer punto, se relaciona esencialmente con la pesca indiscriminada del recurso Jurel (Tranchurus picturatus murphyi) por buques factoría principalmente con bandera Española, Holandesa y Rusa. Así, se generó una gran tensión con los empresarios pesqueros nacionales quienes por medio de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA) ejercieron una continua presión al gobierno de Michelle Bachellet. Motivo de ello el año 2004 se promulgó el Decreto Supremo N° 123, que regula las faenas pesqueras extractivas en alta mar. Sin embargo, debido al continuo proceso de abastecimiento desde los puertos nacionales hacia los buques factoría que operan fuera de las 200 millas, el 31 de enero del 2010 se amplió el marco regulatorio del Decreto Supremo N° 123 por el Decreto Supremo N° 329, con la finalidad de regular el abastecimiento de las naves que presten servicios de apoyo logístico, avituallamiento o preparación de la pesca (tales como transporte de personas, del recurso, insumos o cualquier otro suministro). Así, éstas ahora deberán solicitar acceso a puerto, el que será otorgado cuando las embarcaciones cumplan con la normativa local, por ejemplo, respecto de las tallas mínimas de captura7.

El Decreto Supremo N° 329, apareció en esencia debido a las conclusiones de la reunión de la Organización Regional del Pacífico Sur (ORP) realizada en noviembre de 2009 en Nueva Zelanda, en la que estipuló que se permitirá la operación de un mayor número de naves extranjeras en alta mar, sin límites de cuotas, hasta que entre en vigencia la nueva organización denominada “Organización de Manejo Pesquero Regional para el Pacífico Sur (SPRFMO)”, lo que debiese ocurrir no antes de tres años. Con la medida implementada se estima que se elevaría desde 34 barcos (principalmente de Rusia, China y la Unión Europea) a 56 naves factorías extranjeros operando en alta mar frente a las costas chilenas.

El segundo punto, se relaciona esencialmente con la pesca indiscriminada del recurso Albacora (Xiphias gladius). Todo comienza en los años 90’s cuando la Comisión Internacional para la Convención del Atún Atlántico, de la que es parte la Unión Europea, recomendó limitar la captura del pez espada (Albacora) en el Océano Atlántico. Esto impulso a las pesquerías españolas a trasladar sus actividades hacia el Sudeste del Océano Pacifico (Frente a Chile y Perú). Como respuesta a ello y debido a la presión del sector pesquero nacional el Estado chileno, el año 1999 promulga el Decreto Supremo N° 598 que reconoce que los ejemplares capturados del Pez Espada o Albacora (Xiphias gladius) pertenecen a la misma población que habita en la Zona Económica Exclusiva, por lo que las medidas de conservación nacional (talla mínima y regulación del arte de pesca) son aplicables. Por tanto, se prohíbe el desembarque de capturas de la especie pez espada, o de productos derivados de éstas, provenientes de alta mar, cuando se hubieren obtenido en contravención a las medidas de conservación nacional. Aquello, obligo a las naves factorías europeas a desembarcar en países como Perú o Ecuador.

Por su parte la Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura de España (ANAPA) efectuó una denuncia en contra de Chile, la que fue presentada formalmente ante la Comisión Europea el 26 de mayo de 1998, apelando a la libertad de tránsito. Sobre esa base, el denunciante solicitó a la Comisión que tomara las medidas necesarias para convencer a Chile que anulara estas medidas. La Comisión estimó que la denuncia contenía pruebas suficientes para justificar la iniciación de un procedimiento de investigación comunitario con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) N3286/94 del Consejo. En consecuencia dicho procedimiento se inició el 10 de julio de 1998.

Así, el 5 de abril del 2000, la comisión concluye que; si bien comparte el objetivo de conservar la especie, considera que cualquiera de las medidas encaminadas a ese fin deben tomarse de la manera que menos perturbe al comercio y no deben producir una discriminación arbitraria e injustificable. Asimismo, sostuvo que Chile no cumplió con la obligación que tienen los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en orden a emprender serios esfuerzos para negociar medios consensuales de protección y conservación de los recursos marinos vivos con todos los miembros interesados, en vez de tomar medidas unilaterales y discriminatorias, por lo que se considera que la aplicación de las medidas chilenas equivale a una discriminación injustificable y arbitraria. Además, que la prohibición de desembarcar en los puertos chilenos viola el principio de la libertad de tránsito establecido.

Al parecer, debido a la necesidad de ingresar a la O.C.D.E y a las presiones internacionales el 16 de octubre de 2008 el gobierno de Michelle Bachellet, accedió a impulsar un pre – acuerdo, a escondidas del sector pesquero nacional, que debe ser ratificado por el congreso Nacional y la Comisión de Pesca del Congreso de la Comunidad Europea. Éste fue consensuado por medio de una reunión entre la Cancillería Chilena y representantes de la Unión Europea. Aquel busca poder utilizar los puertos nacionales de Iquique, Antofagasta y Punta Arenas con la finalidad que los buques factorías palangreros europeos puedan desembarcar y exportar la Albacora por ellos siempre y cuando se cumplan requisitos para conservar la especie, asimismo, se crea un comité científico internacional (en conjunto con la Unión Europea) para la pesquería de la Albacora. Sin embargo, el 31 de noviembre del año 2011 la comisión de pesca del parlamento Europeo rechaza el acuerdo ya que no considera el arribo de buques de la comunidad europea que capturan el recurso Jurel (Tranchurus picturatus murphyi) que también quieren ingresar a desembarcar por puertos nacionales.

Esta solicitud hecha por la Unión Europea de utilizar los puertos nacionales para desembarcar la Albacora y que sea extendida al Jurel, solamente es resistida desde el Estado chileno, respecto de la sustentabilidad del recurso, es decir, si los barcos factorías Europeos demuestran que extraen recursos que cumplen la legislación nacional respecto de la talla y arte de pesca la puertas serán abiertas. Lo anterior atenta contra todo tipo de soberanía, asimismo, es un golpe fatal hacia las comunidades de pescadores artesanales que viven de la extracción de la Albacora ya que los sitúa en un contexto de competencia comercial mayor, por lo que podría aumentar la cesantía y vulnerabilidad del sector.

No obstante lo anterior y sin su perjuicio, la comunidad Europea tratará de ingresar y con ello utilizar los puertos nacionales. De hecho, ya incorporaron un reclamo formar ante la Organización Mundial de Comercio (O.M.C). Además, el capricho por parte de la clase burócrata y los burgueses nacionales de ingresar a la O.C.D.E les hace olvidarse del mar y con ello tomar pre – acuerdos sin consulta a los actores, por lo tanto, seguir utilizando el mar como moneda de cambio.

Ingreso de Chile a la OCDE

El 15 de diciembre del año 2009 el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E) decidió por unanimidad invitar a Chile a ser su miembro 31. Con la firma del acuerdo para su ingreso el 11 de enero del 2010, Chile acepto dicha invitación. Ahora, si bien la O.C.D.E, en el papel no es un espacio que permite acuerdos concretos de comerciales de libre comercio, por medio, del lobbie los representantes de los diversos países miembros pueden hacerlo. Sin perjuicio de aquello, es un espacio que influye en el diseño de políticas públicas para diferentes sectores nacionales entre ellos la actividad extractiva pesquera ya que las decisiones del consejo son legalmente vinculantes.

Así, un requisito para ingresar a la O.C.D.E es que el país miembro debe tener una economía de mercado y adherir a los principios de una economía abierta globalizada. Para el ingreso de Chile como país miembro el 30 de noviembre de 2007 el Consejo aprobó la hoja de ruta de para su adhesión a la Convención de la O.C.D.E. Donde para el caso de Chile se incluyeron tres comités que examinarían las políticas nacionales respecto de sectores específicos: la pesca, el acero y la agricultura8.

La O.C.D.E plantea que la gestión de la actividad extractiva de la Pesca debe basarse en los instrumentos del mercado, y con ello facilitar el ejercicio de la actividad económica (por ejemplo permitir la utilización de los puertos nacionales para las embarcaciones factorías que operan frente a las costas chilenas). Así, establece que la creación de derechos o permisos de pesca deber caracterizarse por: a) Derecho exclusivo a uso, b) Derecho a los beneficios y c) Derecho a la venta y/o transabilidad.9

Por tanto, al parecer, lo que viene a coronar la torta y permite retroceder en el resguardo de nuestro mar tiene relación con el actual proyecto de Ley de Pesca que modifica la Ley “General de Pesca y Acuicultura” ingresado por el Gobierno de Sebastian Piñera el 14 de diciembre del recién pasado año, por medio, del Boletín N° 8091.

De las propuestas de modificación plasmadas en el Proyecto de Ley la que causa una mayor preocupación y se ajusta a la venta de nuestro mar y de los recursos alimentarios que contiene, se plasma en el inciso primero de la sustitución del articulo N° 31 que plantea que “Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles, y susceptibles de todo negocio jurídico”.

Aquello, conlleva el inicio del término del proceso de internacionalización y despojo de nuestro mar ya facilita el arribo de la enorme flota China, Rusa y Europea y con ello la compra de empresas nacionales con los respectivos derecho a cuota. Asimismo, supone que facilita la utilización de nuestros puertos para el arribo de la flota factoría que operan fuera de las decientas millas, ya que ésta pertenece a las grandes empresas pesqueras internacionales que gustosas comprarían las licencias de pesca. Así, no habría necesidad de llegar a un juicio internacional (como lo que está sucediendo con la Albacora y se quiere ampliar al Jurel).

Por cuanto, es necesaria una unidad mayor del sector pesquero artesanal, ambientalistas, ecologistas, científicos y todos aquellos que quieran proteger nuestra soberanía alimentaria y con ello nuestro altamente productivo mar. A recuperar los recursos alimentarios para nuestra gente y con ello realizar nuestra “Soberanía Alimentaria”, derecho colectivo que es necesario incorporar como sentido común entre las personas.

———————————————–

(1)Mendoza Carolina, Pinheiro Anna C y Amigo Hugo, 2007. Evolución de la Situación Alimentaria en Chile. Revista Chilena de Nutrición. Vol 34, N° 1.

[2] Rodríguez Lorena, 2007. Situación nutricional del escolar y adolecente en Chile. Revista Chilena de Pediatría. Vol 78(5): 523 – 533.

[3] Mendoza Carolina, Pinheiro Anna C y Amigo Hugo, 2007. Evolución de la Situación Alimentaria en Chile. Revista Chilena de Nutrición. Vol 34, N° 1.

[4] Zárate Aldo, Crestto Marco, Maiz Alberto, Ravest Gonzalo, Pino Maria Ines, Valdivia Gonzalo, Moreno Manuel y Villarroel Luis, 2009. Influencia de la obesidad en los costos en salud y en el ausentismo laboral de causa medica en una cohorte de trabajadores. Revista Medica Chilena. Vol 137: 337 – 334.

(5) Canales Patricia y Loiseau Virginie, 2002. ADMINISTRACIÓN DE LAS PESQUERIAS Y EL SISTEMA DE MANEJO DE CUOTAS EN LA UNION EUROPEA, FRANCIA, ESPAÑA Y ARGENTINA. Serie de Estudios de Anticipación, Biblioteca del Congreso Nacional. Valparaíso, Chile.

 

[6] Blanc Altemir, 2005. Los Tres Pilares del Acuerdo de Asociación Chile – Unión Europea: Diálogo Político, Cooperación y Comercio. Revista de Estudios Internacionales.

 

[7] Fitch Ratings, 2010. Informe Sectorial del Sector Pesca y Acuicultura Chileno. Santiago, 2010.

[8] Sáez Raul, 2010. La O.C.D.E y el Ingreso de Chile. Estudios Internacionales, Instituto de Estudios Internacionales – Universidad de Chile. 166: 93 – 122.

 

[9] Beltrand Le galo, 2003. ¿Por qué es difícil para los gobiernos para avanzar hacia la uso de mercado de las herramientas en la pesca?. División de Pesca de la OCDE. XV Conferencia Anual EAFE, Brest, 14 a 16 de mayo 2003.Fitch Ratings, 2010. Informe Sectorial del Sector Pesca y Acuicultura Chileno. Santiago, 2010.

Lester Chavez Campbell

Ingeniero en Acuicultura y Pesca

Asesor Técnico

Mesa Comunal de Pesca de Lebu

Comuna de Lebu, Provincia de Arauco

PARTE I

…y ese mar que tranquilo te baña, ¿A quién le promete el futuro esplendor?

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