El caso por el asesinato de 19 trabajadores de las comunas de Laja y San Rosendo en septiembre de 1973, que lleva el Ministro en Visita Extraordinaria para casos de Violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, Carlos Aldana, sigue conmoviendo por las aristas escabrosas que se han ido conociendo con el transcurrir de las diligencias judiciales. Tras la reconstitución de escena realizada en agosto pasado el Ministro Aldana decretó el procesamiento de 11 carabineros. En esa oportunidad quedaron liberados otros dos carabineros y un civil que también hasta entonces se encontraban en calidad de inculpados en este proceso.

Recordemos que desde el 77 hasta marzo del 80 este caso había sido tramitado por el juez José Martínez Gaensly pero, una vez que determinó quienes eran los culpables de los 19 asesinatos, debió declararse incompetente puesto que al ser los responsables personal uniformado la legislación obliga a que esos casos los lleve la justicia militar. Y la justicia militar, en este caso el Tercer Juzgado Militar con asiento en Concepción, cerró en tiempo record el caso aplicando la Ley de Amnistía que había implantado Pinochet precisamente para proteger a sus criminales.

Sin embargo, a pesar de los 11 procesados, los familiares de las víctimas nunca se cansaron de denunciar la participación de personas civiles en la preparación y consumación de los asesinatos. Particularmente las denuncias se centraban en ejecutivos y funcionarios de la Planta de Celulosa Laja de la CMPC. Hasta hace poco sus quejas no habían tenido eco. Pero esta semana el Ministro Aldana ordenó someter a investigación en calidad de inculpados a una decena de civiles para esclarecer su participación y eventual responsabilidad en los delitos. Delitos que están más que probados y de allí el procesamiento de los 11 ex carabineros.

Esta semana, algunos de estos funcionarios y ejecutivos fueron interrogados en dependencia de los Tribunales de Concepción. Varios de estos civiles siguen cumpliendo funciones en la pomposa empresa papelera. La próxima semana estas diligencias continuarán en Santiago, el miércoles 28, en dependencias del 34° Juzgado del Crimen de la capital. Luego de eso vendrán las resoluciones judiciales al respecto.

Pero este fenómeno de la participación de civiles en la represión criminal desatada con posterioridad al golpe de estado de 1973 no es novedad, y este caso es particular no es un hecho aislado. Luego del golpe, fueron demasiadas las situaciones criminales en que personajes civiles de tinte derechista, cuando no directamente facistoides, salieron a realizar por su cuenta o en compañía de uniformados auténticas caserías humanas sobre aquellas personas que ellos consideraban que debían pagar caro el haber sido parte de un proceso de conquistas y alegrías populares durante el corto período que duró el gobierno de Allende. El odio y el revanchismo lo llevaron a extremos criminales y se refugiaron en la omnipotencia e inmunidad que les brindaban los uniformados y una dictadura que los alentaba a terminar de raíz con el cáncer de la izquierda marxista. Un trabajador con conciencia de sus libertades y derechos, un chileno construyendo su futuro ya era un peligro para estos energúmenos que se sintieron a sus anchas bajo el capote militar y la fuerza de fusiles, bayonetas y balas.

Los 19 trabajadores de San Rosendo y Laja fueron detenidos por carabineros, con la participación activa de civiles, desde el día 13 de septiembre en adelante y permanecieron en tal condición en la Tenencia Laja de carabineros hasta el día 17. Luego se les pierde el rastro y se convierten en detenidos desaparecidos. En los hechos fueron conducidos por sus captores, con la cooperación de civiles, hasta el fundo San Juan y ejecutados, a sangre fría, a mansalva, en descampado, sobre seguro, y desde la impunidad del poder absoluto, es decir con todos los agravantes propios de un crimen de lesa humanidad. Primero medio sepultaron los cuerpos de las víctimas en el mismo lugar del crimen y los cubrieron con cal; tres meses después deciden exhumar los restos y trasladarlos hasta el cementerio de Yumbel donde los inhumaron en una fosa clandestina. Hasta que el año 79 el juez Martínez logra dar con el paradero de los restos mortales; dejaron de ser desaparecidos pero ya hacía 6 años que eran ejecutados políticos.

Situaciones y destinos similares fueron las que corrieron centenas de trabajadores, principalmente campesinos, en otras decenas de razias de terror que emprendieron estas hordas de uniformados y civiles fachos. Así ocurrió también en Santa Bárbara, Quilaco, Cauquenes, Mulchén, Futrono, Panguipulli, Liquiñe, Buin y Paine, por nombrar solo algunos casos que hasta ahora han sido tramitados por los tribunales de justicia. Por fin llegó el tiempo de la justicia para los familiares de las víctimas de Laja y San Rosendo y el tiempo del castigo para los ruines ejecutivos y funcionarios de la CMPC de Laja.

Foto extraída de Lajino.cl Eventos

Confesiones inéditas vinculan a la CMPC con la masacre de 19 trabajadores en Laja