Contra la expropiación y por el derecho a la ciudad.

El pueblo dice “ganarse” cuando expresa su intención de ocupar un lugar. La idea no puede ser más asertiva, en cuanto aplica el sentido de apropiación, de ganar el espacio en cuestión y desde ahí ser uno más en la comunidad; este mismo concepto se podría utilizar a las agrupaciones vecinales o comunidades rurales, también ellas se ganan en un lugar para desde ahí ser parte del territorio, incluyendo el territorio social y cultural, aquel que define una identidad que arraiga a los sujetos y les entrega el soporte por el cual se siente unido a los otros seres humanos que comparten esos lugares.

Desde esta perspectiva, y a raíz del descalabro que significó el terremoto, aunque no solamente por ello, es que diversas comunidades se ven amenazadas por una nueva cara del neoliberalismo chileno, la capturó de los mejores espacios para agregar valor a los negocios inmobiliarios, a través de diferentes estrategias, uno de los negocios más oscuros hoy en actividad ha buscado adueñarse de diversas áreas en las cuales se han asentado comunidades para construir su lugar en la ciudad. El derecho a la ciudad hoy se impone como una nueva lucha del pueblo penquista.

En la actualidad, las expropiaciones en Dichato o en el borde costero de Tomé, en Camilo Olavarría o en Villa Futuro están cruzadas por convertir esos lugares en objeto de especulación, barriendo con la historia y los derechos sociales y culturales que les asisten a las comunidades allí habitantes. El repertorio de argumentos que se ha ido definiendo en cuanto se avanza en las movilizaciones, siempre son vinculadas al tipo de ciudad que el neoliberalismo quiere construir. Recordemos la política de erradicaciones de los años ochenta, en plena dictadura, para redefinir el paisaje en función del modelo económico y social que hacía de los pobres un elemento desechable, sólo incorporado para aumentar el “ejército de reserva” de mano de obra y como buena reserva, ubicado en los márgenes de la urbe, muy al contrario del modelo fordista de producción, que tenía a los pobres en el centro de la ciudad, en los antiguos cités y conventillos.

Ahora la ciudad necesita el centro para los servicios y el comercio, no para ser vivido ni habitado, los suburbios se ubican en función de la estructura de clases y las urbes chilenas viven cambios físicos de relevancia, para nuestro caso, se expulsa a los extramuros, tras las clases medias y trabajadoras, ya asentadas en villas y poblaciones cercanas al centro urbano: a los pobres se los envía a los cerros de Talcahuano, a las orillas de los caminos a Coronel y Hualqui y otras zonas de erradicación.

El modelo de expansión de la ciudad hacia la periferia provoca ocupar el espacio de generación de productos agrícolas, presión sobre humedales, problemas de transporte y congestión, uso indiscriminado de automóviles a causa de un deficiente sistema de transporte público, que se quedó en el pasado bidireccional, la recogida de residuos es arcaica y más compleja, por las vastas áreas a cubrir.

Por otra parte, al ser expulsada la población de los cascos antiguos, se pierden los sectores residenciales y de ocio por la hipercomercialización del centro, provocando una desertificación social y cultural del corazón de las ciudades, su núcleo fundacional, consecuentemente se deshistoriza el lugar común de los sujetos, quitándoles el sentido de comunidad; el uso de calles y plazas para el comercio y los servicios y no para el ocio y la ceremonia ciudadana mata la vida social, esteriliza imaginarios y despotencia los usos sociales del espacio público. Esto incluye la pérdida de los centros urbanos periféricos, centros heredados de la estructura social definida por el trabajo fordista como hemos señalado, vemos como por ejemplo,  los centros de Talcahuano, Penco, Tomé o Coronel, cada día se achican y pierden identidad propia.

Se dan en este contexto los casos de expropiaciones, cada vez más y más escandalosos, Esta lucha por la ciudad es una que se viene, los pobres no pueden ser sacados a la periferia y que esto sea normal, que no se entienda otro modelo que no sea ese y de pésima calidad constructiva y poca superficie, ahondando el modelo de negocios para favorecer a las constructoras e inmobiliarias.

Para graficar podemos citar lo sucedido en Villa Futuro, Chiguayante, donde aprovechando el terremoto, las autoridades declararon inhabitable a todo el sector, pese a que solo una parte de él sufrió daños estructurales irremediables. La localización de este barrio está en la mira de las inmobiliarias, que por su cercanía al río, ven que es posible vender viviendas de mucho más valor, empujando más hacia afuera a los pobladores, trabajadores la mayoría de ellos, desterrados de los planes de costanera que recreará a nuevos habitantes.

Antes del terremoto esta situación se ha dado por todo el borde del río, es así como vemos las expropiaciones en Pedro de Valdivia bajo y la bullada polémica de Aurora de Chile, donde la inefable Jacqueline Van Rysselberghe vio finalizado su paso por la Intendencia.

En Tomé, se han dado expropiaciones de tono similar, los vecinos de Dichato han dado una fuerte lucha por el derecho a su territorio y a reconstruirlo en virtud de su cultura e identidad, en el olvido quedó la acusación por la expropiación de terrenos a una familiar del director del Serviu, tras un pago millonario; señalemos que la comuna de Tomé se lleva las palmas en cuanto a conflictos de este tipo, al menos siete sectores se ven afectados por expropiaciones irrisorias, en lo cual la municipalidad favorece descaradamente los planes inmobiliarios, por sobre los derechos de los tomecino/as.

Podríamos continuar con la casuística y enumerar una serie de denuncias en torno a las expropiaciones, de las cuales Resumen se ha hecho eco en diversas oportunidades, hemos querido impulsar un debate, el que dice relación con el derecho a la ciudad y comenzar a visibilizar un nuevo frente de lucha en nuestra región, en el cual los pobladores asumen la defensa de su territorio, no sólo el físico, también su territorio social y cultural, muestra de una nueva era en el desarrollo del movimiento social en el país.

El desenfreno neoliberal ha permitido que opere esa forma de concebir el espacio común, a pesar de sus manifiestos problemas para entregar calidad de vida, las situaciones de catástrofe como las vividas por los habitantes de nuestra región tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero 2010 son una motivación para el capital especulativo y eso se ve en las ciudades que hoy se proyectan.

Ahí están los edificios sin demoler, las miles de personas en mediaguas. Pero el tema de la reconstrucción no pasa solamente por entregar subsidios, demoler edificios o construir viviendas, pasa también por reconstruir la vida de las personas afectadas y allí la educación debió cumplir un papel fundamental.

En materia educacional, el terremoto para lo único que ha servido, es para que algunos lucren con el cierre de establecimientos educacionales, en pos de la posterior venta de sus terrenos, con falsear situaciones e información con el objetivo de obtener subsidios especiales, en concomitancia con el poder central, como han denunciado profesores de la comuna de Hualpén.

Lorena Arce, miembro del Movimiento Nacional por una Reconstrucción Justa (MNRJ) y una de las voceras de los damnificados de Dichato, manifiesta desde su rol docente su preocupación por la habilitación de espacios comunitarios de claridad, la preocupación es por la situación de los niños de los campamentos de Dichato debido a las pésimas condiciones de la escuela modular instalada allí.

Consultada por Resumen sobre la situación en la escuela modular, señala: “La escuela hoy en Dichato son un par de containers, que se pasan de frío y agua, puestos sobre un barrial y en un entorno absolutamente destruido, donde no hay ningún avance en materia de reconstrucción. En esas condiciones es imposible generar aprendizajes, se requiere urgentemente entregar condiciones dignas a esos niños, afectados por el maremoto. Necesitamos que se reconstruya su escuela y su entorno”.

Hay que entender que la escuela en una localidad como Dichato y más aún tras la catástrofe es un lugar no solo para estudiar, es un espacio público que debe cumplir un rol social, brindar además de educación, alimentación, abrigo, salud. Son niños profundamente dañados, es inexplicable que las autoridades no entiendan que aquello es un refugio donde ellos también socializan. En esas condiciones y en ese entorno ¿qué podemos esperar?”.

Así las cosas, la preocupación por el espacio urbano y público, es una lucha reivindicativa pero fuertemente anclada en la definición cultural, ligado a la identidad que encierra el lugar que contiene a sus habitantes, el neoliberalismo intenta, a través de la catástrofe como en nuestro caso, aplicar su doctrina del shock, por la cual el único ganador es el capital, ya lo ha explicado Naomi Klein, nosotros lo vivimos y todos, intentamos plantearle cara a que decidan dónde y cómo vivir, esa es la lucha por el derecho a la ciudad.

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