Colombia:”Carece de sentido que el Gobierno reconozca que existe un conflicto armado interno y niegue que hay prisioneros de guerra”

No es fácil encontrar un hueco en la agenda de Enrique Santiago para una entrevista. Abogado, defensor de derechos humanos y militante de Izquierda Unida, su compromiso con la lucha por la justicia es múltiple. Nos interesa en este momento su dimensión como defensor de derechos humanos y experto en Derecho Internacional Humanitario, comprometido desde siempre en la solidaridad con el pueblo colombiano y en la defensa de las víctimas del genocidio, de los crímenes de Estado, de la persecución y de los montajes judiciales como los que enfrentan en España sus defendidas Remedios García y Leyla Ordóñez. Rebelión no quiso desaprovechar la oportunidad de conversar con él a su regreso del Foro “Colombia Entre Rejas”, que se desarrolló en Bogotá el 26 y 27 de febrero , en un momento en el que se abren posibilidades de diálogo para avanzar en una solución política al conflicto armado interno, gracias a los importantes gestos unilaterales de paz de la insurgencia.

Enrique Santiago junto a Piedad Córdoba, ex Senadora y miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz. Ambos comparten empeño en la promoción de escenarios de una solución política al conflicto colombiano y en la defensa de presos políticos y víctimas de montajes judiciales.

Usted formó parte de la delegación internacional que participó en el Foro “Colombia Entre Rejas: En búsqueda de un Camino para la Libertad y la Paz”, que reflexionó en Bogotá sobre la situación de los miles de prisioneros políticos del país y tuvo la oportunidad de visitar algún centro penitenciario para verificar las condiciones de las cárceles colombianas. ¿Qué nos puede decir al respecto?

En general la situación de los presos en Colombia es una situación de absoluta vulneración de sus derechos fundamentales, y me refiero también a los presos comunes, a los presos sociales. Colombia firmó un acuerdo con el Bureau Federal de Prisiones de los Estados Unidos por el que han importado toda la normativa y todos los métodos de funcionamiento, incluido el modelo de construcción de prisiones. Es un modelo ya de por sí restrictivo, que no cumple los estándares mínimos ni lo que se denominan los principios de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de personas privadas de libertad. Para poner un ejemplo, en este nuevo modelo de prisiones, que se denominan ERON (Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional), el reglamento penitenciario que se utiliza y se aplica para regular la vida de los internos, y para sancionar, es un reglamento no público, no conocido. Con lo cual, difícilmente los presos pueden saber la normativa e imposible que sus abogados defensores puedan recurrir en condiciones cuando son sancionados.

Al margen de eso, el modelo de cárceles es muy limitado, invivible, que además limita el contacto con los familiares, con las visitas, con los propios abogados.

En cuanto a la situación específica de los presos políticos, se observa una clara discriminación en el trato hacia éstos. Discriminación que va desde la negación de servicios fundamentales que debe tener cualquier persona interna, como es la propia alimentación suficiente, o el acceso a agua potable. Hay prisiones con una temperatura media de 30 a 40 ºC, donde se corta sistemáticamente el agua corriente; hay una negación sistemática del tratamiento médico. Cuando se da tratamiento médico a los presos no se les informa de los resultados de las pruebas. Se obvia el traslado a centros hospitalarios cuando necesitan alguna atención que no se pueda dar en el propio centro penitenciario. En la prisión que yo visité la enfermería no tenía absolutamente ningún medio, más allá de tres camillas: no había ni medios para curas, ni medios para tratamientos, ni, por supuesto, rayos X, ni médicos. Eso es lo primero que no había.

Y se aplica una política sistemática de dificultar el acceso a las visitas familiares, los contactos personales con las parejas, un trato sumamente despectivo especialmente a los hijos de los internos, y miles de dificultades a los abogados.

Además hay algo muy grave que la comunidad internacional desconoce, y es que existe una reforma al sistema penitenciario aplicada por el Gobierno de Álvaro Uribe que posibilita el cumplimiento efectivo de penas hasta de 60 años. Eso es, de facto, el establecimiento de prisión perpetua, de cadena perpetua escondida, disimulada bajo un período largo de condena. Cualquier pena que sea superior a 30 años ya entra en los estándares, según Naciones Unidas, de penas inhumanas, crueles o degradantes, equivalentes a la cadena perpetua y equivalentes a tortura.

¿De cuántos presos políticos puede hablarse en Colombia y a qué situaciones responden?

Según los datos de los organismos que atienden a los presos políticos, estaríamos hablando aproximadamente de entre 7.500 y 8.000 presos políticos en general, y dentro de estos deberíamos separar varias categorías:

-Una primera categoría de prisioneros de guerra, estrictamente, conforme a la III Convención de Ginebra, es decir, miembros de organizaciones insurgentes, rebeldes que han sido hechos prisioneros en actos de combate, tanto de las FARC como del ELN. Conforme a los datos a los que nosotros pudimos acceder, nos darían en torno a entre 700 y 800 prisioneros de guerra, a los que no se les respeta el estatus diferenciado que establece la III Convención de Ginebra y los Protocolos adicionales, que están recluidos en los mismos centros penitenciarios, bajo el mismo régimen penitenciario y además sometidos a procedimientos penales, cuando lo primero que prohíbe la Convención de Ginebra es que a los prisioneros de guerra se les someta a procedimientos penales, por el mero hecho de alzarse en armas. Se les podrá someter a procedimientos penales, como a cualquier otra persona, por haber cometido algún tipo de delito no relacionado con su alzamiento en armas.

-Otra categoría serían los prisioneros de conciencia, que son fundamentalmente dirigentes sociales, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, activistas de colectivos políticos.

-Y una tercera categoría, que serían las víctimas de montajes judiciales, donde también podemos separar entre aquellos que ya tienen una condena firme en procedimientos fraudulentos, donde se han utilizado declaraciones de testigos falsos, etc.

Y luego el abuso de la prisión preventiva, como se denomina en España, y que en Colombia se conoce como la situación de sindicación. Está comenzando a convertirse en práctica habitual la sindicación de dirigentes sociales, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos o líderes políticos, hasta el agotamiento del período máximo de prisión preventiva, que alcanza hasta los 4 años. Y en la inmensa mayoría de los casos, estos dirigentes, una vez agotado ese período, son puestos en libertad por vencimiento de términos y, en muchos casos, ni siquiera continua el procedimiento. En otros casos continúa el procedimiento y siguen siendo criminalizados.

Lo que se acredita es que, en primer lugar, existen presos políticos, que existe un colectivo demasiado numeroso. Que existe un número importante de prisioneros de guerra. Que la comunidad internacional desconoce esta realidad y que, por lo tanto, es imprescindible empezar a ponerlo en la agenda internacional. Máxime en un momento en que la insurgencia colombiana está cada vez más ateniéndose y cumpliendo estrictamente lo que se establece precisamente en las Convenciones de Ginebra respecto a los prisioneros de guerra. Concretamente, ya llevan dos años realizando, no intercambios humanitarios, porque el gobierno se niega, sino liberaciones unilaterales, y sin ninguna contraprestación política o en orden a la liberación de los prisioneros de la insurgencia en poder del Estado. En esta coyuntura es todavía más necesario que la comunidad internacional sea consciente de esta situación y que de alguna manera alce su voz, para plantearle al Gobierno colombiano una exigencia de que tiene que corresponder los gestos que está haciendo la insurgencia y que, si no quiere corresponder, al menos tiene que ser muy respetuoso, porque es un Estado miembro de las Naciones Unidas, y cumplir los estándares mínimos del tratamiento de los prisioneros en general, de los prisioneros políticos en particular, y, sobre todo, a los prisioneros de guerra, que deben ser tratados como tales.

Se da la circunstancia de que durante el encuentro las FARC anuncian precisamente que van a liberar a todos los prisioneros de guerra, los miembros de la fuerza pública en su poder, que los medios colombianos oficialistas califican de “secuestrados”, pero no se habla nunca de los secuestrados del Estado en este caso, de los presos de la guerrilla. ¿Qué importancia tienen estos presos y la posibilidad de que se realice un intercambio humanitario para abrir una vía negociada al conflicto armado?

Lo que ha quedado demostrado desde que se iniciaron las liberaciones unilaterales y el intercambio epistolar entre Colombianos por la Paz y las distintas organizaciones insurgentes sobre cuestiones relativas a la humanización del conflicto es que el Estado no tiene ninguna intención de dar ningún paso que facilite la liberación de los miembros de la Fuerza Pública en poder de la insurgencia, al igual que no ha dado ningún paso, una vez que éstos han sido puestos en libertad unilateralmente, para lograr una mínima atención a estas personas. La inmensa mayoría de los liberados, pasado el primer momento, en el que han sido utilizados mediáticamente y propagandísticamente por las autoridades colombianas, han acabado marginados de las Fuerzas Armadas, marginados de la Policía, y en una situación de exclusión social que deriva en marginalidad social, con graves problemas médicos y psiquiátricos que no están siendo atendidos, e incluso han proliferado los casos de suicidio.

La última llamada “operación fallida de rescate” pone de manifiesto cuál es la intención del Estado, que es utilizar a sus prisioneros en poder de la insurgencia, prisioneros del Ejército y de la Policía, como rehenes políticos para incrementar su campaña de desprestigio de la insurgencia y de reducción del problema político y del conflicto armado interno en Colombia a un problema de orden público. Que después de diez o doce años de estar en poder de la insurgencia estos prisioneros de guerra, justamente cuando van a ser trasladados al lugar donde van a ser liberados, justamente cuando ya se había anunciado la liberación unilateral de ellos, se produjera el asalto militar a sangre y fuego, que acabó con la ejecución de estas personas –y todavía no se ha aclarado quiénes realmente fueron los responsables de estas ejecuciones- pone de manifiesto el poco valor que la vida de estas personas tiene para el Estado colombiano. Algo que, por otra parte, viene desde hace tiempo denunciando no solamente la oposición política, no solamente las organizaciones humanitarias como puede ser Colombianos por la Paz, sino las propias organizaciones de familiares de militares y policías en poder de la insurgencia. ASFAMIPAZ ya viene desde hace tiempo denunciando esa actitud del Estado de utilización de estas personas como rehenes propagandísticos.

Y llama además poderosamente la atención cómo ahora que las FARC han anunciado no solamente la liberación de todos los prisioneros de guerra en su poder, prisioneros hechos en combate de miembros de la Fuerza Pública, ya sean militares o policías, sino que además han anunciado la derogación de lo que ellos denominaban la “Ley 2”, que posibilitaba la retención de civiles con fines económicos, no deja de llamar la atención que entonces, por parte de instituciones vinculadas a las autoridades del Estado, hayan sacado a relucir cifras no acreditadas y además no ratificadas ni siquiera por el propio Estado, de que habría “miles” de secuestrados o retenidos con fines económicos en poder de la insurgencia, cuando, desde luego, estos datos no son reconocidos por la insurgencia ni por ningún otro organismo humanitario, ONGS, instancias internacionales u organismos multilaterales, como pueda ser la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Con lo cual, hay una clara utilización política, y fruto de eso ha sido la torpe posición del Gobierno colombiano.

El pronunciamiento de las FARC del pasado 27 de febrero supone un anuncio de enorme envergadura: se anunciaba la liberación de todos los militares y policías en poder de las FARC; se anunciaba el fin de las retenciones con fines económicos; se anunciaba también la entrega de estos militares a las asociaciones de familiares, y además también se anunciaba –que eso quizás ha pasado más inadvertido, pero en el mismo comunicado consta y es un elemento muy importante- la voluntad de avanzar en aplicar acuerdos de humanización del conflicto y de aplicación del DIH.

La contestación del Gobierno no ha podido ser más lamentable: quitándole importancia a todos estos reconocimientos, cuando por parte de las autoridades no se produce ningún tipo de compromiso en el mismo sentido. Es decir, claramente los pasos que está dando la insurgencia los da de forma unilateral y sin pretender alcanzar ningún tipo de ventaja porque, en principio, el Estado no está ni siquiera dispuesto a reconocer la necesidad de abrir una negociación política, al margen de que, posteriormente, o por debajo de la mesa, puedan estar ya avanzándose algunos encuentros. Habrá que ir viendo.

Una diferencia importante del Gobierno de Santos con respecto a Uribe, por lo menos en las palabras, fue que empezó reconociendo la existencia de un conflicto armado en el país, cosa que Uribe había negado durante años. ¿Se abre la posibilidad de un diálogo político, no solamente en base a los gestos de la insurgencia, sino a las declaraciones del Gobierno y a sus actos en el terreno, que también son muy elocuentes?

Esta es una de las grandes contradicciones del conflicto armado colombiano. En la práctica, la propia legislación colombiana, la jurisprudencia viene reconociendo la existencia de este conflicto, al menos desde los años 80. La propia constitucionalización en el Bloque de Constitucionalidad del Derecho Internacional Humanitario en la Constitución de 1991 también reconoce la existencia de ese conflicto armado interno, y recientemente, a pesar de que continúa la campaña propagandística del Gobierno Santos que pretende reducir el problema de Colombia a un mero problema de orden público, de lucha contra el “terrorismo”, lo cierto es que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en su artículo 3 dice taxativamente y negro sobre blanco que en Colombia se padece un conflicto armado interno.

Si se padece un conflicto armado interno reconocido legalmente, es obvio que son de aplicación las convenciones de Ginebra y lo que carece de sentido alguno es que el Gobierno, a estas alturas, tras reconocer y escribir en una ley que existe un conflicto armado interno, se niegue a reconocer la existencia de prisioneros de guerra. Sería el único caso en el mundo donde existe un conflicto armado interno sin que haya prisioneros de guerra; es un caso absolutamente paradójico en sí mismo. No puede ser.

El escenario militar además se le ha puesto muy en contra al Gobierno, porque la insurgencia ha sabido, como siempre, recomponer sus estrategias, después de los golpes recibidos contra sus dirigentes, para no solamente mantener sus posiciones sino que incluso están otra vez en muchas zonas del país tomando la iniciativa. Con lo cual, se pone de manifiesto, como viene ocurriendo desde los años 60 que es un conflicto que militarmente no puede ganar ninguna de las partes. Y en un momento en el que, por mucho que se empeñe el Gobierno colombiano, lo cierto es que los indicadores de inequidad en Colombia cada vez son más elevados, la falta de reparto equitativo de la riqueza es una constante, el Gobierno colombiano necesita para atraer inversores extranjeros –que ahora mismo es una de sus prioridades, con la previsión por parte del Gobierno colombiano de que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el TLC con la Unión Europea, y eso pueda atraer inversiones extranjeras- es imprescindible, si no solucionar políticamente el conflicto, ya que no existe una solución militar, al menos abrir un escenario de negociación que permita bajarle la intensidad al conflicto y alcanzar acuerdos de humanización del mismo, para que los padecimientos sean inferiores y no disuadan a posibles inversores para que lleguen a Colombia.

Yo creo que ese escenario y los pronunciamientos reiterados desde hace más de año y medio, tanto de las FARC como del ELN, de acatamiento del Derecho Internacional Humanitario, de búsqueda de mecanismos para pactar con el Estado la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, pone de manifiesto que hay, desde luego, acercamientos entre ambas partes, que probablemente hay un canal permanente abierto de comunicaciones, y que los esfuerzos de organizaciones como Colombianas y Colombianos por la Paz están dando sus frutos, sensibilizando a la opinión pública colombiana sobre la necesidad de avanzar en este tipo de procesos.

El Gobierno colombiano los podrá demorar más o menos. De alguna forma, es rehén de las propias políticas internacionales que ha venido realizando. En este momento, la inclusión de las FARC y del ELN en la lista de organizaciones terroristas en la Unión Europea o en los Estados Unidos no facilita precisamente la capacidad de maniobra política del Gobierno colombiano, se la dificulta. Están siendo víctimas de sus propios errores de criminalización de la contestación social, cuando además el resultado de esta política de criminalización de los opositores al Gobierno, en el plano estrictamente penal tampoco les ha dado grandísimos resultados, sino todo lo contrario. Recordemos el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, que después de ser extraditado de la forma en que fue extraditado, ha tenido que ser puesto en libertad; el caso de Liliany Obando; los casos que hay en España, tanto el caso de Remedios García como el de Leyla Ordóñez, con procedimientos judiciales absolutamente paralizados, donde ni la Fiscalía española ni la colombiana saben qué hacer para conseguir un enjuiciamiento en el caso de Remedios o llegar a la vista de extradición en el caso de Leyla, y, sin embargo, lo único que queda son las consecuencias negativas políticas para el propio Gobierno, que se encuentra, en cierta medida, con las manos atadas para abrir públicamente un proceso de contactos y de conversaciones.

Mientras se abre quizá ese escenario de diálogo, asistimos con cierta frecuencia a noticias de bombardeos de poblaciones, a combates en entornos de población civil. ¿Cuál es la política sobre los hechos en el día a día del Gobierno colombiano?

En un conflicto, evidentemente, todas las partes tienen un alto riesgo de excederse en la utilización de los métodos de guerra y por lo tanto cometer ilícitos internacionales. La línea divisoria que hay que tener muy en cuenta, es cuándo la comisión de esos ilícitos se realiza por exceso y de forma ocasional o esporádica, o cuando la realización de esos ilícitos responde a un plan criminal preestablecido, y se utiliza esa comisión de crímenes de guerra o de crímenes contra la humanidad como parte de la estrategia armada en el conflicto. Las estadísticas elaboradas por organismos internacionales, tanto por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia tanto por organismos independientes que velan por la observación de los derechos humanos, por ejemplo el Banco de Datos del CINEP, vinculado a la Iglesia o cualquier otra organización, como puedan ser las pertenecientes a la Plataforma Iberoamericana de Derechos Humanos o a la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, todas ponen de manifiesto que prácticamente el 80 por ciento de las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que se cometen en el marco del conflicto armado interno colombiano son atribuibles, bien directamente al Estado colombiano y a sus fuerzas policiales o militares, o a los paramilitares que coadyuvan a la acción del Estado. Las estadísticas hablan de en torno a un 5 a un 7 por ciento de ilícitos, de vulneraciones que no se pueden atribuir a nadie y apenas un 12 o un 13 por ciento de esas violaciones se atribuyen a las organizaciones insurgentes. Las propias declaraciones de las organizaciones insurgentes lo que ponen de manifiesto es que no hay una política deliberada, ni mucho menos, de cometer ilícitos internacionales.

A esto se añaden los escándalos de los llamados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Fuerza Pública de miles de civiles de los sectores más desprotegidos de la población, a los que luego se presentaba como guerrilleros abatidos en combate, a cambio de permisos, ascensos o retribuciones económicas. Ya se han constatado y documentado más de tres mil casos hasta el año 2009.

Otros escándalos además que potencian la impunidad son derivados del tratamiento penal diferenciado que se da a los miembros de la Fuerza Pública o a los propios paramilitares responsables de estos hechos. La Ley de Justicia y Paz se ha convertido en un gran sistema de absoluta impunidad, reconocido además que no está siendo eficaz por la estructura de observación de la OEA, y ahora mismo se quiere recuperar de alguna forma el fuero militar, pero sin la existencia del fuero militar, es decir, de un fuero especial: que sean los propios militares los que enjuicien las violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública, lo cierto es que escándalos como el del Tolemaida Resort ponen de manifiesto cuáles son las penas que cumplen los pocos miembros de la Fuerza Pública que son condenados por vulneración de los derechos humanos: un tratamiento más propio de hoteles, con todo tipo de lujos y beneficios a su servicio.

Esto contrasta poderosamente con la voluntad y el compromiso de la insurgencia de cumplir el Derecho Internacional Humanitario. A menos desde mediados del año 2011, son numerosos los pronunciamientos tanto del ELN como de las FARC en ese sentido, y llama también la atención el interés del Gobierno colombiano de acabar con los dirigentes de la insurgencia que más han venido significándose en los intentos de alcanzar salidas políticas al conflicto, de abrir negociaciones o incluso de alcanzar acuerdos parciales de humanización del conflicto y de protección a la población civil.

Además de eso, el Estado colombiano está utilizando armas y métodos de combate absolutamente prohibidos por el Derecho Internacional. Empezando por el uso desproporcionado de la fuerza. Esto de los bombardeos sistemáticos de objetivos individuales sin importar el riesgo que eso supone para la población civil de la zona; bombardeos sistemáticos donde se llegan a utilizar hasta cientos de bombas de más de media tonelada en una sola operación; o, con la excusa de fumigar, el uso de armas químicas, el glifosato especialmente, que acaba envenando los acuíferos, los cultivos, provocando enfermedades, malformaciones congénitas, abortos entre la población civil… Son armas que no discriminan lo más mínimo. O incluso el abandono de munición, después de las operaciones militares, que se acaba convirtiendo también en sistemas de vulneración del principio de distinción que obliga a proteger a la población civil en un conflicto armado interno.

Que se pretenda exigir un cumplimiento estricto el DIH a la insurgencia y que la insurgencia incluso esté dispuesta a abordar ese cumplimiento estricto, cuando se trata de organizaciones con mucha menor capacidad operativa y recursos, y que, sin embargo, el Ejército colombiano o las fuerzas policiales, que son las Fuerzas Armadas más grandes de Latinoamérica, con mayor número de efectivos, y sin embargo no se les exija el fin de la utilización de armas prohibidas o de métodos de combate prohibidos por el Derecho Internacional, pone de manifiesto la permisividad por parte de la comunidad internacional con estos ilícitos cometidos sistemáticamente por las Fuerzas Armadas colombianas. Esto, de alguna forma, da patente de corso para garantizar un sentimiento de impunidad que lleva a una espiral de incremento de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de las violaciones de los derechos humanos.

Hablando de la comunidad internacional, ¿cómo puede valorarse el papel de la Unión Europea y en especial del Gobierno español, que ha comprometido su apoyo a la candidatura del Vicepresidente colombiano a dirigir la Organización Internacional del Trabajo la misma semana que Naciones Unidas y la CIDH han manifestado que en Colombia no hay garantías para la integridad de los defensores de derechos humanos y de los sindicalistas?

Bueno, el Gobierno español es un caso aparte en Europa. Tanto el Gobierno anterior del PSOE como el actual del PP. Es un Gobierno al margen de las posiciones de los diferentes gobiernos europeos, incluidos gobiernos de derecha, como el del conservador Presidente francés Sarkozy, que han tenido una posición más neutral y más predispuesta a facilitar soluciones de tipo político al conflicto colombiano. No tiene una explicación lógica, porque desde luego, en el terreno estrictamente diplomático el Gobierno español está ya pagando un alto coste por ese posicionamiento y lo va a seguir pagando. El primer alto coste es que ha perdido ya la capacidad de interlocución con la insurgencia, con lo cual España está ahora mismo descalificado dentro de lo que se llamaba el Grupo de Países Amigos para mediar o para facilitar cualquier tipo de acuerdo humanitario o cualquier tipo de proceso de paz en Colombia. Considerando que España es de los dos primeros inversores extranjeros en Colombia, es una posición realmente torpe la que ha venido manteniendo la diplomacia española al respecto, así como su falta de compromiso con la protección efectiva de las víctimas de la violación de derechos humanos.

Las políticas de facilitar de alguna forma el reconocimiento y el blanqueo de las actuaciones de Álvaro Uribe en toda Europa y, posteriormente, sus intentos de darle una pátina de democratización al régimen con el presidente Santos, pone de manifiesto estas serias limitaciones, que ya son criticadas incluso en círculos diplomáticos por toda la comunidad internacional como una muestra de absoluta torpeza.

Ahora mismo, el aval a Angelino Garzón que acaba de realizar el Gobierno español para su candidatura a la dirección de la OIT, es un aval que nace envenenado. La verdad es que Angelino Garzón tiene escasísimas posibilidades de llegar a la Dirección General. Sería el fin de la OIT. Que a la Dirección General llegara el representante propuesto por el país que más sindicalistas tiene asesinados en el mundo, acabaría con la propia Organización Internacional del Trabajo.

Entonces, que el Gobierno español haya llegado a tal nivel de anulación de su papel de intermediación y de interlocución política en el conflicto colombiano, lo que nos lleva a pensar es que hay una excesiva supeditación a los intereses de los Estados Unidos, olvidando y obviando el papel histórico que siempre ha jugado España en Latinoamérica. Y desgraciadamente está perdiendo esa capacidad de interlocución por una posición sumamente ideológica, conservadora y de connivencia con un régimen que está vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y que, tarde o temprano, acabará además ante la Corte Penal Internacional.

Hay un elemento preocupante en este mes también, que es toda la operación de represión que se ha llevado a cabo contra los pescadores y campesinos que están protestando contra el megaproyecto de desviar el Quimbo, en el Magdalena, un megaproyecto detrás del cual está la multinacional española Endesa y donde la fuerza pública colombiana ha actuado como defensor de los intereses de la multinacional española, excediéndose además brutalmente en el uso de la fuerza.

Desgraciadamente, con el escenario de la entrada en vigor de los tratados de libre comercio, si es que llegan a entrar en vigor, que todo parece indicar que así va a ser, hay una reacomodación en el escenario internacional respecto al conflicto armado interno colombiano. Ahora mismo la prioridad es que cada país –y, especialmente, España- coloque en una posición ventajosa a sus multinacionales, siendo además muy conscientes de que esa posición ventajosa solamente es posible en detrimento de los intereses de la población, del medio ambiente colombiano y en base a un expolio sistemático de las riquezas.

Hay ahora mismo una coincidencia absoluta por parte de todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia en que, aprovechando el cambio de estrategia de la guerrilla y la necesidad de elaborar un nuevo plan estratégico por parte de las Fuerzas Armadas, este plan estratégico que ya se está poniendo en práctica tiene como principal objetivo en este momento garantizar no solamente la entrada de las multinacionales de extracción de recursos (mineros, agrocombustibles, acuíferos) sino además garantizar el desplazamiento de la población de los territorios que va a explotar y blindar de alguna forma la actividad de estas empresas, de sus técnicos y de sus trabajadores, que en muchos casos además los territorios que albergan más riquezas naturales y que hasta este momento han sido menos explotados coinciden con territorios históricos, bien de presencia indígena (resguardos) o bien de presencia guerrillera. Ese nuevo escenario militar tiene que ver con eso: con un combate a la insurgencia y con un desplazamiento de la población indígena y campesina para garantizar la penetración y el mantenimiento de las multinacionales extractivas de recursos naturales. Ese es un nuevo papel del Ejército, que se pone al servicio de intereses foráneos, de intereses económicos multinacionales y que no tiene ningún problema en ponerse al servicio de esos intereses, incluso en perjuicio de la propia población civil, los habitantes de esos territorios, y además vaciando absolutamente las riquezas colombianas.

De alguna forma, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio va a determinar la reorganización de las fuerzas militares colombianas en el marco del conflicto armado interno.

Teniendo en cuenta que las empresas españolas tienen mucho que decir en cómo se distribuyen los fondos de la llamada Cooperación al Desarrollo, ¿cuál es el papel que les queda a las ONGs de cooperación españolas y europeas, en ese marco?

Escasísimo, porque además, antes de que se anunciara el recorte de los fondos de cooperación, ya con el anterior Gobierno, nuevamente, y luego continuado por supuesto con el Gobierno actual, comenzó una nueva estrategia de elaboración de planes estratégicos de cooperación en cada país, y en el caso de Colombia el peso fundamental del último plan estratégico ya por primera vez no recayó en las ONGs sino en las propias empresas multinacionales españolas. Es sorprendente que la Cooperación Española convocara a elaborar ese plan estratégico de cooperación a las compañías multinacionales españolas con presencia en Colombia y la propuesta que ellas realizaron fue el que posteriormente se presentó, para su conocimiento (no para su aprobación) a las organizaciones de cooperación españolas que ya estaban presentes en Colombia, lo cual causó, además de sorpresa, una importante condena por supuesto en estas organizaciones.

Es decir, la cooperación española, al menos en Colombia –y probablemente es una tendencia que se consolidará en otros países- va a ser una cooperación al servicio de la actuación de las empresas españolas, que de alguna forma va a ir dándoles cobertura e intentando blanquear y suavizar ante la población afectada por sus desmanes, sus actividades económicas. Los recursos económicos de cooperación no se van a aplicar a cumplir los objetivos del milenio o a acabar con problemas de desigualdad, sino, de alguna forma, a callar la boca de las poblaciones afectadas por los desmanes y por los destrozos ecológicos, sociales y económicos perpetrados por las multinacionales españolas. Y todo ello, además, de forma gratuita para las multinacionales, porque se va a hacer con los pocos fondos públicos que se van a destinar a cooperación, lo cual es realmente escandaloso.

Usted lleva muchos años trabajando en la solidaridad y en la defensa de los derechos humanos en Colombia, de los refugiados colombianos, y me gustaría tener su valoración de este momento político y social que vive Colombia, donde ya son muchos los meses de movilizaciones de la población colombiana, ganan fuerza los escenarios de articulación del movimiento popular, y donde la guerrilla está haciendo gestos muy importantes.

Es un momento muy interesante en Colombia, porque además hay un hartazgo de la población civil respecto a las promesas sobre todo de los ocho años del Gobierno de “Seguridad Democrática”, las promesas de bienestar, paz y prosperidad que iba a alcanzar Colombia. Los sacrificios de la población no solamente no han acercado esa situación de bienestar, sino que la están alejando. La protesta social se generaliza y se multiplica; ha habido claros intentos de desarticular la izquierda política cada vez que esa brecha social se ha ido acrecentando y, probablemente, una de las claves por las cuales el Gobierno y la oligarquía colombiana y buena parte de la comunidad internacional ponen multitud de dificultades a avanzar en un proceso de solución política del conflicto es que saben que el resultado de esa solución política del conflicto sería la articulación de un amplio movimiento de izquierdas capaz de disputar democráticamente la hegemonía política a los partidos tradicionales. Un escenario parecido a lo que ocurrió en los años 80 y 90 con la Unión Patriótica y que acabó, como conocemos, con su exterminio.

Si el movimiento popular colombiano es capaz de vencer esa dinámica; la insurgencia es capaz de forzar al Estado a sentarse a negociar y además por primera vez en muchos años, con esa voluntad que han venido manifestando en la insurgencia colombiana, las FARC y el ELN, de converger políticamente tanto en una negociación con el Estado como en posteriores procesos políticos.

Todo eso sumado a la importante reorganización de los movimientos sociales, combativos, en la calle, y al movimiento que hay incluso en partidos políticos tradicionales, con surgimiento de disensos internos importantes en el seno del Partido Liberal, o la reorganización de las fuerzas de izquierda en torno al Polo Democrático Alternativo, el escenario es difícil pero muy posible, de articulación de un nuevo movimiento político, democrático, que engarce bien con los cambios que está habiendo en toda América Latina bajo la denominación del bolivarianismo.

Las expectativas son buenas y todos los esfuerzos que el Gobierno colombiano hace para que fracasen las conversaciones de paz deben convertirse en esfuerzos por parte de la insurgencia y la izquierda colombiana para garantizar procesos de paz que hagan viable ese proceso y no sólo disputen, sino que conquisten la hegemonía política, para abrir caminos a la izquierda en Colombia desde el Gobierno.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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