Las ocupaciones de inmuebles en el centro de la ciudad

Está por cumplirse un año del nacimiento del primer Inmueble Recuperado por Autogestión (IRA) en la comuna de Santiago Centro. Estos se han reproducido lentamente por la ciudad bajo la conducción del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) en un intento por garantizar el acceso al suelo de los más pobres generando un sistema de vivienda transitoria y definitiva, y contener así las sucesivas expulsiones habitacionales a la periferia de la ciudad.

En el casco histórico estos nacen después del terremoto y los cientos de arrendatarios damnificados sin solución que se sumaron a los miles de allegados que están en la comuna. Juntos, una noche del  4 de mayo de 2011, recuperaron el primer inmueble que lleva por nombre “Casona Esperanza”; meses después nace otro “Casona Protectora” y así no se ha detenido el esfuerzo hasta hoy.

Este caso produjo la investigación de Bienes Nacionales sobre sus propiedades mostrando que más del 50 por ciento del territorio nacional es del Estado chileno. Esta cartera, por medio de su Ministra Catalina Parot, optó por la licitación completa de los inmuebles, tranzando en el mercado lo último que resta de recurso público en la ciudad, continuado con la privatización y mercantilización del suelo y de la vida. Señalarían sus funcionarios en las mesas de negociación que las licitaciones son lo más democráticos que hay puesto que todos pueden competir. Ante esto uno de los coordinadores del MPL en la comuna, Rhonny Latorre pregunta “¿Qué de democrático tiene una licitación cuando puede competir el más mínimo porcentaje de la población?”

Hoy se detona el conflicto, puesto que las familias de dos de los inmuebles recuperados están luchando por la compra de las propiedades para así construir allí, de modo autogestionado, sus viviendas definitivas. Lo que queremos dice Denisse Vásquez, dirigenta del movimiento “es construir nuestra viviendas dignas, hacerlo nosotros mismos, con nuestra constructora y ayuda mutua. Debemos recuperar el lugar que nos pertenece como trabajadores”

Los casos en disputa

El primero es “Casona Esperanza” propiedad del Arzobispado de Santiago que albergaría a 29 familias y que actualmente está siendo habitada por ocho de ellas. El Arzobispado por medio del padre Rodrigo Tupper ha manifestado su voluntad de cederle el inmueble al MPL y sacar adelante el proyecto. No obstante el Ministerio de Bienes Nacionales argumenta que el terreno es de propiedad del Estado y por cual debe ser licitado, lo que ha provocado un bloqueo de las gestiones de transferencia hacia las familias.

El segundo caso es “Casona Protectora” propiedad de Bienes Nacionales y que recibiría a 30 familias trabajadoras de la comuna. Actualmente ésta es defendida por siete familias. El ministerio señala que es una propiedad demasiado importante –económicamente- como para cederla a los pobres. Lo sorprendente es que este inmueble llevaba un año abandonado siendo completamente desbalijado, cuando fue recuperado y empezó la restauración de las familias del MPL. Dice su dirigenta Magdalena González, también comerciante del barrio Franklin “esto estaba tirado, nosotros lo recuperamos. Limpiamos, pusimos luz y agua, pagamos las cuentas, arreglamos los techos y los muros, y ahora dicen que es un inmueble importante para ellos, parece un chiste”


A la espera del desenlace

Actualmente ya se han licitado 32 inmuebles públicos en la Región Metropolitana. 32 terrenos que pudieron recibir a cientos de sin casa y a decenas de iniciativas sociales. 32 terrenos que lo más seguro es que serán oficinas o nuevos edificios, en una ciudad ya infestada de ellos.

Mientras el Municipio y el Arzobispado han apoyado el destino social de los inmuebles, el Ministerio de Bienes Nacionales continúa empecinado en su venta, sin importar la oleada de desalojos que ello traerá consigo.
Su vocero Henry Renna afirma que “estamos preparando futuras acciones para un rápido desenlace que determine si ganaran los pobladores y las clases trabajadoras de la comuna o las inmobiliarias detrás de la Ministra Catalina Parot”. Como señala una de sus delegadas Claudia Pacheco, vendedora de las Gangas, “nuestra lucha, es la misma que de los estudiantes. Es para sacar a quienes tienen capturado el Estado para lucrar y llenarse los bolsillos con él. Queremos democracia en el acceso al suelo”

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