Terminó de caerse el castillo de naipes que había construido el Ministerio del Interior en torno al llamado caso bombas. Aunque, dicho con más exactitud, el caso que había montado el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y su ayudante predilecto, el ex Fiscal Alejandro Peña.

El Tercer Tribunal Oral en lo Penal, de Santiago, absolvió de toda acusación a los últimos seis imputados que quedaban procesados en esta causa: Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, Gustavo Adolfo Fuentes Aliaga, Felipe Ignacio Guerra Guajardo y Francisco Javier Solar Domínguez, acusados de colocación de artefactos explosivos e incendiarios, y Omar Alejandro Hermosilla Marín y Carlos Luis Riveros Lucke, acusados de ser financistas de organización ilícita terrorista. Al mismo tiempo, el Tribual dispuso el levantamiento inmediato de las medidas cautelares que pesaban sobre los imputados.

Con la resolución del Tercer Tribunal Oral, anunciada por la Jueza Marcela Sandoval, quedó demostrado que este caso no fue más que un grosero y burdo montaje judicial-comunicacional-político estructurado desde La Moneda con el claro propósito de crear un clima de eficiencia represiva y amedrentamiento social desde el aparato de gobierno.

Recién asumido el actual gobierno buscaba afanosamente dar muestras de firmeza y mano dura para enfrentar los conflictos sociales que se estaban produciendo en el país, pero que aún no terminaban de explotar como manifestaciones masivas. La respuesta represiva en los conflictos con las comunidades mapuche en la Araucanía y el tratamiento político del bullado caso bombas fueron las herramientas escogidas para graficar esta nueva forma de gobernar, reprimir y manipular. Esta fue la carta de presentación de la mano dura que después hemos visto de manifiesto, sobradamente, en las movilizaciones sociales de los dos últimos años.

La Jueza Sandoval señaló que el Tribunal desestimó los delitos terroristas que pretendió acreditar y demostrar la Fiscalía, señalando que: "no se pudo acreditar la participación de los imputados en ninguno de los hechos que han sido investigados".

Miles de pruebas, cero causa

El caso judicial se inició a comienzos del 2009 luego de una serie de atentados explosivos en varios puntos de la capital. El gobierno de la época presentó una querella por daños simples y daños a la propiedad contra quienes resultaran responsables. La Fiscalía designó a Xavier Armendáriz para realizar la investigación de rigor.

El ahora también ex -fiscal Armendáriz estuvo más de un año investigando el caso de los bombazos. Investigó e interrogó a decenas de personas (incluidas las 19 que posteriormente fueron detenidas), pero como no tenía pruebas ni argumentos necesarios no inculpó a nadie ni menos estuvo dispuesto a aplicar la Ley Antiterrorista.

Con la llegada del gobierno de Piñera, en marzo del 2010, cambiaron las cosas. Se instalaba la supuesta "nueva forma de gobernar" cuya esencia ha sido "la nueva forma de reprimir", que incluye montajes y show comunicacionales, junto al consabido despliegue de la fuerza y brutalidad policíaca. En ese momento, el Ministro Hinzpeter aseguraba que en un año se aclararían todos los bombazos del último tiempo. Primera medida, en junio 2010, fuera del caso Armendáriz; asume con bombos y platillos el fiscal Alejandro Peña. Un año más tarde, Peña dejaría el caso, la fiscalía y el Ministerio Público para asumir un puesto político a la diestra de Hinzpeter en el Ministerio del Interior.

Desde que asumió la investigación, Peña construyó el caso bombas, es decir, ordenó todas las piezas de un montaje judicial-comunicacional que tendía a crear una sensación en la opinión pública, pero al mismo tiempo servía de presión sobre los jueces y tribunales llamados en su momento a discernir y decidir sobre el asunto.

La policía y fiscalía centraron su atención en las casas Okupa ("Sacco y Vanzzetti", "La Crota", "La Idea", entre otras), practicando allanamientos, operativos de vigilancia, detenciones. Peña siguió al pie de la letra los requerimientos de la Moneda y a los 15 días tenía una veintena de presos, una decena de allanamientos y unas 7000 pruebas contra los detenidos y acusados del caso bombas. En 15 días Peña lograba lo que Armendáriz no había podido demostrar en dos años. Peña y su operación "Salamandra" se hicieron famosos y los bonos de Hinzpeter subieron como la espuma.

A caballo de la ley Antiterrorista el ex fiscal Peña descubrió que cualquier cosa que hubiera al interior de las casas de los detenidos podía ser adjuntada como prueba. Es así como afiches de grupos de rock, videos de películas de libre disposición en el mercado, libros de texto, prendas de ropa, utensilios domésticos, etc. etc. fueron adjuntados como evidencias en el caso, por eso no extraña la ridícula suma de 7000 elementos de prueba. Al fiscal Peña le parecieron suficientes y necesarios para construir un caso y hacer carrera.

Sin embargo, las miles de pruebas se fueron cayendo como castillos de naipes, por miles, en lo que empezó a convertirse en una derrota para el Ministerio Público, pero sobre todo se convirtió en la evidencia de un montaje burdo. La famosa acusación de Peña se fue esfumando como el humo a la hora de enfrentarse al simple escrutinio de la razón y de la ley. La Fiscalía no pudo demostrar nada. En octubre del 2011 el Tribunal decidió el sobreseimiento de 13 de los 19 imputados. Ya en ese momento el asunto se convirtió en una vergüenza para el Ministerio Público y en una derrota para los gerentes, "coroneles" y "sargentos" de La Moneda. Ahora, justo al cumplirse dos años del inicio de la intromisión de Hinzpeter y Peña en este caso, el montaje tan bien orquestado como campaña comunicacional, se derrumba de un plomazo con la sola verdad de un fallo: los últimos seis enjuiciados son absueltos de toda acusación. Fin del show. No sin razón, entonces, el Presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Orthusteguy, señaló que: "el ex fiscal Peña tiene que renunciar a su cargo, por arriesgar el prestigio del Ministerio Público".

Este montaje no es un hecho aislado, es una práctica, un estilo de hacer política terrorista desde el estado, que los actuales gobernantes aprendieron al dedillo desde la época de la dictadura. Sobran los ejemplos que grafican esto como algo más que una tendencia o un error. Es una constante en donde la técnica empleada consiste en mentir para crear hechos políticos que justifiquen una determinada propaganda electoral y justifiquen una mayor represión contra las movilizaciones sociales, o contra grupos contrarios al sistema. No sin razón también, uno de los imputados absueltos, Omar Hermosilla, dijo que: "fuimos condenados por la gran mayoría de los medios, y lo que quedó claro es que la Fiscalía es la terrorista".

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