El pasado 28 de junio venció el plazo que Carabineros de Chile tenía para apelar la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que obligaba a la institución a entregar el número de bombas lacrimógenas utilizadas en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 14 de octubre de 2011 con desagregación por mes y por región.

Pese a ello, la institución liderada por el General Gustavo González, no realizó la apelación. Y hasta la fecha, tampoco ha entregado la información requerida.

El 14 de octubre de 2011 un particular solicitó a Carabineros estos datos, lo que fue rechazado por el organismo argumentando que la "información concerniente a armamento, sustancias químicas y, en el caso particular, las bombas lacrimógenas empleadas por Carabineros de Chile, para el desempeño de las labores encomendadas por la Constitución Política de la República, se encuentra amparado en la causal de secreto", expresado en el Código de Justicia Militar.

Luego del amparo, Carabineros señaló ante el CPLT que "la información relativa a bombas lacrimógenas, en todas las áreas del desarrollo institucional que éstas impliquen, como asimismo cualquier otro tipo de armamento y pertrechos de que se trate, es de carácter reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 436 N° 3 del CJM, en virtud del cual (...) se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas.

Concluyendo que si bien este tipo de bombas si bien tienen una función disuasiva, "tienen el carácter de armas y por consiguiente quedan comprendidas en el artículo 463 referido".

Pero el Consejo liderado por Alejandro Ferreiro, desestimó estos reparos, obligando a la institución a entregar los datos solicitados.

La foto 2, tomada del Facebook de Felipe Esbir, muestra un niño con una de las bombas lacrimógenas lanzadas por carabineros al campamento El Molino de Dichato, 2011.

Lacrimógenas: El escándalo de una democracia tóxica