La energía está devorando pueblos

La energía está devorando pueblos

altLa cuestión energética día a día se está convirtiendo en un problema que afecta a importantes sectores de la población y a importantes zonas del territorio que se ven invadidos, aplastados y degradados, por la voracidad de empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras de la energía. En síntesis, el gran negocio del mercado energético que se implanta e impone a rajatabla por el arbitrio del mercado y las consecuencias las sufren pueblos y naturaleza, como ocurre, por ejemplo, en Lo Rojas y La Colonia en Coronel.

No es casualidad que las principales protestas y manifestaciones ciudadanas del último tiempo, aparte de la movilización estudiantil del 2011, estén protagonizadas por poblaciones y organizaciones que se enfrentan al despliegue arrollador del mercado de la energía. Magallanes y su pelea por el precio del gas, a comienzos del 2011, y Aysén y su pelea por el precio del petróleo, a comienzos del 2012, han sido dos inmensas de estas expresiones ciudadanas. En medio, han estado presentes innumerables movilizaciones por impedir la instalación de generadoras contaminantes en Barrancones, Castilla, Coronel, Laraquete, Panguipulli, Ventanas, entre otras.

El marco de fondo es la supuesta urgencia de producir y generar más energía para satisfacer las necesidades del desarrollo nacional; según estas posiciones, sostenidas con insistencia desde el gobierno y la clase política, estamos al borde de una crisis energética de proporciones si no tomamos decisiones prontas. ¿Es tan así? Lo menos que cabe es la duda razonable, porque esas decisiones que reclaman desde la cúspide pasan por someterse a las exigencias y demandas que el empresariado tiene para realizar sus negocios.

La cuestión no parece tan simple de responder y habría que indagar en cuál ha sido y es la postura del Estado chileno en esta materia, sobre todo en los últimos 30 años que es cuando se han producido los mayores trastornos en la economía y los efectos más traumáticos para el país, para su población y su territorio.

El Monopolio y oligopolio de la energía

En la actualidad Chile carece de una matriz energética, entendiendo por ésta una política del Estado que defina la producción, generación, tipo, cantidad, distribución y uso de la energía que el país necesita. Lo que ha dominado las decisiones políticas son las garantías legales que se han estructurado para dejar al libre criterio del empresariado la definición de estas cuestiones. Y las definiciones y necesidades del mercado en este rubro, como en otros tantos, consisten en lograr grandes rentabilidades con poca inversión, a corto plazo, e ignorando los daños y perjuicios que puedan provocar al entorno natural y humano en que se desarrollen sus negocios. El empresariado va a hacer sus definiciones velando por sus intereses y rentabilidades, y no por los intereses y necesidades del país. El conjunto de instalaciones, redes y líneas, que surgen como resultado de estos descriterios, es lo que la administración política denomina como matriz energética, pero en los hechos no pasa de ser un método de acumulación de capital.

Por el contrario, el Estado ha sido reducido a un papel secundario en el cual está impedido legalmente de participar en forma activa o de adoptar iniciativas en esta materia. Su rol, expresado en los gobiernos y administración política, se limita a sugerir necesidades a los dueños del negocio y facilitarles el camino para la realización de sus proyectos. Cuando esta función no es cumplida a cabalidad, entonces el mundo empresarial reclama exigiendo que el Estado le despeje el camino, le construya carreteras energéticas y les libere de los molestos ciudadanos. El conflicto respecto de HidroAysén es un reflejo nítido de esta cuestión, tanto en el comportamiento gubernamental como en el comportamiento empresarial.

De modo que todas las posibilidades de adoptar una matriz energética sustentable y coherente se pierden porque el Estado está absurdamente impedido de hacerlo, teniendo a mano los recursos naturales y las alternativas  para desarrollar una política coherente, armonizando necesidades reales de generación con posibilidades que no sean destructivas y depredadoras.

La supuesta matriz que rige al país actualmente es, en efecto, fiel reflejo de lo que es el país en la actualidad. El capital y la concentración de la riqueza en Chile está  en pocas manos, y esa realidad se traslada automáticamente al asunto energético. Tres grandes empresas generadoras (Endesa, Colbún y AES Gener) controlan casi el 90 % de la producción, por tanto del mercado, del negocio, según cifras del Sistema Interconectado Central (SIC, mayo 2012), que abastece al 92,3 % del territorio. Tal como está el negocio, nadie tiene interés en cambiar nada, menos los privados que se sienten satisfechos con sus empresas basadas en grandes hidroeléctricas, termoeléctricas y de ciclo combinado.

Un circuito vicioso

La contaminación ambiental y degradación natural del territorio tampoco es producto de la casualidad o de la naturaleza, o de la generalización del calentamiento global. La carencia de una matriz energética nacional tiene su consecuencia directa en el daño que provocan los proyectos e ingenios energéticos a la población de su entorno y al medio ambiente en que se instalan. Y esa tendencia se mantiene con la proliferación de plantas termoeléctricas, que funcionan a base de la quema de fósiles. Más del 70 % del combustible que Chile utiliza en la actualidad son fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, es decir, una producción altamente contaminante, productora de CO2, y no renovable. Junto con eso, hay que tener presente que más del 98 % del petróleo que se consume en el país, más del 78 % del gas y más del 84 % del carbón es importado; es decir, una producción altamente dependiente, frágil y vulnerable. ¿Por qué se usa entonces?

Nuestra región sufre una verdadera invasión de plantas y proyectos. La construcción de la termoeléctrica Bocamina II en Coronel (que se suma a la existente Bocamina I), Santa María también en Coronel, Pirquenes en Laraquete, todas a base de carbón; Horcones TG en Arauco, Coronel TG, Petropower en Hualpén, Nueva Aldea II en Ranquil y Campanario en Cabrero, a base de gas; Santa Lidia y Los Pinos en Cabrero, Cañete en Cañete, Lebu T en Lebu, en base a petróleo, configuran una verdadera red contaminante.

A este despliegue energético se suman Arauco en Arauco, Laja en Cabrero, Cholguán en Yungay, FPC en Concepción, Nueva Aldea I en Ranquil, Nueva Aldea III en Quillón, a base de biomasa, constituida en estos casos por desechos forestales. Además de las hidroeléctricas de embalse El Toro, Antuco, Ralco y Pangue, y las hidroeléctricas de pasada Palmucho, Peuchén, Mampil, Quilleco, Rucúe, El Diuto y El Abanico. Sin olvidar la central Lebu E en Lebu, que funciona con energía eólica.

Ante el creciente rechazo que provocan las centrales termoeléctricas, se proyecta la construcción de unas veinte mini centrales de pasada y de generación alternativa en diversos lugares de la región. Actualmente existen 9 proyectos presentados al sistema de evaluación de impacto ambiental, en la Corema, de los cuales 5 ya están aprobados. Dos centrales de pasada en el río Cholguán ubicadas en la comuna de Tucapel, cerca del lago Laja; otra en el río Trilaleo, en el sector La Invernada, en la comuna de Yungay; en Cayucupil, en Cañete, se proyecta otra de estas mini centrales. En Tubul, Arauco, se está proyectando la construcción de un parque eólico.

Otra matriz es posible

Hasta ahora, el interés del Estado en las energías renovables no convencionales, o “energías limpias”, es meramente simbólico y, desde la discursiva de la clase política, es pura demagogia ya que no existe ni la decisión política ni la inversión estatal que apunten en esa dirección. No existe un interés real por darle un impulso serio y decidido a la producción de energía no convencional; la razón parece ser obvia pero hay que repetirla: tal como está el asunto, el negocio es extraordinariamente rentable para empresarios y políticos, así es que ¿para qué cambiar?

Un componente básico e ineludible de cualquier matriz energética verdadera y seria es el del ahorro y la eficiencia energética. Si se considera que la minería, la gran industria y el gran comercio son los grandes consumidores de la energía que se produce en Chile, hay que señalar que son al mismo tiempo los más grandes derrochadores de energía y combustible. No existe un marco regulatorio para exigir a estos devoradores un uso razonado y eficiente de la energía. La administración política y los gobiernos se dedican a infundir terror sobre el asunto de la energía pero omiten referirse a estos excesos y despilfarros.

Como país tenemos una enorme variedad y abundancia de energías no convencionales que debieran ser pilares de nuestra matriz energética: la energía solar, sustentada en las características y dimensiones del desierto nortino; la energía geotérmica, sustentada en los volcanes activos y agrupaciones térmicas naturales; la energía eólica, sustentada en innumerables sitios y emplazamientos del borde costero que reúnen condiciones favorables para su producción; la energía mareomotriz, sustentada en prácticamente todo el borde costero, pero ignorada como alternativa; la energía de biomasa, sustentada en el aprovechamiento de desechos industriales y basura; y, por supuesto, la energía hidráulica, como potencial permanente y dominante, pero sustentada en centrales de pasada distribuidas a lo largo del territorio en las cuencas hídricas ya explotadas, es decir, sin tener que recurrir a la degradación y corrupción de nuevos territorios (como se pretende en la Patagonia) y sin tener que recurrir a la construcción de verdaderos monstruos hidroeléctricos.

La recuperación del agua y la participación ciudadana

Los recursos naturales del país son recursos que pertenecen a la nación y que fueron privatizados sin vergüenza ni remilgos durante la dictadura militar. Tal vez la más aberrante de estas enajenaciones fue regalar los derechos de agua a perpetuidad a estos grandes consorcios privados que controlan el mercado de la energía en Chile. Esta aberración no ocurre en ningún otro país del mundo. La adopción de una política energética coherente y consecuente con los intereses nacionales exige la recuperación por parte del Estado de los derechos de agua, recuperar esos recursos y garantizar la entrega a la población de energía sustentable y barata.

Chile tiene hoy la energía eléctrica más cara del continente, el doble más cara que los países vecinos. Este costo se refiere a la orientada al consumo residencial, comercial y de transporte, lo que se denomina “clientes regulados”. Pero existen los llamados “clientes libres” que son aquellos que negocian o pactan directamente con las generadoras y distribuidoras el valor de los suministros; estos clientes son, desde luego, las grandes empresas de la minería y de la industria para quienes los valores son baratos. Como quien dice, “entre bueyes no hay cornadas”. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, sobre registros del año 2009, las empresas mineras consumen el 34 % de la energía gastada por el país en un año; el sector industrial consume el 26%, y eso ya representa el 60% del total. El dato no es menor porque quien más consume es quien más despilfarra energía, sobre todo cuando se goza de precios convenientes o “convenidos” y sin ninguna limitante ni control sobre el consumo.

Sin embargo, todo proyecto de generación energética provoca, de modo inevitable, daños y trastornos en el medio ambiente y en el entorno donde se construya. También ocurre con las instalaciones basadas en fuentes renovables, no convencionales y sustentables. Un panel solar, un molino de viento, un aspirador térmico, un aspa de agua, provoca cambios y consecuencias donde quiera que se instale. Esto pone de manifiesto el papel decisivo y determinante que debe tener la ciudadanía en cada caso y en cada lugar antes, durante y después de la creación de algún proyecto energético.

El problema mayor que deja en evidencia el comportamiento del Estado y del modelo en la cuestión de la energía es la exclusión de la ciudadanía en decisiones que son de vital importancia para los pueblos, para los equilibrios medio ambientales y para el desarrollo del país. Las sucesivas protestas y manifestaciones que tienen lugar en diferentes lugares del territorio son, a su vez, una muestra de que la ciudadanía está tratando de recuperar espacios de participación y de decisión.

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