Este martes, en diversas zonas del país, los ex soldados conscriptos que realizaron su servicio militar en Dictadura, se movilizaron exigiendo reparación al daño causado por el Estado, la cual había sido comprometida por Piñera al momento de realizar su campaña electoral.

A nivel nacional, las expresiones de mayor envergadura fueron en el baipás de Rancagua y en Curicó, dónde los ex conscriptos realizaron tomas de caminos, provocando considerables congestiones y la habitual represión policial que terminó con unos diez detenidos en total. En Concepción, los ex conscriptos realizaron una marcha por el puente Llacolén para llegar a la Intendencia de Concepción, donde repitieron sus exigencias:

-Indemnización de 250 mil pesos para todos
-Indemnización especial para familias de conscriptos muertos en estas circunstancias y para quienes fueron enviados a construir la carretera Austral.

En Concepción, Resumen conversó con Esteban Proboste, secretario de REPACH (Reservistas Patrióticos de Chile), organización que representa a los ex conscriptos de la Región. Explica que a nivel nacional son 900 mil y que en la Región son unos 6 mil y que no han recibido ninguna reparación por el daño causado por el Estado, cuando en Dictadura se les obligó a realizar el Servicio Militar y además se les retuvo, hasta por siete años dentro del Ejército.

Un negocio terrorista

Esteban relata una parte de la historia de la Dictadura que hasta ahora no ha sido contada con la misma frecuencia que otras y es la situación que vivían los jóvenes provenientes de familias trabajadoras que al cumplir los 18 años, debían cumplir su Servicio Militar Obligatorio.

En estos años, si bien el tiempo que duraba el SMO era de un año, hubo muchos que estuvieron en las FF.AA., en calidad de conscriptos, dos, tres, hasta siete años. Esto fue posible, a partir de la retención forzosa que hizo la Institución de estos jóvenes, la cual podría ser calificada como un secuestro, según Esteban. Más todavía cuando, antes del año 1981, la mayoría de edad estaba puesta a los 21 años y a ellos se les retuvo sin importar el consentimiento de sus padres.

«El Estado hizo un negocio con nosotros»… necesitaban militares que estuvieran dispuestos a ir a una guerra (con Argentina), asumir funciones de vigilancia y mano de obra, prácticamente esclava, para construir la carretera Austral. Los costos para el Estado fueron ínfimos e incluso abrieron la posibilidad de apropiación indebida de fondos para quienes detentaban el poder y hoy gozan de impunidad. Esto, porque a ellos se les cancelaba un estipendio por estar cumpliendo el SMO, pero a la vez se les hacían descuentos que no se condecían con la realidad. Por ejemplo, «descuentos por cine… nunca tuvimos cine, descuentos previsionales… nunca tuvimos previsión, descuentos por lavandería y lavabamos la ropa nosotros», afirma Esteban.

El despotismo de la jerarquía militar no sólo se expresó en el robo de dinero y de años de sus vidas, sino que también en traumáticas vivencias que repercuten hasta hoy. Hubo una gran cantidad de jóvenes muertos en medio de los duros trabajos y prácticas, que los mandos sólo ordenaban y la mayoría tiene consecuencias físicas y/o psiquicas de los sucesos que fueron obligados a vivir.

Castigos como correr alrededor de una cancha con un fusil entre los dientes bajo la amenaza de una agresión mayor si se dejaba caer, golpes de culata por no obedecer una orden, agresiones sexuales que incluyeron violaciones, son expresiones del trato al que fueron sometidos.

Hay un conscripto que murió en la construcción de la carretera Austral y nunca encontraron su cuerpo. En el Fuerte Borgoño de Talcahuno, un conscripto se desvaneció, el instructor no le creyó y ordenó al resto tirarle agua fría con sus cascos, provocando la muerte del muchacho. Hoy, su familia reclama justicia y un intento de reparación, denuncia Esteban.

El documento que indica las razones y los términos de la reparación está elaborado en conjunto con una serie de instituciones del Estado, tales como el Ministerio del Interior, El Ministerio del Trabajo, el Instituto del de los Derechos Humanos, Subsecretaría de Defensa y de Guerra. Finalmente, sólo falta que el ejecutivo acceda a entregar lo que ellos demandan y que, por lo demás, fue a lo que se comprometió cuando era candidato, plantea Esteban.