La noche del 28 de agosto, congregados en el Consejo del Salario, el gobierno de Cristina Fernández, empresariado y sindicalistas amigos de los inquilinos de la Casa Rosada acordaron el salario mínimo, vital y móvil en dos tramos: el reajuste de un 16 % a partir del 1 de septiembre y otro desde febrero de 2013 de un 8 %. En cifras, el primer aumento dejará el sueldo mínimo en 2.670 pesos y el siguiente en 2.875. Resulta tan opaco el guarismo inflacionario (alrededor de un 30 %) que es inútil traducir los números a dólares. Lo cierto es que el arriendo de una vivienda de dos ambientes promedio en Buenos Aires cuesta más de 2 mil pesos al mes y la canasta alimenticia familiar, de acuerdo a la Universidad de Buenos Aires, raya los 5 mil pesos. Las expectativas económicas del capitalismo argentino se sustentan sobre el precio de la soja en las grandes bolsas mundiales, y ya convergen las opiniones que aseguran la tendencia hacia fines de 2012 de un grave contexto de decrecimiento económico combinado con una inflación que no se detiene. Por ello no es extraño que en todo el país y todos los días se multipliquen los conflictos sociales, aún de manera desarticulada. Sin embargo, el movimiento real que pugna conciente o inconcientemente contra los intereses del capital transnacionalizado y de hegemonía financiera, se expresa en las luchas salariales, contra los nocivos efectos de la megaminería y la represión frente a las demandas territoriales, políticas y culturales de los pueblos indígenas. Otro alarmante ámbito -además de la industria de la trata de personas, la prostitución infantil, el narcotráfico, la servidumbre laboral, el vicariato sindical, entre muchos- tiene que ver con un territorio patriarcal, donde las relaciones de poder que subyacen en una sociedad de clases cada vez más polarizada, mata mujeres y menores a diario.

Los grupos de interés que disputan la administración de los limitados fueros de la democracia representativa, paternal, profesionalizada y clientelar, en una dimensión aparentemente contradictoria, pero estructuralmente apenas diferenciadas retóricamente -como un duopolio matizado, hasta que las fuerzas  no capitalistas no acaben de cuajar en un instrumento unitario y sigan atropellándose entre siglas sólo para iniciados, y reyertas estériles y en circuito cerrado- se reducen al Frente Para la Victoria y el PRO, más un tinglado de satélites que orbitan a sus alrededores. La Presidenta Cristina Fernández juega su única carta a la reforma constitucional para lograr una tercera postulación para el 2015 que, a su vez, será determinada por los resultados de las parlamentarias de 2013. En medio de la pirotecnia gubernamental, ya su contrincante interno, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli adelantó que no será candidato a la primera jefatura nacional hasta que no se resuelva la posibilidad de la reforma constitucional. Duramente golpeado por el Ejecutivo nacional mediante condicionamientos financieros para paliar las demandas de los trabajadores estatales, ahora se hace el caballero o sabe que Cristina no tendrá un Legislativo para lograr su objetivo. Por su parte, Mauricio Macri, privatista, ultraliberal y populista, mandamás de la Ciudad de Buenos Aires apuesta al desgaste visible de la presidencia   y establece alianzas con trozos del radicalismo y el peronismo más liberal. En fin.

 EL PARO VA

 Durante la tarde que antecedió al nocturno acuerdo del salario mínimo a la medida de la tasa de ganancia del capital organizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

 Guillermo Pacagnini, miembro de la mesa directiva de la Central de Trabajadores de Argentina, CTA conducida por Pablo Micheli (única multisindical independiente del gobierno y el empresariado), indicó que por parte de los que sobreviven de un sueldo en el Consejo del Salario Mínimo «están los viejos dirigentes sindicales vendidos al capital. No están los dirigentes representativos», y añadió que «el salario mínimo no puede ser menor que 5 mil pesos para responder a la escalada inflacionaria que está castigando el bolsillo de los trabajadores y para rechazar explícitamente la negociación de un salario de cerca de 2.900 pesos. Pero sólo abarca a los trabajadores registrados que son el 40 % de la masa laboral, y resulta absolutamente insuficiente».

 El miembro de la mesa federal de la Corriente Clasista y Combativa, Freddy Marini, señaló que «repudiamos el engaño del cual son parte los sindicalistas colaboracionistas porque ya sabemos que tienen todo acordado para fijar un salario mínimo, vital y móvil que no superará los 2.900 pesos en un país donde esos mismos funcionarios gubernamentales afirman descaradamente que se puede vivir con 6 pesos diarios. La mayoría de los desocupados de las organizaciones estamos inmersos en el programa ‘Argentina Trabaja’ que ahora tiene un salario mensual de 1.700 pesos, que muerde la inflación cotidianamente»

 -¿Y tiene algún efecto en los empleos de emergencia el reajuste?

 «Nuestros ingresos se mantienen congelados.»

 -¿Y han percibido algún aumento en la cesantía?

 «Totalmente. Estas políticas de ajustes para enfrentar la crisis se descargan sobre los trabajadores. Aumenta el ejército de desocupados. Hasta el propio Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) ha reconocido el incremento del desempleo.»

 -Esas mismas cifras son utilizadas por los gobiernos para atemorizar y disciplinar a los trabajadores...

 «Si a los trabajadores formales le han impuesto un techo a las negociaciones paritarias, ¿qué queda para el resto? Y así seguirá porque el gobierno está cuidando ‘la caja’ para las elecciones de 2013 que le permita al Ejecutivo de turno sacar un porcentaje legislativo importante para la reforma constitucional que le permita a la Presidenta ser candidata el 2015.»

Carlos Chile, Secretario General de la CTA Capital dijo que «cuando no opera el sentido común es porque hay corrupción, perversidad o negocio. Y es una locura convocar a Consejo del Salario después de terminadas las paritarias. Es al revés. Ahora bien, el Consejo tiene 4 comisiones: la primera debe establecer cuál es la canasta básica de una familia de una familia tipo. Esta no funciona hace 6 años, y si no tienen ese dato no sabemos qué se está discutiendo».

 Pablo Micheli, Secretario General de la CTA a escala nacional enfatizó que «los que están reunidos en el Consejo representan a una minoría de los trabajadores. Están urdiendo acuerdos espurios a espaldas de la realidad y la democracia entera. El Consejo del Salario es una herramienta producto de una conquista histórica y no un lugar para hacer un acto político una vez al año donde no se resuelve absolutamente nada. Allí ahora no se discute el salario familiar, la eliminación del impuesto al sueldo como si fuera ganancia; una remuneración acorde a las necesidades según los niveles de pobreza existentes y no se está considerando la verdadera inflación que es la que padece el pueblo argentino».

 -¿Y que van hacer al respecto?

«Nos movilizamos con diversas organizaciones y no únicamente con los que piensan igual. Y desde ya estamos construyendo las condiciones de un plan de lucha que desembocará en un paro nacional a fines de septiembre o comienzos de octubre.»