El lunes 10 de septiembre, los trabajadores de la Mutual de Seguridad, dependiente de la Cámara chilena de la Construcción ubicada en la autopista entre Concepción y Talcahuano -frente al Mall el Trébol y junto a la tienda La Polar- , realizaron la primera huelga de la historia de la empresa, de cerca de 40 años.  (en Chile solo existen tres mutuales, el IST, la ACHS y la Mutual de Seguridad CCHC. Se encargan de «las acciones de prevención de riesgos y de los servicios y tratamiento de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales»). Sin embargo la historia de abusos, no comienza ni termina con los bajos salarios de sus trabajadores.

El negocio.

Para los trabajadores, uno de los argumentos más sólidos al momento de exigir aumentos significativos de salarios era la gran cantidad de utilidades que se lleva la empresa. Y es que las Mutuales, al igual que las AFPs y las Isapres, conforman el sistema de seguridad social privado que obtiene ganancias siderales a través de las cotizaciones mensuales. Por ley, al igual que las Universidades, las mutuales son corporaciones sin fines de lucro, por lo que deben reinvertir en sí mismas las ganancias que obtengan de su actividad. Así se ha construido, al igual que con las Achs, un escandaloso número de empresas relacionadas y traspasos poco transparentes a los ingresos de la Mutual, utilizando, al igual que con las Universidades, sociedades espejo; clínicas, inmobiliarias, prestadoras de servicio, etc.

Su entrada al mundo de la salud privada se da en sociedad con la principal competidora, la ACHS y según informa Ciperchile, » En 1991 las dos mutuales se unieron para crear Hospitales de la Seguridad S.A. (Hoseg S.A.) con un capital inicial de $5.000 millones que aportaron en partes iguales. A través de ella sólo se crearon cuatro sociedades, entre las que se cuentan Clínica Los Coihues S.A. y Clínica Puerto Montt S.A. Aunque estuvo a punto de disolverse en 1999 por problemas entre las dos mutuales, la experiencia de esta primera sociedad terminó en 2006, cuando Hoseg fue absorbida junto a la totalidad de sus activos por la empresa Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. Pero el escenario no cambiaba: al igual que Hoseg, Inmobiliaria Clínicas Regionales era propiedad de la ACHS y la Mutual de Seguridad, y durante los años siguientes la usarían para expandirse aún más. Entre 2003 y 2011, Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. ha participado directa e indirectamente en la creación de otras 20 sociedades anónimas».

Al 2011, según señala un informe de la Mutual de Seguridad, tienen cerca de 43 mil empresas clientes (tienen el mayor número de empresas cliente), representando el 43.49% del mercado: 1.6 millones de trabajadores. En la región, cuentan con 75 mil trabajadores afiliados.

La expansión del negocio

El desvío de fondos públicos a bolsillos privados se ha transformado en una práctica habitual tanto en gobiernos de la derecha como de la Concertación. Los fondos utilizados por las mutuales son de carácter público, pues pertenecen al sistema de seguridad social. No debe ser entendida como una pérdida para el empresariado, sino como una obligación que le impone el Estado en protección y beneficio del trabajador.

Las mutuales, debido a una modificación de la Ley 16.744 realizada entre los fusiles de la dictadura, pueden atender a pacientes particulares. Lo que en el fondo significó la posibilidad de utilizar la infraestructura financiada con dineros de la seguridad social pública, para atender particulares que sumarían beneficios a estas corporaciones sin fines de lucro.

Tan solo el año 2011 la Mutual de Seguridad obtuvo ganancias por $12.919.374.

Sus inversiones en empresas relacionadas señalan números bastante abultados: cerca de 45 Mil Millones de pesos en 7 empresas vinculadas al negocio de la seguridad social. Entre las instituciones de salud que manejan, se encuentran las Clínicas, Arica, Iquique, Atacama, La Portada, Elqui, Valparaíso, Los Coihues, Integral, Curicó, Liracay, Los Andes de los Ángeles, Chillán, Hospital Clínico del Sur, Hospital Clínico Universidad Mayor, Clínica Pto Montt y Magallanes y el Centro de Diagnóstico Atacama.

Sus activos representan la sideral cifra de alrededor de 365 Mil millones de pesos al año 2011.

Es más, según señala la  Memoria Anual del 2011 de la Mutual de Seguridad, uno de los objetivos para aumentar sus beneficios es "Aumentar los servicios de salud preventiva y curativa a terceros" y por ello el 2011 suscriben un contrato con Fonasa para cubrir 7 patologías Ges (Garantías explícitas de salud)

El mentado bono Auge pertenece también a esta categoría de servicios de salud preventiva y curativa a terceros y permitió la atención de una cuantiosa suma de personas en instalaciones privadas, dejando de paso una gran cantidad de dinero desde el Estado a clínicas privadas debido a la prestación de servicios que éstas realizaron, mientras en las bodegas de los hospitales se oxidan camas, que de ser reparadas, saldrían más baratas que un arriendo de cama a una clínica.

Y el negocio se ha visto fortalecido tras el 27F, debido a la disminución de la atención en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, fundamentalmente, porque los pacientes se desvían a infraestructuras y servicios de clínicas privadas. Tres clínicas se han levantado en Concepción desde el 27F, mientras la escandalosa reconstrucción de la Torre del Hospital Regional no es más que una ficción de las autoridades. Observaciones, multas y paralización de faenas es la realidad de la reconstrucción del hospital.

La concesión de la dictadura y la indiferencia concertada

Esta dañina forma de funcionamiento de las mutuales, tiene como manifestación flagrante y por supuesto vergonzosa una concesión hecha en Dictadura a estas corporaciones. Una modificación de la Ley 16.744, mantenida hasta nuestros días, permite que sean las mismas mutuales quienes decidan sobre la incapacidad de los trabajadores, siendo ellos mismos quienes pagan las pensiones. La decisión antiguamente era tomada por el Compin, pero actualmente, las mutuales actúan como «juez y parte».

Esta siniestra forma de funcionamiento permite vicios tales como trabas injustificadas a las pensiones de los trabajadores, porque quien decide si la incapacidad está justificada o no, es quien paga. Algo sumamente arbitrario y vergonzoso, pues obliga a muchos trabajadores a volver a obrar enfermos o incapacitados para seguir sobreviviendo a pesar de que los dineros de pensiones corresponden al sistema de seguridad social y no a estas corporaciones «sin fines de lucro». Tal como las AFPs manejan a su antojo las tasas de siniestralidad y burocratizan el sistema hasta el tedio e incluso la muerte de los usuarios y no cancelan las pensiones de invalidez,  dejando atrapados a los usuarios en el rechazo a sus licencias por reiterativas-ya que son pacientes crónicos- las mutuales manejan a su antojo las clasificaciones de enfermedades profesionales y accidentes laborales obligando a los enfermos a trabajar, a asumir los costos de manera particular, o al abandono total.

¿Cuál es el sentido de un sistema de salud, si éste pierde de su vista la necesidad de salud y bienestar de las personas? ¿Por qué si cada persona cumple inpajaritablemente con su deber de cotizar mensualmente, pues el sistema es ineludible para el trabajador, para su sistema previsional y de salud, no hay una atención oportuna a sus necesidades?

Inédita Huelga en la Mutual de Seguridad