En Salud

Asamblea Ciudadana exige fin al lucro en la Salud por el derecho a la vida

La Asamblea Interregional “Movilizándonos por Justicia y Dignidad en Salud”, convocada por Fundación EPES, concluyó con el llamado a la articulación de las diversas organizaciones sociales, comunitarias y de trabajadores para avanzar hacia un movimiento social que reivindique el derecho a salud y vida digna. (Foto: Grupo de representantes de las organizaciones sociales que participaron de la Asamblea ciudadana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile)   

Santiago de Chile. 16 de noviembre de 2012. (www.epes.cl)_ Una reforma constitucional para poner final lucro y establecer la salud como un derecho garantizado por el Estado, incorporar el enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en las políticas públicas del sector e implementar la participación ciudadana vinculante son parte de las principales demandas expuestas en la Asamblea Interregional “Movilizándonos por Justicia y Dignidad en Salud” que se realizó este 14 de noviembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

El encuentro, convocado por la Fundación EPES, tuvo por objetivo difundir los diagnósticos y las propuestas desarrolladas por más de 40 organizaciones de Iquique, Santiago y Concepción para contribuir al debate y proceso de articulación de las organizaciones en torno a la salud como derecho.

En la asamblea participaron organizaciones de mujeres, grupos que trabajan en prevención de la violencia, en derechos sexuales y reproductivos, salud integral, diversidad sexual, impactos medioambientales, inmigrantes y gremios de la salud, las cuales consensuaron en avanzar en la articulación a nivel nacional e instalar la demanda de salud como un derecho garantizado por el Estado.

Las organizaciones expusieron que el modelo neoliberal aplicado en salud no financia adecuadamente el sector público y distribuye los recursos, favoreciendo al sector privado, lo que significa la instalación y profundización de un modelo de mercado y lucro en la salud. Actualmente, el 40% del gasto en salud en Chile, sale del bolsillo de las familias chilenas. Es decir, aparte de lo que se paga en Fonasao en las Isapres, los usuarios/rias del sistema tienen que estar pagando adicionales como los medicamentos, y el co-pago de las prestaciones.

En la actividad participó el representante en Chile de la OPS/OMS, José Antonio Pagés, el Director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Oscar Arteaga, la encargada de organizaciones de la sociedad civil del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Ximena Zavala y el senador democratacristiano Mariano Ruiz Esquide.

El senador Ruiz Esquide se manifestó “en contra de la visión mercantil de la salud. Por eso he criticado mucho a las Isapres porque es un mercantilismo grosero. El sistema fue creado de esa manera y me comprometo a empujar los cambios que se requieren a través de la nueva reforma a la Salud”.
68 mil millones de pesos ganaron el año pasado las Isapres. 500 mil millones de pesos fueron traspasados del sector público al sector privado a través de la compra de servicios a las clínicas privadas.

HACIA UN MOVIMIENTO SOCIAL POR SALUD Y VIDA DIGNA
María Eugenia Calvin, encargada de Planificación de Fundación EPES, afirmó que “el desafío a partir de esta asamblea es seguir trabajando a nivel territorial defendiendo nuestro derecho a la salud de manera integral, nuestro derecho a la vida, pero con reivindicaciones más estructurales, pensándonos como movimiento social. Se ha generado un mecanismo que separa a los trabajadores de la salud y la ciudadanía, que sufre por los malestares de la falta de atención y acceso a la salud. Sin embargo la crisis del sistema de salud público responde a un problema estructural”.

“El movimiento estudiantil creció porque fue capaz de articularse en sus distintas expresiones y con otras organizaciones sociales. Ese es el desafío que nos queda como organizaciones que nuestro eje es la salud como derecho y participamos activamente en diferentes espacios para incidir en las políticas públicas”.

En ese sentido, uno de los desafíos planteados en la Asamblea Interregional es la vinculación de las demandas gremiales y de las/os usuarios del sistema público de salud. Un ejemplo de ello es la conformación de mesas comunales de salud en la región del Biobío, que agrupan a estudiantes, trabajadores, pobladores, junta de vecinos, organizaciones de mujeres y gremios de la salud.

Lautaro López, coordinador de EPES Concepción, aseguró que “la formación de las mesas locales de salud es una estrategia que se va ampliando cada día más en la región del Biobío y van articulando a las organizaciones y trabajadores/ras de la salud con una clara orientación de lograr salud pública gratuita, oportuna y de calidad. Se deben hacer todos los esfuerzos por consolidar este poder ciudadano que logre romper las limitaciones que impone la institucionalidad”.

Jorge Figueroa, presidente de la FENATS región del Biobío, dijo que “la Asamblea es una instancia para instalar que la salud no es un problema individual, como impone el sistema pinochetista actual, sino que es colectivo. Si hay una industria contaminando es un problema que nos afecta a todos, y en ese sentido queremos que se replique el trabajo de las mesas comunales de salud como espacio de articulación ciudadano de las organizaciones sociales, comunitarias, y los gremios”.

“En la región del Biobío desde el terremoto y tsunami que nos afectó no funciona el hospital clínico regional y eso es denegación de salud, es una falta a los derechos humanos, y así tenemos que entenderlo”.

DIVERSIDAD V/S DISCRIMINACIÓN EN SALUD
Hay diferencias de género, problemáticas y necesidades distintas de mujeres, migrantes, lesbianas, población gay y trans que son invisibilizadas en la política pública. Las organizaciones advirtieron que el centralismo de Estado en la toma de decisiones, priorización y distribución de recursos, no considera problemáticas territoriales y diversidad de necesidades en salud.

Cecilia Flores presidenta del Consejo Nacional Aymara de Mallkus y Tollas de la región de Tarapacá, afirmó que“el sistema de salud no ha incorporado una atención que considere la multiculturalidad, la diversidad de etnias y el trabajo directo con las comunidades indígenas”.

“Para nosotros como pueblos originarios, que somos agricultores, y tenemos una relación ancestral con la tierra, entendiendo que la salud es un tema transversal que involucra el medioambiente, estamos trabajando en un proyecto de Ley que otorgue el reconocimiento legal a los sistemas propios de salud de los pueblos indígenas”.
Flores aseguró que “nos articulamos con otros pueblos en función de lograr los cambios de fondo que requiere el país, como una asamblea constituyente. Hay un movimiento social que está avanzando y nos interesa ser parte de ese movimiento”.

Yoconda Monteros, presidenta de la Agrupación Nefertitis, de Iquique, señaló que “esta Asamblea interregional nos permite articularnos con otras organizaciones y empoderarnos para luchar por nuestros derechos como transgéneros y trabajadoras sexuales en el sistema de salud público. Como personas transgéneros somos discriminadas y maltratadas en los centros de salud, porque no hay reconocimiento de la identidad de género”.

Además, “existe discriminación hacia las personas que viven con VIH en el sistema de Salud. El Estado no se ha hecho cargo de la lipodistrofia que afecta a personas con VIH, Esta apariencia aumenta la discriminación y dificulta la incorporación al mundo del trabajo”.

PARTICIPACIÓN VINCULANTE Y MUJERES
No hay participación ciudadana vinculante en espacios de planificación y definición de prioridades para la salud, fue el diagnóstico realizado por las organizaciones de Iquique, Santiago y Concepción.

Soledad Acevedo, de la Red Chilena contra la violencia doméstica y sexual, aseguró que “las organizaciones de la sociedad civil deben ser tomadas en cuenta para la solución de las problemáticas que se quiere implementar en cuanto a políticas públicas y evaluamos que el acceso de las mujeres a la salud es precario”.

Asimismo, “la atención de las mujeres se centra en el período del embarazo. No se abordan los problemas de salud mental integral de las mujeres, especialmente cuando son afectadas por situaciones de violencia intrafamiliar, que muchas veces terminan en femicidio”.

“Para ningún ciudadano se contempla la salud como un sistema de bienestar en forma integral, pero son las mujeres y sus grupos más vulnerados como las migrantes, lesbianas, transgéneros, las más discriminadas en el sistema salud”, aseguró Acevedo.

Agregó que “las mujeres somos contempladas prioritariamente en las políticas pública de salud cuando somos reproductivas, entonces durante la infancia, a excepción del periodo de vacunas y la lactancia, la adolescencia y las adultas mayores no tenemos acceso de calidad, ni la cobertura que necesitamos de acuerdo a su edad”.

Las organizaciones plantearon que existe una gran brecha social en la calidad de la atención y nivel de participación entre comunidades pobres y adineradas.

El Director de la Escuela de Salud Púbica de la Universidad de Chile, Dr. Oscar Arteaga, afirmó que “una sociedad empoderada ayuda a la gobernanza, que se traduce en transparencia, sustentabilidad y justicia distributiva”. En ese sentido, el Dr. Arteaga agregó que “la iniciativa que EPES ha desarrollado con la realización de tres jornadas regionales destinadas a la reflexión, levantamiento de diagnósticos y propuestas sobre el derecho a la salud es bien notable y apunta en la dirección de ir fortaleciendo la participación social”.

Para el facultativo, “esta participación es fundamental para poder mejorar la calidad de los gobiernos en los distintos niveles,de modo que las decisiones de política pública que se adopten estén más en función de aquellos aspectos que son relevantes para la ciudadanía y apunten desde una perspectiva de salud a actuar sobre los determinantes sociales, que se traduzca en reducción de las desigualdades”.

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