Con muy poca cobertura de prensa terminó la semana pasada unos de los casos de violaciones a los derechos humanos más relevantes de la transición: el caso Huber. A 20 años de ocurrido el crimen, la semana pasada la Corte Suprema condenó a dos oficiales en retiro por su responsabilidad en la muerte del ex agente de los servicios secretos de la dictadura Gerardo Huber. Se trata de Víctor Lizárraga, ex subdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), y el brigadier (R) Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).

El 29 de enero de 1992, el coronel y entonces jefe de Adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber Olivares, desapareció en el Cajón del Maipo. Menos de un mes después -el 20 de febrero-, sus restos fueron encontrados en las inmediaciones del puente El Toyo, junto al lecho del río.

La versión oficial entregada por las autoridades de la época sostenía que el oficial se habría suicidado. Sin embargo, las sospechas de que su muerte pudo tener algún vínculo con la venta ilegal de armas a Croacia, en 1991, hicieron que se reabriera la causa en 2005.

En el caso de Lizárraga, la justicia lo condenó a cumplir cinco años de presidio. En tanto, Provis cumplirá cuatro años de cárcel. Sin embargo, el fallo del máximo tribunal les concedió a ambos ex uniformados el beneficio de la libertad vigilada.

Para el abogado de la familia Huber, Ciro Colombara, el fallo "ratifica lo que la familia siempre sostuvo, y demuestra que durante muchos años hubo conductas graves de encubrimiento y ocultación, que dificultaron este juicio durante 14 años".

Añadió que es "necesario que el Estado reconozca públicamente esta responsabilidad y repare la memoria del coronel Huber con un mensaje a su familia".

El fallo fue adoptado en forma dividida por los ministros de la Segunda Sala Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Juan Escobar (suplente).

Cargos desestimados

En la misma resolución, la Corte desestimó los cargos por asociación ilícita contra los condenados, además del ex director de Logística del Ejército, general (R) Carlos Krumm, y el coronel (R) Julio Muñoz Bustamante.

La investigación por la muerte de Huber estuvo caratulada hasta sep- tiembre de 2005 como "presunta desgracia", tras lo cual se cambió su rótulo por homicidio.

Demanda civil

En el ámbito civil, el fallo acogió la demanda contra el Fisco y los condenados Lizárraga y Provis.

Por esta razón, se determinó el pago de una indemnización solidaria de $ 300 millones a la viuda de la víctima, Adriana Polloni (que recibirá $ 150 millones) y a los tres hijos de ambos