Gobierno chileno retiró querella por “terrorismo” contra menores mapuche

Durante el desarrollo de la tercera jornada de la audiencia de preparación de juicio oral, en causa seguida en contra de dos menores mapuche, luego de que el día anterior se dictaminara la exclusión del procedimiento del Ministerio Público y del querellante Rutas Araucanía S.A., los últimos querellantes, Ministerio del Interior e Intendencia de la Araucanía, ambos representantes del gobierno, se desistieron de la acusación formulada en contra de los menores.

Esta figura está contemplada en la legislación procesal penal y fue utilizada por los querellantes invocando las nuevas circunstancias, ya que al no poder continuar su persecución el Ministerio Público, que es el órgano encargado de sostener la acusación y quien dirigió la investigación y obtuvo las eventuales pruebas, no existían para ellos, en tanto querellantes, garantías de obtener condena en contra de los menores Patricio Queipul Millanao (Temucuicui) y Luis Marileo Cariqueo (Comunidad José Guiñón).

Los abogados defensores están a la espera que las importantes resoluciones dictadas en la audiencia de preparación de juicio oral, queden firmes y ejecutoriadas, es decir, que no puedan ser revertidas.

Con lo acontecido queda de manifiesto que las persecuciones iniciadas bajo el amparo de la ley antiterrorista, que fuera invocada en este caso el año 2009, tanto por el Ministerio Público como por el gobierno concertacionista encabezado por Michelle Bachelet, carecieron de toda racionalidad.

Significaron largas prisiones preventivas de más de un año y que los imputados, tanto mayores como menores, debieron recurrir a medidas como iniciar una larga huelga de hambre para exigir el respeto de sus derechos. Lo extenso de esta huelga ha significado importantes secuelas para estos comuneros, ya que su salud aun no se ha podido restablecer del todo.

Aun quedan pendientes diversos procedimientos en los que el Ministerio Público y en sus inicios el Gobierno de Chile invocaron esta legislación restrictiva de derechos, todos ellos iniciados en las postrimerías del gobierno de Bachelet, quien durante su campaña y al comenzar su mandato prometió no utilizar la Ley Antiterrorista en contra del pueblo mapuche.

Las decenas de imputados mapuche por Ley Antiterrorista, incluyendo menores de edad, han debido soportar extensas prisiones preventivas y el rigor de una legislación que no cumple a cabalidad con criterios democráticos y con los estándares del debido proceso.

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