La red de Luis Eugenio Díaz que aún continúa vinculada a la CNA

El cuestionado ex presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) no trabajaba solo en las lucrativas asesorías que hoy tienen en una crisis de credibilidad sin precedentes al sistema creado bajo el gobierno de Ricardo Lagos.

Al menos eso se infiere de diversos correos electrónicos conocidos a través de la investigación sobre el caso que llevan los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

Según estos e-mail hay diversos personajes que hasta hoy siguen vinculados al organismo —que en mayor y menor grado tuvieron velas en el entierro—, eran recomendados y protegidos por el abogado o simplemente miraron para el lado al enterarse de las cuestionables asesorías orquestadas por Díaz para echar una manito a diversos planteles que querían obtener la acreditación.

SOCIOS Y AMIGOS

Andrés Lastra Bravo, forma parte del registro de pares evaluadores de la CNA desde el 11 de julio de 2007.

Los pares evaluadores son claves en el sistema de acreditación, ya que, según explica la actual secretaria ejecutiva de la CNA, Paula Beale, “son los encargados de constatar en terreno que la información que proporciona la institución que busca ser acreditada es efectiva”. O sea que si sus informes no son correctos es imposible que los integrantes de la comisión hagan una evaluación efectiva a la hora de aprobar o rechazar su acreditación.

Con respecto al nombramiento de los pares evaluadores, existe un registro público al cual se accede postulando a través de la web. Según explicaba Beale ante la Fiscalía, hasta 2010 existía una subcomisión que analizaba los antecedentes de los postulantes a dicho registro y determinaba si cumplían o no con los requisitos. “Entre el 2010 y 2011 no se debió haber incorporado más pares al registro porque no había nadie expresamente facultado para hacerlo. Era muy común que Eugenio Díaz propusiera gente como par evaluador”.

Andrés Lastra, según el testimonio ante la Fiscalía de la ex secretaria Ejecutiva de la CNA, Andrea Aedo, “llegó a ser evaluador de la CNA invitado por Eugenio Díaz”.

Militante DC en los 90, fue dirigente universitario junto al ex rector de la Uniacc, Daniel Farcas,gracias al cual tiene lazos con el PPD.

Según la información recabada por la Fiscalía se puede inferir que Eugenio Díaz y Andrés Lastra tenían una alianza estratégica dedicada a asesorar planteles educacionales para acreditarse. Vínculo del que, según Beale, “no teníamos noticias”.

Según relata el propio Díaz en la investigación, se conocieron en 1996.

Lastra estudió trabajo social en el Instituto Profesional de Santiago (IPS) que perteneció a la Universidad de Chile. Por eso, gracias a los estatutos de la FECh pudo ser candidato a presidente de la federación, cargo en el que fue elegido en 1988. En su directiva estuvo Cristóbal Pascal, ex subsecretario del Trabajo de Ricardo Lagos, ministerio en el que Lastra trabajó (INP y Sence).

Además fue vicerrector académico de la Uniacc, donde llegó a través de Farcas. Díaz explicaba ante el Ministerio Público que Lastra “me llevó a trabajar como subdirector de la Escuela de Derecho. Hice una asesoría a fines del 2009 y un informe final a (Hermann) Schwartz con un conjunto de indicaciones con lo que debían realizar para quedar en mejores condiciones de postular a la re acreditación. Como consecuencia de ese informe me pidieron que trabajara con ellos para implementar esas sugerencias del plan de trabajo. Efectivamente yo le hice una propuesta de 70 millones de pesos a todo evento con un bono de 30 millones si se conseguía una acreditación por 4 años con fecha 27 de enero, la que se consideró muy alta y luego hubo una contrapropuesta de Farcas que yo acepté”. Ese acuerdo se zanjó en febrero de 2010.

El 23 de marzo de 2010, un mes antes de asumir como presidente (s), Díaz envía un mail a Schwarz criticando duramente que se tomara la decisión de desvincular del cargo de vicerrector a Lastra, recalcando su preocupación y que “no es mi rol pronunciarme sobre designaciones o despidos de autoridades de la universidad, pero cuando ellas tienen efecto sobre la acreditación, como en este caso, tengo el deber de señalarte las consecuencias que visualizo”. Incluso, le dice que la decisión “afectará seriamente las posibilidades de reacreditación”.

Un mes después, también a través de un e-mail, y cuando ya había estallado el escándalo de la Uniacc y las becas Valech, Díaz renunciaba a continuar con las asesorías, porque considera que estas no habían sido escuchadas.

Pese a ello, según consta en un correo electrónico enviado por Díaz a Lastra el 12 noviembre de 2011, y cuando Lastra ya estaba trabajando en la Universidad Pedro de Valdivia como vicerrector de sedes y calidad —asimismo era par evaluador de la CNA—, las asesorías a la Uniacc habrían continuado, ya que en ese correo el comisionado le adjunta a Lastra dos archivos, uno denominado “observaciones Uniacc” y otro “Informe de Pares Uniacc”. Esto coincide con el proceso de re acreditación del plantel, pues cuatro días después la comisión se pronunció al respecto, rechazándola. Díaz asistió y no declaró ninguna inhabilidad.

Luego de salir de la Uniacc, el 3 de mayo de 2010 Lastra aterrizó en la recién creada dirección de gestión de calidad institucional de la Universidad Pedro de Valdivia. Díaz mantenía una estrecha vinculación con la UPV y con su rector Ángel Maulén, quien está en prisión preventiva por soborno y lavado de activos. Con la casa de estudios Díaz mantenía un contrato por 50 millones de pesos por asesorías de acreditación, las que fueron pagadas en cuotas.

Diversos e-mail incautados por la Fiscalía evidencian que Díaz y Lastra trabajaron en conjunto para sacar adelante, primero la acreditación de la UPV y luego re acreditarla. En un mail del 31 de julio de 2010, cuando el plantel estaba en pleno proceso de acreditación, Díaz le explica a Maulén que le llegó la última versión del informe, señalando que “leí las primeras 20 páginas y me confirmo absolutamente en la necesidad de que lo vea Andrés”. Luego le hace una serie de críticas al informe y remata con que “mañana le entregaré a Andrés mi texto con las notas  que he leído”.

El 29 de diciembre de 2010 la Universidad Pedro de Valdivia fue acreditada por un año.

Luego de eso, hay otro par de correos electrónicos entre Díaz y Lastra en que discuten temas relativos a reuniones y visita de pares evaluadores a la UPV.

En septiembre de 2011 empezaron a evaluarse en la CNA propuestas de los comités de pares de varias universidades. El último trabajo que había tenido Lastra como par evaluador había sido el 2009 en la Universidad SEK, igualmente cuestionada por sobornos a Díaz para obtener la acreditación.

Por ello, en un mensaje electrónico del 12 de septiembre, Lastra preguntaba a Díaz si lo habían propuesto en alguna universidad. La respuesta fue que no, pero que “te propondré en un próximo recambio”. Pese a que este medio intentó comunicarse con Andrés Lastra no fue posible.

ASESORÍAS IBAN Y VENÍAN

Lastra también trabajó con Díaz en asesorar al Centro de Formación Técnica Simón Bolívar, otra de las instituciones en la mira de la Fiscalía. Así lo relata el propio Díaz en su declaración, donde detalla que el entonces rector del plantel, Diego Méndez, hoy en prisión preventiva por el caso de red de explotación sexual infantil, le pidió que lo ayudara a acreditar la institución. “El pedido era que trabajara en la acreditación a cambio de un pago a la Sociedad Gestión de 15 millones de pesos. Mi informe fue que no estaban en condiciones de estar acreditados (…). Este tema lo trabaje con Andrés Lastra Bravo. Por este tema le pagué a Lastra 5 millones de pesos, todo con boleta. Lastra hizo el trabajo en terreno más fino. El CFT tenía tres sedes, una en Santiago, una en Los Andes y una en San Felipe. Lastra fue a las sedes de provincia”.

El 5 de abril de 2011 Méndez le manda un correo a Lastra explicándole que había recibido el mail“donde me detallas extensamente los motivos por los cuales tú y el equipo que te acompaña, llegaron a la convicción que no era posible seguir con el Proceso de Acreditación”, dejando claro que Díaz y Lastra eran un equipo.

En la historia de esta asesoría salta a la palestra el nombre de otro par evaluador que desde junio del 2011 forma parte de la nómina de la comisión. Se trata de Roberto Careaga Medina, periodista de la Universidad de Chile, magíster de la Universidad Católica y Doctor en investigaciones sicopedagógicas. Trabaja en la agencia acreditadora llamada Acreditacción y es jefe de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Los Leones.

Antes de ser par evaluador, Careaga fue miembro de la CNA, designado entre enero de 2007 y diciembre de 2010 por los Institutos Profesionales. Careaga fue el relator del proceso de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia en 2010.

En un mail del 8 de marzo de 2011 enviado por el rector del CFT Simón Bolívar a Andrés Lastra, le pide que lleve a Careaga a una entrevista con la directora de la institución, tras lo cual verían si darle el visto bueno.

Lastra no responde el correo, sino que lo hace Eugenio Díaz, rechazando terminantemente la petición de Méndez.

Díaz recalca que para poder seguir trabajando “en la mejor armonía”, había varios puntos que aclarar. A reglón seguido realiza una cerrada defensa a la integración de Roberto Careaga, señalando que no “me parece que tú digas que tienes que darle el visto bueno. Espero que haya sido un “lapsus linguae”, pues no es razonable que no confíes en nuestro juicio para elegir a las personas que trabajan con nosotros. Yo te manifesté que Roberto es de nuestra plena confianza y te di las razones. Te envié su CV a pedido tuyo pues me parece razonable para que tengas más antecedentes. Si tuviera alguna duda, te lo habría dicho y te habría pedido que lo evaluaras, pero no es el caso”.

Agregando que “para nosotros es muy importante que Roberto se integre ya a las actividades pues estamos contra el tiempo. No puedo entender que condiciones su asistencia a la reunión el jueves”.

Al respecto, Careaga enfatiza que “no soy par evaluador. Esto se activa en el minuto que la Comisión me solicita los servicios. No estoy inhabilitado para hacer asesorías por estar en esa lista”.

El periodista relata que “la consultora de Eugenio estaba haciendo una asesoría al Simón Bolívar (Gestión Limitada) y Díaz, una vez que salí como comisionado, me pidió que apoyara a la vicerrectora académica para recopilar información para una eventual presentación de un informe de autoevaluación para acreditarse”.

En cuanto a la férrea defensa del ex presidente de la CNA en el correo, señala que “no tengo idea por qué a mi no me mandó ese mail. Además cuando se evaluó en general el proceso que iba a empezar el SB se decide que no se presentará y hasta ahí llega todo. No recibí un peso”.

-Usted fue miembro de la CNA ¿no le llamó la atención que Díaz, que era miembro de la CNA y ex presidente estuviera asesorando a una institución para que luego se acreditara?
-Ni siquiera lo pensé. En todo caso Eugenio no participaba de esas reuniones, sino que lo hacía Andrés Lastra, que es parte de la empresa de Díaz. Había un acuerdo de la comisión que decía que podíamos participar en actividades con instituciones como labor pedagógica y eso implicaba que no había remuneración.

-¿Y esta asesoría al Simón Bolívar era gratis?
-A mi no me consta que fuera con remuneración. Yo lo iba a hacer gratis, nunca se habló de pagos sino de ayuda para realizar proceso de autoevaluación. Eugenio tenía buenas relaciones conmigo y me pide que ayude a Lastra para trabajar en este tema.

-¿Entonces lo hizo como un favor?
-Claro.

En otro correo del 21 de febrero de 2011 relativo al Instituto profesional La Araucana, Eugenio Díaz le adjunta a Careaga unas observaciones de Andrés Lastra sobre el proyecto de acreditación de la carrera de psicopedagogía, que según la página de la CNA actualmente está en proceso de acreditación. Díaz le señala que “me permití enviarle tu propuesta (a Lastra). Mi pedido fue personal y confidencial. Te envío también algunas observaciones mías, en negrilla y mayúscula, a la parte introductoria”.

Además, le hace sugerencias de los honorarios que Careaga debe pedir, señalando que “es preciso considerar que esta institución no tiene tantas lucas como las universidades más pudientes. Sugiero pedir 18 millones en total. Si te parece mucho, pide quince o dieciséis, pero considera que es probable que en la conversación (negociación) te pidan bajarte un poco. Creo que en ningún caso menos de 12”.

Sobre esto, Careaga aclara que “es otro proceso del año 2011 en el que me contacta el vicerrector académico de La Araucana, Manuel Garay, para asesorar a la carrera de psicopedagogía en el proceso de autoevaluación. Yo le pregunté a Eugenio, porque no tenía experiencia, por qué no había hecho asesorías de este tipo, cuál sería el programa y cuánto se cobra por esto”.

Según detalla, “hice el proceso de asesoría durante 2011 preparando proceso de autoevaluación de la carrera como experto en psicopedagogía”.

Las carreras de las instituciones de educación superior son acreditadas por agencias privadas. Careaga trabaja en Acreditacción, la misma agencia que está realizando el proceso de acreditación de psicopedagogía en La Araucana.

-¿No hay un conflicto de intereses?
-No es mía la agencia, yo participo como miembro del equipo de acreditación del área de Educación. No es contradictorio porque todos los que participamos en estos procesos somos académicos. Es lógico que en algún momento es posible que se va a discutir en la agencia o la CNA sobre la institución en que uno trabaja. Por eso, en este caso no puedo participar en el proceso de acreditación en el que se estudian los antecedentes de la agencia cuando se vea la carrera, tengo que inhabilitarme.

Hay otros pares evaluadores que formaban parte de la red de asesorías que Díaz tejió en la CNA y que él recomendaba a las casas de estudio como expertos que los ayudarían a obtener la acreditación. Una de ellas ya prestó declaración como imputada en la investigación de Fiscalía: María Isabel Roldán.

También declaró como imputada la periodista Andrea Moraga, la sobrina que Díaz incorporó en la SEK tras solicitar en un mail enviado en julio de 2011 al rector José Enrique Schroeder que le diera trabajo, señalando que “si tuvieras a bien contratarla, ciertamente yo la apoyaría con todo. De manera que al contratarla a ella contarías con mi asesoría permanente, a través de ella, en este periodo y en forma permanente, sin que sea necesario que me recompensen de ninguna otra manera”. En esa fecha se iniciaba el proceso de reacreditación del plantel.

Según informó El Mercurio ambas trabajaron en la asesoría de la Universidad del Mar, cuyo ex rector, Héctor Zuñiga, está en prisión preventiva al igual que Díaz acusado de cohecho y lavado de activos. Es más, María Isabel Roldán fue par evaluadora de la cuestionada institución.

En un mail de agosto de 2010 Díaz le pide a la ex secretaria ejecutiva de la CNA Andrea Aedo, tratar con urgencia el análisis de postulantes a pares “pendiente”, entre los que incluye a Roldán.

En opinión de Paula Beale “está mal lo que hacía Díaz, ya que estaba haciendo abuso de su posición en la comisión y en base a eso se atrevía a imponer gente que hiciera asesorías”. Además, señala que los pares evaluadores están sujetos a normas de probidad “y en este caso podríamos hablar de influencia indebida. Una relación tan cercana no corresponde, implica conflictos, por ejemplo  poder intervenir en etapa de evaluación externa de una institución”. Por ello asegura que revisarán la situación.

COMISIONADO EN FUNCIONES EN LA MIRA

Los vínculos de Díaz dentro de la CNA no se limitaron solo a los pares evaluadores. También habría al menos un comisionado, hoy en funciones, que habría participado en dos acreditaciones que hoy están siendo investigadas por la Fiscalía: la SEK, ligada al dirigente de Unión Española y de la ANFP, Jorge Segovia y la Universidad Gabriela Mistral (UGM).

Se trata de Adolfo Arata Andreani, ingeniero civil mecánico y ex rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, de la que fue despedido en 2011 por el nuevo rector, José Rodriguez, tras lo cual el plantel denunció irregularidades en la acreditación de la casa de estudios, apuntando a la participación de Arata en la CNA.

Al igual que Díaz, Arata fue designado en la CNA en 2007 como representante de las universidades privadas. Paralelamente ejerce como profesor en jornada parcial en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Según la investigación que dirigen los fiscales Gajardo y Norambuena, Eugenio Díaz, que asesoró al plantel en la elaboración de informes para obtener luz verde en la acreditación y luego dio su voto para ello, envió el 7 de diciembre de 2011 un correo a Arata copiándole el borrador de respuesta de la SEK al informe de pares, señalando que “si no te complica te ruego me des tu opinión. Si te complica, no, lo comprendo”.

No se registra respuesta de Arata, pero dos días después, el 9 de diciembre, Díaz le envía “la última versión de la respuesta de la SEK. Si tienes tiempo dame tu opinión por favor. Muchas gracias por todo”.

Lo que está claro es que no informó al Consejo lo que era una evidente asesoría de Eugenio Díaz a la SEK, lo que según el ex secretario Ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, va contra la ley de Probidad. Además, recalca  Basso, “los comisionados no pueden revisar ni ayudar procesos de acreditación de ninguna institución”.

El 14 de diciembre la CNA rechaza la acreditación, tras lo cual la universidad presenta un recurso de reposición. El 11 de enero de 2012 la SEK es acreditada por dos años.

En el proceso de la SEK Arata actuó como relator, lo que significa que además de mostrar el caso a los otros consejeros, debía proponer  una cantidad de años de acreditación.

En el caso de la UGM, Arata y Díaz fueron claves para convencer a la rectora, Alicia Romo, de sumarse al proceso de acreditación. Así lo explicó la sicóloga y ex consejera de la CNA, María Elena González, en su declaración ante el Ministerio Público.

“Adolfo Arata y Eugenio Díaz fueron muy insistentes con hablar con la Universidad Gabriela Mistral para convencerla de que se acreditara en la CNA. Arata había hecho clases antes allí. Hubo un almuerzo en la UGM para conocerla y para que conocieran ellos la CNA y se notaba un conocimiento previo de Arata y Díaz con Alicia Romo y un pro rector que había. Posteriormente al año siguiente cuando se vio la acreditación de la UGM, Arata y Díaz hicieron una defensa apasionada de la UGM que me llamó la atención. Siempre me llamó la atención que hubo mucha filtración de información de lo que se trataba en la CNA para afuera. Había obviamente gente que filtraba información”.

Sobre el proceso de la UGM, el ex secretario ejecutivo de la CNA, Carlos César Medrano, declaraba que “recuerdo que el Informe del Comité de Pares Evaluadores fue bien duro respecto de diversos puntos como, la falta de formalización en la toma de decisiones, que se manejaba como una empresa familiar, que se manejaba de una manera personal. La votación fue dividida entre los que rechazaban la acreditación y los que la aprobaban por tres años. Por estar empatada decidió el voto del Presidente Eugenio Díaz, que estaba por la acreditación. Fue un ejemplo de una decisión tan alejada de los criterios de acreditación y coincidía que dos de sus votantes (Arata y Diaz) estaban siendo promovidos por la rectora Romo para continuar en el período siguiente como representantes de las Universidades Privadas en la CNA”.

En diciembre de 2010 la Mistral fue acreditada por tres años.

Arata no quiso referirse al tema.

Según señaló a CiperChile la ex secretaria ejecutiva de la CNA, Andrea Aedo, además de Arata, solían votar coordinadamente con Díaz los consejeros Pedro Corona, elegido por la comisión como empresario destacado, Luis Horacio Rojas, representante de Conycit, Rodrigo Alarcón (ex presidente ejecutivo de la Corporación Santo Tomás S.A y representante de los Centros de Formación Técnica) y Adolfo Arata, que llegó a la CNA  igual que Díaz sostenido por las instituciones reunidas en la Corporación de Universidades Privadas (CUP).

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