Más allá de la Teletón: La deuda del Estado en políticas de integración laboral para jóvenes con discapacidad

A sólo días de las “24 horas de amor” para recaudar fondos para la rehabilitación de niños y jóvenes de la Fundación Teletón, Gina Basso -especialista en Educación Diferencial- plantea que existe un desafío aún mayor del cual las autoridades no se han hecho responsables: el proceso post-rehabilitación de los jóvenes. Mientras el Servicio Nacional de la Discapacidad dice no contar con ningún registro de talleres laborales para personas con discapacidad financiados por el Estado, la autora de esta columna afirma que esta problemática no se resuelve con “puro corazón”, sino que se requiere de políticas públicas y un sistema formativo laboral de continuidad que acoja a los jóvenes que egresan de la educación diferencial.

“No nacemos humanos, nos hacemos humanos en la interacción con otros seres humanos. La educación es una transformación en la convivencia, en la que uno no aprende una temática sino que aprende un vivir y un convivir. Aprende una forma de ser humano. Se es humano, no desde la genética desde la convivencia”

Humberto Maturana, relacionado con lo emocional y razonable en la convivencia.

Juan Pablo e Isabel cumplieron 26 años, ambos con discapacidad cognitiva moderada, trastorno motor e hipoacusia -pérdida de capacidad auditiva- asociada. Con una trayectoria de atención especializada, de tantos años como tienen, han pasado desde la estimulación precoz hasta el taller laboral, el último eslabón de la cadena de la enseñanza diferencial. De diversión poco pueden contar, de amores muchas fantasías, de dolores sí que saben. Ello y mucho más lo comunican con palabras o simples gestos. Es más, las expresiones en sus rostros y  su mirada todo lo dicen, siendo ésta la forma más “pura” de comunicación. A ellos, bellos jóvenes, hubo que decirles que el “refugio” de la enseñanza se acabó y que no hay alternativas para que continúen viviendo en entornos comunes con otros jóvenes. Menos aún que se proyecten en tareas propias de su edad y que les permitan practicar lo aprendido y ejercitar las habilidades sociales que por años les costó adquirir en convivencia.

Por qué la cita inicial de Maturana: en innumerables escritos su fuerza y convicción de ideas nos hace reflexionar sobre la importancia de las emociones y cómo éstas son la base de la razón en un proceso de interacción. En este ejercicio pretendemos que el lector visualice a jóvenes, como Juan Pablo e Isabel, como seres humanos desde su emoción, la que les mueve y les hace razonar a su medida. Sin la interacción con otras personas, no se aprende a vivir y menos se desarrollan las  capacidades potenciales. He ahí la importancia del convivir.

Lamentablemente, para estos jóvenes -cuya realidad es “confinarlos” en sus hogares- se disminuyen claramente las posibilidades de tener, a su corta edad, un vivir que sea grato. Por el contrario, se les impedirá no sólo su crecimiento personal sino también se verá mermada su emocionalidad al no tener oportunidades en el medio socio-laboral acorde a su edad. Estamos hablando de personas jóvenes, a los cuales no se les respeta en sus derechos fundamentales, esos que se proclaman a diario en vocerías políticas y son temas de múltiples encuentros nacionales e internacionales que no logran colindar con esta realidad innegable que viven jóvenes y familias de nuestro país.

En la búsqueda de una respuesta a esta carencia y a otras interrogantes, cómo conocer a cuántos jóvenes se les prepara para su cesantía y abandono -vinculados a la falta de continuidad de un sistema formativo laboral que les acoja toda vez que egresan de la educación diferencial-, se optó por averiguar sobre esta realidad en nuestro país. Es así como surgió la necesidad de indagar en el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) sobre la información de “los talleres laborales (todos), en sus diferentes modalidades, para personas con diversos tipos y grados de discapacidad financiados por el estado de Chile (gratuitos), y que operen como tales en todo el territorio nacional”. La información debería obtenerse a través de los directores regionales de SENADIS.

La respuesta de este organismo tuvo un atraso de 16 días hábiles, más de lo legalmente permitido por la Ley de Trasparencia, y señala dos aspectos refutables: SENADIS no cuenta con una base de datos sobre lo solicitado y no existe normativa jurídica ni administrativa que obligue al servicio a disponer de dicha información.

Respecto a estas aseveraciones, la Ley 20.422 que establece “Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad” y por la cual se rige el SENADIS, señala en su artículo 44: “El Estado creará condiciones y velará por la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las personas con discapacidad. Para tal efecto podrá desarrollar en forma directa o por medios de terceros, planes, programas e incentivos y crear instrumentos que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes”. Esto sin nombrar otros artículos relacionados con la Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad,  pilar y espíritu de la ley y del servicio en cuestión.

Dicho esto, no es materia obligatoria de carácter administrativo del SENADIS pero sí es un asunto que debe tratarse como política pública interministerial, como una de las funciones que debe cumplir este servicio a través del comité de ministros  y  el consejo consultivo. Pero claramente no es concebido así. Es más, la consulta señalada se derivó al MINEDUC por ser esta entidad la que financia, vía subvención, a las escuelas especiales que poseen talleres laborales y que son sólo para alumnos que no superan los 26 años de edad. Entonces, volvemos al planteamiento inicial: a la gran brecha entre el joven con discapacidad y la ausencia de capacitación externa al sistema educativo diferencial y, más lejano aún, de su inserción al mundo laboral.

La propuesta es clara: crear talleres de capacitación en diversas especialidades, validadas técnicamente por el MINEDUC y financiada por el Estado de Chile.  En este caso a través de una línea de acción interministerial direccionada por el SENADIS y que provea y proyecte continuidad a todos los estudiantes egresados de las escuelas especiales hacia el mundo social en convivencia, al trabajo estable y dignamente remunerado.

No necesitamos más información fría y cuantitativa del SENADIS o del MINEDUC. El problema que se debe resolver es otro y refiere a la inexistencia de una política pública intersectorial para los jóvenes que siguen y serán nuevamente “enclaustrados” en sus hogares.

Este es un serio llamado a las autoridades, a quienes les compete hacer cumplir el mandato de una ley y de muchos tratados internacionales a los cuales Chile ha adherido con el fin de que exista un verdadero acercamiento a la realidad de jóvenes con diferentes tipos y grados de discapacidad, los que históricamente han quedado a la deriva.

A su vez la ciudadanía, hoy más que nunca, debe tomar consciencia que el problema planteado no se resuelve “con el corazón”, ya que, una vez más, veremos a millones de chilenos donando a la fundación Teletón, a los personajes de la farándula gustosamente subiéndose al carro de la benevolencia y a muchos ciudadanos atentos y ansiosos por cumplir la gran meta. Pues bien, lamentablemente allí  NO se hace evidente la penosa realidad post rehabilitación como una de las problemáticas sociales que por años se oculta y a la que aún no se da solución.

Extraído de Ciper Chile.

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