Cifra histórica de desempleo: la revolución liberal y el ideario de la derecha

Un país flexible y formal con indicadores que dan cuenta de una fuerte precarización, no puede darse el lujo de celebrar una tasa de desocupación baja. Gracias al “ideario de derecha” y la “revolución liberal” se está obligado a avanzar y modernizar los análisis para comprender mejor esta realidad revolucionada, y por ello, el pleno empleo está lejos de serlo.

La encuesta de la Universidad de Chile nos informa que el Gran Santiago tiene un 5,2 % de desempleo. Que la ocupación crece en 2,8 puntos porcentuales en un año y que la desocupación disminuye en 1 punto porcentual (6,2 %). La conclusión casi instantánea es que “estamos en una situación de pleno empleo”.

De esta forma, el Presidente Sebastián Piñera y la ministra del Trabajo Evelyn Matthei, celebran. El mandatario señala incluso que quiere ser recordado como “el Presidente del trabajo”, el ministro de Economía, Pablo Longueira, declara que todo esto “es fruto de un ideario de derecha que cree en la libertad de las personas y en una movilidad social basada en la educación y el emprendimiento”. El ministro, destaca además que los últimos 20 años se han gobernado con “ideas de derecha”. Sin realizar ninguna crítica ideológica, es posible plantear contradicciones lógicas entre la celebración de la baja de la desocupación que señala pleno empleo y la causa que estaría a la base de esa baja desocupación: las políticas neoliberales o de “ideario de derecha” de los últimos 20 años.

En lo relativo al trabajo, tal ideario de derecha, señala como su fundamento irrenunciable, el Plan Laboral de José Piñera de 1979. Este plan busca, según su autor, “un arduo trabajo de limpieza y liberalización del mercado del trabajo en Chile”. Esta ardua labor, implicó la descentralización de la negociación colectiva a nivel de empresa, la ausencia de derecho efectivo a huelga y la desregulación de la fijación de salarios. Se incentivan grupos negociadores y convenios colectivos. A su vez, genera las condiciones para la externalización de servicios. “Hubo que levantar la insólita prohibición que había sobre las empresas públicas y privadas de subcontratar labores a terceros”. El Decreto Ley N° 2.950 fue el encargado de “sacar la maleza”. Este cuerpo deroga la Ley 16.757 que excluía la externalización de las labores de la empresa.

Por lo tanto, se sientan las bases para el despliegue progresivo de la flexibilización en el mundo del trabajo.

Tanto Pablo Longueira como José Piñera, señalan que los gobiernos de la Concertación fueron exitosos gracias a que gobernaron bajo las ideas de la derecha, producto de la revolución liberal realizada en los 80’, cuyos pilares fundamentales están representados por el Plan Laboral, las AFP, la Educación y las Isapres. Y, efectivamente, durante los 20 años concertacionistas, ni la negociación colectiva, ni el derecho a huelga, ni el salario mínimo, fueron reformados de manera suficiente como para dar cuenta de una “nueva visión” laboral. Si bien, en el periodo 1990-1993, se realizaron los acuerdos tripartitos entre CUT, Gobierno y empresarios, estos fueron de índole “recuperativa” de las bajas condiciones salariales que dejó la década de los 80’, pero no de una transformación sustancial de las condiciones impuestas por el Plan Laboral. Así las cosas, tal cual lo plantea Ffrench-Davis, Director de Estudios del Banco Central entre 1990 y 1992, fue un “cambio en continuidad”. La flexibilización sistemática ha sido la línea continua del empleo en el país.

Las transformaciones de los últimos 40 años, vistos en continuidad, muestran cómo el mundo del trabajo se fue desligando de sus antiguos estatutos. Eso mismo —y he aquí la contradicción— plantea serias dudas acerca de analizar con los mismos indicadores de la década de los 70’ o incluso los 90’, el mercado laboral. Una de las consecuencias más relevantes de las transformaciones producidas, es el tipo de empleo generado, muy distinto a aquel de las tesis clásicas del pleno empleo.

Según María Ester Feres, directora del Trabajo entre 1994 y 2004, en la Reforma Laboral del 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se realizaron cambios en función de formalizar contratos flexibles o “atípicos”, donde se reconoce el trabajo part-time, se incentiva el contrato de empleo juvenil (descuento de capacitación), trabajo a domicilio (que se reputa como asalariado) y polifuncionalidad (contrato con dos o más funciones específicas). Ello fue en línea con el espíritu de las reformas que tuvieron lugar en América Latina durante los 80’ y 90’ para combatir el trabajo no registrado mediante la flexibilización de las modalidades de contratación. Según Ffrench-Davis, fueron políticas activas de empleo, donde se privilegió la cantidad más que la calidad de los mismos.

Luego en 2007, se regula la externalización de servicios bajo la Ley de Subcontratación, en el contexto de un alza importante de movilizaciones por parte de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que puso en la palestra las desiguales condiciones laborales y salariales de los trabajadores de planta y externos realizando similares funciones.

Las transformaciones de los últimos 40 años, vistos en continuidad, muestran cómo el mundo del trabajo se fue desligando de sus antiguos estatutos. Eso mismo —y he aquí la contradicción— plantea serias dudas acerca de analizar con los mismos indicadores de la década de los 70’ o incluso los 90’, el mercado laboral. Una de las consecuencias más relevantes de las transformaciones producidas, es el tipo de empleo generado, muy distinto a aquel de las tesis clásicas del pleno empleo.

Con la flexibilización de las relaciones contractuales, se desdibuja el asalariado “típico”, las relaciones laborales son radicalmente distintas a las de hace 40 años y los indicadores para observar los cambios y las reales condiciones de vida de los ocupados son diversos y multidimensionales.

Hoy según la Nueva Encuesta Nacional del Empleo del trimestre septiembre-noviembre 2012:

1)    Más de un millón de asalariados no tiene un contrato laboral.

2)    El 70 % de los empleos asalariados generados desde enero-marzo 2010 corresponde a empleos externalizados, los cuales obtienen un 30 % menos de ingresos que los asalariados de planta (según la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos 2011).

3)    Existe un 55 % de jornada parcial involuntaria (Subempleo), cuando en promedio en la OCDE es del 21 %.

4)    El 92 % de la variación de los trabajadores por cuenta propia desde enero-marzo del 2010, corresponde a trabajadores de baja calificación y el 90 % a jornada parcial. Por lo tanto, tampoco es un emprendedor que se dedique a una actividad económica sólida y permanente.

La misma revolución liberal con “ideas de derecha” con la cual explican el “pleno empleo”, obliga a una transformación de los indicadores a utilizar para medir los “logros económicos” de un gobierno. La tasa de desocupación, gracias a las “transformaciones” de los últimos 40 años, no dice mucho actualmente, sólo señala que esas personas no están insertas en el mundo del trabajo, pero no dice nada sobre cómo están las que sí se insertan. La realidad del mercado laboral nacional, es de una alta incidencia de subutilización de la fuerza de trabajo (subempleo o jornada parcial involuntaria), baja tasa de sindicalización (14 %) y negociación colectiva (10 %) y donde el 50 % de los trabajadores según la encuesta Casen 2011, gana menos de $251.000.

Un país flexible y formal con indicadores que dan cuenta de una fuerte precarización, no puede darse el lujo de celebrar una tasa de desocupación baja. Gracias al “ideario de derecha” y la “revolución liberal” se está obligado a avanzar y modernizar los análisis para comprender mejor esta realidad revolucionada, y por ello, el pleno empleo está lejos de serlo.

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