El pasado 20 de febrero falleció en el País Valenciano, aquejada de un proceso gripal, la inmigrante boliviana Soledad Torrico, otra víctima mortal de los recortes en materia sanitaria a los que se ven sometidos las personas que proceden de fuera del estado español.

Según informan en un comunicado las ONG Jarit y Sariri, Soledad Torrico se vio forzada a peregrinar durante casi una semana por centros sanitarios y hospitales del País Valenciano, sin que el Servicio Valenciano de Salud le dispensara la atención médica suficiente. Se da la circunstancia de que esta persona no disponía de tarjeta sanitaria válida "porque ya no cotizaba", añade el comunicado.

La gripe que en un inicio padecía esta ciudadana se complicó al no recibir la atención médica necesaria. "Ni el inicial reconocimiento médico, ni el seguimiento adecuado ante el agravamiento de la enfermedad ni, por último, la altísima fiebre que padecía", agrega la nota de prensa. Se le negó asimismo una ambulancia para el traslado a los servicios de urgencia y una cama en el hospital. "Finalmente, sin fuerzas y atención, Soledad ha muerto cansada de ir de puerta en puerta".

En relación con los hechos, las ONG valoran que Soledad Torrico ha sido excluida del Sistema Valenciano de Salud, "como muchas personas inmigrantes, por decisión del ministerio que dirige Ana Mato, una decisión que la Consellería de Sanidad Valenciana de Fabra se apresuró a cumplir ya el año pasado. Dijeron que los inmigrantes tendrían acceso a las urgencias, pero no es verdad, porque las urgencias están cada vez más masificadas y colapsadas por los recortes generalizados en toda la sanidad; además, los profesionales de urgencias están sobrepasados y no pueden prestar ni este servicio ni los que han de ofrecerse desde los centros de atención primaria".

Añade la nota de prensa que "recortar en sanidad es recortar en salud, y aumentar la desigualdad ante la muerte. Quieran reconocerlo o no los responsables políticos, hay muertos a consecuencia de la exclusión de miles de personas inmigrantes de la sanidad pública, y también a consecuencia de los recortes en los servicios públicos, muertes siempre de personas con pocos recursos nacidas en nuestro país o lejanas ciudades, y estas muertes son crímenes".

Por último, se hace un llamamiento general a la defensa de la sanidad pública valenciana y al derecho de acceso a la misma de las personas migrantes en igualdad de condiciones.

Extraída de rebelion.org