Valientes para matar, cobardes al morir

Las imágenes de un grupo de marinos chilenos entonando canticos xenófobos colocaron nuevamente en discusión las tensiones que cada cierto tiempo enfrentan a los gobiernos de la región. Efectivamente las heridas abiertas por la Guerra de Pacífico (1879-1883) y las inequidades establecidas en los diferentes tratados suscritos con nuestros vecinos alimentan tanto la justa reivindicación (como por ejemplo el derecho de Bolivia a un acceso soberano al mar), como viejos y artificiales rencores. De esta manera, y cada cierto tiempo, situaciones como la protagonizada por los marinos chilenos permiten instalar nuevamente en el escenario público la polémica entre los gobiernos y el aparente encono entre e los pueblos.

Pero cabe preguntarse ¿Qué hay detrás de esta cacofonía wagneriana? No mucho si pensamos en el conflicto armado de tipo interestatal. Lo cañones dejaron de tronar con Bolivia el 26 de mayo de 1880, tras la batalla del Campo de la Alianza; mientras que con Perú el último enfrentamiento militar se registro en el llamado combate de Huamachuco del 10 de julio de 1883. Es decir los combates cesaron hace más de 132 años. No está demás señalar que con Argentina nunca hemos sostenido una guerra formal. Por el contrario, buena parte de los esfuerzos militares que concluyeron con la Independencia de Chile, como las batallas de Chacabuco (12 de febrero de 1817) y Maipú (5 de abril de 1818), tuvieron como principales protagonistas (tanto en la tropa como en la oficialidad) a militares “cuyanos”. Al punto que el primer Presidente de la República de nuestro país fue un argentino, Manuel Blanco Encalada (1826). Tampoco está demás decir que los llamados “países civilizados”, o de manera más clara, los países de capitalismo avanzado, sostuvieron durante el siglo XX dos guerras que alcanzaron connotaciones mundiales: La primera entre 1914 y 1918 y la segunda entre 1939 y 1945. Sumados ambos conflictos se alcanza la cifra de aproximadamente 80 millones de muertos; el 40% de ellos civiles desarmados. Mientras que los 4 años de la Guerra del Pacífico dejaron como saldo la pérdida de 15.000 vidas entre todos los beligerantes. Los guarismos no admiten comparación y el afán obsesivo de nuestras autoridades por alimentar el rencor entre los pueblos no tiene ninguna justificación. No se trata de olvidar, minimizar o pretender negar la existencia del conflicto; por el contrario no se debe dejar de explicar a nuestros pueblos que la guerra existió y que la motivación fundamental de la misma fue la apropiación de la renta salitrera. Como tampoco se debe dejar de enfatizar que este tipo de enfrentamientos fratricidas no tiene ninguna justificación y nuca más se deben volver a repetir. De esta manera se avanza efectivamente hacia una cultura de la paz que coloque en el centro de la preocupación de los sistemas educativos el respeto por el otro y la búsqueda colectiva de estrategias de desarrollo para nuestros pueblos.

Pero tampoco se debe obviar, como lo hacen sistemáticamente los gobiernos, los medios comunicación de masas y los sistemas educativos, que los ejércitos de nuestros respectivos Estados, formados para defender los intereses de las oligarquías locales y del capital transnacional, han desplegado sistemáticamente la violencia contra sus propios pueblos a lo largo de toda la historia de nuestras repúblicas. Y los efectos demográficos, sociales, culturales y económicos han sido mucho más devastadores que los conflictos interestatales sobre los cuales se centra la atención y la preocupación.

Haciendo un recuento somero se puede establecer que las guerras interoligárquicas por la organización y control del Estado verificadas durante el siglo XIX, se llevaron a cabo reclutando de manera forzosa a campesinos, indígenas y trabajadores. La resistencia frente a este tipo de reclutamiento era generalmente castigada con la ejecución sumaria; a la par que los ejércitos movilizados construían su intendencia expoliando al máximo los recursos de los trabajadores agrícolas.

De la misma manera las manifestaciones más radicales de resistencia de los campesinos e indígenas frente a las compulsiones elitarias, como las montoneras y el bandolerismo, fueron brutalmente reprimidas. Las comunidades campesinas que las protegían eran destruidas, sus habitantes expulsados de sus tierras y los integrantes de las bandas eran ejecutados, siendo sus cuerpos desmembrados y expuestos públicamente para escarmiento de los demás. Así, los emergentes ejércitos de las Repúblicas americanas iniciaron su primer ejercicio formativo, en la práctica histórica de la brutalidad y el genocidio contra sus propios pueblos.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los gobiernos de las Repúblicas Oligárquicas, fuertemente influidos por el ideario Positivista y en especial por una de sus vertientes, el Darwinismo Social, inauguraron la fase expansiva del capitalismo agrario. Los ejércitos nacionales se desplazaron hacia las zonas de “frontera”: La Patagonia en Argentina, la Araucanía en Chile, la sierra en Perú, las Yungas en Bolivia, los Sertones en Brasil, etc. Las comunidades indígenas y campesinas que los habitaban fueron violentamente despojadas de sus tierras y sus pueblos reducidos a una lógica concentracionaria (las reducciones) o aniquiladas si oponían resistencia. La violencia operó como el principal mecanismo de sometimiento: Quema de rancheríos, asesinatos de hombres, mujeres y niños, desplazamientos masivos de población, etc. El proceso “civilizatorio” y “modernizador”, con el cual el capitalismo se abrió camino en nuestras tierras se hizo a sangre y fuego; y una vez más, los ejércitos nacionales demostraron especial eficacia en el ejercicio de la brutalidad contra sus propios pueblos.

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la fase expansiva del capitalismo industrial a escala global estimuló un incipiente proceso de modernización de las actividades fabriles en la región. Tanto en Buenos Aires, como Córdoba, Rosario, Lima, Santiago y Valparaíso, se experimentó un importante desarrollo de las actividades manufactureras. De la misma manera, la minería del salitre en Chile, del cobre en Perú y del estaño en Bolivia, alcanzaron un notable auge. Así, en torno a los polos industrial y minero se inició el desarrollo y formación de la clase obrera y junto con ella del movimiento de trabajadores. Pero las reivindicaciones obreras de este período fueron también violentamente reprimidas por las fuerzas represivas de los Estados latinoamericanos. Las matanzas de trabajadores han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva del movimiento obrero regional: La matanza de la Escuela Domingo Santa María de Iquique (Chile, 1907), La Patagonia Trágica (Argentina, 1920-1921), la masacre de Uncía (Bolivia, 1923), la matanza de Trujillo (Perú, 1931). En todos y cada uno de estos episodios y en otros de similar naturaleza, las tropas regulares de los ejércitos oligárquicos dispararon a mansalva contra trabajadores inermes o mal armados. Los cuerpos de los asesinados eran apilados en tumbas clandestinas, mientras que sus dirigentes eran fusilados sin juicio previo. Tras la matanza los comandantes a cargo de la represión eran regularmente promovidos a jerarquías superiores o distinguidos con medallas por el cumplimiento de sus deberes militares. De esta manera, la impunidad se comenzaba a internalizar como un privilegio de los que defienden el poder en nombre de las clases dominantes.

El ciclo histórico comprendido entre 1930 y 1960 estuvo jalonado en la región (con la excepción de Chile), por una serie de gobiernos militares o autoritarios, que ejercieron la represión cada vez que la estabilidad de sus respectivos gobiernos estuvo amenazada: Es el caso de las dictaduras de Germán Busch y de René Barrientos en Bolivia; Luis Miguel Sánchez y Manuel Odría en Perú; y José Felix de Uriburú y Pedro Eugenio Aramburu en Argentina. En Chile, si bien se mantuvo la estructura formal de una democracia, la represión también arreció cuando los trabajadores se movilizaron. Esto ocurrió habitualmente en el contexto de las huelgas generales convocadas por los trabajadores, como en Santiago en 1946, en abril de 1957 en Santiago y Valparaíso, y en mineral de El salvador en 1966. En esta etapa, el ejercicio de la violencia por parte de las fuerzas represivas del Estado declinó en intensidad, pero no cesó definitivamente.

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 estimuló ampliamente el desarrollo de las luchas populares en América Latina. Al calor del ejemplo caribeño, miles de trabajadores, campesinos y estudiantes, se movilizaron en pos de la conquista del poder y de la construcción del socialismo. Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por el ascenso de las luchas populares y revolucionarias. La lucha armada, como expresión superior del desarrollo del movimiento revolucionario, alcanzó su apogeo en esta fase. No obstante, una serie de golpes de Estado, inaugurados en Brasil en 1964 y continuados en Bolivia (1971), Uruguay (1973), Chile (1973), Perú (1975), Ecuador (1976) y Argentina (1976), restablecieron a los militares en el ejercicio directo del poder. Esta vez fundando su liderazgo político en la Doctrina de la Seguridad nacional, que relevaba como principal adversario al “enemigo interno”, es decir al campo popular y a las organizaciones revolucionarias. Este diseño ideológico se operacionalizó a través de la Estrategia de Contrainsurgencia, que sancionaba la aniquilación de dicho “enemigo interno”. A partir de este momento las ejecuciones sumarias, la tortura, las detenciones y desapariciones, el exilio y el confinamiento y la prisión política, se convirtieron en los instrumentos de represión y control más recurridos por los militares y las policías de seguridad. La matanza, en esta fase, se llevó a cabo con mayor sofisticación y saña.

Es por lo anterior que, más allá del carácter chapucero de la manifestación de los marinos chilenos, se hace importante develar la naturaleza represiva de los contingentes militares latinoamericanos. Efectivamente han matado, han fusilado y han degollados (y la verdad sea dicha, han cometido bastantes tropelías más); pero no lo han hecho contra sujetos armados que en igualdad de condiciones están dispuestos a enfrentarlos y repelerlos; han llevado a cabo estas acciones contra personas de sus respectivos pueblos desarmados e inermes. Lo han hecho con saña, alevosía y una gran cobardía. No hay valor ni heroísmo detrás de sus campañas de “pacificación”, sólo felonía y vileza. Es más, enfrentados al juicio de la Historia y ocasionalmente al juicio popular, demuestran cuan bajos son. Algunos, para intentar justificar sus acciones, apelan (al igual que los nazis en Nuremberg, 1946), a la verticalidad del mando (“sólo obedecíamos órdenes”); otros se escudan en su senilidad (“no me acuerdo, ocurrió hace tantos años”); y no faltan los que demandan políticamente el olvido y la impunidad (“hay que olvidar el pasado”). Todos pierden sin pudor el coraje que ostentaban cuando asesinaban trabajadores, violaban mujeres o torturaban a niños. Todos, sin excepción, han demostrado ser valientes para matar, pero cobardes al morir.

 

Quilpué, febrero de 2013

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