EEUU: Hacia Un Estado Policial

¿Para qué el Gobierno de Barak Obama le compró este año 2 mil millones de balas a los agentes de Seguridad  Interior del Estado, y les compró además 7 mil metralletas de alto poder haciéndolas pasar como “armas de defensa personal”?

Dos mil millones de balas son muchísimas balas: alcanzan para meterle seis o siete balazos a cada uno de los habitantes de Estados Unidos, incluyendo a los chiquillos chicos y los ancianos. Y a eso hay que agregar las balas y el armamento que ya tenían los agentes, incluyendo a los del FBI, que ahora están integrados con la Seguridad Interior del Estado (Department of Home Security), un arsenal que hasta ahora se consideraba suficiente, pero que, por alguna razón muy misteriosa, de pronto se consideró insuficiente.

Licencia para asesinar

También el Premio Nobel de la Paz, desde su oficina en Washington, está moviendo sus hilos para que el Congreso le apruebe poblar los cielos de su país con flotas de “drones” (zánganos), aviones no tripulados, manejados por control remoto y dotados de cámaras ópticas de alta definición, además de sensores de movimiento y sensores infrarrojos para visión nocturna. Todos esos aparatos van conectados a una central de computación que dispone de software para reconocimiento de rostros y cotejamiento con los archivos de memorias que incluyen domicilio, números de teléfono, prontuario policial (donde aparecen hasta los partes por infracciones de tránsito y las veces que un niño haya sido reprendido en la escuela por cosas como hacer la cimarra o contestarle mal a un profesor), historial educacional, movimientos financieros, viajes dentro y fuera del país, y una lista muy detallada de todos los correos electrónicos, twitters e intervenciones en facebook y otras redes sociales.

En cuanto al espionaje sobre sus datos personales y supuestamente privados,  sólo el buscador Google admitió que ya el año pasado el gobierno le ordenó  entregar todos  los datos de más de 30 mil usuarios de internet, y en la mayoría de los casos sin tener una orden judicial para hacerlo. Se presume que ya ahora las personas espiadas y archivadas a partir de sus subidas y descargas en los servidores de Internet alcanzarían a más de un millón, y la cifra crece sin cesar porque ningún archivo es borrado.

Se supone que, si le aprueban su proyecto de drones dentro del país, para fines de esta década  habrá un enjambre de al menos 30 mil aparatos espiando en tiempo real y permanentemente sobre las ciudades, carreteras, malls y principales áreas laborales.

Fuera de Estados Unidos, según cifras del propio gobierno, el 95% de todas las muertes de personas a manos de sicarios de Estados Unidos, han sido ultimados mediante drones. Y según admite el propio Pentágono, los asesinatos son autorizados por el propio presidente Barak Obama, quien da el pase a una lista que le presentan los militares o la CIA. En prácticamente todos los casos, se mata a “sospechosos”, o sea personas que “parecen” ser terroristas.  Y también, en el hecho Washington ha reconocido que hay un elevado número de víctimas equivocadas, entre las cuales se cuentan ya más de cien niños pequeños.

Eso en sí es repugnante, pero además el gobierno está autorizando el asesinato de ciudadanos estadounidenses sospechosos de ser “disidentes” o eventualmente “terroristas”. Y esto implica que el gobierno de Estados Unidos se está arrogando la facultad de hacer matar a ciudadanos norteamericanos sin someterlos a juicio justo, como dispone la Constitución. Sin habeas corpus, y sólo a partir de “sospechas” de algunos funcionarios que ya han reconocido que, para ellos, matar gente con drones es igual que matar figuritas en un video juego.

Por supuesto, las organizaciones de defensa de los derechos civiles están haciendo esfuerzos para movilizar a las autoridades estaduales y a los parlamentarios federales, para bloquear la proliferación de drones dentro de Estados Unidos, aunque se sabe que ya hay varios centenares de aparatos que están de hecho operando ilegalmente dentro del país.

¿La “Doctrina de Seguridad”?

Los defensores del gobierno, por su parte, aseguran que el uso de drones, junto al potente reforzamiento de la policía federal, la puesta de recursos y tropas militares para operar dentro de Estados Unidos, son garantía de que la seguridad de las personas, las instituciones y los bienes  de individuos y empresas, estarán debidamente seguros bajo la protección del gobierno central.

No obstante, los defensores de derechos civiles replican señalando que las cifras de criminalidad no han disminuido en lo más mínimo, y que, por el contrario, las situaciones de inseguridad social, la cesantía y los crecientes niveles de pobreza, han aumentado la sensación de inseguridad en todas las ciudades. Señalan que desde el 2003 el número de ciudadanos estadounidenses recluidos en las cárceles se disparó en un 700%.

En tanto, la gravedad y el número de denuncias contra prácticas brutales y muchas veces criminales, de parte de policías y funcionarios de seguridad, están provocando una desconfianza de la gente de clase media. Sospecha y desconfianza que será muy difícil subsanar en un futuro cercano.

La policía está haciendo uso indiscriminadamente de armas “disuasivas” supuestamente no letales, cuyo uso indebido produce lesiones gravísimas y en varios casos ha causado la muerte de personas inocentes o acusadas de faltas leves. Particularmente aborrecibles son los “tasers”, dispositivos que disparan pequeños electrodos con forma de harponcitos, que se clavan en la piel de la persona y producen una descarga eléctrica de hasta 50 mil volts. Semi  electrocutada, la persona queda paralizada y sufre alteraciones gravísimas en el ritmo del corazón. Sin embargo, los policías a menudo hacen varias descargas sucesivas o simultáneas que ya en una decena de casos han resultado en muerte de la víctima. Incluso, en Texas, un niño de 10 años recibió un disparo de Taser de parte de un agente que se enojó con él,

porque el pequeño no quiso lavarle gratis el auto. El chico perdió el conocimiento y hubo que revivirlo en un centro médico de urgencia.

A la manera de la Gestapo

La principal característica del reforzamiento de recursos y atribuciones para los agentes de seguridad, es que se refiere exclusivamente a las entidades policiales centralizadas del gobierno, bajo la doble férula del Departamento de Seguridad Nacional, y del Pentágono. En cambio,  debido a la crisis económica, las policías  locales de los estados están quedando desprovistas de recursos hasta tal extremo que en California e Illinois, por ejemplo, se está dando el caso de que la policía ya no responde a las llamadas al teléfono de urgencia, pues carece de medios para acudir en auxilio de los que llaman o denuncian. Ante ello, cobra más fuerza la resistencia popular a la masiva campaña del gobierno para disminuir y controlar a extremo la tenencia de armas de fuego que garantiza la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

De hecho, desde que se anunció  una futura prohibición a la compra de armas de fuego, se produjo una estampida de público que en poco más de un mes agotó las existencias de armas y municiones en prácticamente todas las tiendas del ramo en todo el país.

En estos momentos están multiplicándose las voces, de todos los colores políticos, que expresan alarma por la similitud de las medidas y los argumentos que está dando el gobierno de Barak Obama, con los que planteó el régimen nazi para la creación de la Geheime Staatspolizei, la Policía Secreta del Estado, más conocida por su horrendo acrónimo “Gestapo”. Los argumentos de entonces y de hoy fueron: evitar que individuos no autorizados puedan tener acceso a armas que puedan amenazar a otras personas y a las instituciones. Desarmar posibles grupos terroristas, de disidencia política (comunistas o capitalistas), religiosos o culturales (organizaciones cristianas y judías). Y, sobre eso, agregar el factor de “secreto”, De hecho en Estados Unidos, los agentes del estado están arrestando a gran número de personas que, amparadas en la Constitución de Estados Unidos, graban videos exhibiendo operaciones y conductas objetables de las policías y otros agentes federales.

Por fortuna para la libertad de información, hasta ahora en casi todos los juicios presentados por personas contra las policías que han requisado filmaciones o han detenido a los que graban las escenas, han tenido fallos a favor a los ciudadanos comunes, y las agencias de seguridad han tenido que pagar gruesas indemnizaciones y la totalidad de las costas del juicio.

“No vaciles en matar mujeres embarazadas, ancianos o niños chicos”

La semana pasada estalló un escándalo al descubrirse que el gobierno había pagado algo más de dos millones de dólares en hacer imprimir láminas de cartón con fotografías de señoras embarazadas, ancianos y niños chicos, para ser utilizados como blanco en los ejercicios de tiro de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional.

Ante el asombro y la indignación general, el Departamento de Seguridad Nacional reconoció que había mandado hacer esos “blancos de tiro”, a fin de asegurarse de que sus agentes se preparen psicológicamente para obedecer sin vacilación cuando se le ordene dar muerte a personas de apariencia inofensiva y simpática.

Es decir, el gobierno admitió  estar trabajando para alterar los reflejos valóricos, las objeciones de conciencia y el sentido básico de humanidad, y que quieren producir esa alteración a fin de que sus sicarios lleven a cabo las tareas que se les mande.

Esta semana, la desafortunada candidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin, afirmó derechamente: “El gobierno de Barak Obama está armándose para enfrentar sangrientamente a la propia gente de los Estados Unidos”.

Y, en tanto, ya varios muy empingorotados personeros del gobierno de Washington han declarado sin ambages que la Constitución de los Estados Unidos ya está muy viejecita, muy ñoña, y que ya no hay que hacerle mucho caso.

Concretamente, se refieren a la garantía constitucional que reconoce el derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego, no sólo para salir a cazar o para defenderse de los delincuentes, sino, como lo señaló explícitamente Thomas Jefferson, para luchar y vencer a cualquiera tiranía que se le trate de imponer al pueblo de los Estados Unidos de América.

La crisis económica, que amenaza con colapsar hasta el mismísimo dólar, ¿sólo por casualidad coincide con la voluntad de quitarle sus armas a la gente?

Foto: Policía roceando con gas pimienta a un grupo de estudiantes de la Universidad de California, 2011.

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