En Salud

Las denuncias tras la represión a trabajadores de la salud

La salida  de Jorge Madariaga, ex director del Servicio de Salud Concepción (SSC), en noviembre del 2012 fue  expresión de la lucha que han dado los trabajadores agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores de la salud (Fenats). A pocos meses de que  Madariaga asumiera como director, los funcionarios denunciaban procedimientos indebidos y negligentes  desde el SSC, principalmente en torno a la reconstrucción de la torre de pacientes críticos del hospital Guillermo Grant Benavente.

La “pérdida” de 1.000 millones en materiales

En Agosto del 2011 la Contraloría General de la República aprobó los antecedentes legales para iniciar la reparación  de la principal torre del Hospital Regional de Concepción que resultó  dañada en el terremoto, luego de un proceso de adjudicación, también cuestionado,  Ingetal S.A se hace cargo de las obras. A mediados del año 2010 Johnny Villouta, arquitecto y jefe de normalización del Servicio Salud Concepción, alertó al organismo sobre la desaparición de material antes de que Ingetal S.A se hiciera cargo del edificio, no teniendo respuesta de éste.

Luego de que Fenats presentara una solicitud de auditoría acusando robo de inmuebles y materiales desde el edificio dañado, la Contraloría Regional comprobó la desaparición de millones de pesos en material de construcción (cañerías de cobre, puertas, etc) daño y robo avalado en cerca de 1.000 millones de pesos,  a lo que se suma la extracción de 1.273  bienes en inmuebles desde la torre en reconstrucción. De esta forma la fiscalía comenzó  una investigación formal por hurto en Enero del 2012, mientras el Servicio de Salud Concepción se defendió en voz de George Sepúlveda, sub director del SSC, quien indicaba que el robo se habría producido estando Ingetal a cargo. A  esto se suma la  denuncia de desaparición de implementos de pabellón como lámparas, máquinas de anestesia entre otras cosas, hecho que aún no ha sido investigado.

Contratos y sobre sueldos de operadores políticos

El gremio de trabajadores de la región del Bío Bío también denunció la contratación excesiva de personas naturales a honorarios. De acuerdo al informe de Contraloría emanado en agosto del 2012, el SSC  contrató personas sin ellas poseer la calidad de expertos para lo cual fueron reclutadas. Además se debe mencionar  que se establecen funciones poco claras, pero con  jugosos honorarios cercanos a los 3 millones de pesos mensuales. El más conocido es el caso de Jorge Reyes Zapata, abogado, quien  fue puesto en la mira luego de sus dichos homofóbicos en alusión a la muerte de joven Zamudio, estos dieron pie para cuestionar los 8 millones de pesos que se embolsaba por prestar asesoría jurídica al Servicio de Salud Concepción desde Santiago. La prensa regional indicó que de acuerdo a los funcionarios del servicio de salud, Reyes cumplía solo con “inflar planillas por favores políticos”. Pese a contar con un presupuesto de 1.200 millones de pesos para tales efectos, el servicio de salud al mando de Madariaga gastó  más de 3.000 millones en este tipo de contrataciones, muchas de las cuales continuaron hasta finalizar el 2012.

A esto se suma el millonario arriendo de propiedades, compra de computadores portátiles, 155 teléfonos celulares repartidos desde el SSC sin reglamentación o control alguno, entre otros “detalles”. La Contraloría en su resolución estableció que  “la autoridad debe establecer procedimientos de la mayor transparencia y criterios de proporcionalidad entre el trabajo encomendado por la vía de la contratación a honorarios y las remuneraciones correlativas, resguardando los intereses patrimoniales del servicio”.

Retraso e incertidumbre en la reconstrucción del Hospital Regional

El  proyecto de reparación de la Torre hospital Regional, debió haber sido ejecutado con suma urgencia, ya que la infraestructura alberga los servicios de urgencia, hospitalización de pacientes críticos,  servicio de  esterilización y los pabellones quirúrgicos del demandado servicio público.  El proyecto original  costaría 12 mil millones de pesos. Se  licitó  en  dos  oportunidades; una mediante el  portal mercado  público,   y otra licitación  privada. Lo que resulta al menos curioso es que ambos procesos fueron  declarados inadmisibles debido a que  los  oferentes no  cumplieron  con  los requisitos establecidos en  las bases y solo 2 meses después de la autorización del  proyecto original el SSC le hizo importantes cambios: disminución  de la  superficie del edificio, quitaron el aire acondicionado y  hubo modificación de materiales de la construcción (sobre los  cuales la Contraloría mandó a realizar una nueva  auditoría).  En  agosto  de  2011 la obra es adjudicada  bajo  la  modalidad  de  trato  directo  a  la  empresa lngetal con fecha de entrega para Julio del 2012,  por un valor de  $8.634.597.610,  (8 mil millones), financiado  por el  Ministerio de Salud.  La obra fue modificada nuevamente sumando obras  extraordinarias  por  la  suma  de  $895.844.866; (800 millones) incrementando el  precio del contrato en  $192.119.301 (190 millones). Cambios dictados por el Servicio de Salud Concepción, pero sin  contar  con  el  respaldo  presupuestario  correspondiente, además aumentando el  plazo en  150  días, es decir, el 28 de diciembre de 2012 la torre debía ser entregada.

El 7 de noviembre de 2012 FENATS presentó nuevos antecedentes en Contraloría, exponiendo que el proyecto, inicialmente de 12 mil millones de pesos, quedó tras tres licitaciones en 8 mil millones, con la consiguiente baja en la calidad de las obras. Las declaraciones de la autoridad de salud ofrecían dudas sobre si el proyecto finalmente resolvería la obra entera o solo parte de ella. El mismo Villouta, arquitecto inicial del proyecto, afirmó que éste había cambiado sustancialmente, frente a lo que Madariaga se justificó  explicando que se optó por no incluir ahora el equipamiento industrial y de esta forma no bajar el estándar técnicos en la obra misma.

Pese a que el gremio ha presentado una serie de informes y solicitudes a la Contraloría para que se indague las características y la calidad de la obra para operar, esta institución se niega a investigar aludiendo que el responsable y garante de la edificación es el Ministerio de  Salud (MINSAL) y frente a esto no hay cabida a investigación alguna.

El último antecedente indica que el SSC presenta un segundo proyecto para la reconstrucción de la torre por 5.600 millones de pesos, que de acuerdo a Jorge Figueroa, presidente de FENATS regional 3.600 millones vendrían a cubrir la obra dejada a un lado en el proyecto original, los otros dos mil millones hasta ahora no se han justificado. Todo este engorroso capítulo no solo ha causado demora en la reconstrucción hospitalaria sino que demás atenta contra la legalidad de los procesos.

La construcción ha tenido múltiples retrasos causados por la mala gestión del SSC (retraso en la entrega de la torre dañada a la constructora, modificación del proyecto, falta de  permisos de edificación etc.) En base a costos directos de paralización servicios, sueldos etc. se calcula 1 millón de pesos de pérdidas diarias. Sumando los conceptos de reparación, equipamiento y multas por retrasos los costos han superado ampliamente los 12 mil millones que debió  haber costado el edificio. Madariaga expresó que se invertirán en total unos $18 mil millones.

Jorge Figueroa, presidente de FENATS Regional ha estimado que el edificio recién podrá comenzar a operar en marzo de 2014, acusando que las pérdidas son principalmente para los usuarios que deberán esperar un año más en hacinamiento. Además de estar pagando con dinero fiscal miles de millones de pesos producto de negligencias y corrupción.

La Represión

Los trabajadores presentaron un total de 14 denuncias y una serie de informes en Contraloría que alertaban posibles hechos graves de corrupción, robo al fisco, colusión y otros. Se cursaron 16 sumarios en contra del Servicio de Salud de Concepción por éste y otros problemas. La persecución judicial por parte del servicio de salud hacia los trabajadores no se hizo esperar, no solo contra los dirigentes regionales y bases de FENATS, también contra dirigentes de otros gremios como FENPRUSS.

No obstante existen otras denuncias no investigadas y que habrían llevado a distintos personeros de gobierno y aparatos estatales a perseguir a FENATS y dirigentes de la FENPRUSS. El SSC en su persecución política se valió de diversas prácticas como retención del dinero de las cotizaciones que los trabajadores destinan al gremio, sumarios y acusaciones judiciales.

En julio del 2012 Jorge Figueroa, presidente de FENATS Regional; Patricia Valderas, secretaria de FENATS Regional; y Ricardo Seguel, dirigente de Talcahuano fueron sumariados por apropiación de dineros, acusación mediada por el Subsecretario de Redes Asistenciales Dr. Luis Castillo Fuenzalida, con el objetivo de deslegitimar y dividir la organización de trabajadores. Esta investigación fue llevada por Mario Rojo Araneda, esposo de la cuestionada directora del Servicio de Salud de Arauco, María Rebeco y quien además es sindicado como ex fiscal militar durante los años de la dictadura militar. Villouta arquitecto del proyecto de reconstrucción del hospital Regional, actualmente es dirigente de la FENPRUSS e indica que fue sacado por el director del Servicio de Salud, “yo me presenté para ser presidente de la FENPRUSS, lo que le molestó a Madariaga, ahí empezaron nuestros problemas”.

En octubre del 2012 unos 20 dirigentes de FENATS ocuparon por cerca de 24 horas la oficina “blindada” del SSC donde operaba Madariaga y sus contratas, jornada que terminó con 18 detenidos. Luego de este hecho el, Ministerio de Salud pidió  la renuncia del director. Adolfo Bécar, Víctor Salgado, Jorge Figueroa, Víctor Carrasco, Miguel Alarcón, son cinco dirigentes que participaron de esta manifestación, y que producto de la misma debieron enfrentar la última arremetida represiva de Madariaga: denuncia por el delito de injurias graves contra su persona. El 25 de enero el Juzgado de Garantía de Concepción declaró la inocencia de los cinco dirigentes, mientras Jorge Madariaga fue condenado a pagar los costos del juicio.

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