[Matanza de la Vega Monumental] Justicia sigue lerda y sorda

[Matanza de la Vega Monumental] Justicia sigue lerda y sorda

Este martes 9 de abril se conoció en medios de tribunales que el Ministro en Visita para casos de Derechos Humanos, don Carlos Aldana Fuentes, rechazó la solicitud de ampliación de los autos de procesamiento por la causa Vega Monumental requerida por la abogada Patricia Parra del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Dicha petición había sido presentada el 26 de marzo pasado ante el escritorio del mencionado Ministro en la Corte de Apelaciones penquista.  Una vez más el Ministro Aldana denegó la solicitud.

Ya en diciembre pasado la abogada Magdalena Garcés, quien representa a los familiares de las víctimas, había presentado un requerimiento en el mismo sentido ante el Ministro Aldana que no fue acogido por éste y se encuentra en etapa de apelación en la Corte.

Ambos libelos solicitaban el procesamiento por asociación ilícita y homicidio calificado de unos 8 altos mandos y una veintena de agentes de la ex CNI que tuvieron directa participación en los hechos ocurridos el 23 y 24 de agosto de 1984 y que terminaron en el asesinato de 7 miembros del MIR de la zona sur del país.

Como se recordará, el órgano represivo de la dictadura desató un vasto operativo que denominaron en la jerga clave como “Operación Alfa Carbón” que abarcó las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia. La ciudadanía reconoce estos hechos como la causa Vega Monumental por el impresionante operativo que se desarrolló en dicho lugar para eliminar a los miristas Lagos y Herrera. En la acción represiva, además de los asesinatos, fueron detenidos una veintena de miristas en las diversas ciudades y localidades por donde se extendió el accionar de los agentes de la CNI.

En esta causa se encuentran encausados por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita solamente los ex oficiales de ejército Marco Spiros Derpich Miranda y Álvaro Julio Corbalán Castilla; junto a ellos, otros 13 agentes también se encuentran sometidos a proceso pero solo por homicidio calificado. Las solicitudes de procesamientos y de ampliación de los autos de procesamiento afectan  a Hugo Iván Salas Wenzel, ex Vice Director de la CNI en la época de los hechos; Aquiles Mauricio González Cortés, ex jefe de la Brigada Azul en la época; Miguel Ángel Parra Vásquez, abogado que actuaba como funcionario y agente de la CNI y que cumplió labores relevantes en el encubrimiento público y judicial de los crímenes; entre otros ex jerarcas.

Este operativo de exterminio fue preparado durante meses por los mandos y agentes de la CNI, incluyendo seguimientos y vigilancias sobre una treintena de militantes miristas de la zona encuadrada. La CNI movilizó a unos 60 agentes desde Santiago al sur. La mayoría de los movilizados correspondían a integrantes de la División Antisubversiva que comandaba Corbalán; dentro de estos el mayor número lo componían la totalidad de los agentes de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR, que comandaba Aquiles González Cortés.

Junto a este despliegue de agentes venidos desde Santiago, se agregaban los agentes de las Brigadas Regionales de Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chillán, Osorno y otras unidades pertenecientes a la División Regionales de la CNI que comandaba Derpich.

En el operativo “Alfa Carbón” la CNI no escatimó recursos ni se fijó límites. Se propuso, desde el origen de la acción persecutoria la eliminación física de los resistentes localizados e identificados. En Concepción fueron ejecutados Luciano Aedo Arias en Hualpencillo, por cuyo homicidio se encuentran encausados solo dos agentes; en la Vega Monumental fue ejecutado Mario Lagos Rodríguez, por  este homicidio se encuentra procesado solo un agente. Camino a Santa Juana, en un descampado a la altura de Idahue, fue ejecutado Nelson Herrera Riveros y se encuentran procesados 3 de los 4 autores del crimen. En Los Ángeles, en su vivienda fue ejecutado Mario Mujica Barros, y solo dos agentes se encuentran procesados por el hecho. En Valdivia, en un descampado del Puente Estancilla, fueron ejecutados Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Barrientos Matamala; por este doble crimen 3 agentes están siendo encausados. Por último, en su domicilio en la Población Corvi fue muerto Juan José Boncompte Andreu y solo dos agentes están procesados por este homicidio.

El requerimiento presentado por la abogada del Programa de Derechos Humanos fue también, al igual que la presentación de diciembre pasado de la abogada Garcés, fue  rechazado en su totalidad por el Ministro Carlos Aldana. En este oportunidad a condicionado eventuales nuevos procesamientos o acoger algunas de las ampliaciones solicitadas a la realización de una serie de diligencias pendientes, entre las que se consideran algunos careos entre los agentes partícipe de los hechos.

En todo caso, se presume que la resolución del Ministro será apelada ante la Corte de Apelaciones por la abogada Patricia Parra en los próximos días. Queda entonces por ver que resolverán los magistrados en el devenir inmediato del proceso. Resumen trató de conocer la impresión de los familiares de las víctimas respecto de la resolución del ministro Aldana, pero no ha sido posible hasta ahora.

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